La PAH exige un alquiler social para el Bloc Salt tras la resolución de Estrasburgo
La situación de emergencia habitacional de la cual el Bloc Salt es la punta del iceberg exige afrontar el modelo especulativo de la SAREB
Frente a las informaciones de un posible realojo de las familias del Bloc Salt por parte de la Generalitat, la PAH pone de manifiesto que:
- La resolución de Estrasburgo alerta de la vulneración de derechos fundamentales en el caso de producirse el desalojo, y da un margen reducido de tiempo, hasta el día 24 a las administraciones españolas y catalanas para mostrar que como administración pública han hecho todo lo posible para evitar la vulneración de estos derechos. En caso contrario, estarían vulnerando la legalidad. A pesar de ello, tras el varapalo judicial de Estrasburgo y cuando el conflicto ha puesto en tela de juicio, de nuevo, la política de vivienda de la Generalitat, el Gobierno catalán solo ha movido ficha para ofrecer tímidamente un realojo a las familias. Una medida que llega tarde y resulta del todo insuficiente por lo que subrallamos a continuación.
- La Generalitat no está en disposición, ni cuenta con los recursos para garantizar el derecho a la vivienda de las centenares de personas realojadas por la PAH, y las miles que se han visto obligadas a ocupar una vivienda por no contar con otra alternativa. Una opción que se está convirtiendo en la regla dada la situación de emergencia habitacional que vivimos y que la Generalitat se niega a reconocer. La situación requiere afrontar el modelo especulativo de la SAREB y recuperar las viviendas del Banco Malo para las personas desahuciadas.
- La Generalitat está ofreciendo un trato “privilegiado” a las familias del bloc Salt para poder apagar el conflicto. Está abonando el terreno para que se repita la vulneración de derechos. Esta actitud resulta incomprensible en una administración pública que debería velar por los derechos de todos, e inadmisible para la PAH, cuyo objetivo no es ejercer de “lobby”, sino garantizar el derecho a la vivienda. La demanda es de mínimos e irrenunciable: alquiler social en los pisos del SAREB. Para ello, la PAH ha solicitado, una reunión con Banco Mare Nostrum, SAREB y administraciones públicas antes del día 24. Un trabajo que debería haber llevado a cabo la Generalitat para demostrar que efectivamente tiene voluntad de garantizar los derechos fundamentales de la población.
- Desde la PAH se exige una reunión entre las administraciones públicas, la SAREB y el Banco Mare Nostrum (gestor del inmueble) para regularizar la situación de las familias del Bloc Salt mediante un alquiler social. Las viviendas de la SAREB, en la situación de emergencia habitacional actual y tras el rescate bancario, no pueden sino formar parte de un parque de viviendas de alquiler social.
- Tras la ocupación de la Oficina d’Habitatge de la Generalitat el pasado día 3 de octubre y la reunión posterior, la PAH forzó a la Generalitat a presentar un escrito en juzgados para solicitar la paralización del desalojo, la acción de la PAH forzó también a la Generalitat a ponerse en contacto con la SAREB, sin embargo, la gravedad de la situación requiere respuestas y posicionamientos contundentes y urgentes, como está demostrando la movilización ciudadana.