La PAH lleva la resolución de Estrasburgo a los juzgados para frenar los desahucios

La PAH lleva la resolución de Estrasburgo a los juzgados para frenar los desahucios

Nueva herramienta para la defensa de los Derechos Humanos

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca presenta el documento útil elaborado a raiz de la resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo del 16 de octubre.

El documento se puede descargar aquí
Y en la página de documentos útiles

El documento, basado en el derecho internacional en materia de derechos humanos y la resolución del Tribunal de Estrasburgo emitida a raiz del proceso de desalojo de uno de los bloques de la campaña de la Obra social la PAH propiedad de la SAREB, solicita la suspensión del desahucio hasta que la administración pública no garantice una alternativa habitacional para las familias afectadas. El documento se presentará en juzgados para los casos de Eva, Kathia y Sandra, afectadas por un desahucio tras una ocupación, un impago de alquiler en un piso de Catalunya Caixa, y una ejecución hipotecaria respectivamente.

El documento, elaborado juntamente con el Observatori DESC, se puede utilizar tanto en el caso de ejecuciones hipotecarias, alquileres y ocupaciones de viviendas, una realidad a la que cada día se ven abocadas más familias. Sin ir más lejos, ya son más de 1000 personas las realojadas por la campaña de la Obra social la PAH en viviendas vacías en manos de entidades financieras, y cada semana llegan a nuestras asambleas familias que se han visto en la necesidad de ocupar una vivienda para evitar dormir en la calle. El documento es también una herramienta para hacer frente a los desahucios con fecha abierta, la última novedad en materia de vulneración de derechos, una estrategia que genera una ansiedad aun más profunda a las familias que se ven en la tesitura de perder su vivienda.

La resolución de Estrasburgo puso en evidencia una deficiencia estructural de las administraciones públicas: su falta de voluntad para dar respuesta a la vulneración de derechos humanos que se da con la sangría hipotecaria e instaba a las administraciones locales (gobierno central, autonómico y ayuntamiento) a ofrecer una alternativa habitacional a las familias amenazadas por el desalojo, tal y como indica el derecho internacional. En este sentido, el documento se basa en la Constitución Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos, jurisprudencia generada por el Tribunal Constitucional, el PIDESC (observación 7), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la resolución del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño. La PAH lleva años denunciando que el Estado español y las administraciones locales incumplen en materia de derecho a la vivienda los compromisos internacionales adquiridos, denuncia ratificada por la resolución del TEDH. Las administraciones tienen la responsabilidad de intervenir en los casos en los que se produce una vulneración de derechos, tal y como se apunta en el Informe sobre la Emergencia Habitacional en el Estado Español (página 83) donde se recogen las recomendaciones hechas a las administraciones públicas en materia de vivienda por la Relatoría Especial de NNUU, el Comité DESC de NNUU, la defensoría del Pueblo, la Sindicatur de GReuges de Cataluña, y el defensor del Pueblo de Andalucía. Recomendaciones desoídas por las administraciones públicas que, salvo en contadas ocasiones, han apostado por perpeturar los privilegios de la banca; y solo han adoptado medidas parche cuando la presión social les ha obligado a ello. En el documento se insta a los jueces a que obliguen a las administraciones públicas a garantizar un derecho básico como es la vivienda. Se atenta contra los derechos humanos cuando se producen desahucios sin una alternativa habitacional para la familia desahuciada. Y para ellos es necesario afrontar el modelo especulativo de la banca y la SAREB.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca sabemos que no podemos permitirnos no intervenir en todas y cada una de las instancias relacionadas con un proceso de desahucio, por ello, con este documento, la PAH genera una nueva herramienta para intervenir en los juzgados frente a la sangría de los desahucios, a día de hoy, la cara más encarnizada de la crisis. La PAH anuncia que el documento puede generar un efecto masivo de paralización de desahucios en los juzgados que han mostrado sensibilidad con la vulneración de derechos, y al mismo tiempo se convierte en una herramienta para producir jurisprudencia en la defensa de los derechos humanos. El documento, junto con la presión cotidiana ejercida por las PAHs, obligará a los bancos a cambiar de actitud a la hora de negociar la paralización de los desahucios y los alquileres sociales. Hasta la fecha, la gran mayoría de desahucios se han paralizado por el ejercicio de la desobediciencia civil o la presión a los bancos por parte de la PAH y de las entidades sociales, con este documento la lucha contra los desahucios gana una herramienta que permite a los jueces sensibles con los derechos humanos actuar para evitar más desahucios, mientras la banca acumula cientos de miles de viviendas vacías.

En la situación de emergencia habitacional en la que nos encontramos, con más de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde que comenzó la mal llamada crisis, es la ciudadanía la que está actuando para evitar la vulneración sistemática de derechos humanos. Y lo hace de nuevo compartiendo una herramienta jurídica. La Platadorma de Afectados por la Hipoteca no solo ha paralizado casi 1000 desahucios, sino que ha forzado a los bancos a negociar centenares de alquileres sociales y la campaña de la Obra Social ha realojado a más de 700 personas en viviendas vacías en manos de la banca. Así mismo, desde la PAH se solicitará una reunión con los Colegios de Abogados con el fin de que se facilite a los letrados que actúan con carácter de oficio en procesos de desahucio el documento y articular formas de colaboración frente a la pasividad de las administraciones públicas.

Las tres familias que presentarán el documento han acudido a servicios sociales y no han optenido respuesta positiva a la hora de contar con una alternativa habitacional. Eva tuvo su segundo intento de desalojo el pasado jueves 13 de febrero del 2014, Kathia tiene el desalojo previsto para el 7 de marzo del 2014, y Sandra se encuentra en un proceso de ejecución hipotecaria. Las tres familias forman parte de la Asocación de Vecinos de ciutat Meridiana, barrio barcelonés que ha sido bautizado popularmente como “Villa desahucio”

De nuevo, la PAH, la ciudadanía organizada actua frente a la vulneración de derechos humanos.
¡Sí, Se Puede!

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