Una de las expresiones más duras de la connivencia del gobierno español con la emergencia habitacional son las consecuencias fiscales de los desahucios y las daciones en pago.

Hasta el pasado 5 de julio de 2014 ambos hechos podían daban lugar a la obligación de pagar cantidades substanciosas en concepto de IRPF y Plusvalía. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hemos denunciado esta injusticia tributaria en numerosas ocasiones.

En diciembre de 2012 iniciamos una campaña de mociones a través de la cual miles de ayuntamientos acordaron la subvención o suspensión cautelar del cobro de la plusvalía e instaron al gobierno central a modificar la normativa tributaria, tomando partido a favor de la población.

Finalmente el gobierno decidió acabar con este abuso a través del Real Decreto-ley 8/2014, estableciendo una exención con efectos retroactivos en el pago de la plusvalía. Parece que la incansable presión de la ciudadanía organizada y, quizás, unas cercanas elecciones generales, dieron sus frutos y el gobierno se vio forzado a rectificar su posición, demostrando una vez más que “sí se puede”.

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