EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL PUBLICA LOS DATOS DE LOS DESAHUCIOS DE 2017

-La PAH acudiremos mañana miércoles 7 de marzo al Congreso de los diputados para analizar las causas de la emergencia habitacional y reivindicar las soluciones recogidas en la Ley de Vivienda de la PAH-

Recientemente el Consejo General del Poder Judicial publicaba los datos sobre los desahucios practicados en el cuarto trimestre de 2017. Estos datos muestran claramente que la emergencia habitacional continúa, y tal como ya avisamos desde la PAH, traslada su mayor peso a los desahucios por alquiler.

El total de los desahucios practicados en 2017 asciende a 60.754 desahucios. Lo que significa que cada 8 minutos, una familia es expulsada de su hogar. De estos desahucios, 22.330 refieren a ejecuciones hipotecarias. Hablamos de familias que han perdido su hogar, quedándose con una deuda impagable de por vida que les condena a la economía sumergida.

Si bien el gobierno del PP se hace eco del descenso de las ejecuciones hipotecarias respecto a los 26.397 del 2016, desde la PAH ya avisamos que esta situación tiene que ver con la suspensión temporal de las ejecuciones hipotecarios por mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); que cuestiona precisamente la legalidad de estos procedimientos. Este mandato marca que se aplacen las ejecuciones hipotecarias hasta que el TJUE se pronuncie respecto a la cláusula de vencimiento anticipado incluida en casi todas las hipotecas. Una cláusula abusiva que marca que el banco es capaz de exigir toda la deuda hipotecaria de golpe a una persona afectada que no realizará el pago de tres cuotas hipotecarias.

Frente a esta situación, muchos bancos han optado por esperar a la resolución del TJUE, y acuden a los juzgados a iniciar otro tipo de procedimientos no contemplados por el CGPJ que acaben en el desahucio de las familias. Hablamos de una situación pasajera, que apenas ha descendido el número de lanzamientos hipotecarios. De hecho, las propias comisiones de seguimiento de las reformas del gobierno del PP muestran que el Código de Buenas Prácticas y la Moratoria de los Desahucios no han sido capaces de dar soluciones permanentes a más de 1% de las familias afectadas. El problema hipotecario persiste, por mucho que lo traten de maquillar.

Más alarmante es la subida de los desahucios por alquiler en un 4,3%, con 35.666 desahucios. Casi un 60% de los desahucios en 2017 fueron por impago del alquiler. Un aumento que desde hace años advertimos desde la PAH. Que es resultado de las malas políticas del gobierno del PP, que desvincularon los precios del alquiler del IPC y otorgaron un régimen fiscal privilegiado a las Socimis: fondos de alquiler, utilizados por la banca y los fondos buitre para especular con la vivienda. Hablamos de políticas que han llevado al aumento de los precios del alquiler en un 40% desde 2013, generando procesos masivos de expulsión de vecinas de sus barrios y municipios de toda la vida.

Al PP no le bastaba con permitir a la banca que desahuciara, sino que realizó reformas en el alquiler para permitirles que se crearán su propio parque con el que especular, subir los precios y continuar haciendo negocio con nuestros hogares. Por si fuera poco, recordamos que los datos del CGPJ no contemplan la negativa a renovar los contratos de alquiler. Una práctica que se está imponiendo en las ciudades, y que aumenta las expulsiones vecinales.

Estos datos, tampoco contemplan los desahucios derivados de ocupaciones por necesidad, producidas por la combinación entre alquileres desorbitados y la ausencia de un parque público de vivienda donde realojar a las familias en emergencia. Una situación que lleva a muchas familias a tener que decidir entre vivir en la calle con sus hijos u ocupar por necesidad. La no renovación de los contratos de alquiler y los desalojos de ocupación por necesidad representan desahucios invisibles, que deberían ser cuantificados para tener una radiografía completa de la problemática.

En conclusión, los datos del CGPJ se muestran incompletos. Y, aun así, es obvio que la emergencia habitacional continúa, y ha tomado muchas formas. Recordamos que, frente a esta situación, ya en 2013 presentamos una ILP Hipotecaria en el Congreso para resolver los desahucios hipotecarios. Una iniciativa apoyada por casi toda la población, y que fue bloqueada por la mayoría absoluta del PP. Hoy en día, los desahucios hipotecarios persisten, y se suma la crisis del alquiler. Pero la PAH no nos rendimos, y hemos vuelto a presentar en el Congreso una nueva propuesta de ley conocida como la Ley de Vivienda de la PAH. 

Hablamos de una ley que, de aprobarse, acabaría con los desahucios, la pobreza energética, regularía los precios del alquiler y aumentaría el parque público de vivienda. No sólo pondría fin a la catástrofe habitacional que ha provocado el gobierno del PP. También sentaría las bases de un nuevo modelo de vivienda donde toda ciudadana tendría garantizado un hogar sin caer en la precariedad.

Ahora nos encontramos que el gobierno del PP, con su cómplice Ciudadanos, podría registrar un veto hasta el 16 de marzo. Lo que provocaría que esta ley no se podría ni debatir, impidiendo que la voz de las afectadas llegará al Congreso. Frente a esta situación hemos iniciado una campaña de interpelación al PP y Ciudadanos, para lograr que los datos que hoy publica el CGPJ no se repitan.

Y esta campaña nos lleva hasta el mismo Congreso mañana miércoles 7 de marzo, en una intervención que realizaremos a partir de las 12:00 para denunciar las políticas del PP, la complicidad de Ciudadanos y reivindicar que existen soluciones propuestas desde la ciudadanía. Frente al negacionismo del PP y Ciudadanos, la PAH promueve alternativas. Debatirlas y aprobarlas, es sólo cuestión de voluntad política.

¡Sí Se Puede!

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