Hoy jueves 26 de enero, el Notario de Viladecans Joaquin J. Sánchez Cobaleda ha consentido la adjudicación mediante subasta de la vivienda de Duffay por el 35% del valor de tasación, haciendo caso omiso a la reciente recomendación realizada por el Decano del Ilustre Colegio de Notarios de Catalunya, el cual proponía para estos casos la aplicación por analogía del 60% regulado para las subastas por procedimientos judiciales. En consecuencia, Duffay y su familia hoy no sólo han perdido la propiedad de su vivienda sino que mantienen una deuda de por vida de aproximadamente 154.000 Euros.
Recientemente la PAH ya denunció el aumento que ha detectado de la utilización de la via extrajudicial notarial por parte de las entidades financieras, en lo que consideramos un abuso sin precedentes de una legislación anómala y que se traduce en una vulneración de derechos fundamentales como son el derecho a una vivienda y el derecho a la tutela judicial efectiva. En el caso de hoy, ha sido BANESTO quien no ha atendido a las reiteradas propuestas de negociación por parte de la afectada y la misma PAH, y no ha dudado en aprovecharse de una ley hipotecaria perversa que permite adjudicarse una vivienda en tercera subasta ante notario sin ningún tipo mínimo, es decir, por el precio que la entidad financiera libremente decida.
Desde la PAH no permitiremos que estos atropellos queden impunes y adoptaremos las medidas necesarias para forzar la liquidación de unas deudas que a todas luces son ilegítimas. En el caso de Duffay, exigimos a BANESTO una rectificación inmediata, la condonación de la deuda y la posibilidad de ofrecer permanecer a Duffay y su familia en la vivienda en régimen de alquiler. Si no procede a la inmediata liquidación de la deuda, emprenderemos acciones legales por enriquecimiento injusto y solicitaremos la nulidad de las actuaciones.
Nos preguntamos si los notarios del estado están cumpliendo con su mandato según el cual deben ser figuras imparciales y neutras que realizan su función pública de asesoramiento basado en la garantía de los derechos y la observancia de las leyes. En el caso de la Duffay, el Notario Joaquín J. Sánchez Cobaleda ha consentido la venta por un precio irrisorio a BANESTO y ha dado fe de ello con su firma notarial. ¿pero dónde quedan los derechos recogidos en tratados internacionales como el PIDESC o la misma Constitución española?
Sin embargo, más allá de las responsabilidades de entidades financieras y notarios, no dejaremos de denunciar la falta de actuación de las administraciones públicas que, al no intervenir en casos como este y al demorar en una reforma legislativa hipotecaria que se ha convertido en clamor popular, se convierten en cómplices de la barbarie. Todos los proyectos de mediación anunciados por la Generalitat de Catalunya y otras administraciones fracasan allí donde las entidades financieras tienen la libertad de aprovecharse de una ley injusta
LA PAH DENUNCIA EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y EXIGE REFORMAS LEGALES URGENTES