Yearly Archive 2012

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2012 annus horribilis: Nuevo record de desahucios en España.

Según los datos oficiales publicados hoy por el Consejo General del Poder Judicial, entre enero y septiembre de 2012 se han producido 49.702 lanzamientos notificados por servicios comunes y 76.724 lanzamientos acordados por juzgados de 1ª instancia. Son los datos hasta el tercer trimestre de 2012, por lo que aún falta por conocer el 4º trimestre para conocer los datos del que sin embargo ya sabemos que ha sido el peor año en materia de desahucios en España.

Lamentamos profundamente que a 4 años ya de iniciada la crisis, los datos oficiales sobre desahucios sigan siendo pésimos, insuficientes e inexactos. Teniendo en cuenta la gravedad de la problemática y la alarma social generada, lo mínimo que debería garantizar un estado de derecho son unos datos fiables. Sin embargo a día de hoy lo único que la estadística del poder judicial puede informar es que: 1) a nivel cuantitativo, los 76.724 lanzamientos acordados por los juzgados de primera instancia entre enero y septiembre de 2012 es la cifra más aproximada aunque inexacta que pueden ofrecer, 2) la cifra de los servicios comunes es la única que tiene un histórico que permite hacer comparativas, porque no disponen de los datos de juzgados de primera instancia de años anteriores.

Con estos datos, y extrapolando el sesgo de los datos cuantitativos de 2012, la PAH calcula que por cada lanzamiento contabilizado por servicios comunes se ha producido 1,54 lanzamientos reales (juzgados de primera instancia). Así, tenemos que desde 2008, hasta el 3er T de 2012, la PAH estima que en España se han producido al menos 334.080 lanzamientos.

Siguiendo con la tendencia de estadísticas anteriores, y siempre según los datos de primera instancia, Catalunya, con 19.405 lanzamientos, y Madrid (11.006) son las comunidades autónomas más afectadas durante 2012, seguidas por Andalucía (10.438) y la Comunitat Valenciana, con 10.013.

En materia de ejecuciones hipotecarias, y tal y como ya predijo la PAH, en 2012 se aprecia un repunte de los procedimientos: 67.537 entre enero y septiembre. En el mismo periodo del año anterior se habían producido 57.103. Ello es debido a la profundización de la crisis y el aumento del paro, pero también es fruto de las refinanciaciones suicidas realizadas por los bancos en años anteriores para maquillar su morosidad. Lo hemos repetido una y otra vez: refinanciar, como recomiendan muchos bancos y el mismo gobierno, no sólo no resuelve el problema porque lo pospone, sino que lo agrava al aumentar la deuda final. Cuando finalmente llega la ejecución la deuda restante para la familia afectada es igual o superior a la hipoteca inicial en la mayoría de los casos, a pesar de haber pagado decenas de miles de euros durante años. Las refinanciaciones son otra cara más de la usura y el robo generalizado que las entidades financieras, ayudadas por el Gobierno, están perpetrando contra la población.

En cualquier caso, reiteramos nuestra denuncia sobre los pésimos y escasos datos ofrecidos por el estado español en lo que constituye una de las principales problemáticas del país. Recordamos que desde 2012 los datos sobre lanzamientos del poder judicial han incorporado una doble fuente de datos (servicios comunes y primera instancia) que no ha sido facilitada en los años anteriores, por lo que desconocemos las cifras totales reales de desahucios durante la crisis. Sólo sabemos que la cifra real es muy superior a la proporcionada hasta 2012 por el poder judicial (servicios comunes). Y eso sin contar los miles de desalojos que se producen sin orden judicial, fruto de una dación en pago o del miedo y la vergüenza que llevan a muchas familias a abandonar el inmueble antes de que les obliguen judicialmente a ello.

Por otro lado, a pesar de que a los juzgados llega toda la información detallada de cada procedimiento, al estado no le ha interesado ofrecer una información más precisa que nos informe sobre los detalles de las ejecuciones y los desahucios: cuántos lanzamientos son por alquiler y cuantos por hipoteca; cuantos de 1ª o 2ª residencia; cuales son las entidades que más ejecutan y desahucian; en cuantos lanzamientos había menores afectados… y así una larga lista de los silencios intencionados que el Gobierno mantiene sobre lo que ya nadie duda en considerar un auténtico genocidio financiero. Lo que aún es más lamentable es que el Gobierno utilice la mala calidad de los datos para intentar minimizar el problema, como hizo en declaraciones recientes, insinuando que el problema es mucho menor de lo que dicen las estadísticas. Las ejecuciones y los desahucios afectan a cientos de miles de personas en España y la anómala y perversa legislación española está provocando un dolor irreparable, incluso suicidios, de los que hacemos directamente responsables al Gobierno.

Finalmente, exigimos que se decrete una moratoria inmediata de desahucios de todas las viviendas habituales, y no sólo de unos pocos casos como recientemente ha aprobado el real decreto del Gobierno a instancias de las entidades financieras. Perder la propia vivienda sin que exista una posibilidad de realojo es de por sí una situación de extrema vulnerabilidad, no es necesario inventar criterios restrictivos y arbitrarios como los establecidos por el Gobierno. En efecto, el conjunto de la comunidad internacional considera los desalojos forzosos como la peor vulneración del derecho a la vivienda, un ejercicio de violencia institucional que debería ser el último de los recursos, y especialmente en España, siendo como es uno de los países del mundo que más vivienda vacía acumula (entre 3 y 5 millones, según las distintas fuentes). Además de la moratoria de los desahucios, es imprescindible regular la dación en pago retroactiva y el alquiler social de las viviendas vacías en manos de las entidades financieras, tal y como recoje la ILP que ya ha reunido más de 750.000 firmas.

(En breve colgaremos en la web un PDF con el resumen de los datos del CGPJ por provincias y CCAA)

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Los jueces responden al escrito de la PAH y empiezan a suspender procedimientos

Hoy se ha sabido que el Juzgado de Primera instancia número 38 de Barcelona ha dictado Auto por el que suspende el proceso de ejecución hipotecaria hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentencie si la normativa española en materia hipotecaria vulnera la normativa europea de consumo. El pasado 27 de Noviembre lo hizo el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Azpeitia (Guipuzkoa), suspendiendo el procedimiento hipotecario instado por la Caja Rural de Navarra. También hemos tenido noticias de autos similares en Terrassa, El Ejido, Chiclana…

Estos autos recogen las peticiones formuladas en el escrito de suspensión redactado por los letrados de las PAH, al que se adhirió el Consejo General de la Abogacía Española, en el que solicitaba la paralización de los procedimientos hipotecarios a raíz del Informe de la Abogada General Julianne Kokkot del Tribunal de Justicia de la Unión Europea así como jurisprudencia del mismo, en la que se aprecia que la normativa procesal española en asuntos hipotecarios vulnera la Directiva 93/13/CEE en materia de protección a consumidores.

El escrito y los autos referidos fundamentan la suspensión afirmando que las personas físicas no pueden obtener una tutela jurídica efectiva para ejercitar los derechos de los consumidores ni en el propio procedimiento de ejecución hipotecaria ni en un procedimiento judicial separado, lo que contraviene la Directiva 93/13 de la Comunidad Económica Europea. En consecuencia y dado que ya se ha planteado una cuestión prejudicial ante el TJUE -a iniciativa del magistrado J.M.Ferández Seijó del juzgado de lo mercantil nº3 de Barcelona en el caso Aziz, sobre si la normativa española vulnera la europea, los jueces estiman que resulta procedente suspender el trámite hasta que recaiga resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Estos argumentos se suman a otros ya conocidos, como la consideración de que las normas han de interpretarse según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, antecedentes históricos y legislativos y a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, ya que no hacerlo supondría aplicar una justicia anacrónica de espaldas a la sociedad en perjuicio de los más débiles que deben soportar los excesos de los más poderosos, quienes han llevado, en definitiva, a la presente crisis económica.

En virtud de los referidos argumentos, los jueces suspenden el proceso ejecutivo y lanzamiento pendientes, a las espera de la nueva regulación hipotecaria y a la decisión definitiva que se adopte en el TJUE sobre si la normativa española vulnera la normativa europea dado que la no suspensión supondría unas consecuencias personales y materiales al ejecutado de reparación imposible.

Una vez más, desde la PAH destacamos que la sociedad civil y ahora los jueces están dando la respuesta que el Gobierno sigue sin dar al problema de las ejecuciones y los desahucios. Mientras el Gobierno, cediendo a la presiones de las entidades financieras, se limita a aprobar moratorias insuficientes que excluyen al grueso de la gente afectada, las PAH siguen paralizando cientos de desahucios y forzando a las entidades financieras a conceder cientos de daciones en pago. Exigimos el cambio inmediato de la ley y la regulación de la dación en pago retroactiva, la moratoria de todos los desahucios de vivienda habitual y el alquiler social de las viviendas vacías en manos de entidades financieras, tal y como recoge la Iniciativa Legislativa Popular que ya ha entregado más de 750.000 firmas y que finaliza en enero. Mientras el Gobierno persista en ignorar el clamor popular, le hacemos directamente responsable del grave sufrimiento causado a las miles de familias víctimas de la estafa hipotecaria.

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Aclaración de la PAH sobre la X asamblea de IU y sobre la independencia del movimiento

A raíz de las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación a lo largo del día de hoy (ABC, La Vanguardia, La Marea, Público) la PAH se ve obligada a desmentir que en el Congreso de Izquierda Unida, realizado hoy en Madrid, se haya producido ningún tipo de acuerdo entre IU y la PAH para participar de su asamblea y aun menos de sus estructuras de gobierno.

Más que nunca, recordamos y reafirmamos que la PAH es un movimiento apartidista, de auto organización ciudadana y plural, y cuya única relación con los partidos políticos se ha limitado a interpelarles, a todos por igual, para pedirles que escuchen y apoyen las propuestas de la ciudadanía para cambiar una situación de flagrante injusticia social. Si bien es cierto que algunos partidos (como ICV, IU o ERC) han respondido mucho más a las interpelaciones que otros (básicamente PP y PSOE), la PAH ha insistido desde sus comienzos en su carácter apartidista, el cual ha permitido que miles de personas se sumen a un movimiento, cuyas demanadas cuentan, a día de hoy, con un amplio consenso social.

La PAH, avalada por su trayectoria, considera imprescindible mantener este carácter apartidista para continuar sumando esfuerzos frente a la vulneración sistemática del derecho a la vivienda y el drama social al que se ven abocadas miles de familias en el Estado Español. Es por ello que considera imprescindible desmentir el acuerdo con IU, o con cualquier otra formación. Sobre el hecho de que algún miembro de la PAH haya asumido cargos de responsabilidad dentro de IU entendemos que no tiene más relevancia, en la medida en que no lo ha hecho en nombre del movimiento ni respaldado por éste, sino como una decisión estrictamente personal.

Recordamos que entre los pocos criterios que se encuentran publicados en la web de la PAH como requisitos mínimos para formar una PAH se encuentra el siguiente: “La PAH es una asociación apartidista. Queremos evitar el uso
electoral que quieren hacer algunos partidos políticos de esta problemática. Por lo tanto, ningún portavoz de la PAH podrá ostentar al mismo tiempo un cargo visible en un partido político, ni ninguna PAH participará en actos electorales ni apoyará públicamente a ningún partido.
Ver enlace aqui:

Todo lo anterior no infravalora el trabajo de las personas que participan en la PAH, pertenezcan a la organización que sea. Todo lo contrario, lo pone en valor como trabajo colectivo conectado. En la PAH no se pregunta de dónde se viene: el objetivo común es trabajar por el derecho a la vivienda.

La PAH no es de nadie, la PAH somos todas las que luchamos por el derecho a la vivienda.

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Vidas Hipotecadas, libre para descarga

De Ada Colau y Adrià Alemany.

Descarga Vidas Hipotecadas


El libro que nos revela la gran estafa inmobiliaria española El derecho a la vivienda ha sido sistemáticamente vulnerado: de difícil acceso, pese a ser un derecho fundamental, ahora mismo tiene en jaque a centenares de miles de familias que reclaman un sistema hipotecario más justo. Escrito por dos de los fundadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau y Adrià Alemany, Vidas hipotecadas explica las causas, señala a los responsables de esta situación, analiza el papel que han tenido las administraciones públicas, pone de manifiesto la lucha que desde la PAH se está llevando a cabo, con testimonios en primera persona, y ofrece consejos y recursos útiles para defender el derecho a la vivienda y evitar los abusos de poder de las entidades bancarias. Asimismo el libro también recoge las últimas informaciones sobre la intervención de Bankia y la posibilidad del abandono del euro. Vidas hipotecadas: El drama en cifras y la lucha de la PAH – Desde que empezó la crisis, en 2007, más de 350.000 ejecuciones hipotecarias en todo el Estado han dejado cientos de miles de familias en la calle y con una deuda de por vida. Pero detrás de las cifras hay personas, vivencias, proyectos que se truncan, sueños que se convierten en el peor de las pesadillas. Vidas hipotecadas, voces y testimonios que ponen rostro a los números y estadísticas. – Instaladas en el dogma de que el precio de la vivienda nunca baja, las entidades financieras diseñaron un perverso sistema de incentivos que premiaba a los agentes comerciales que conseguían colocar en el mercado un mayor número de hipotecas. Entre los años 1998 y 2007, el número de hipotecas formalizadas anualmente fue del orden de 822.000. Más de 8 millones en total. – A través de la lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se han conseguido cientos de daciones en pago y condonaciones de deuda una vez realizada la subasta y se han paralizado cerca de 200 desahucios. Asimismo, se ha conseguido que familias amenazadas de desahucio continuen en el piso en régimen de alquiler, y en los casos en que no se ha podido evitar el desahucio se ha presionado a la Administración para realojar a las familias en viviendas públicas.

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La PAH celebra el día internacional de los derechos humanos exigiendo el derecho a la vivienda

La PAH celebra el día mundial de los Derechos Humanos exigiendo el derecho a la vivienda. Para ello queremos compartir el documental La Plataforma, sobre la lucha por el derecho a la vivienda y por la justicia social que desde hace cuatro años se libra en el Estado Español y que ha hecho efectivo el derecho a la vivienda de centenares de familias.

Documental La Plataforma, producido por Sicom

 


Y si algo hemos aprendido y puesto en práctica a lo largo de estos años es que ¡Sí se Puede! Como dice esta canción de una compañera de la PAH del Baix Penedés


También podéis descargr el libro de Vidas Hipotecadas, que explica el surgimiento de la PAH, denuncia la vulneración sistemática del derecho a la vivienda por parte de las administraciones públicas y entidades financieras, y da consejos y recursos para hacer frente a una situación de injusticia que poco a poco, juntos, estamos consiguiendo cambiar.

En Madrid el día internacional de los derechos humanos se ha celebrado con la ocupación de la Torre Kio, sede de Bankia. Y en Valencia con #acamPAHlaBanca, una acampada delante de la sede de Bankia en Valencia.

Los derechos siempre han sido fruto de conquistas sociales, y la PAH no va a parar hasta conquistar el derecho a la vivienda.

¡Sí Se Puede!

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Asesoría Colectiva

Podéis encontrar la versión completa de este apartado en el libro Vidas Hipotecadas de descarga gratuita.

Las fases del proceso

Fruto del trabajo colectivo y voluntario de mucha gente y de la ayuda puntual de diversos profesionales del mundo jurídico, y sumando la experiencia práctica de tres años, la PAH ha ido acumulando un conocimiento detallado del procedimiento que se inicia cuando se deja de pagar una hipoteca. Este conocimiento es el que se utiliza en el asesoramiento colectivo anteriormente descrito, y se complementa con consejos y recursos que se han ido elaborando y consolidando con la práctica cotidiana de las asambleas de las distintas PAH.
Compartimos aquí un resumen de las tres fases principales y algunos consejos. Recordamos que la clave de todo esto radica en organizarnos para cambiar una ley que, ahora mismo, deja en manos de las entidades financieras la decisión final que hará, o no, que un caso se resuelva.

En este sentido, os ofrecemos ya un consejo general, útil para cualquiera de las fases: ¡cuidado con los buitres! Cualquier persona o empresa que os diga que, por un cantidad de dinero, os pueden resolver el problema, sencillamente os está mintiendo.

Otro consejo general, válido para cualquiera de las fases y quizá el más importante de todos: calma, mucha calma. Nadie va a la cárcel por no pagar una hipoteca, y un procedimiento judicial de
ejecución hipotecaria y desahucio tarda un tiempo, como mínimo unos meses (la media actual es de alrededor 18 meses): no se resuelve de un día para otro y, por tanto, tendremos tiempo de ir mi-
diendo qué podemos hacer. Es habitual y normal que desde el primer momento en que tengamos dificultades de pago empecemos a sentir una gran angustia. Priorizad vuestro bienestar y el de vuestra familia. Siempre se puede hacer alguna cosa, y aún más si contáis con el apoyo de la PAH más cercana u otro colectivo similar basado en el apoyo mutuo.

Fase 1: Dejar de pagar. Consejos

Esta es la fase en la que todavía no hay ningún procedimiento judicial. Empieza en el momento en que todavía estás pagando pero ves que pronto no lo podrás hacer, y se alarga durante aquellos meses en que ya has dejado de pagar pero la entidad está más o menos abierta a una negociación antes de recurrir al procedimiento. El interlocutor principal es la entidad financiera y es con ella con la que tienes que negociar.Tienes que saber que, mientras estés pagando, difícilmente la entidad te ofrecerá ninguna solución alternativa; de forma paradójica, cuanto más responsable quieres ser, menos caso suelen hacerte las entidades. Así, es probable que, en previsión de que llegue el momento en que no podrás pagar, te acerques a tu oficina para plantear la situación, pero como mucho obtengas por respuesta una frase genérica del tipo «trata de pagar» o «no podemos hacer nada». Y es que el sistema es tan perverso que, mientras tu pagas, el banco está contento y no quiere saber nada de ninguna hipotética dificultad: le da igual que para pagar la hipoteca tengas que prostituirte, dejar de comer o atracar una tienda. Lo que quiere es que pagues, y mientras lo hagas, eres un
buen cliente que no ensucia su cuenta de resultados. Por tanto, lo más habitual es que hasta que no dejes de pagar te resulte imposible empezar una negociación seria con la entidad.

Otra cosa que hay que tener en cuenta es que esta negociación será un poco más complicada en el caso de que haya avaladores. La figura de los avaladores (habitualmente, los padres u otras personas cercanas que nos han querido ayudar porque nos quieren) supone un aliciente añadido para la entidad: no solo podrán reclamar y embargar a los titulares de la hipoteca, sino también a los avaladores, cosa que hace más atractivo el procedimiento judicial. La regulación actual es igual de despiadada con los avaladores que con los titulares, y por tanto aquellos también podrán
ver embargados sus bienes presentes y futuros. No hay ninguna manera de sacar a los avaladores de la hipoteca, a no ser que la entidad financiera esté de acuerdo en hacerlo. Como las entidades, por definición, buscan el mayor beneficio posible con el mínimo riesgo, nunca aceptan quitar la garantía añadida que les da tener un avalador excepto que les ofrezcáis otro avalador o una garantía para sustituirlo.

El tema de los avaladores dificulta lograr una dación en pago. Pero que sea más difícil no quiere decir que sea imposible: se han conseguido daciones por la totalidad de la deuda también en hipotecas con avaladores, así que depende de la voluntad de la entidad y de nuestra perseverancia a la hora de ayudar a decantar esta voluntad. Finalmente, en esta fase, a partir del momento en que se deja de pagar, hay que prepararse para el acoso que podemos sufrir a causa de las técnicas prejudiciales de reclamación de la deuda: cartas de reclamación, llamadas a casa, al trabajo, a los avaladores… Dependiendo de cuál sea la entidad, estas técnicas son más o menos agresivas. Las peores son aquellas que subcontratan el servicio, porque en estos casos se trata de profesionales que solo se dedican a perseguir a la gente y que con frecuencia tienen incentivos y ganan comisiones cuando logran que alguien pague.
En casos extremos, llegan a ejercer un auténtico maltrato, haciendo sentir culpable a las personas, buscando los puntos débiles para hacer daño, hablando por teléfono con los hijos pequeños o
con compañeros de trabajo… No hay que tener miedo: si te ven asustado, insistirán todavía más. En cambio, si intuyen que no les va a funcionar, poco a poco lo dejarán estar.

Consejos

Decide cuál es la solución que tú quieres… y hazte respetar. Al principio de la negociación, lo más probable es que la entidad diga que todo lo que propones es imposible. O si hablas con alguien de la Administración, es posible que te diga que no hay nada que hacer, que la ley es la ley y que aceptes lo que te proponga la entidad acreedora. No te desanimes y defiende lo que creas justo tantas veces como sea necesario. En algunos casos (sobre todo si la dificultad económica es puntual y existe la expectativa de recuperar la capacidad de pago a corto plazo), con un período de carencia habría bastante. Durante un tiempo, que difícilmente superará el año, se pacta pagar solo los intereses, sin amortizar el capital, haciendo que se reduzca la cuota mensual. Pero con la crisis, en la mayor parte de los casos se trata de hipotecas firmadas en plena burbuja (que casi no han amortizado capital), las dificultades económicas son graves y de larga duración. Al mismo tiempo, el mercado inmobiliario está parado y resulta imposible vender los pisos por el precioequivalente a la deuda. Es en estos casos cuando la mayoría de las personas prefiere entregar la propiedad de la vivienda y saldar la deuda para volver a empezar con un alquiler asequible, ya sea en el mismo piso o en otro. Por ello, la mayor parte de las personas afectadas reclaman el derecho a la dación en pago. La dación existe en la actual ley hipotecaria, pero no como derecho del acreedor. Es decir, está prevista como una posibilidad que tienen que acordar las partes a la hora de firmar el contrato. Como la gente no lo sabía, la mayoría de las hipotecas se han firmado sin acordar la posibilidad de la dación. Aun así, sigue siendo posible siempre que lo permita la entidad acreedora. Ahora bien, cuando lleguemos a la oficina bancaria por primera vez y solicitemos la dación, en el 99 % de los casos nos dirán que es imposible, que no lo pueden hacer. No hay que preocuparse: es lo más habitual, y lo que tenemos que hacer es insistir. Es probable que os hagan una contrapropuesta, y por eso hay que tener muy claro qué se quiere y qué no.
La entidad suele proponer una refinanciación o una novación. Esto implica modificar las condiciones de la hipoteca con la fi nalidad de reducir la cuota mensual; por ejemplo, alargando el período de amortización, ampliando capital, modificando el tipo de interés aplicable… Hay que ir con mucho cuidado con estas propuestas, porque la inmensa mayoría de las veces son pan para hoy y hambre para mañana: alargar la agonía y aumentar la deuda para acabar dejando de pagar porque resulta que la reducción de la cuota finalmente no era tan significativa como nos pensábamos, o porque disminuye durante, por ejemplo, un año, pero después vuelve a subir, incluso más que al principio de la operación. Las novaciones, además, implican gastos que la oficina no te suele explicar (notario, gestoría, registro de la propiedad, nueva tasación, comisiones) pero que acabarás pagando. Todavía es peor cuando nos proponen un préstamo personal: dicen que podremos compensar el dinero que ahora no podemos pagar con el dinero que ellos nos prestan, pero tratándose de un préstamo personal los intereses son elevadísimos y acabaremos aumentando la deuda de forma irracional. Es como lanzar gasolina al fuego.

Sea como sea, si alguna cosa tendríamos que haber aprendido a estas alturas es a no firmar nunca más nada que no estemos seguros de haber entendido. Hay que exigir que nos den todas las propuestas por escrito y tomarse tiempo para leerlo con calma y consultarlo con alguien de confianza.

¿Cuándo dejar de pagar?

Otra decisión que solo puede tomar la persona directamente afectada es el momento en que deja de pagar, si es que no se ha hecho ya por incapacidad total de pago. A excepción de estos casos, con frecuencia nos encontramos con personas que ante la angustia que supone un procedimiento de ejecución y desahucio piden dinero a familiares u otras personas cercanas para seguir pagando la hipoteca; o, peor aún, dejan de pagar necesidades básicas (comida, agua, luz, gas) para seguir pagando la cuota; finalmente, otra situación habitual es la de personas que siguen pagando, destinando casi la totalidad de la prestación de paro, sabiendo que, cuando dejen de recibir la prestación, ya no podrán pagar. Solo tú puedes decidir cuándo dejas de pagar, pero a partir de nuestra experiencia, nos atrevemos a sugerir tres cosas: 1) Ninguna casa, ninguna hipoteca y ninguna entidad financiera se merece el sacrificio de la familia; la salud es lo primero, y nunca hay que dejar de atender las necesidades básicas para pagar la maldita hipoteca. 2) Si claramente se sabe que pronto llegará el momento en que no se va a poder seguir pagando (por ejemplo, de aquí a tres meses, cuando se acabe la prestación de desempleo), hay que pensar que todos esos meses, si se dejan de pagar significan dinero ahorrado que puede destinarse al cuidado de la familia. Si
sabes seguro que dejarás de pagar, hazlo ya, puesto que pagar algunas mensualidades más no disminuirá la deuda final. 3) Una vez se haya decidido, debe encontrarse la parte positiva y no an-
gustiarse más. Hemos hecho lo que hemos podido. Y un último consejo: no hay que creerse a los directores de oficina que digan: «Id poniendo lo que podáis en la cuenta», porque «así la entidad verá que tenéis buena voluntad». En cuanto dejas de pagar la totalidad de una cuota estás incumpliendo el contrato, entras en mora y empiezan a correr los intereses (muy elevados). Por tanto, salvo que acordéis por escrito una carencia o reducción de cuota, «ir poniendo lo que se puede» significa perder el dinero que se ingresa sin que esto detenga los intereses ni (si así lo decide la entidad) el principio del procedimiento judicial.

Técnicas de negociación con la entidad financiera

Cuando tengamos que empezar la negociación con la entidad, antes que nada debemos mentalizarnos de que: 1) nosotros no hemos hecho nada malo; 2) el miedo y la angustia van en nuestra contra. Excepto algunas honrosas excepciones, los directores de oficina (que reciben presiones de sus superiores para conseguir resultados) se han creado una coraza ante el sufrimiento de las personas y no solo ignoran voluntariamente las situaciones personales, sino que a veces incluso las aprovechan para ejercer mayor presión. No son pocos los casos que han llegado a la PAH después de recibir insultos y amenazas de la misma oficina que años atrás los trató con tanta amabilidad que parecían de la familia. Tanto si en la oficina son amables como si se muestran indiferentes o agresivos, para empezar a negociar es necesario estar tan tranquilo como sea posible. En el momento que se considere oportuno (antes o después de dejar de pagar), hay que dirigirse al director de la oficina y comunicarle la situación y la propuesta de solución. Lo ideal es hacerlo presencialmente y llevándolo por escrito, con dos copias: una para la entidad y otra para que la sellen. Si se quiere solicitar la dación en pago, puede utilizarse el modelo de escrito que se encuentra en la web de la PAH. Si el director asegura que no está en sus manos, hay que pedirle que lo tramite a la central pero acompañándolo de una recomendación suya: esto seguro que lo puede hacer.

A partir de aquí, se trata de aplicar el sentido común y una técnica de escalada: de menos a más, iremos subiendo el tono de nuestra insistencia. Una vez presentada nuestra propuesta de, por ejemplo, dación más alquiler del piso, hay que esperar a que nos den una respuesta. No hay un tiempo predefinido para que nos contesten; a veces tardan poco, pero lo más habitual es que tarden semanas, e incluso meses. No tenemos prisa: mientras estemos negociando, raramente la entidad empezará el procedimiento judicial, y por tanto es tiempo que estamos ganando en el piso sin tener que pagar. Es posible que, antes de darnos una respuesta definitiva, nos pidan documentación complementaria (recibos para demostrar que estamos al día del pago del IBI y de los servicios o de la comunidad, o algún documento acreditativo de nuestros ingresos). Esto es una buena señal, y quiere decir que están estudiando seriamente nuestra propuesta. En los casos de las daciones, suele
ser un requisito que todos los pagos relativos a la vivienda estén al día y que no haya ninguna otra carga sobre el piso (por ejemplo, un usufructo o embargos como consecuencia de otras deudas
impagadas). Pero lo más habitual es que no acepten nuestra propuesta de dación a la primera y en cambio nos presionen para que encontremos el dinero para pagar como sea, o bien que nos ofrezcan,
tal y como ya se ha visto, una refinanciación o un préstamo personal que haría todavía más grande la pelota de la deuda, pero que a la entidad le permite disimular la morosidad en sus cuentas
de resultados unos meses más. Hay que aguantar, mantenerse firme, insistir. Pero si por lo que fuera se acaba considerando la posibilidad de aceptar la propuesta, no debe caerse en la trampa de añadir avaladores: es posible que entre las propuestas que nos hagan se incluya una ligera mejora de las condiciones a cambio de aumentar las garantías y que nos digan: «Podríamos arreglar el descubierto actual y bajar la cuota un poco si añades a tu hijo como aval…». Ya hemos visto cómo un avalador queda atrapado en el préstamo de por vida, así que no lo vale: hipotecar a un ser querido puede quitarnos el sueño más que el hecho de quedar nosotros endeudados y sin casa. Por tanto, con calma y firmeza, explicamos a nuestro interlocutor que quizá no nos han entendido. Nuestra situación requiere una dación en pago, así que será mejor que vuelvan a valorarlo. Si es necesario, les volvemos a presentar la petición por escrito. Y nos vienen diciendo que es «imposible» demostramos que estamos bien informados, explicamos que nos hemos asesorado y que sabemos que, en otros casos, esta misma entidad ha hecho daciones. ¿Por qué en mi caso no iba a ser posible? ¿Me están discriminando? En este momento también podemos utilizar los recursos de la Administración para reforzar nuestra petición; por ejemplo, adjuntando a nuestra petición un informe de servicios sociales donde se acredite que no tenemos recursos. O, en aquellos municipios o comunidades autónomas que dispongan de servicios de mediación con entidades financieras, pidiendo que se pongan en contacto con la central de nuestra entidad para apoyar nuestra solici tud. (Ver los detalles de estos servicios en «Recursos útiles» del libro Vidas Hipotecadas.)

En cualquier momento de la negociación es esencial que le demos la vuelta a la tortilla, que perdamos el miedo y que se lo hagamos notar a la entidad: hasta ahora los bancos se han hecho fuertes y han presionado para hacer firmar refinanciaciones, aprovechándose del estado de angustia y nerviosismo de las personas afectadas. Hay que hacerles entender que ya no tenemos miedo, que nos hemos dado cuenta de que con todo perdido (la casa, una deuda para toda la vida) ya no queda nada que perder. Que nos hemos informado y sabemos que, si ponemos todas nuestras cosas a nombre de otra persona y trabajamos en negro, no nos podrán embargar nada. Que nos quedaremos en la casa hasta el final y les costará mucho desahuciarnos. Que hasta ahora la hipoteca y el banco eran nuestra peor pesadilla, pero que quizá ahora seremos nosotros la peor pesadilla de la oficina y del banco. Y así seguiremos insistiendo tantas veces como haga falta. Si no nos hacen caso, quizá conviene subir el nivel y pedir acciones de apoyo en nuestra PAH más cercana. Con la experiencia de estos últimos tres años hemos constatado que cuando tenemos más capacidad de presión es cuando tocamos la imagen pública de las entidades. Así, una posible acción es situarse de forma pacífica pero constante a las puertas de la oficina y distribuir a los clientes que entran y salen de la entidad volantes donde explicamos lo que este banco está haciendo y cómo trata a sus clientes cuando estos tiene la mala suerte de pasar dificultades. Hay personas que incluso han hecho acampadas de varios días y así han conseguido que la central los convocara a una reunión para encontrar una solución.

Para los casos más extremos, en los que no nos quieren recibir o se nos trata mal, se puede recurrir a los medios de comunicación y denunciar el caso. También se pueden llevar a cabo acciones colectivas, juntándonos con otras personas afectadas por la misma entidad para forzar una negociación colectiva. No rendirse es la clave.

La posibilidad de alquilar el piso

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Si la dificultad económica que nos impide pagar la hipoteca es temporal y tenemos alguna alternativa de vivienda, por ejemplo familiar, a la que recurrir sin que sea un gran trastorno para nadie, alquilar el piso puede ser una opción que nos permita complementar la cuota que ya no podemos pagar. Ahora bien, si la insolvencia va para largo, o el alquiler que podríamos obtener no
sería suficiente para llegar a la totalidad de la cuota hipotecaria, o si sencillamente carecemos de otro lugar al que ir, mejor no complicarnos más la vida. Otra eventual utilidad de alquilar el piso sería mantener la posesión una vez se produzca la subasta y el banco se convierta en el nuevo propietario. A principios de 2012 corrió como la pólvora un mensaje por Internet en que se afirmaba haber encontrado la gran solución para evitar los desahucios: alquilar el piso a alguien de confianza por una cantidad simbólica y con una duración indefinida, de manera que, cuando se produjera el cambio de propiedad, el banco tendría que respetar este contrato de alquiler. Esto no es exactamente así, pero hay una parte de verdad que en algunos casos puede ser útil.

A pesar de que algunas hipotecas tienen una cláusula abusiva según la cual estaría prohibido alquilar la vivienda, lo cierto es que el propietario puede efectivamente alquilar su piso cuando
quiera y a quien quiera. Ahora bien, si quiere que este contrato sea válido con un nuevo propietario tendrá que tener cuidado de que no haya indicios de fraude. Por ejemplo, poner el contrato a
nombre de una persona muy cercana (como padres o hijos), hacerlo por una renta muy baja o por una duración indefinida, son señales de que aquel contrato se ha hecho para burlar la justicia,
y en consecuencia el juez podría anularlo. Idealmente, para que el contrato sea respetado tendría que haber sido firmado antes de dejar de pagar la hipoteca; que el inquilino pase a empadronarse en el piso y ponga los servicios (agua, luz, gas) a su nombre; que la renta sea por un importe razonable, cercano al precio de mercado; que exista algún tipo de recibo o transferencias bancarias para acreditar el pago de la renta y, aunque no es imprescindible, es aconsejable que el contrato se registre en la Cámara de la Propiedad (da más fuerza y seriedad al contrato, aunque genera unos gastos de registro y notariales). En caso de que el juez anule el contrato se puede iniciar otro procedimiento para defenderlo, y el solo hecho de abrir este procedimiento nos servirá para retrasar el desahucio. Aunque es poco probable, en caso de que el juez tenga la certeza de que el contrato de alquiler es ficticio y se ha realizado para cometer fraude, podríamos ser denunciados por alzamiento de bienes (artículo 257 del Código Penal). Sobre la duración de este contrato, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece claramente que, en caso de ejecución hipotecaria, el nuevo propietario solo tendrá que respetar los primeros cinco años desde la firma del contrato. Transcurridos estos años, la persona arrendataria podría beneficiarse de una prórroga automática durante tres años más, pero únicamente en el caso de que el banco no notifique la finalización del contrato.

Cuidado con el código de buenas prácticas aprobado por el Gobierno

También podéis leer este post

En marzo de 2012, presionado por la alarma social que despertaron las miles de ejecuciones hipotecarias, el Gobierno aprobó un Real Decreto de «medidas urgentes de protección de los deudores hipotecarios sin recursos». Estas medidas incluían un código de buenas prácticas para las entidades financieras que despertó una fuerte expectativa, en la medida en que, cuando fue anunciado por el Gobierno, fue presentado como la posibilidad de acogerse a la dación en pago. Pero si leemos con detalle la versión final del decreto, resulta que muy poca gente se puede acoger a él, y la dación solo es la última de las posibilidades. Por ello, decimos: «¡Cuidado!». De entrada, el código es voluntario para las entidades, de manera que si nuestra entidad no lo ha firmado, ya quedamos excluidos. En el caso de que nuestra entidad lo haya firmado, solo nos podemos acoger a él si todos los miembros de nuestra unidad familiar están en paro; si la vivienda hipotecada es la única y la habitual; si no disponéis de ningún otro patrimonio y si la hipoteca se constituyó para acceder a esta vivienda (esto excluye a miles de autónomos que hipotecaron su vivienda para intentar salvar
pequeñas empresas y puestos de trabajo); si la cuota hipotecaria resulta superior al 60 % de los ingresos de la unidad familiar; y, en caso de que haya avaladores, si estos carecen de bienes o pa-
trimonio para hacer frente a la deuda (es decir, si tus avaladores tienen una vivienda en propiedad, ya no tienes derecho a acogerte al código).

Este conjunto de requisitos dejan a la mayor parte de la gente afectada excluida del código. Pero incluso quien se pueda acoger a este tiene que ir con mucho cuidado, porque la dación en pago no es la primera opción. El código establece que la entidad tendrá que hacer una oferta de refinanciación (con una serie de opciones, que incluyen la posibilidad de aumentar la hipoteca hasta cuarenta años), y solo en el caso de que la propuesta final suponga una cuota mensual de más del 60 % de los ingresos familiares, tendréis opción a una rebaja de la deuda o a la dación en pago. En conclusión, más bien parece que el código ha sido aprobado para limitar y reducir las daciones en pago, al tiempo que para forzar refinanciaciones que la propia gente afectada no desea. De hecho, ha sido significativo que a partir de la aprobación del decreto en pocas semanas la mayoría de las entidades se hayan apresurado a firmar y adherirse a este código voluntario. A finales de marzo de 2012 la PAH denunciaba que las entidades estaban utilizando el Real Decreto como excusa para frenar negociaciones abiertas. Así, daciones en pago que hasta esa fecha eran
posibles, quedaban congeladas con la excusa de no cumplir losrestrictivos requisitos del código de buenas prácticas. Por tanto, recordemos el primero de los consejos: decidir qué solución que-
remos para nosotros y hacernos respetar
.

Recursos útiles

Documento de solicitud de la dación en pago y el alquiler del piso. Es un modelo muy sencillo, que os podéis descargar de la web de la PAH (www.afectadosporlahipoteca.com). Solo tenéis
que completar vuestros datos, personalizar las peticiones (dejad la solicitud de dación y alquiler, o en caso de que solo queráis dación, borrad la petición de alquiler asequible), hacer dos copias y llevarlas a vuestra oficina bancaria: una para que la tramiten a la central, la otra para que os la sellen. Aunque tener una copia sellada no sirve para nada ante un juez, como clientes tenéis todo el derecho a exigirla. También podéis hacer una tercera copia y, por correo certificado, hacerla llegar al servicio de gestión de la morosidad de la central de vuestra entidad.

Ayudas de la Administración.

En cuanto tengáis dificultades económicas severas que comprometan los mínimos vitales (vivienda, alimentación, servicios básicos, escuela de los niños), dirigíos a los servicios sociales municipales y a las oficinas de vivienda de vuestra comunidad autónoma. Hay diversas ayudas que seguramente no os resuelvan el problema, pero que os ayudarán de forma parcial. Por desgracia, con la gestión de la crisis que están llevando a cabo las actuales administraciones, estas ayudas, que ya eran insuficientes, están sufriendo recortes. Por eso tenéis que dirigiros directamente a los servicios sociales y averiguar cuáles son las ayudas vigentes.

  • Servicios institucionales de mediación.
  • Como ya se ha explicado, a partir de la primera experiencia de mediación impulsada por la Generalitat de Cataluña, conocida como Ofideute, distintas comunidades autónomas y ayuntamientos (Terrassa, Sabadell o Logroño, entre otros) han impulsado servicios de mediación entre las personas afectadas y las entidades financieras. Solo actúan en casos de vivienda habitual y recomiendan que las perso-
    nas se pongan en contacto con ellos lo antes posible, tan pronto como empiezan las dificultades de pago. Estos servicios se limitan a interceder sobre la base de la «buena voluntad», y por tanto
    no pueden garantizar ningún resultado, sea cual sea la situación de la persona afectada. Recordad: cuando os dirijáis a ellos, expresad claramente cuál es vuestra demanda, para evitar que la
    mediación pueda convertirse en una estrategia que el banco utilice para convenceros de hacer una refinanciación que no deseáis.
    La experiencia de la PAH nos dice que aquellos casos que más ayuda necesitan (menos capacidad económica, procedimiento judicial más avanzado) son los que más difícilmente resolverá un servicio institucional de mediación. En cualquier caso, siempre es útil utilizarlo como un mecanismo más de presión en nuestra negociación. Para contactar con él, preguntad en vuestro Ayuntamiento y comunidad autónoma si disponen de algún servicio de mediación.

    Reclamación ante la entidad y el Banco de España.

    Todas las entidades disponen de la figura del defensor del cliente, y todo cliente que considere que ha recibido un trato injusto puede enviar una queja por escrito. Cuando esta queja se admite a trámite, el defensor ha de pedir a las dos partes tanta documentación como sea necesaria para finalmente dictar una resolución en un plazo máximo de dos meses. Esta resolución tiene que ser notifi-
    cada por escrito tanto al cliente como a la entidad. Igualmente, el Banco de España dispone de un servicio de reclamaciones donde se pueden denunciar malas prácticas bancarias. Un requisito para
    utilizarlo es haber utilizado antes la vía del defensor del cliente de la entidad. La reclamación se tiene que hacer por escrito mediante un formulario oficial que podéis encontrar en su web: www.bde.es. En ambos casos, difícilmente desembocará en la resolución de nuestro proceso, pero como mínimo servirá como una herramienta más de presión, y si lo hacen todas las personas afectadas, lograremos una acción colectiva que deje claro a las entidades y al Banco de España que la población considera que sus prácticas quizá sean legales, pero son injustas, inmorales e ilegítimas.

    Fase 2: Inmersos en el proceso. Consejos

    Esta es la fase en la que la entidad inicia el procedimiento para reclamar la deuda impagada. Puede empezar desde el mismo momento en que se deja de pagar, ya que se produce un incumplimiento del contrato. Normalmente, las entidades esperan como mínimo tres meses antes de comenzar el procedimiento formal, pero hay que saber que con solo un impago ya se puede iniciar. Un problema añadido de la legislación española es lo que se conoce como «vencimiento anticipado»: a partir del momento en que se produce el impago, la entidad puede reclamarnos no solo las cuotas impagadas más los intereses de demora acumulados, sino todo el préstamo pendiente de pago. Nuestro interlocutor durante esta fase seguirá siendo la entidad financiera, ya que, a pesar de que intervenga un juez o un notario, el procedimiento está pensado de manera que nosotros no podamos alegar nada. ¿Cuál es nuestro objetivo? Alargar tanto como sea posible el procedimiento, por un doble motivo: primero, porque, vaya como vaya, será tiempo que ganamos estando en el piso; y segundo, porque cuanto más lo alarguemos, más tiempo tendremos para intentar forzar una negociación. Pensad que por más avanzado que esté el procedimiento, la entidad siempre puede detenerlo y llegar a un acuerdo con vosotros, así que no dejéis de negociar.

    A. Vía judicial
    Esta vía se inicia cuando recibís un burofax en vuestra casa (la casa hipotecada) donde se os informa de la cantidad que debéis y se os reclama el pago. Como se trata de un burofax, funcionará
    como una carta certificada: la llevará el cartero a vuestra casa y os pedirá que firméis el recibo. Aunque no abráis la puerta al cartero o no firméis, el procedimiento seguirá adelante, así que es mejor recoger el burofax para estar informados y reaccionar cuanto antes. Si en este momento no pagáis las cuotas pendientes más los intereses generados, el banco presentará una demanda al juzgado y todas las personas que consten como titulares del préstamo recibirán la notificación de inicio del procedimiento de ejecución judicial. Es lo que popularmente se conoce como «el tocho», ya que se trata de una cantidad importante de papeles (la demanda, más la fotocopia del contrato de la hipoteca y el acta notarial donde se especifican las cuotas impagadas más los intereses de demora y las costas judiciales generados). De nuevo, hay que saber que aunque no recogiéramos esta demanda cuando nos llega por correo, el procedimiento sigue adelante.
    Con esta notificación, el juzgado nos dará diez días para pagar. Si no podemos pagar, se fijará la fecha de subasta de la vivienda hipotecada. Esta fecha será notificada a todas las personas titulares del préstamo como mínimo con veinte días de antelación, y también se publicará en los tableros del juzgado para permitir que otras personas interesadas puedan participar en la subasta.
    Durante todo el procedimiento, y hasta el día y la hora de la subasta, hay una única manera de detenerlo (válida solo para los casos de vivienda habitual): pagar la totalidad de lo que debíamos en el momento en que nos pusieron la demanda, más los intereses de demora y las costas judiciales, pero ahorrándonos por el momento la totalidad de la deuda hipotecaria. Claro que, en el actual contexto de crisis, quien deja de pagar es porque no puede, y si no podía al principio, difícilmente podrá más adelante, cuando a la deuda se le hayan sumado los intereses. La ley no prevé la
    posibilidad de presentar ningún recurso, solo lo que se llaman «causas de oposición», en el caso improbable que se hayan producido defectos formales en el procedimiento o errores en el cálculo de la cantidad reclamada.

    El día fijado, la vivienda saldrá a subasta por el valor de tasación que consta en el contrato hipotecario (que habitualmente coincide con la tasación inicial, aunque podría ser diferente). En teoría, la ley permite que cualquier persona pueda participar, previa consignación de un depósito equivalente al 30 % del precio, y que el mejor postor pueda adjudicarse la vivienda siempre que
    supere el 70 % del valor de subasta. Pero en la práctica, con la crisis, casi todas las subastas quedan desiertas, y en este caso el banco tiene veinte días para comunicar al juzgado si se adjudica
    la vivienda por el 100 % de la deuda o por el 60 % del valor de tasación. Y por la experiencia que relata este libro, ya sabéis que el banco suele aprovechar esta oportunidad. En muy pocos casos,
    el 60 % del valor de tasación resulta ser igual o superior a la deuda, y por tanto la persona deudora queda liberada de la deuda, e incluso, si es superior, puede percibir la diferencia. Pero en la mayoría de las hipotecas, firmadas en plena burbuja y que no habían amortizado prácticamente capital, el 60 % supone dejar a la persona con una deuda considerable de por vida.
    A pesar de la indefensión general que provoca este procedimiento, según el cual por ley se nos impide explicar nuestra situación personal, hay un pequeño consuelo para aquellas personas que estaban sufriendo el acoso de las empresas de cobro de morosos. Una vez se inicia el procedimiento judicial, al menos se dejan de sufrir las «técnicas» de reclamación de la deuda.

    Consejos

  • Solicitar justicia legal gratuita
  • (Podéis consultar aquí el documento para solicitarla)

    El artículo 119 de la Constitución española reconoce el derecho a acceder a la justicia gratuita. La ley de 1996 que regula el procedimiento para acceder a la justicia gratuita reconoce este derecho a todos los ciudadanos que no pueden pagarse la asistencia jurídica siempre que los ingresos por unidad familiar no superen el doble del IPREM vigente (en 2012, el IPREM es de 7.455,14 euros anuales). La justicia gratuita, es decir, abogado y procurador de oficio, se puede solicitar en cualquier momento del procedimiento, y nos sirve para distintas cosas. En primer lugar, para personarnos y por tanto asegurarnos de que recibimos toda la información y tenemos oportunidad de presentar escritos. En segundo lugar, para ganar tiempo, ya que en el momento de solicitarla se detienen las actuaciones hasta que tenga mos respuesta y sepamos si nos la han concedido. En tercer lugar, para evitar que nos cobren las costas judiciales al menos durante el tiempo en que nuestras condiciones económicas no mejoren; se entiende que si se accede a la justicia gratuita por el procedimiento de ejecución también se carece de dinero para pagar las costas judiciales.
    Una desventaja de los abogados de oficio respecto a los privados es que no podemos escoger quién nos representa. Y por tanto, como en cualquier otra profesión, nos puede tocar alguien que se lo tome muy seriamente, que nos preste atención y que esté dispuesto a escuchar nuestras propuestas, o podemos tener la mala suerte de que nos toque alguien poco competente o, peor todavía, poco motivado y resignado, convencido de que «no hay nada que hacer». Si el abogado ni siquiera os informa, o pensáis que actúa en contra de vuestros intereses, podéis intentar pedir un cambio en el colegio de abogados correspondiente.

  • Mantener la negociación con la entidad financiera
  • Tal como ya se ha dicho, nuestra única oportunidad de detener el procedimiento es convencer a la entidad financiera para llegar a un acuerdo extrajudicial. Para hacerlo podemos seguir utilizando
    todos los consejos explicados en la fase anterior, tanto en lo que respecta a las técnicas de negociación como acudiendo a los servicios sociales, si no se había hecho ya, y a los otros servicios de
    la Administración, como los de mediación.

    Detener o asistir a la propia subasta
    Hay que saber que, al contrario de lo que mucha gente piensa, la subasta no es ningún momento solemne: se trata de un mero trámite en el que ni siquiera interviene el juez. El secretario judicial
    pregunta en el pasillo si hay algún postor; si no hay ninguno, hace un escrito que entrega al procurador del banco, y si está a la persona que sufre la ejecución. Tanto si tenéis abogado como si
    no, tenéis derecho a asistir a la subasta de vuestro piso. No podréis hacer nada, pero al menos conseguiréis que los funcionarios que ejecutan estas subastas cada día de forma rutinaria sean un
    poco más conscientes de que detrás de este «trámite» hay vidas que se hunden. Si lo consideráis oportuno, también podéis intentar detener la subasta por medio de una acción colectiva que
    inunde los juzgados e impida la actividad judicial, pero es difícil de realizar (los juzgados tienen presencia policial) y solo os servirá para ganar un poco de tiempo. En cualquier caso, si vais a
    vuestra propia subasta y, una vez realizada, el funcionario os pide que firméis el acta de la subasta en que dice que el banco se puede adjudicar la vivienda por el 60 %, negáos a hacerlo. No tenéis
    por qué validar una injusticia con vuestra firma, y el hecho de que firméis o no, no cambia nada.

    Recursos útiles

    • Solicitud de justicia gratuita.
    • Podéis pedirla en los juzgados o en los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) del colegio de abogados que os corresponda (podéis buscarlo en www. justicia-
      gratuita.es/pjg/home.do). Os pedirán una cantidad considerable de documentación para acreditar vuestros ingresos.

    • Recurso en caso de denegación de la justicia gratuita.
    • Si os deniegan la justicia gratuita podéis presentar un recurso en el plazo de cinco días a partir del momento en que os han notificado la negativa. Es habitual que, por una interpretación demasiado restrictiva, que solo se fija en si vuestros ingresos superan el doble del IPREM, os la denieguen en un primer momento. Pero vale la pena presentar el recurso, ya que en este caso conseguiréis que estudien con más detenimiento vuestro caso y valoren todas las circunstancias (si tenéis personas a vuestro cargo, otros gastos,etcétera). Para hacerlo, podéis utilizar el modelo disponible aquí

    • Defensores del Pueblo autonómico y estatal.
    • En caso de que recibáis un trato inadecuado por parte de alguna de las administraciones (servicios sociales, justicia gratuita o, por ejemplo, de los funcionarios de los juzgados, que no os den acceso a la información de vuestro expediente u os intenten convencer de que no pidáis la justicia gratuita), presentad una queja ante el Defensor del Pueblo, tanto el autonómico como el estatal. Para más información, podéis consultar la web del Defensor del Pueblo estatal:
      www.defensordelpueblo.es.

    • Todos los recursos de la fase anterior.
    • Precisamente porque el procedimiento judicial no nos deja ningún margen de actuación y nuestro objetivo es el de seguir negociando con la entidad bancaria, las técnicas de negociación y los recursos como el escrito de petición de dación en pago, las ayudas de la Administración, los servicios de mediación y las quejas ante el defensor del cliente o el Banco de España siguen siendo recursos útiles en esta fase.

    B. Vía extrajudicial
    Si bien la vía judicial es la más utilizada por las entidades a la hora de realizar una ejecución hipotecaria, a finales de 2011 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca denunciaba que había
    empezado a recibir casos de personas a las que las entidades reclamaban el impago de la hipoteca por medio de una vía hasta entonces desconocida: el procedimiento extrajudicial. En realidad, casi todos los contratos hipotecarios contienen esta posibilidad en la escritura pública, de manera que el banco puede decidir si ejecutar la hipoteca por vía judicial o extrajudicial.
    Si bien la vía judicial ya ha sido ampliamente denunciada por injusta y expeditiva, la vía extrajudicial la supera. En primer lugar, porque es más rápida (se puede resolver en tres meses). En
    segundo lugar, porque se ejecuta ante notario y, por tanto, la persona afectada ni siquiera tiene derecho a la justicia gratuita, quedando en absoluta indefensión. En tercer lugar, porque hasta
    ahora se había desarrollado con una sistema de tres subastas que, si quedan desiertas, permite a la entidad adjudicarse la vivienda sin un tipo mínimo. Es decir, a partir de un euro. En la primera
    subasta, la vivienda sale por el 100 % del valor de tasación; en la segunda, por el 75 %, y en la tercera, sin mínimo fijado. Igual que en las subastas judiciales, con la crisis todas las subastas extrajudiciales quedan desiertas, así que permiten a las entidades adjudicarse el piso por el importe que les parezca oportuno, y la persona deudora debe cargar con la diferencia que no quede
    cubierta por este importe.
    Afortunadamente, una vez más la movilización de las personas afectadas ha permitido no solo visibilizar este procedimiento ante el desconocimiento y la inacción de las administraciones públicas, sino también empezar a provocar reacciones. Primero se llevaron a cabo algunas concentraciones ciudadanas ante las notarías que hacían estas subastas; después, la PAH solicitó una reunión con el decano del Colegio de Notarios de Cataluña y consiguió que el propio Colegio recomendara a todos los notarios catalanes aplicar por analogía el tipo mínimo fijado en la vía judicial, es decir, en ese momento el 60 %. El presidente del Consejo, Manuel López Paradiñas, consideraba «imprescindible que los notarios ofrecieran a los ciudadanos las mismas garantías que tendrían ante un juez». Además, en el mismo comunicado el máximo órgano de gobierno de los notarios solicitaba al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, un cambio urgente de la regulación hipotecaria extrajudicial para garantizar los derechos de los consumidores. Finalmente, el Real Decreto Ley del 9 de marzo de 2012 modifica el procedimiento extrajudicial y, en casos de vivienda habitual, lo equipara a la vía judicial, reduciendo la subasta a una y fijando el tipo mínimo al 60 %. No obstante, persiste el problema de que se trata de un procedimiento más rápido y con menos garantías para el deudor, y se mantiene el problema sustancial: la adjudicación por el 60 %, igual que en la vía judicial, supone dejar a las personas endeudadas de por vida. Y, por tanto, se mantiene la necesidad de la pre-
    sión social para conseguir un cambio de regulación que permita la segunda oportunidad. Pero en muy poco tiempo se ha conseguido que, de un 0 %, el tipo mínimo de la adjudicación extrajudicial haya pasado al 60 % del valor de tasación. La movilización funciona.

    El caso de D. Lozano-Viladecans
    D. Lozano contactó con la PAH cuando faltaba poco para que se produjera la tercera subasta en el marco de un procedimiento de ejecución extrajudicial. La PAH se puso en contacto con Banesto para intentar negociar una salida justa, pero el representante de la entidad dejó claro que se aprovecharían del sistema actual y se adjudicarían la vivienda por un precio bajo. También se hizo un llamamiento al notario, que se desentendió de su responsabilidad y se limitó a repetir que aplicaría la ley tal como es, permitiendo la adjudicación sin ningún valor mínimo.
    El día de la subasta, el 26 de enero de 2012, una veintena de personas, miembros de la PAH, acompañaron a la afectada a la notaría. A pesar de las interpelaciones al notario, este permitió
    que Banesto se adjudicara la vivienda por el 35 % del valor de tasación. Pero ni la afectada ni la PAH se dieron por vencidas, y llevaron su denuncia a los medios de comunicación y al Colegio
    de Notarios de Cataluña. Finalmente, ante la alarma social que se estaba generando, Banesto se puso en contacto con la PAH y aceptó la condonación de la deuda como mínimo hasta llegar al
    60 % del valor de tasación.

    Consejos

    Si habéis dejado de pagar la hipoteca y alguien que dice ser de una notaría os llama a la puerta de casa, no abráis ni recojáis ningún papel. La única manera de evitar la vía extrajudicial es no recogiendo la notificación notarial que os llevan a casa. En este caso, la ley dice que el banco tendrá que ir por la vía judicial ordinaria. En cambio, si la recogéis, ya no habrá manera de detener el procedimiento. Recordad que, a pesar de que la adjudicación por vía notarial sea más rápida que la judicial, el notario no puede ejecutar la deuda ni desahuciaros. Para hacer esto, la entidad tendrá que recurrir igualmente a la vía judicial, y en este caso podéis seguir los consejos previstos para la tercera fase.

    Fase 3: Una vez subastado el piso.

    Consejos

    Como ya hemos comentado, una vez se produce la subasta, en el actual contexto de crisis, en que las subastas quedan vacías, tenemos un doble problema: la deuda restante y la amenaza de desahucio.
    Aunque es cierto que el piso ya no es nuestro y por tanto tenemos menos margen de maniobra, sigue siendo vigente uno de los principales consejos: calma, mucha calma, porque el mundo no se termina aquí. De hecho, las diferentes PAH del Estado han logrado varias condonaciones de deuda posteriores a la subasta, y se han detenido decenas de desahucios. La clave es no rendirse.
    Otra aclaración importante es que la realización de la subasta no implica el desalojo automático ni tampoco el embargo de la nómina y otros bienes. Para que estas dos cosas sucedan, el banco tendrá que pedir al juez que dé la orden, y vosotros tendréis que ser notificados con suficiente tiempo de antelación.
    En lo que respecta a la deuda restante (la que no ha quedado cubierta por el precio de adjudicación en la subasta, más los intereses y las costas judiciales), hay entidades que no la ejecutan inmediatamente. Pero no os confiéis. Según la ley, las deudas hipotecarias prescriben a los veinte años, y las deudas personales a los quince. El problema es que cada vez que el acreedor realiza una
    acción para reclamar el pago de esta deuda, empieza de nuevo el plazo. Por eso, en la práctica, estamos hablando de deudas eternas.
    Además, en la medida en que también genera nuevos intereses, la deuda va creciendo. Ahora bien, no os lo pueden embargar todo: hay un mínimo inembargable fijado por ley. Por desgracia, también hay que tener en cuenta que el embargo no es la única consecuencia negativa de la deuda: nuestro nombre saldrá en los registros de morosidad y esto nos puede impedir muchas actividades o alterar y dificultar el día a día: comprar una lavadora a plazos, contratar una línea telefónica, acceder a un piso de protección oficial, o incluso conseguir según qué trabajo.

    En lo concerniente al desahucio, es muy importante saber, para nuestra tranquilidad, que no puede suceder de un día para otro. No pueden aparecer policías por sorpresa en nuestra casa. La ley protege la inviolabilidad del domicilio, y sacar a alguien de su domicilio solo se puede hacer respetando unas mínimas garantías. Entre estas, a la persona desahuciada se le tiene que notificar el día y la hora del desahucio con un mínimo de un mes de antelación. Pero, aunque no haya un plazo determinado, teniendo en cuenta el colapso de los juzgados, entre la subasta y el desahucio, suelen pasar entre seis y doce meses, a veces incluso más.
    Una vez llega la fecha, hay distintos recursos que nos pueden ayudar a posponerlo todavía más tiempo. (Ver los consejos.) Un problema añadido: los impuestos que reclaman después de una subasta o una dación. Como si no fuera bastante duro sufrir una subasta o una dación, poco después descubrimos que todavía no ha terminado la pesadilla. El sistema es tan perverso que no distingue ninguna
    situación, y aunque hayamos perdido el piso por un estado de quiebra económica, os pueden reclamar como mínimo dos impuestos: la plusvalía municipal y el IRPF en la declaración
    anual. La plusvalía es un impuesto sobre el incremento de valor en los terrenos de naturaleza urbana (IVTNU), y la cobra el Ayuntamiento. La plusvalía municipal la paga el vendedor de una
    compraventa normal. Y en el caso de la dación, el que da la vivienda en pago de la deuda o la pierde en subasta es quien tiene que pagar la plusvalía. El importe depende de los años desde la anterior venta y de unas tablas de la ley de bases de régimen local. Se tiene que pagar en treinta días hábiles, desde la escritura o la adjudicación después de la subasta. Fruto de la presión social que se está ejerciendo, algunos ayuntamientos (como los de Sant Feliu de Llobregat en Cataluña, Torrejón en Madrid o Logroño en La Rioja) e incluso en provincias enteras como Vizcaya están eximiendo a las personas afectadas por las ejecuciones, así como en los casos en que se consigue la dación en pago. Y es que el
    único responsable del cobro de la plusvalía es el Ayuntamiento; por tanto si vuestro Ayuntamiento todavía cobra este impuesto, hablad con los grupos municipales y presionad para que eliminen el cobro de la plusvalía en casos de dación o adjudicación por subasta. (Documento aquí)
    Por otro lado, existen las plusvalías de la operación de venta, que son las ganancias patrimoniales que tiene un propietario cuando vende un inmueble y tributan en el IRPF, en la renta anual. Hoy en día, Hacienda considera la dación como si se tratara de una venta. Y si añadimos que muchas hipotecas se concedieron al 100 % o al 120 % del valor de tasación, y que cuando llega el momento de concretar la dación la deuda se puede haber incrementado bastante por los intereses de demora, ante Hacienda podría parecer que hemos obtenido una ganancia, al dar la vi-
    vienda por un valor superior al que nos costó.

    Por último, fiscalmente una dación es más cara que una ejecución. Las daciones tiene que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales dos veces: el deudor lo tiene que pagar cuando realiza la dación al acreedor, y el acreedor lo tiene que pagar cuando vende el inmueble. En cambio, las ejecuciones solo tributan una vez sobre la base del valor de adjudicación. Y se benefician de la posibilidad del «remate», es decir, la opción que tiene el banco de disponer de un tiempo para pasar la adjudicación a un tercero, de modo que paga el impuesto una sola vez. El impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados depende de las comunidades autónomas. Eventualmente, también existe el riesgo de que te sigan cobrando el impuesto de bienes inmuebles (IBI) o los gastos de comunidad, o incluso puede suceder que se te impida acceder a según qué ayudas públicas por constar como propietario, ya que hay muchas entidades que tardan bastante tiempo en registrar el
    cambio de propiedad para evitar el pago de impuestos. En estos casos hay que conseguir una resolución del juzgado en la que conste que vuestra vivienda ha sido adjudicada a otro. Lo podéis hacer por medio de vuestro abogado o yendo directamente al juzgado con el DNI. Cuando tengáis el documento, haced llegar una copia al ente con quien tenéis el problema (el Ayuntamiento, en el caso del IBI; la comunidad de propietarios, si se trata de los gastos comunes). También podéis denunciar a la entidad ante Hacienda por posible evasión fiscal.

    Consejos

    Solicitar justicia legal gratuita
    Si no la habíais pedido en la fase anterior, la podéis pedir ahora. Si algún trabajador del juzgado os quiere convencer de que no pidáis la justicia gratuita porque «a estas alturas ya no hay nada a hacer y sería inútil», ignoradlo. Se trata de un derecho constitucional y nadie os lo puede negar. Además, esta fase, igual que la anterior, sirve para pedir que se detenga el procedimiento hasta que se resuelva vuestra petición y, por tanto, os permite ganar tiempo, así como presentar recursos para pedir aplazamientos del desahucio.

    Presentad recursos
    Entre los profesionales del mundo jurídico (abogados, jueces y secretarios judiciales) hay muchos que están bastante resignados y, ante la dureza del procedimiento hipotecario actual, creen que no merece la pena hacer nada. Por tanto, quizá os encontréis un abogado de oficio que os dice que no sirve de nada presentar ningún recurso, o un secretario judicial que os dice que no hay nada que hacer. Insistid: no solo porque tenéis todo el derecho del mundo, sino porque siempre puede hacerse alguna cosa. Como mínimo, ganar tiempo para seguir negociando con la entidad. Así, es habitual lograr suspender al menos una vez el desahucio gracias a un recurso (la ley prevé esta posibilidad), pero
    muchas veces, si el juez que nos ha tocado tiene un mínimo de sensibilidad, la suspensión puede repetirse una segunda e incluso una tercera vez. También en el caso de la ejecución de la deuda y la petición de la entidad para que el juez dé orden de embargo, puede ponerse un recurso solicitando a este que impida esta ejecución porque el valor real de la vivienda subastada era muy superior al valor de la adjudicación. Como se ha explicado en el apartado anterior, cada vez más jueces son receptivos a estos argumentos.

    Exigid la condonación de la deuda
    Una vez subastada la vivienda, ya no es posible la dación en pago, precisamente porque no tenéis una vivienda para dar (dación) a cambio de la deuda. Pero en la medida en que la deuda final solo depende del derecho y la voluntad de vuestro acreedor (la entidad financiera), este puede liberaros de este compromiso siempre que quiera a través de una condonación. Por tanto, no lancéis la toalla y seguid presionando a vuestra entidad. La PAH ha logrado diversas condonaciones, así que es perfectamente posible. Por otro lado, la PAH, conjuntamente con otras entidades, sigue trabajando para conseguir la regulación de la dación en pago con efectos retroactivos: sumaos a estas movilizaciones; cuantos más seamos, más posibilidades tendremos de lograrlo.

    Hacer frente al embargo
    Mientras no se consigue la dación retroactiva o la condonación concreta de vuestra deuda, os pueden embargar, pero no del todo. Aseguraos de que os aplican la última reforma de julio de 2011 y que no os embargan más de la cuenta: no os pueden tocar los primeros 962 euros del sueldo, y si tenéis personas a vuestro cargo, el mínimo inembargable puede alcanzar los 1.347 euros. A partir de estas cantidades hay una tabla progresiva de embargo. Si no os respetan este mínimo, id al juzgado a protestar y poned una queja en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Lo mismo se puede aplicar a los avaladores, que también responden de la deuda con sus bienes presentes y futuros, incluidos el patrimonio y los salarios.
    Tanto a vosotros como a vuestros avaladores os pueden embargar no solo la nómina, sino cualquier propiedad a vuestro nombre y vuestras cuentas corrientes. Las propiedades no se pueden cambiar de nombre una vez iniciado el procedimiento, ya que se consideraría un alzamiento de bienes (un fraude). En cuanto a las cuentas corrientes, una vez que os ingresen la nómina con la retención proporcional del embargo ya hecho, retirad todo el dinero del banco. Si se queda allí unos días pueden considerar que deja de ser la nómina inembargable para convertirse en un bien
    embargable.

    Acudid a los servicios sociales
    Aunque en unos municipios funciona mucho mejor que en otros, en general acudir a los servicios sociales en esta fase os puede servir por dos razones. Por un lado, pueden ayudaros a pedir la suspensión temporal del desahucio al juez. No es lo mismo que lo pidáis solo vosotros a que lo soliciten desde el Ayuntamiento, alegando que todavía no han encontrado un alojamiento alternativo pero que lo están buscando. Si no os quisieran hacer esta carta, como mínimo el documento acreditativo de que estáis haciendo estos trámites con ellos ya puede servir para dar un motivo de aplazamiento al juez. Por otro lado, el Ayuntamiento os puede ayudar a presionar a la entidad para que os deje permanecer en la que era vuestra vivienda en régimen de alquiler asequible. Y si no se consigue, el municipio está obligado a realojaros de algún modo en un lugar
    adecuado para vosotros y vuestra familia. Es posible que de entrada os digan que no tienen pisos públicos, pero insistid: si no tenéis recursos para acceder a otra vivienda, están obligados a evitar que os quedéis en la calle. En el peor de los casos, os ofrecerán una pensión temporal.
    Una advertencia: aunque solo se haya producido en algunos casos puntuales, conviene saber que alguna vez los servicios sociales han amenazado con quitar la custodia de hijos menores en caso de que se produjera el desahucio y la familia no tuviera una alternativa de vivienda estable. Si os pasara, no os asustéis y acudid rápidamente a denunciarlo a los medios de comunicación y al Defensor del Pueblo, y proponed a la PAH más cercana o a otros grupos de apoyo que os ayuden a desarrollar acciones de denuncia y visibilización del caso. También podéis empadronaros en el domicilio de algún familiar o amigo para que conste un domicilio fijo.

    Resistencia al desahucio

    Una vez agotados los intentos de negociación con la entidad y la vías administrativas y judiciales para retrasar el desahucio y/o con-
    seguir una vivienda social asequible, si llega la fecha del desahucio y no hay indicios de que vaya a producirse una solución satisfactoria, podemos resistir al desahucio como una manera de posponerlo. La PAH tiene un protocolo detallado que permite detener desahucios de manera pacífica. Como, por desgracia, se producen decenas de desahucios cada día, las comisiones judiciales encargadas de realizarlos los tienen por una práctica rutinaria. Esto hace que, por regla general, ante una primera orden de desahucio no prevean dispositivos especiales, y simplemente se desplace hasta la vivienda en cuestión un secretario judicial, un procurador del banco y, como mucho, también una patrulla policial. Ante este escenario, resulta relativamente sencillo detener un desahucio. Basta con un grupo de personas que, de manera pacífica pero
    contundente, nos situemos delante de la puerta e impidamos el acceso a la comisión judicial. No es función del secretario judicial utilizar la fuerza física, y además, para que esta se emplee, tiene que existir una orden expresa del juez, aparte de la de lanzamiento. En consecuencia, lo más habitual es que, frente la concentración, la comisión judicial decida suspender el desahucio; al regresar al juzgado, ha de comunicar al juez la imposibilidad de llevarlo a cabo, y este ha de fijar una nueva fecha que a su vez tiene que ser notificada a la persona o personas afectadas.
    Una vez logrado el aplazamiento (que suele ser de entre uno y cuatro meses, aunque en ocasiones ha sido de solo dos semanas), no hemos terminado; al contrario: ahora es cuando más se tiene que presionar. El mismo día de la suspensión, desde la PAH habitualmente aprovechamos que hay decenas de personas concentradas para (una vez tenemos la certeza de que la acción se ha suspendido) salir en manifestación hacia el Ayuntamiento o el distrito: utilizamos la presión popular, la visibilidad que nos ha dado detener el desahucio y los medios de comunicación que nos puedan acompañar, para exigir que algún responsable municipal nos reciba y asuma compromisos respecto a ese caso en concreto y, si puede ser, en general que abra un canal de comunicación/intervención para otros casos similares. Más allá de la Administración local, también se pueden plantear cuestiones a la autonómica, y por descontado se pueden llevar a cabo distintas acciones de presión a la entidad financiera.
    Finalmente, si por lo que fuera no conseguimos detener el desahucio, o no nos vemos con ánimo para hacerle frente, pero no disponemos de ningún lugar al que ir, queda la posibilidad de reocupar la vivienda. Esta es una acción que cada día llevan a cabo más personas, no solo como una forma de tener vivienda, sino como una forma de denuncia pública del poco sentido que tiene dejar a familias sin recursos en la calle mientras los bancos acumulan pisos vacíos para especular con ellos en el futuro. Evidentemente, esta acción puede implicar riesgos legales, incluso de tipo penal.
    Pero lo que pasa en casi todos los casos es que se inicia un procedimiento nuevo que, meses más tarde (e incluso más de un año después), acaba con un nuevo desahucio. El tiempo que ganamos dentro de la vivienda nos da un hogar y nos permite tener una carta más de presión sobre la entidad: podemos irnos voluntariamente de la vivienda si nos condonan la deuda ilegítima. Por otro lado, en algunos casos los jueces están dando muestras de entender la realidad social que hay detrás de estas ocupaciones, como en el caso de la sentencia que archivó el procedimiento penal del que se conoce como «Edificio 15O», de Barcelona, en el que el juez no solo archivó, sino que en el redactado de la sentencia también reprobó el mal comportamiento de la entidad financiera propietaria del edificio.

    Recursos útiles

  • Documento sobre la cantidad inembargable de la nómina.
  • Este documento es útil para realizar el cálculo de qué parte de los ingresos familiares os podrían embargar a partir del mínimo inembargable.

  • Escrito de solicitud de condonación de la deuda dirigida a la
    entidad financiera.
  • Escrito para pedir que no se ejecute la deuda (el escrito para presentar en el banco y el escrito para presentar en juzgados). El modelo disponible en la web de la PAH recoge las sentencias favorables que se han producido hasta ahora, invitando al juez a interpretar la ley como lo están haciendo muchas de estas sentencias.

  • Recurso para pedir el aplazamiento del desahucio.
  • Tanto este recurso como el anterior lo tiene que presentar vuestro abogado de oficio. Si no tenéis abogado de oficio o si, por lo que sea, este se niega a hacerlo, id al juzgado e insistid hasta que os acepten el escrito. Si quieren, lo pueden coger.

  • Obra social la PAH.
  • En el caso de que finalmente no podáis evitar el desahucio, la Administración no os ofrezca un realojamiento digno y os planteáis la posibilidad de reocupar la vivienda, poneos en contacto con la PAH más cercana.

    Recapitulando: por muy complicada que sea vuestra situación, por muy avanzado que esté el proceso, recordad esta lección básica que nosotros hemos aprendido a partir de nuestra experiencia de más de tres años: cuando parece que todo está perdido, todo está por ganar. Decenas de casos que parecían imposibles de resolver se han ganado con la perseverancia y la solidaridad de centenares de personas que se están movilizando permanentemente por medio de las diferentes Plataformas de Afectados por la Hipoteca.

    Cómo contactar con la PAH

    PorPAH

    Stop desahucios mes de diciembre

    [en continua actualización]**

    Lunes, 3 de diciembre

    Madrid, 08:30, c/ Doctor Sánchez, 34. Entrevías. Entidad: Caixa Tarragona. 2. ¡SUSPENDIDO!

    Madrid, 07:30 c/Esteban Collantes 21, Ciudad Lineal  ¡SUSPENDIDO!

    Madrid, 08:30, c/ de los Ferroviarios, 54. Usera. ¡SUSPENDIDO!

    Madrid, 08:30, C/ Doctor Sánchez, 34. Entrevías. ¡SUSPENDIDO!

    Madrid, La Elipa, 11:00 C/ Francisco Huesca 13.  Entidad: Bankia ¡SUSPENDIDO!

    Usera, Madrid, 11:00, C/ Amparo Usera, 23 <M> Usera (Salida Mirasierra). entidad: Bankia ¡SUSPENDIDO!

    Martes, 4 de diciembre

    Madrid, San Cristobal de los Angeles,  Calle Godella 107,  Entidad: Caixa Catalunya

    Alicante,  09:30, c/ Senador Roque Calpena, 4 (ver mapa)

    Madrid, Arganda del Rey, 08:30 C/ Islas Afortunadas, 30. ¡SUSPENDIDO!

    Collado Villalba, Madrid, 09:00 C/Isla de Sálvora, 3. . Entidad: BBVA ¡SUSPENDIDO!

    San sebastián de los Reyes, Madrid, 10:00 C/ Graneros, 9. ¡PARALIZADO!

    Madrid, Carabanchel, 08:00-10:00 Via Carpetana 232. Entidad: IVIMA ¡ejecutado!

    Miércoles, 5 de diciembre

    Madrid, Carabanchel, 11.h. c/ Albares de la Ribera, 28. Entidad: Bankia ¡SUSPENDIDO! 

    Madrid, San Blas, c/ San Mariano, 113. Entidad: Bankia. ¡SUSPENDIDO!

    Madrid, C/ Raimundo Fernández Villaverde 27. Tetuán ¡SUSPENDIDO!

    Madrid, 09:30 C/Alfonso X El Sabio 32, Parl. Entidad: Bankia ¡SUSPENDIDO!

    Lunes, 10 de diciembre

    Hospitalet de Llobregat, Barcelona 08:30, c/ Rosa de Alejandria 85

    Martes, 11 de diciembre

    Badalona, Barcelona, 10:30 c/ Navata 7 (cerca del metro L1 Fondo, Barrio Lloreda). Entidad: Banco de Valencia (1er intento) ¡SUSPENDIDO!

    Madrid, Lavapies, 09:30 c/Sombrería 16,

    Miércoles, 12 de diciembre

    Santa Perpetua, Barcelona, 09:30 c. lluis companys, 61 Entidad: Banco Pastor. ¡SUSPENDIDO!

     El Cruce de Villaverde, Madrid, c/ Villafuerte, 33, Entidad: Bankia

    Madrid, 07:30 -09:30 C/Sierra Vieja 7, Vallecas. Entidad: Bankia

    Congosto: Villa de Vallecas, Madrid, 09:45- 11:45, c/ Peña Cavero, 25. Entidad: Bankia

    Madrid, 11:00 -13:00 Calle Altos del Lillo 3, Vallecas. Entidad: Caixa Catalunya

    Madrid, Carabanchel, 09:45 c/Camino Viejo de Leganés, 221. Entidad: Kutxa

    Jueves, 13 de diciembre

    Madrid, 07:00 – 09:30 c/ Santa Beatriz 10, Puente Vallecas, Entidad: BBK

    Madrid, Villaverde Bajo, 11:00-13:00 c/ Leonor Góngora 50, Entidad: Bankia.

    Madrid, Villaverde Bajo, 10:00 – 12:00 C/ Juan José Martínez Seco, 49. Entidad: Bankia

    Cerdanyola del Vallés, Barcelona. Entidad: La Caixa ¡SUSPENDIDO!

    Viernes, 14 de diciembre

    Vidreres, Girona, 08:00 Pavellón Polideportivo de la entrada a Vidreres, AV. Mediterranea 5. Entidad: Bankia (2º intento) ¡SUSPENDIDO!

    Terrassa, Barcelona, 11:00 c/Dibuixant Avellaneda 66. Entidad: Unnim ¡SUSPENDIDO!

    Madrid, Torrejón de Ardoz, 09:00-11:00 C/ Cedro 4, Torrejón de Ardoz. Entidad: Banesto

    Terrelavega. Entidad: Caja Cantabria ¡SUSPENDIDO!

    Madrid, Orcasur Usera 09:45, c/Arizónicas,

    Lunes, 17 de diciembre

    Villaverde Bajo, Madrid, 08:30, c/Berrocal 56. entidad MV ¡SUSPENDIDO!

    Madrid, Carabanchel, 08:30, c/Zújar 1. Entidad: UCI

    Madrid, 09:30-11:30, C/ Luzmela 1. Vallecas. ¡SUSPENDIDO!

    Getafe, Madrid, c/Gladiolo, 10. 10:00 Entidad: Ibercaja.

    Ciudad Real, 11:00 c/ Dueñas Argamasilla de Alba ¡SUSPENDIDO!

    Martes, 18 de diciembre

    Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, 10:30, Passatge Sant Pascual, 18-20 Fondo. Entitat: Catalunya Caixa. (2º intento) ¡SUSPENDIDO!

    Miércoles, 19 de diciembre

    Villaverde bajo, Madrid, 08:30-10:30 C/ Martinez Oviol 47, Entidad: La Caixa

    Madrid, 09:30-11:30. C/ Ramón Serrano 43, Carabanchel, Entidad:Bankia

    Sabadell, Barcelona 10:30 c/Aprestadors 13, 1-3. Entidad: Unnim ¡SUSPENDIDO!

    Madrid, Usera, 09:45-11.45. C/ Nicolas Usera 20. Entidad: Bankia ¡SUSPENDIDO!

    Madrid, Carabanchel, 07:30, c/Matilde Hernández 98. Entidad: Deutsche Bank ¡SUSPENDIDO!

    Jueves, 20 de diciembre

    Sabadell, Barcelona, 10:30 c/ Cartago 27. Entidad: Caja Mediterráneo ¡SUSPENDIDO!

    Hortaleza, Madrid, 08:30, c/ Azagra 14. Entidad:Banesto

    **
    “Suspendido” hace referencia los desahucios que no se han ejecutado por intenvención de la PAH previa al día de lanzamiento: desde presentar escritos a juzgados, negociar y presionar a la administración pública, y a la entidad, propiciar la intermediación de servicios sociales etc…

    “paralizado” hace referencia a los desahucios que se han paralizado por la desobediencia civil de las personas de la PAH y solidarios, quienes han parado con su cuerpo de manera pacífica el desahucio de la vivienda.

    Por

    Carta de la PAH al Gobierno de España: si quieren resolver el problema de los desahucios, escuchen a la PAH

    El Pleno del Congreso de los Diputados decide hoy jueves, 29 de noviembre, sobre la convalidación o derogación del “Real Decreto de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios”, nombre con el que se designa la reciente moratoria parcial de desahucios aprobada por el Gobierno.

    Desde la PAH recordamos que este Decreto no sólo no va a resolver el problema de los desahucios, sino que incluso puede empeorarlo.

    En primer lugar, esta moratoria es insuficiente porque excluye a la mayoría de gente afectada a través de requisitos que son arbitrarios y discriminatorios (así por ejemplo, podrá acogerse una familia con un niño menor de tres años, pero no otra en idénticas condiciones económicas con dos niños de 4 años). Todas las personas que pueden perder su casa por motivos económicos ajenos a su voluntad, son casos vulnerables. Es significativo que de los casos de suicidio por desahucio que han hecho saltar todas las alarmas en las últimas semanas, ninguno podría acogerse al decreto.

    En segundo lugar, no aborda el problema de la deuda: sólo prevé una moratoria del desahucio como máximo durante dos años en unos pocos casos. Durante ese tiempo, los intereses seguirán aumentando y cuando termine la moratoria la deuda será aún mayor. Tampoco dice nada sobre la gente ya afectada por las 400.000 ejecuciones hipotecarias que ya se han realizado en España y que son las que han generado este debate. Miles de personas condenadas a ser proscritas financieras de por vida, con deudas ilegítimas e impagables.

    En tercer lugar, el Decreto puede empeorar la situación porque ignora que toda la gente afectada por desahucio de vivienda habitual es un caso de extremada vulnerabilidad. Perder la propia casa sin tener donde ir es de lo peor que le pueda suceder a una persona o familia. Por ello, todas las personas afectadas se encuentran en una situación de desesperación. Teniendo en cuenta esto, el decreto puede provocar que algunas de estas personas acaben atentando contra su propia salud para cumplir con el requisito de “enfermedad grave”, o que decidan tener un hijo para entrar en la categoría de “familia con hijo menor de 3 años”, o incluso que se produzcan denuncias falsas de violencia de género, ya que es otro de los criterios de “vulnerabilidad” establecidos por el decreto. Así, esta medida puede acabar causando más daño del que supuestamente iba a resolver.

    En cualquier caso, siempre se está a tiempo de rectificar. Y aunque sea tarde, el drama de los desahucios y las deudas hipotecarias que afecta a miles de familias requiere medidas urgentes que realmente resuelvan la situación. Por ello instamos al Gobierno a que escuche a la PAH: si algo tenemos, es conocimiento exhaustivo y experiencia en la materia. No sólo: nuestras demandas cuentan con el respaldo de la mayoría de la población y, a diferencia de los bancos, nuestras opiniones no están contaminadas por intereses especulativos sino que persiguen la realización de los derechos humanos y el bienestar general.

    Si realmente quieren resolver el problema, escuchen a la PAH.

    Adjuntamos carta formal dirigida al Gobierno de España.

    Sobre el Real Decreto, lee también:

    Por

    La banca dicta, el gobierno redacta un Decreto Ley

    El Gobierno cede una vez más a la presión de la banca y anuncia medidas que excluyen a la mayoría de la gente afectada.

    Con más de 400 mil ejecuciones hipotecarias, 350 mil desahucios a sus espaldas, #PPSOE ha llegado tarde y mal al drama de los desahucios. Durante una semana nos han mareado con el anuncio de negociaciones para para paliar uno de los problemas más graves de la sociedad española y que solo ha salido a la luz gracias a la denuncia de las movilizaciones ciudadanas. #PPSOE no solo llegan tarde y mal, sino que no han sido capaces de llegar a un acuerdo.

    Hoy jueves 15 de noviembre, el Gobierno ha decidido escurrir el bulto de una forma casi macabra aprobando un Decreto Ley llamado “anti-desahucios”, el cual paralizaría los desahucios durante dos años al estilo del célebre -por fracasado- Decreto “De Guindos”. Un Decreto Ley que se basado en : una artimañana basada supuestamente en criterios económicos y de vulnerabilidad, con el único fin de contentar a la banca y excluir por segunda vez a la mayoría de gente que está sufriendo este drama.

    Hablando claro: han eludido establecer una moratoria de desahucios eficaz, una exigencia ciudadana unánime. Ni siquiera se han adoptado medidas como la que ya se ejecuta en Francia, donde cada año decretan moratoria invernal generalizada de los desahucios. Tal vez ni los tristemente fallecidos entrarían en los criterios de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y De Guindos. Tampoco entrarían otros centenares de miles de familias: por ejemplo una pareja con dos hijos menores de 4 y 6 años con un subsidio por desempleo de 420 euros que tiene fecha de desahucio fijada mañana.

    Además, para esconder una de las claves, la retroactividad (¿qué pasa con las 350 mil familias desahuciadas?) anuncian la creación de un Fondo Social de viviendas de alquiler que se nutriría de las viviendas “robadas” a las familias. Se hace el anuncio, pero no se dice ni cuántas, ni cómo se crearía ese parque de vivienda social.

    Todo lo demás… los centenares de miles de afectadas que no entran en el decreto, las deudas impagables de todos los afectados etc. puede y deberá esperar a la tramitación parlamentaria en el Congreso como proyecto de ley.

    Ni una palabra sobre la ILP hipotecaria, que hoy mismo ha recibido la validación de la Oficina del Censo Electoral de 614.246 firmas presentadas hasta hoy. Ni una palabra de la PAH, ni un gesto para incluir a los afectados en las posibles soluciones, ni caso las propuestas que desde 2008 hemos puesto encima de la mesa: dación en pago reatroactiva, stopdesahucios y parque de vivienda de alquiler social (sujeto a renta).

    La PAH y la mayoría de la sociedad lo tiene claro: todo era #PuroTeatro. La patronal de la banca dictó el decreto la semana pasada y el Gobierno redactó ahora lo que le manda “su amo”. Una vez más, el Gobierno es el brazo armado de la banca, todo lo otro son daños colaterales de la guerra del 1% contra el 99%. Las prisas por adjudicarse la exclusiva nos hace nuevamente ver cómo los intereses de muchos son usados en beneficio de unos pocos, sin cambiar la situación.

    Pero también tenemos claro que si hoy el Gobierno tomó estas medidas es gracias a la presión social, a la lucha sin tregua de los de abajo, de organizaciones como la PAH, el 15M y muchas otras.

    La PAH continuará presionando y movlizándose, tal y como ha hecho hasta ahora, es así como ha conseguido paralizar más de 500 desahucios frente a los 400.000 impulsados por las leyes injustas de #PPSOE. Seguiremos exigiendo que la moratoria se aplique a todas las famílias, siempre que la causa del impago sea sobrevenida y siempre que se trate de vivienda habitual.

    No valen medidas publicitarias, ni pequeñas modificaciones que no aborden el problema de raiz. La PAH no aceptará rebajas ni medidas trampa. Las soluciones que la PAH lleva años exigiendo son claras:

    • Dación en pago reatroactiva!
    • Moratoria de desahucios inmediata!
    • Alquiler social ya!

    Nos avalan más de 600.00 firmas de la ILP donde quedan recogidas nuestras demandas de mínimos.

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    Mañana, en rueda de prensa, se hará una valoración en profundidad de las últimas medidas del gobierno en materia de ejecuciones hipotecarias. Viernes 16 de noviembre 13h Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, c/ Mallorca 283, Sala 74-75. Barcelona.
    Participarán:
    – José María Fernández Seijo, Magistrat del Jutjat Mercantil de Barcelona. Magistrado que ha presentado la cuestión prejudicial en Europa.
    – Ada Colau, Portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).
    – Gonzalo Bernardos, Economista. (por confirmar)
    – Martí Batllori, President de la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Girona, profesor de derecho Mercantil de la Universitat de Girona.

    Durante el acto se valorarán en profundidad las últimas medidas en materia de ejecuciones hipotecarias anunciadas por el gobierno tras el consejo de ministros de hoy jueves; así mismo, se presentarán las próximas acciones que emprenderá la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para dar una solución efectiva a los desahucios.

    Video de la rueda de prensa [estamos trabajando en los subtítulos]

    Por

    Mientras PP y PSOE hablan de acabar con los desahucios sin adoptar soluciones, la PAH actúa también en juzgados

    El equipo jurídico de la PAH, compuesto por abogadas y abogados de todo el estado que colaboran de forma desinteresada, ha redactado un escrito para solicitar la suspensión de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas habituales que se encuentren actualmente en los juzgados.

    Ante la gravedad de la situación provocada por las ejecuciones hipotecarias y los desahucios, y la inacción del Gobierno,la PAH facilitará este escrito a todas las personas afectadas para que puedan solicitar la suspensión del procedimiento.

    Está previsto que el próximo lunes 19 a las 11h se presenten decenas de escritos contemporáneamente en distintas ciudades a través de las PAH de todo el estado.

    El Consejo General de la Abogacía Española ha colaborado en la difusión del escrito redactado por el equipo jurídico de la PAH enviándolo a todos los Colegios de Abogados del estado.

    Comunicado del equipo de abogados colaboradores de la PAH

    La movilización de los afectados a través de las PAH ha generado un evidente clamor del conjunto de la sociedad civil ante las ejecuciones hipotecarias masivas perpetradas por las entidades financieras contra los sectores más vulnerables que sufren de forma más descarnada la crisis.

    La PAH juntos con diversas entidades de la sociedad civil tiene una propuesta concreta ante la situación de emergencia que no quieren oir ni PSOE ni PP, la Iniciativa Legislativa Popular para la regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social.

    Manifestamos a la opinión pública que en España se viola sitemáticamente el derecho a a la vivienda sojuzgado por procedimientos judiciales que permiten los desalojos forzosos de población sin alternativa habitacional contraviniendo lo preceptuado por el comité DESC de la ONU. Así mismo, denunciamos que la condena a deudas perpetuas derivada de los procedimientos de ejecución hipotecaria son condenas perpetuas a la exclusión social y a la pobreza, y las entendemos como violaciones sitemáticas de derechos humanos.

    Queremos reiterar públicamente que consideramos las ejecuciones hipotecarias masivas como violaciones sistemáticas de derechos humanos donde los deudores habitacionales se encuentran en situación de absoluta indefensión, sin que exista derecho a la tutela judial efectiva y un procedimiento con todas las garantías. Nuestro criterio coincide con lo manifestado por diversos organismos de derechos humanos, con diferentes organizaciones de la sociedad civil y en último término por lo manifestado por la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE.

    Por ello, exigimos la paralización inmediata de TODOS los procedimientos de ejecución hipotecaria de vivienda habitual y a TODAS las ejecuciones derivadas de ejecuciones hipotecarias, en los que los bancos siguen embargando las vidas de las familias a las que han echado de su casa. Todos estas acciones están manchadas por un procedimiento injusto que que está provocando un genocidio financiero, la muerte civil de cientos de miles de familias, y no pueden seguir realizándose ni un minuto más.

    Hacemos una llamada a las personas afectadas a activarse y a exigirlo ante los juzgados para lo que ponemos a su disposición un modelo de escrito elaborado por la PAH para ser presentado en todos los juzgados.

    También hacemos una llamada a l@s profesionales de la abogacía, a todos los operadores jurídicos, a las asociaciones profesionales, a los diferentes organismos relacionados con el derecho, a los movimientos sociales, a las organizaciones sociales y sindicales para colaborar con la iniciativa, dando la maxima difusión al escrito y haciéndose presentes en la puerta de los juzgados cooperando para que el mayor número de personas afectadas puedan hacer efectivos sus derechos mediante la presentación del mencionado escrito ante los juzgados competentes.

    Anunciamos que desde primera hora de la mañana del lunes 19 de noviembre de 2012 acudiremos a la presentación de escrito en los juzgados y estaremos presentes en la puerta de los mismos para facilitar a las personas afectadas el escrito para pueda ser presentado.

    Igualmente hacemos público que nos sumamos de forma activa a la convocatoria de Huelga general prevista para el día 14 de noviembre, como parte del 99% de la población que está sufriendo el abuso, el expolio y los privilegios del 1% restante.

    ¡¡Paremos las ejecuciones hipotecarias ya!!

    ¡¡Cese inmediato de la violación sitemática de derechos humanos!!

    ¡¡Si se puede!!

    Descárgate el escrito para presentar en juzgados haciendo clic sobre la imagen

    Carta para los Jueces Deganos para que traslade la petición a todos los jueces de primera instancia de manera que paralicen de oficio los procedimientos en marcha. A entregar con la solicitud de paralización de desahucio. descargar aquí