Monthly Archive octubre 2018

PorLa PAH

¡Hemos vuelto a hacer posible el imposible: recuperamos la 24/2015 para parar desahucios y ampliar el parque de alquiler social!

Las medidas clave de vivienda impugnadas de la Ley 24/2015 volverán a ser vigentes en Cataluña

Martes 30 de octubre de 2018

Hoy martes 30 de octubre, el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado firman el acuerdo para retirar el recurso de inconstitucionalidad contra parte de los artículos impugnados de la Ley 24/2015. Este importante hito que anunciamos, ha sido posible gracias a las familias que cada día están a pie de calle parando desahucios, a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas se tienen que cambiar, a las que ya no están pero recordamos cuando nos dan fuerza para seguir batallando, a las 150.000 personas que firmaron para parar los desahucios en Cataluña y a todas las entidades que nos han apoyado en el camino de hacer posible el imposible. 

Por fin podemos decir con orgullo que hemos recuperado la parte de vivienda de la Ley contra los desahucios y la pobreza energética que el PP, obedeciendo a la banca, impugnó en mayo del 2016. Después de recoger 150.000 firmas con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en 2015 y conseguir que el Parlamento de Cataluña lo aprobara por unanimidad, el Partido Popular puso un recurso a la ley que paraba los desahucios y daba herramientas para ampliar el parque de vivienda social a los municipios.

Sabemos que la banca daba por sentenciada y enterrada la Ley. Pero la esperanza y la solidaridad han ganado de nuevo la partida. La fuerza que hizo posible su aprobación, con un apoyo social agobiante y por unanimidad en el Parlamento y la defensa incansable en la calle que salvó la parte de pobreza energética del recurso del PP, ha funcionado de nuevo y ha posibilitado contra todo pronóstico recuperarla después de la caída del PP del Gobierno del Estado.

Después de luchar contra el ignominioso recurso del PP, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 exigimos valentía y coherencia a los nuevos gobiernos de la Generalitat de Cataluña y del Estado para recuperar una herramienta que funcionaba y daba soluciones a miles de familias en Cataluña. Lo hicimos desde la urgencia que pide parar de una vez por todas la emergencia habitacional: la situación ingobernable de desahucios ejecutados en Cataluña – 61 desahucios diarios liderando el ranking de la vergüenza -, y el colapso de las meses de emergencia con unas 2000 familias en lista de espera. No había excusas para no recuperar la ley y garantizar el derecho a la vivienda. Desde julio hemos estado trabajando para recuperar la ley más garantista en materia de vivienda: hubiera tenido que ser mucho más sencillo, al tratarse de un compromiso que asumió el PSOE cuando fue impugnada y al haber sido aprobada por unanimidad al Parlamento. Pero ha sido la esperanza y la solidaridad quien ha ganado el pulso a los especuladores que viven de hacer negocio con los derechos fundamentales.

Los efectos concretos sobre la vida de las personas son muy importantes: hacemos público un resumen y en los próximos días difundiremos el detalle de las herramientas que dispondrá la ciudadanía, entidades sociales y Ayuntamientos para defender el derecho a la vivienda y a los suministros básicos:

  1. Después de que el viernes el Consejo de Ministros lo ratifique y comunique al Tribunal Constitucional para que cierre el procedimiento, recuperaremos dos herramientas fundamentales para acabar con los desahucios y aumentar las viviendas de alquiler social: 
  • Oferta de alquiler social obligatorio para garantizar una vivienda en desahucios de hipoteca y de alquiler de grandes propietarios(artículo 5, apartados 1-2-3-4 y 9): para los desahucios en curso y para los nuevos procedimientos, no hacer la oferta de alquiler o no respetar los precios sociales que marca la Ley, comporta multas de 90.000 euros.
  • Cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos y fundes buitre a las administraciones para alquiler social (artículo 7): la Generalitat y los Ayuntamientos pueden usar esta herramienta recuperada. Las listas de espera a las meses de emergencias se tienen que acabar con inmediatez.
  1. Las medidas contra el sobreendeudamientose recuperan con carácter extrajudicial y de mediación entre la banca y las deudoras, porque los dos gobiernos han acordado recuperar los artículos de la Ley 4/2016, que son menos vinculantes y efectivos. La PAH seguirá exigiendo dación en pago y cancelación de deudas a los bancos y en el Congreso con la #LeyViviendaPAH.
  2. Laobligación de realojo por parte de las administraciones y ayudas para los desahucios de pequeños propietarios (artículo 5.6) no fue impugnada y sigue vigente, con la diferencia que ahora tenemos la cesión obligatoria para obtener las viviendas sociales que se necesitan.
  3. Lasmedidas contra la pobreza energética y los corteslas salvamos del recurso y nunca han dejado de estar vigentes (artículo 6): por eso toda familia vulnerable tiene garantizados los suministros básicos de agua, luz y gas. Es imprescindible que se firmen los convenios y que las empresas suministradoras asuman las deudas de las familias vulnerables, a cargo de sus ingentes beneficios.

Hoy podemos decir que hemos conseguido aquello que nos decían que era imposible. A partir de hoy seguiremos atentas para que se cumplan y se apliquen al 100% las leyes sociales nacidas en la calle. Hoy hemos subido definitivamente un escalón en la escalera de la conquista de los derechos sociales, que no bajaremos nunca más.

Ahora más que nunca exigiremos que se cumpla la Ley hasta la última coma. Avisamos a la banca, fondos buitre y eléctricas, que no toleraremos ningún intento más de eludir sus responsabilidades. Estaremos vigilantes y denunciaremos cualquier intento de hacerlo. También velaremos porque las Administraciones públicas apliquen con firmeza todas las medidas para proteger el derecho a la vivienda y a los suministros básicos de toda la población, en especial de las personas más vulnerables. Quien no lo haga nos tendrá delante.

Una vez más hemos demostrado que sí, que se puede. Ahora toca pasar página a los desahucios y a los cortes de suministros en Cataluña, ¡sin excusas! ¡Seguiremos exigiendo todos los cambios que faltan (aumentar el parque público al 15%, modificar la Ley de arrendamientos, etc.) para conseguir recuperar nuestro derecho a la vivienda.

¡Gracias a todas! ¡Nos vemos en las calles y el domingo 11 de noviembre en Barcelona para celebrarlo juntas!

PorLa PAH

La legitimidad del Tribunal Supremo en entredicho una vez más

Suprema vergüenza tras la información del Tribunal Supremo de dar marcha atrás en la sentencia de los impuestos de las hipotecas

El Presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, ha tomado una decisión que provoca vergüenza suprema, después de que la Sección Segunda de la Sala dictara e hiciera pública una sentencia declarando que la obligación del pago de los impuestos derivados de la firma de una hipoteca corresponde a los bancos y no a los consumidores, el Presidente de la Sala ha ordenado la paralización de su aplicación, así como de la tramitación de todos los recursos pendientes sobre este tema, hasta que el Pleno de la Sala (31 jueces) ratifique o no la decisión de sus compañeros.

No es la primera vez que este Tribunal opta por aplicar medidas económicas frente a las jurídicas, que son las únicas que le competen. Recordemos cuando la Sala de lo Civil en mayo de 2013 dictó sentencia sobre las cláusulas suelo, limitando la devolución por los bancos a la fecha de su sentencia, y tuvo que ser el TJUE en diciembre de 2016 el que dijera que la devolución tenía que ser desde el momento de la firma de la hipoteca.

También en materia de cláusula de vencimiento anticipado, tras la sentencia del TJUE en enero de 2017, y para no cancelar todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, planteó otra cuestión prejudicial ante el TJUE, o cuando ha aceptado moderar cláusulas abusivas en lugar de anularlas, como viene reiterando el TJUE.

La Sala de lo Contencioso ha venido dictando últimamente sentencias progresistas, a diferencia de la de lo Civil, como la de diciembre de 2017 sobre protección de los menores en caso de desahucio, o la de julio de este mismo año sobre la obligación de cumplir los dictámenes de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos; y los poderes económicos han debido hartarse ya y han decidido presionarla para impedir que hagan Justicia, y conseguir que sigan haciendo su justicia.

Desde la PAH denunciamos esta decisión sin precedentes, y esperamos que los otros 30 jueces opten por mantener el criterio de los de la Sección Segunda, aunque para nosotras no es nuevo el tener que sufrir a una Administración de justicia servil y blanda con los poderosos y dura e inflexible con los débiles.

Ahora le toca al Tribunal Supremo defender el porqué de este cambio de rumbo. Es alarmante ver el poder que amasan los bancos y las entidades financieras, llegando al extremo de ser capaces de que el TS se desdiga en pocas horas tras haber pronunciado una sentencia. La sentencia inicial dicta que las consumidoras podrán recuperar, sin definir si con carácter retroactivo o no, los gastos de gestión de las hipotecas. Una sentencia que pone de manifiesto algo que desde la PAH llevamos 9 años denunciando y que por suerte ya no lo decimos solo nosotras, nos dan la razón jueces, abogadas, partidos políticos o la mismísima ONU.

La PAH seguirá defendiendo el sistema democrático y utilizará todos los mecanismos jurídicos y de movilización contra quienes quieren romper un sistema de convivencia basado en la justicia y la dignidad. Proteger el sistema democrático es defendernos de quienes creen que pueden romper con total impunidad nuestro sistema de convivencia. Seguiremos defendiéndolo, como siempre .

Hay que decir basta ante este nuevo ataque de la banca y exigirles que paguen lo robado, y seguir avanzando para lograr esa reforma de la Ley Hipotecaria, que incluya la dación en pago retroactiva, como tenemos recogido en la Ley Vivienda PAH, para empezar a legislar a favor de las familias y no a favor de los engaños que ya se destaparon con la explosión de la burbuja inmobiliaria y la estafa mal llamada crisis.

PorLa PAH

Clamor de la ciudadanía para recuperar la Ley 24/2015

 

 

¡No hay excusas, Pedro Sánchez! La Ley catalana contra los desahucios y los cortes de suministros debe estar vigente este mes de octubre

Miércoles, 17 de octubre de 2018

Hoy el Grup Promotor de la Ley 24/2015 presentemos un manifiesto para exigir la recuperación de la Ley catalana contra los desahucios y los cortes de suministros. Esta Ley fue impugnada en la parte de vivienda por el PP en el Tribunal Constitucional en mayo de 2016 y está suspendida en los artículos que se refieren a garantizar el derecho a la vivienda. Con 61 desahucios diarios y Mesas de emergencia colapsadas con más de 2.000 solicitantes mientras que las entidades financieras siguen especulando con la vivienda, queda patente la urgencia de tener  vigente la Ley 24/2015 en su totalidad este mismo mes de octubre.

Como se demostró durante los meses en que se estuvo aplicando, es una herramienta que da respuesta a la emergencia habitacional ya que por un lado obliga a los grandes tenedores a ceder su vivienda vacía a los municipios para que cumpla con su función social, y por otro lado asegura un alquiler social a las familias que no han podido hacer frente a su hipoteca o alquiler, y que están en riesgo de perder su hogar o ya lo han perdido. Así, la Ley permite ampliar el parque prácticamente inexistente de alquiler social (Catalunya cuenta con un parque público del 2% contra la mediana europea del 10%).

El manifiesto cuenta con el apoyo de 50 firmantes iniciales: ayuntamientos como Barcelona, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sant Vicenç dels Horts i Reus, entre otros; la Federació de Municipis de Catalunya y la Associació Catalana de Municipis; Colegios Profesionales, sindicatos y entidades del tercer sector como CCOO-Catalunya, UGT-Catalunya,  la Taula Tercer Sector Social, la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia de l’ICAB y l’Associació Catalana per la Defensa dels Drets, Col·legi d’educadores socials. Y también movimientos sociales y sociedad civil organizada como el Sindicat de Llogateres, Òmnium Cultural, ANC, Habitat International Coalition, CONFAVB, Aigua és vida, FAPAC, ILP Renda garantida, Bombers indignats y UGT-Bombers.

Es un clamor de la ciudadanía de Catalunya que la Ley 24/2015 vuelva a estar vigente de forma urgente. Tenemos un amplio apoyo inicial y sabemos que este apoyo precursor se extenderá a partir de hoy a entidades sociales, administraciones y a todas las personas de cada pueblo y ciudad que sufren la pérdida de la vivienda y los cortes de suministros, y a las que trabajan para atender a las personas en exclusión residencial desde diferentes ámbitos, porqué saben que así tendríamos una herramienta para terminar con los desahucios. La Ley 24/2015 es una ley de todas, es una ley que literalmente salva vidas y hace evidente que frente leyes injustas se necesitan medidas valientes y herramientas que estén a la altura de las respuestas y soluciones que la ciudadanía necesita.

El gobierno de Pedro Sánchez tiene que corregir los errores del Partido Popular de manera ágil y efectiva. Existen numerosos precedentes en que un cambio de gobierno ha significado la retirada de recursos interpuestos contra leyes socialmente destacadas que garantizan los derechos humanos a todas las personas. El mismo PSOE, bajo la presidencia del Sr. Zapatero, desistió de como mínimo 21 recursos impulsados por el Partido Popular contra leyes de Andalucía, Aragón, Catalunya, Asturias, Castilla-la Mancha, País Vasco y Extremadura; la mayoría de éstas relacionadas con materias sociales, como la educación, la sanidad y su ordenación, el derecho civil y la regulación de la adopción por parte de parejas de hecho.

Es hora de poner el contador de la vergüenza a 0. Catalunya lidera el ránquing de los desahucios en todo el Estado. Pedro Sánchez tiene en sus manos la potestad de recuperar nuestra Ley y demostrar su altura política haciendo un paso adelante en la conquista del derecho a la vivienda. Es momento de pasar de las palabras a los hechos.

Existe una demanda clara y amplia de recuperar la Ley 24/2015. ¡Hoy es posible! Sólo es cuestión de voluntad política.

#VolemLa24

Para leer el Manifiesto de apoyo a la retirada del recurso a la Ley 24/2015 y adherirse clica el enlace

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PorLa PAH

El acuerdo de PGE para 2019 en vivienda: Insuficiente punto necesario de partida

Los contenidos en materia de Vivienda contenidos en el Acuerdo para los PGE de 2019, constituyen avances en materia de alquileres, algunos de los cuáles están incluidos en la Ley de Vivienda de la PAH (LVP), aunque otros quedan muy por debajo. La ampliación de la duración mínima de los contratos y la mejora en las prórrogas, con respecto a la reforma de la LAU que hizo el PP en 2013, mejoran la situación, pero resultan claramente insuficientes para pinchar la actual burbuja de precios y dotar de estabilidad los proyectos de vida más largos y de estabilidad. La ley de Vivienda de la PAH establece 10 años de contrato y 5 de prórroga.

No se incluyen medidas para movilizar la vivienda vacía, o su uso temporal como parque público, que sí contiene la Ley de Vivienda de la PAH, y que son imprescindibles para pinchar las actuales burbujas en marcha. Es positivo que se defina legalmente qué es una vivienda vacía, y quienes son grandes tenedores de vivienda, así como el enunciado de medidas a adoptar tras estas definiciones, es fundamental que se hagan rápido ambas cosas, con fin de poder disponer a nivel público y gravar fiscalmente a esas viviendas en manos de especuladores que las retiran del mercado para incrementar artificialmente los precios tanto de alquiler como de compra.

El plan de 20.000 viviendas en 4 años, es claramente insuficiente, y su llegada, aunque positiva, no aliviará la situación actual. Se habla de un nuevo Plan de Vivienda, aunque no se dice nada de derogar o modificar el actual del gobierno anterior, y desde la PAH consideramos imprescindible, como mínimo la modificación del actual, en la dirección de que el importante gasto público que genera, sirva para ir creando Parque Público tanto para alquiler como para vivienda social.

Se habla de establecer un plan de colaboración de la SAREB para destinar vivienda a alquiler social, es positivo si mejoran las condiciones actuales de los convenios, ya que apenas aportan más que gastos a las Administraciones Públicas. Sin embargo, no se dice nada de Bankia, de prohibirles expresamente que sigan vendiendo casas y suelo, que pueden ser utilizados para Parque Público, así como de su función como Banca Pública para la financiación de los diferentes proyectos de Vivienda Pública.

En cuanto a la protección de las familias hipotecadas, ahora mismo hay dos posibilidades: las contenidas de la Ley de Vivienda PAH, como la dación en pago retroactiva, la limitación de la responsabilidad limitada al bien hipotecado, y las contenidas en el bloque de enmiendas que UP presentó, a propuesta de la PAH a la ley de crédito inmobiliario, que entre otras, impide el blanqueo de cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado, que si se mantiene como en la propuesta de De Guindos, podría reactivar los cientos de miles d ejecuciones actualmente suspendidas. Ambas están actualmente en trámite parlamentario y su implementación sería muy rápida.

Es positivo que las socimis empiecen a pagar impuesto de sociedades, debieran hacerlo al mismo nivel que las demás sociedades, incrementando sus impuestos por número de casas injustificadamente vacías, una vez sea definido el concepto.

Por último, tenemos que lamentar un estruendoso silencio: Ni una sola mención a los desahucios en el acuerdo, cuando sólo en los 6 primeros meses de 2018 se han producido 33.059, si no se adoptan medidas ya, a fínales de año se habrán producido en torno a 70.000 ¿Cómo se puede omitir esa mención y medidas para resolverlo en un pacto que pretende mejorar el acceso a la vivienda? Por enésima vez, tenemos que recordar que el Comité DESC de NNUU, emitió un dictamen condenatorio a España hace más de un año, y que ni el gobierno de entonces, ni el de ahora han hecho nada al respecto. En el pacto ni se menciona, ni se plantea medida alguna para frenar los desahucios. La Ley de Vivienda de la PAH contiene una moratoria contra los desahucios, que lamentablemente, llegará tarde para muchas familias. Deben recordar los firmantes, y los poderes públicos en general, que existe un mandato constitucional, y otro mandato legal que obliga al cumplimiento de los tratados internacionales válidamente suscritos por España, como el PIDESC, que el propio Tribunal Supremo ha recordado esta obligación en una sentencia del pasado mes de julio, y que, en consecuencia se está vulnerando la Constitución y la ley 25/2014 de Tratados internacionales y el propio pacto, suscrito por España en 1976, y vuelto a ratificar en su protocolo facultativo en 2013.

En definitiva, desde la PAH valoramos este acuerdo como un punto de partida muy insuficiente aunque necesario, consecuencia directa de las luchas que venimos desarrollando desde hace 9 años, y que esperamos y trabajaremos para que pueda ser mejorado tanto en el trámite parlamentario como en las negociaciones que tenemos pendientes y abiertas con el Gobierno y los partidos políticos.

PorLa PAH

SIGUEN SUBIENDO LOS DESAHUCIOS

Según los datos del CGPJ hechos públicos hoy, en el segundo trimestre de este año, se han producido 17.152 nuevos desahucios, un total de 33.059 sólo en los 6 primeros meses de 2018. Suben con respecto al trimestre anterior tanto los derivados de impago de hipoteca: 5.672, como los de impago de alquiler: 10.491, los 989 restantes se dan por otras causas, como por ocupación (familias que carecen de cualquier otra alternativa). Tampoco nos olvidemos sin dejar de mirar por el retrovisor de la abertura de procesos ejecutivos de futuros lanzamientos de desahucios con 20.526 en referencia a este mismo trimestre mencionado posteriormente, donde nos estamos acercando a inicios del crack en el año 2008 paulatinamente, trimestre a trimestre. Con todos estos datos no podemos dar cuenta que la burbuja inmobiliaria, ni se marchó, ni tiene tintas de marcharse. 

Por desgracia, los hechos no se cansan de darnos la razón en cuanto a la situación de emergencia habitacional que sufre este país. Y los datos pueden todavía empeorar si el Gobierno no cesa en su actitud continuista con la política del PP  en el trámite de la ley de crédito inmobiliario (propuesta por De Guindos) y dejan de intentar moderar la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que reactivaría cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación, en espera del pronunciamiento del TJUE al respecto.

Desde la PAH exigimos al gobierno que adopte ya medidas concretas que pinchen la burbuja del alquiler, como que las socimis paguen impuesto de sociedades, y que los grandes tenedores de vivienda: fondos buitre, socimis, banca y grandes inmobiliarias sean penalizados fiscalmente por cada casa que mantienen injustificadamente desocupada, hinchando especulativamente la burbuja del alquiler y los precios de compra.

Exigimos también la tramitación y aprobación urgente de la Ley de Vivienda de la PAH, que además, contiene instrumentos para la utilización temporal como Parque Público de Vivienda de las viviendas vacías en manos de la banca arrebatadas a familias desahuciadas, para frenar los desahucios, para cancelar injustas deudas de por vida y para parar la pobreza energética. 

El próximo día 17 finaliza el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Vivienda de la PAH, y será entonces cuando los diferentes grupos políticos den a conocer sus respectivos proyectos para atajar de verdad la situación de grave emergencia habitacional que vive este país.

Desde la PAH vamos a estar muy pendientes de esas enmiendas para que la ciudanía conozca la realidad de cada uno de esos proyectos.