Monthly Archive febrero 2019

PorLa PAH

Nuevo órdago social contra La Sareb

Las PAHs catalanas exigen al banco malo la movilización de sus viviendas, no en uso de la especulación, sí para alquileres sociales y cesión a la Administración pública para ampliar el parque de vivienda asequibl

Las Pahs Catalanas se movilizan con el objetivo claro de obtener Recuperadores de la Sareb con poder de decisión en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. A día de hoy se está negando toda negociación a las familias que quieren un alquiler social con la SAREB, cuya única respuesta es derivarlas a las oficinas de Altamira que se encuentran en Madrid, sin darles más datos, teléfonos o correos de con quién poder interlocutar para alcanzar una solución. Esta respuesta está llevando a centenares de familias a la exclusión residencial, familias a las que se les está negando su derecho a una vivienda.

Desde el estallido de la crisis en 2008, en un marco en que el gobierno aseguraba que teníamos «el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional», la emergencia habitacional no ha hecho más que aumentar. Entre 2010 y 2012, el Estado español inyectó más de 61 millones de euros de dinero público, de nuestro dinero, para rescatar a la banca. ¿El resultado? Una concentración de capital en manos de unos pocos, que tras la venta y absorciones de entidades, no ha hecho más que aumentar el beneficio de la banca, mientras se atenta contra los derechos más básicos de la ciudadanía, que ha visto en estos años cómo se les arrebataban sus hogares a causa de unas leyes criminales, para que pasaran a engrosar la cartera de especulación. Una ciudadanía empujada a la precariedad, a la persecución judicial, a la espada de Damocles ante un posible desahucio o a sufrirlo –a día de hoy se siguen produciendo 183 desahucios diarios-,  mientras vemos cómo el dinero ”prestado” a la banca nunca será devuelto. 

A esto lo llaman “limpiar” o “sanear” el sistema financiero, y dentro de este proceso de ”limpieza” se creó la Sareb. La Sareb es conocida como el banco malo, pero en realidad es una inmobiliaria de “activos tóxicos” con los despojos de la burbuja inmobiliaria, de las entidades rescatadas con dinero público. Estos “activos tóxicos” son viviendas acabadas o medio acabadas sin vender, la deuda de promotores y constructoras fallidas, son viviendas que habían pasado a manos de la banca, desahucio tras desahucio, subasta tras subasta.

La Sareb, la inmobiliaria más grande de Europa, es una entidad  45% pública mientras el otro 55% es de las entidades rescatadas (por lo que la mayor parte de su dinero también es de todas). Pero en vez de garantizar el derecho a la vivienda para cientos de miles de ciudadanos que se encuentran en la calle, su objetivo es vender sus activos con un 15% de beneficio antes de 2027, como demuestra la venta producida a finales de 2018 de Témpore, que gestiona un parque de miles de viviendas en alquiler, a los fondos buitre estadounidenses TPG y Are https://www.tercerainformacion.es/articulo/vivienda/2018/12/02/la-sareb-el-banco-malo-vende-un-gran-parque-de-viviendas-a-fondos-buitre  . Esta operación llega en un momento en el cual todos los indicadores alertan sobre un nuevo recalentamiento del mercado inmobiliario, menos de una década después del estallido de la burbuja inmobiliaria que hundió la economía española desatando una crisis cuyos efectos aún perduran. La apuesta por viviendas de alquiler, con la introducción de nuevas modalidades de comercialización como los pisos turísticos alquilados por días o semanas, convierte a los inmuebles en un bien de inversión rentista que nuevamente está elevando los precios de la vivienda a niveles propios de 2010.

Todo esto ocurre mientras el Gobierno no pone ni una solución para aumentar el irrisorio 2% de parque publico de vivienda. El Gobierno, incapaz de dar solución a la emergencia habitacional por la falta de vivienda, pero que sigue permitiendo que las entidades financieras tengan en sus manos más de 3.500.000 de pisos vacíos. Soluciones que tienen sobre la mesa gracias a la autoorganización de la ciudadanía, que sufre las consecuencias de esta falta de voluntad política. Soluciones que ya han demostrado su eficacia gracias a la Ley 24/2015 catalana. Una ley que marca la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social y a ceder las viviendas a la Administración pública antes de un desahucio. Una ley que el gran benefactor de la especulación, el Partido Popular, quiso cargarse en 2016 con un recurso de anticonstitucionalidad, pero que gracias a la presión social hemos recuperado recientemente.

Ante el fallo reciente del Constitucional del levantamiento de los artículos suspendidos de la Ley 24/2015, queremos recordarle a la Sareb que están obligados como grandes tenedores a ofrecer un alquiler social. Exigimos se garantice nuestro derecho a una vivienda, queremos que la Sareb deje de ningunearnos, nos escuche, nos atienda y cumpla lo que dicta la Ley. No queremos seguir en el ostracismo, queremos recuperadores claros con quienes interlocutar y poner soluciones.

La ciudadanía ya hemos pagado bastante, ahora llegó el momento de que las viviendas de la Sareb sirvan para dar vida a la gente y no para alimentar a los fondos buitre y a la especulación. Son pisos que se han pagado con dinero público, el nuestro, por eso llevamos mucho tiempo diciéndolo: la Sareb es nuestra. Y por eso mismo reclamamos la cesión de sus pisos al parque público de vivienda, que cesen los desahucios de las familias que habitan pisos del banco malo, y un alquiler social para las familias que han recuperado parte de estas viviendas al no tener más alternativa que esta o la calle. Gracias a nuestra Obra Social PAH y recuperando bloques enteros en manos de la Sareb, demostramos que la ciudadanía organizada puede hacer temblar a Goliat. Bloques en los que centenares de personas pueden vivir dignamente aunque de forma irregular, a la espera de la voluntad por parte de la Sareb, a abrir una mesa de negociación que les permita regularizar su situación. Ya logramos estas demandas con bloques recuperados por la PAH, que gracias a la presión social fueron cedidos a la Generalitat y logramos que todas las familias que los habitaban consiguieran sus contratos de alquiler social en las mismas viviendas, pudiendo así mantener el sentimiento de comunidad.

La acción de hoy da un paso más en la campaña #PorDerechoAVivienda, iniciada por la PAH y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos el pasado lunes 18 de febrero https://afectadosporlahipoteca.com/2019/02/18/nuestros-hogares-estan-en-juego/ , pensada para poner la vivienda en el centro del debate y lograr un Decreto Ley, antes de la finalización de esta legislatura, que realmente proteja a las familias, pinche la burbuja y garantice proyectos de vida bajo un techo asequible y estable.

Basta de especulación, de casas sin gente, de gente sin casa, y una medida para poder hacer esto efectivo es tener

#RecuperadoresDeLaSareb

PorLa PAH

Nuestros hogares están en juego

Mientras en el Congreso siguen con su juego de tronos, la ciudadanía sigue auto organizándose para conquistar sus derechos negados.

La PAH llevamos 10 años denunciando el expolio de vivienda por parte de la banca con el apoyo de los gobiernos PP, del PSOE y sus palmeros parlamentarios. 10 años con falta de vivienda sin involucración del Congreso y de las administraciones  públicas autonómicas y municipales, más ocupadas en mantener su postura de poder y comodidad, que en garantizar los derechos de la ciudadanía.

Denunciamos, día tras día, los miles de desahucios que hay en España mientras ponemos nuestros cuerpos entre las autoridades y las familias para evitar todos los que podemos. Denunciamos las violaciones sistemáticas de tratados europeos e Internacionales, que defienden Derechos Humanos, mientras sentencias europeas y estudios realizados por Universidades y expertos nos dan la razón y demuestran como afectan los desahucios en la salud, sobre todo de los niños.

En España vivimos una grave situación crónica de emergencia habitacional, que se manifiesta en los 183 desahucios ejecutados cada día (más de 650.000 desde el 2008) en la hiperinflación de los precios de alquiler, en la reactivación de las subidas de los precios y los cortes de suministros básicos, unidos a la inexistencia de Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y social. Ante esta situación patrocinada por la usura de los bancos, el imperio energético, la mafia de los fondos de inversión o en resumen un sistema financiero pensado solo para el beneficio de unas pocas, ningún gobierno ha adoptado medidas valientes y justas, para que el derecho de acceso a la vivienda pueda ser ejercido por todo el mundo.

Ante este estado de cosas, desde la PAH elaboramos un texto de ley, la Ley de vivienda de la PAH, que establecía la dación en pago retroactiva, limitaba la responsabilidad al bien hipotecado, ampliaba a 10 años la duración de los contratos de alquiler, movilizaba casas vacías de los grandes tenedores para ser utilizadas como Parque Público y garantizaba mínimos de subsistencia en materia de suministros básicos. Tras una montaña rusa de vicisitudes, logramos el pasado septiembre, que la ley fuera tomada en consideración por el Congreso. Sin embargo, desde entonces, cada semana, el PP y Cs han venido bloqueando su tramitación hasta que el pasado diciembre, el PP presentó una enmienda a la totalidad, enfocada a contrarrestar el fallido decreto de alquileres del Gobierno. Al PP y a Cs les importa muy poco el sufrimiento de la gente y el incumplimiento de la Constitución si con ello se benefician los  fondos buitre, la banca, las socimis…

Un texto legal, surgido desde la experiencia de lo vivido en nuestras Asambleas, redactado por nuestra comisión jurídica formada por compañeras altruistas y voluntarias. Un texto legal que pone por escrito todo lo que hemos demostrado durante 10 años, con desobediencia pacífica, que si se puede lograr. 

El gobierno que ahora cesa no ha tomado medidas para el cumplimiento del PIDESC, a pesar de que desde NNUU no cesan de reclamarlo. A pesar de conocer la corta duración de la legislatura, no ha trabajado con la velocidad y ambición suficientes como para aprobar las medidas necesarias. Además, en la tramitación de la Ley de Crédito Inmobiliario, ha adoptado los criterios de la derecha de seguir sobreprotegiendo a la banca, fondos buitre y socimis a costa de la gente, moderando cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado o permitiendo la cesión de créditos el IRPH…, e impidiendo además la dación en pago como fórmula de solucionar las situaciones sobrevenidas de incapacidad de hacer frente a los pagos, y permitiendo en consecuencia que la gente pueda seguir siendo desahuciada y manteniendo deudas impagables y de por vida, o sea, continuar tal y como estábamos.

Ahora, con la convocatoria de elecciones, la ley de Vivienda de la PAH decaerá, y seguiremos como siempre: El Derecho a la Vivienda seguirá siendo inexistente en España, y seguirá dependiendo del nivel de renta de cada persona o familia.

Pero, como siempre, la PAH no se rinde, y exigimos al gobierno de Pedro Sánchez que, antes de las elecciones, legisle mediante decretos todo aquello que la legislación permita: duración de contratos, precios, aplicación al conjunto del Estado de las medidas contenidas en las leyes autonómicas recurridas al TC por el gobierno anterior y que han sido validadas por el Tribunal, como la cesión obligatoria de casas por parte de grandes tenedores… etc. Recordamos al gobierno actual, que en Catalunya, gracias a la PAH que impulsó una ILP,  existe la ley 24/2015 que está funcionando con las mismas bases que planteamos en la Ley Vivienda PAH y que el propio PSOE, junto a PdeCat, PNV, En Marea, Ciudadanos y Grupo Mixto, se comprometió por escrito a ampliar los derechos que otorga dicha ley a todo el Estado, desarrollando un alegislación que incluya dichos derechos.

Estos derechos, pasan por dejarse de excusas para llegar al poder, y empezar ya a hacerlos efectivos de manera valiente, con una regulación de la LAU que verdaderamente pinche la actual burbuja, no solo ampliando los contratos, también con una regulación de precios que impida su especulación, medidas para movilizar los pisos vacíos de la banca, fondos buitre y socimis que promuevan la cesión obligatoria de estas viviendas a la Administración pública, así como los de la Sareb con un 45% de dinero público y una cartera creada a base de los hogares de familias desahuciadas. ¡Qué menos tras el rescate a la banca y los millones de dinero público que eso ha costado y ya damos por perdidos!

También exigimos al conjunto de partidos que van a concurrir a todos los procesos electorales que vienen, que en sus diferentes ámbitos de competencias implanten medidas que garanticen que el Derecho de Acceso a la Vivienda se pueda convertir en realidad. Si no es así nos tendrán enfrente como siempre hemos hecho, la situación actual necesita claridad y contundencia, no medias tintas ni falsas promesas.

Para lograr estos objetivos, lanzamos una campaña, junto a los Sindicatos de Inquilanas denominada “Por el Derecho a la Vivienda”, a la que esperamos que se vayan incorporando colectivos y movimientos sociales, de todo tipo ya que recordamos la vivienda nos afecta a a todas, para seguir denunciando la situación, sumarse a las futuras movilizaciones, ya iremos informando, señalar en los procesos electorales que vienen a los partidos responsables del lamentable estado de este derecho y exigir a todos que incluyan en sus programas nuestras reivindicaciones y presionarles también después de las elecciones para que cumplan esos compromisos.

La campaña #PorDerechoAVivienda arranca, anunciamos próximas reuniones con los grupos parlamentarios el próximo miércoles 20 y en base al resultado de estas ya sabremos cómo y contra quien actuar. 

Seguiremos luchando y cambiando el imaginario colectivo como siempre hemos hecho hasta garantizar el derecho a la vivienda que todas necesitamos

PorLa PAH

La PAH en Africa

A través de su Comisión Internacional la PAH ha tomado parte en un encuentro celebrado en Marrakech dentro de un programa orientado al derecho a la vivienda, la ciudad, Programa completo (Frances) , y otros aspectos relacionados de la vida en Africa como la gobernanza. https://www.africities.org

Con nuestra participación hemos presentado nuestra historia de 10 años de lucha PAH, hemos compartido experiencias y nos hemos comprometido a encontrar fórmulas de colaboración.

Hacia la construcción de una red mediterránea de habitantes es el título de nuestra parte activa.

La reunión, organizada por la IAH (Alianza Internacional de los Habitantes) fue el 23/11/18 en Marrakech, en el marco de  Africities 8, y tiene como objetivo establecer una red internacional de organizaciones de habitantes en los países que bordean el Mar Mediterráneo, residentes y migrantes, en asociación con las autoridades locales que comparten el enfoque de derechos humanos en la implementación de políticas de vivienda, planificación urbana y gobernabilidad democrática.

Este es el primer paso conjunto entre organizaciones e instituciones que sienten la necesidad de intercambiar experiencias, definir estrategias comunes, fomentar la solidaridad internacional por el derecho a la vivienda y la ciudad y promover la libertad. El tráfico y el derecho a vivir en ciudades acogedoras, multiculturales, multiétnicas, seguras y dignas.

Ahora es imperativo y urgente abordar las causas profundas de estos problemas que causan el empobrecimiento y la desigualdad de los habitantes y nuestros territorios, y presentar propuestas transformadoras que emanan de barrios y colectivos urbanos conectados en todo el Mediterráneo.

El encuentro promueve un proyecto de movilización y formación local / internacional que, a partir del protagonismo de los sujetos directamente implicados, fomente la resistencia a la especulación inmobiliaria, la exclusión social, la guerra entre los pobres y el racismo que se autoalimenta.

Alimentar a través de viviendas a pobres, y contra los desalojos, de un lado a otro del Mar Mediterráneo común. Los oradores no solo vienen de Marruecos, Túnez, España e Italia, sino también de otros países de África, como Kenia, Nigeria, Sudáfrica y Zimbabwe, donde también están preocupados por la propuesta ya que estos países son a menudo la retaguardia de donde llegan los migrantes, nuevos habitantes de la cuenca mediterránea.

Tres apartados desarrollaron el encuentro :

1.- Intercambio de experiencias: todos los colores de las ciudades y sus habitantes.

Presentación de problemas a nivel local de vivienda pobre, planificación urbana y gobernanza urbana.

Presentación de las actividades y políticas implementadas a nivel local relacionadas con la defensa del derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad y la gobernanza urbana.

2.- Intercambio de propuestas de estrategia: juntos por el derecho a r-existir en las ciudades.

Presentación de propuestas de estrategia.

3.- Definición de un camino común 2019-2021 para la construcción de la Red de habitantes del Mediterráneo.

Foto de familia en conferencia y nuevos frentes de lucha para la PAH

Imagen geográfica de la Rede Mediterránea de los Habitantes

Un resumen de lo acontecido en el siguiente link:

https://esp.habitants.org/la_via_urbana/los_habitantes_en_africities_2018

PorLa PAH

¡LO HEMOS CONSEGUIDO! ¡HEMOS HECHO POSIBLE LO IMPOSIBLE!

Hemos recuperado las medidas más importantes de la 24/2015 suspendidas por el TC: el alquiler social y la cesión obligatoria de viviendas de los bancos.

Después de casi tres años desde la impugnación de nuestra Ley por parte del Gobierno de Rajoy y la banca, la lucha incansable de las entidades sociales promotoras, con el apoyo de una mayoría abrumadora de la sociedad catalana, ha permitido “hacer posible lo imposible” y recuperar las herramientas más importantes que el PP había sentenciado y enterrado: el alquiler social obligatorio para parar los desahucios de grandes tenedores, y la cesión obligatoria de vivienda vacía de estos para garantizar el derecho a la vivienda de las personas en situación de exlusión residencial.

El Tribunal Constitucional ya ha notificado al gobierno español y a la Generalitat la sentencia con fecha de 31 de enero en la que acepta el desistimiento del recurso que acordaron ambos gobiernos y que el Consejo de Ministros ratificó el pasado noviembre. Estamos a la espera de su publicación en el BOE para su plena vigencia que no puede demorarse más de 30 días y que debería ser urgente, teniendo en cuenta la importancia social de su aplicación inmediata. El Tribunal ha esperado a hacer pública la aceptación del desistimiento a tener la sentencia lista en relación a todos los artículos impugnados y sobre los que no había acuerdo de desistimiento de los dos gobiernos.

El “fallo” acepta el desistimiento del recurso en los artículos 2.2, 5 (apartados 1, 2, 3, 4 y 9), artículo 7, y las disposiciones transitoria segunda y final tercera de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Por otra parte, estima el recurso y declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 3, 4 y de la disposición adicional, relativos al sobreendeudamiento, ya que los gobiernos estatal y catalán, pactaron el desistimiento del articulado de la Ley 4/2016 en este aspecto.

Recuperamos así herramientas tan imprescindibles y efectivas como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler cuando el propietario es un gran tenedor, y la cesión obligatoria de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores a la Administración pública con el fin de poder ampliar el parque de vivienda para alquiler social y hacer frente a desahucios. Las mesas de emergencia necesitan con urgencia estas medidas para poder ofrecer vivienda a todas las personas en situación de exclusión residencial.

Recuperamos, así, gracias a la lucha incansable de la ciudadanía organizada, las herramientas para el cumplimiento de la función social de la vivienda y para garantizar el derecho a la vivienda para todas, tan sistemáticamente vulnerado. Herramientas reclamadas no solo por las personas afectadas, sino también por los ayuntamientos, colegios profesionales y entidades del tercer sector social.

De ahora en adelante exigimos y pedimos:

1. En primer lugar y de manera prioritaria, la paralización de todos los desahucios que afectan a personas en situación de exclusión residencial.

2. Que Generalitat y ayuntamientos destinen el máximo de recursos y esfuerzos para que se aplique plenamente la ley, para realojar y para movilizar vivienda.

3. A la Generalitat:

  • Que se responsabilice de que no se vulnera la ley, y que active inmediatamente los mecanismos para la cesión obligatoria. Las listas de espera en las mesas de emergencia tienen que acabar porque la falta de vivienda ya no puede ser una excusa.
  • Que firme los convenios que obliguen a las suministadoras a asumir las deudas que las familias no pueden asumir.

4. A los ayuntamientos que apliquen desde ya los mecanismos para identificar los pisos vacíos y notifiquen a los grandes tenedores la obligación de cederlos. Asimismo, que sancionen todas aquellas situaciones de incumplimiento de la ley, como no haber hecho la oferta de alquiler obligatorio y los cortes de suministros a familias vulnerables.

Aprovechamos para hacer también un llamamiento a los juzgados para que la apliquen de forma exhaustiva, y a los abogados/as y profesionales de la justicia y del sector social para que la utilicen. Para ello facilitamos un conjunto de documentos útiles en la web de la PAH, así como una guía básica de su aplicación.

Las entidades del Grupo Promotor estaremos pendientes y movilizadas para que no se dé ningún desahucio, que los grandes tenedores cedan su vivienda y que las administraciones públicas protejan efectivamente a las personas. Por esto anunciamos acciones intensas en los próximos meses, empezando por el próximo 20 de febrero, día en el que todas las PAHs de Cataluña iremos a los Juzgados y a los ayuntamientos a exigir la paralización por ley de los desahucios de familias vulnerables.

Recordemos también que la Ley 24/2015 es una ley nacida de la iniciativa popular, que se puso en marcha en 2014 con casi 150.000 firmas para garantizar la aplicación del art. 47 de la CE, y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Ha sido posible gracias a las familias afectadas, movimientos sociales y a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas se tienen que cambiar, a las que ya no están pero nos dan fuerzas para seguir luchando, a todas las entidades sociales que nos han apoyado, y a todas aquellas personas firmantes de la ILP.

Sin embargo, esta gran victoria es un paso más, pero no el final. Continuaremos luchando por la regulación del precio de los alquileres y para que el derecho a la vivienda sea un hecho en todo el Estado con la aprobación de la Ley Vivienda PAH en el Congreso.

Exigimos la aplicación inmediata de la Ley 24/2015 para garantizar el derecho a la vivienda en Cataluña.

¡Sí se puede!

PorLa PAH

El PP: Partido de la corrupción, los desahucios y la cárcel

La PAH lleva años planteando soluciones para realojar a las familias desahuciadas, el PP ha encontrado la más eficaz: una celda calienta durante 3 años y no nos quejemos que encima nos dan de comer y suministros garantizados.

El partido de la corrupción y los desahucios, el PP,  vuelve a la carga contra la gente, proponiendo una reforma de la ley de desahucio exprés del PDeCAT, para que también los estafadores de la banca, los especuladores de los fondos buitre y las socimis puedan utilizar este mecanismo, pero además, incluyendo penas de hasta 3 años de cárcel. Elimina la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio, para que la policía  pueda de inmediato, desalojar, sin necesidad de orden judicial, a pesar de que ya la ley del PDeCAT está recurrida ante el TC, entre otros, por este motivo. El PP no solo rescató a la banca con 77.000M de nuestros impuestos sin exigirles ni una sola contrapartida sino que, 10 años después de estallar la crisis económica, continua legislando contra las familias vulnerables, cebándose en el más débil. En el resto de países como Holanda y Estados Unidos la banca ha devuelto, con beneficios, todo lo que se les presto. El PP en cambio quiere que España continúe premiandolos por sus abusos e ilegalidades. 

Como siempre, utilizan como excusa las supuestas mafias de la ocupación para justificar una propuesta, que únicamente va en beneficio de los fondos buitre, las socimis y la banca, que como sabemos, son socios preferentes del PP. El PP, que liberó a las socimis de pagar el impuesto de sociedades, que puso las bases de la actual burbuja del alquiler con su reforma de 2013, que ha vendido vivienda pública a fondos buitre, que vetó la Ley de Vivienda de la PAH cuando era gobierno, que la ha estado bloqueando desde septiembre, que le ha presentado ahora una enmienda a la totalidad para mantener la actual situación de los alquileres.

¿Dónde piensa el PP de Casado que irán las familias desahuciadas? ¿Desaparecerán? En cualquier país de nuestro entorno las familias vulnerables estarían en una vivienda pública. En España, con un vergonzoso 1,5% de vivienda pública, versus el 15% de media Europea, se ven obligadas a ocupar. ¿Es la cárcel lo que entiende el partido más corrupto de Europa como realojo garantizado para las familias más vulnerables? 

En un país en el que sólo durante los 3 primeros trimestres de 2018 se han ejecutado más de 184 desahucios, de media al día, según los datos del CGPJ, donde el parque público de vivienda apenas supera el 1% imposibilitando el realojo de familias desahuciadas, con unos precios de alquiler y de compra de vivienda desbocados y unos salarios devaluados, donde se permiten los desalojos forzosos a familias vulnerables sin alternativa habitacional, las 184 familias desahuciadas cada día sólo pueden quedarse en la calle, u ocupar alguna de las más de 3,4 millones de casas vacías que según el INE hay en España.

El PP considera que tiene que prevalecer el derecho a la propiedad sobre el derecho a la vivienda, es decir se olvida del artículo 33.2 de la CE, donde establece que el derecho a la propiedad debe delimitarse a la función social de la misma. Y, con toda la cara, propone encarcelar a la gente que, sin ninguna otra alternativa habitacional ocupe  o recupere las casas cerradas de sus socios.

Este ataque al derecho a la vivienda consigue remacharlo con la actual Ley de crédito Inmobiliario, cuyo texto original de De Guindos blanquea cláusulas abusivas y que ha sido asumido vergonzosamente con retoques por el PSOE -votado por PSOE, PP, C’s, PdCat y PNV- ahora pendiente de debate en el Senado.

Pero la Ley de Vivienda la PAH propone alargar la duración de los contratos de alquiler hasta 10 años, cuando el propietario sea una empresa. Obligar a los grandes tenedores de vivienda (banca, socimis, fondos buitre…) que hayan recibido dinero público por vía de subvenciones, desgravaciones fiscales o rescates a ceder a las Administraciones Públicas el uso de sus casas, injustificadamente desocupadas para que sean utilizadas como Parque Público de Vivienda, para abaratar los alquileres y disponer de vivienda social que hemos financiado.

Pedimos apoyo a las movilizaciones para exigir la tramitación y aprobación inmediata de la Ley de Vivienda de la PAH, para que la vivienda deje de ser un simple bien de consumo más, y se garantice el acceso de todo el mundo.

¡Sí se puede! Por qué ellos defienden los intereses del 1% pero nosotras somos el 99% restante que puede revertir la situación.