A menos de tres meses para que finalice la moratoria de desahucios incluida en el escudo social, las cifras muestran que hay que actuar para resolverlo
Hoy el Consejo General del Poder Judicial ha hecho públicos los datos correspondientes al segundo trimestre de 2025, que evidencian una vez más la agresividad de un sistema económico y una legislación más orientada a proteger a los especuladores que a las familias que ven cómo se viola su derecho a la vivienda a favor de la especulación y los beneficios de quienes la alimentan.
Los puntos más destacados son:
- Las ejecuciones hipotecarias ingresadas han crecido un 75,8% con respecto al mismo trimestre de 2024. En contraste, los lanzamientos practicados disminuyen un 11,6% frente al año pasado, aunque esto no representa un alivio real, ya que el problema persiste y solo se frena con la moratoria hipotecaria vigente hasta mayo de 2028
- En total se registraron 6.960 lanzamientos en el trimestre, siendo el 76,1% por procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Repartidos en 1217 derivados de ejecuciones hipotecarias, 5299 derivados del alquiler, 444 derivados de otras causas.
Estos datos no son cifras frías: son familias que pierden su techo, personas que viven con la angustia constante de que un juez ordene su desalojo, vidas que se ven arrastradas por la voracidad de los intereses financieros, la deuda y la falta de mecanismos eficientes de protección. En definitiva: personas para las que la Constitución no existe.
Destacar que las cifras desmontan el discurso de la extrema derecha mostrando cómo a pesar de sus meme(ce)s y su odio, la ocupación dista mucho de ser el gran problema en este país y sigue reduciéndose.
Desde La PAH hacemos un llamado urgente: No podemos permitir que crezcan las ejecuciones hipotecarias sin límite ni freno. Estas cifras deben entenderse como la punta del iceberg. Muchas familias aún no han llegado siquiera al momento judicial, pero viven la presión de deudas impagables, cláusulas abusivas y una sensación de indefensión permanente. La reducción en los lanzamientos practicados no es motivo de alivio ni celebración. Muchas órdenes de lanzamiento quedan retrasadas, paralizadas o suspendidas temporalmente, pero eso no las elimina. Las familias viven en suspenso, con amenaza latente de ser expulsadas.
Exigimos que el Estado intervenga con medidas audaces y efectivas, pero sobre todo que se renueve, se amplíe, se mejore y se convierta en estructural la moratoria de desahucios más allá del 31 de diciembre de este año, y se convierta en una protección de carácter estructural mientras dure la situación de emergencia habitacional, y que en paralelo se legisle para evitar la venta especulativa de la vivienda, la venta de vivienda habitada y en una intervención real del mercado que regule los alquileres y se movilicen los 4 millones de vivienda vacía, ya sea con expropiación directa o cesión de uso, para dar respuesta a la emergencia y techoa las familias desahuciadas sin alternativas.
Aterra pensar lo que vendrá si no se mejora y alarga el escudo social: decenas de miles de desahucios a la vuelta de la esquina.
Estos datos deberían escandalizarnos. No queremos cifras, queremos vidas vivibles. No queremos desahucios, queremos hogares. Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía: visibilizar, acompañar, actuar. Que cada comunidad, cada pueblo, cada barrio exija con fuerza políticas reales y transformadoras.