Sigue siendo insuficiente y hay que trabajar, de una vez por todas, en medidas estructurales para garantizar el derecho a la vivienda empezando por apelar a la responsabilidad de los diferentes grupos políticos para convalidar en enero la medida en el Congreso.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy prorrogar un año más la moratoria antidesahucios que mantiene suspendidos al menos 60.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país. Esta prórroga llega después de que una amplia coalición de entidades y movimientos sociales presentáramos ante el Congreso el manifiesto Ni un desahucio más. Ni una familia sin derecho a la vivienda para exigir la renovación de la moratoria y que se ampliara su cobertura y que ha sido firmado ya por más de 100 organizaciones.
Desde las entidades valoramos positivamente la medida, primer paso imprescindible para evitar una inminente ola de desahucios, aunque advertimos que la simple prórroga del escudo social no soluciona el hecho de que aún hay muchas familias vulnerables que se quedan fuera. Recordamos que la medida ha cubierto solo 1 de cada 4 lanzamientos debido a la falta de claridad en la definición de vulnerabilidad, la arbitrariedad de los jueces para aplicarla y la omisión de algunas casuísticas -como la de las familias vulnerables que se han visto obligadas a ocupar una vivienda después de la pandemia o las inquilinas con contratos de renta antigua. Es por eso que las entidades creemos que ya es hora de abordar la crisis de vivienda con soluciones estructurales que den una alternativa digna a las familias en lugar de mantenerlas en vilo año tras año.
Como propuesta de mínimos las entidades exigimos al Gobierno de España que aproveche esta nueva prórroga para diseñar e implementar un plan de choque urgente para asegurar el mantenimiento en la vivienda o un realojo digno de todas las familias vulnerables con desahucios pendientes a través de la puesta en marcha, entre otras, de fondos suficientes vinculados al Plan Estatal de Vivienda, el despliegue del tanteo y retracto para movilizar viviendas privadas en manos de grandes tenedores y la puesta a disposición de las viviendas de la SAREB, especialmente ante el anuncio de la venta inminente de grandes carteras de viviendas por parte de los fondos de inversión.
Convalidación de la medida en el Congreso a finales de enero
El próximo paso, también imprescindible para poder trabajar en estas medidas a medio y largo plazo, es la convalidación de este decreto en el Congreso de Diputados durante el mes de enero para hacer efectiva la prórroga del decreto. En este sentido desde la coalición de entidades ya nos hemos puesto en contacto con los grupos parlamentarios y hemos constatado que existe una preocupación compartida por evitar que la finalización de la moratoria provoque situaciones de exclusión residencial irreversibles de forma masiva.
Si bien valoramos positivamente su disposición a avanzar en este sentido, es necesario que este compromiso se traduzca en una negociación entre los diferentes grupos no solo para asegurar la ineludible prórroga de la medida, sino para impulsar medidas concretas, justas y duraderas, que protejan a las familias vulnerables y refuercen la cohesión social a medio y largo plazo. En este sentido apelamos a la responsabilidad de los diferentes grupos políticos para garantizar la tranquilidad, a corto plazo, de las miles de familias vulnerables que están pendientes de esta medida; hace demasiado tiempo que esperan medidas que les permitan el acceso a una vivienda, un derecho humano fundamental.
Ni un desahucio más. ¡Ni una familia sin derecho a la vivienda!