El TJUE vuelve a dar la razón a la PAH: abre la puerta a exigir la nulidad de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria y los desahucios desde 1995.

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El TJUE vuelve a dar la razón a la PAH: abre la puerta a exigir la nulidad de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria y los desahucios desde 1995.

La PAH exige la nulidad de todas las ejecuciones hipotecarias desde 1995 con el apoyo del TJUE

La sentencia emitida hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la octava sentencia que confirma y da la razón a las que llevamos 8 años denunciando la estafa hipotecaria y la complicidad de los diferentes gobiernos. No es una sentencia más pese a que, junto con las 7 anteriores, dicta que la normativa hipotecaria española es anómala, injusta e ilegal, contraria a la directiva Europea de 1993 que el Estado tenía que haber adaptado antes del 31 de diciembre de 1994. 

Decimos que no es una sentencia más porque ésta viene a decir que es ilegal y nula la cláusula del vencimiento anticipado de las hipotecas. Ésta cláusula la contienen todas las hipotecas y permite a la banca reclamarte la totalidad de la deuda pendiente, más los intereses correspondientes, una vez has dejado de pagar 3 cuotas. El caso analizado en la sentencia del TJUE, presentado por un juez de Santander, cuestiona que el impago de 7 mensualidades de un total de 564 cuotas mensuales de las que constaba la hipoteca fuese suficientemente grave como para aplicar el vencimiento anticipado.

Cuándo llegas a este punto y el banco te reclama de golpe que pagues la totalidad de la hipoteca de una vez, lógicamente no puedes pagar de golpe. El banco, amparándose en esta cláusula, ejecuta judicialmente la hipoteca y abre el proceso que te condena al desahucio y a una deuda de por vida. Dado que es precisamente en esta cláusula en la que se basan todas las ejecuciones hipotecarias, podemos afirmar sin ningún temor que todas las ejecuciones hipotecarias y desahucios habidos desde el 1 de enero de 1995, fecha en que debieron haber sido implementadas las medidas contenidas en la directiva 93/13/CE, lo han sido mediante la aplicación de una legislación que además de injusta, inhumana y criminal, era también ilegal. Una legislación que, a día de hoy, sigue siendo contraria a la normativa UE en materia de derechos de los consumidores, y que afecta también a una necesidad fundamental como la vivienda.

Desde la PAH denunciamos una vez más la violación sistemática de los derechos humanos y de la propia Constitución española con todas y cada una de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios que hemos sufrido en los últimos años. Hemos denunciado la anomalía e ilegalidad de la ley hipotecaria española, hemos alertado de que hay vidas en juego y hemos desenmascarado la estafa hipotecaria. 

Cabe recordar que el Tribunal Supremo ya declaró la nulidad parcial de este tipo de cláusulas abusivas, pero proponía sustituir el inicio de la ejecución hipotecaria de un impago a tres, como dictó la ley 1/2013. Tanto esta ley como el Tribunal Supremo no ha parado de recibir varapalos en las ocho sentencias del TJUE que ya acumulamos en esta materia. 

Ahora, con esta nueva sentencia anunciamos que vamos a exigir y a reclamar la declaración de nulidad de todas las ejecuciones hipotecarias y los desahucios que se han producido desde 1995, y lo hacemos con la razón que nos da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No sólo vamos a exigir la declaración de nulidad, sino la restitución de derechos y la reparación de los daños producido a más de 700.000 familias desde 2008 y a todas aquellas que han sufrido las consecuencias desde 1995 de la ilegal ley hipotecaria española. 

En los próximos días haremos un llamamiento para iniciar ésta campaña de nulidad de ejecuciones hipotecarias, y desahucios, y exigiremos restitución de derechos y reparación de daños. Para presentar esa campaña, les convocamos a la rueda de prensa que daremos mañana viernes, día 27 a partir de las 11 horas en ante la puerta del Tribunal Supremo en Madrid.

#TJUEconLaPAH

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Nueva sentencia del TJUE: la PAH exige la aplicación inmediata de las medidas de la ILP

El pasado viernes, el TJUE dictó una nueva sentencia que vuelve a poner en evidencia al gobierno español. El TJUE establece que la actual legislación hipotecaria viola los derechos fundamentales de las personas, y deja al deudor hipotecario en una situación de desigualdad e indefensión. La sentencia obliga, de nuevo, al gobierno del PP a modificar la legislación, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Esta sentencia coincide con el motivo 5º del Recurso de inconstitucionalidad redactado por la PAH contra la Ley 1/2013 que denunciaba la violación de los articulos 14 y 24 de la Constitución española de 1978 : «Todos somos iguales ante la ley, todos tenemos derecho a tutela efectiva de los jueces y tribunales, sin que pueda producirse indefensión«.

Por tanto, y como advertía la PAH, la ley del PP es ilegal y vulnera los derechos humanos. Una nueva victoria de la ciudadanía organizada que vuelve a dejar al gobierno del PP y a la banca criminal en evidencia.

Todos estos pasos no se hubiesen producido sin el trabajo continuado y solidario de miles de personas que se han dejado la piel desinteresadamente, sin las campañas de desobediencia civil que han permitido la autotutela de nuestros derechos en momentos límite y sin el apoyo incontestable del conjunto de la población que ha recogido la PAH durante los últimos años. Sin la fuerte movilización social organizada en torno a los desahucios y las ejecuciones hipotecarias tampoco hubiese sido posible que los estamentos judiciales se posicionasen a favor de los DDHH.

Hace ya más de un año que la PAH presentó una Iniciativa Legislativa Popular, avalada por casi un millón y medio de firmas. Quienes realmente quieran terminar con los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda sólo deben escuchar las demandas de la ciudadanía que durante los últimos años no sólo ha hecho propuestas legislativas, sino que las ha defendido día a día jugándose incluso su integridad física, parando desahucios, arrancando daciones y alquileres sociales a los bancos y denunciando a los responsables del sufrimiento de miles de familias a través de la campaña de escraches. Mientras tanto la única respuesta del gobierno ha sido menospreciar el clamor de la calle, culpabilizar a las víctimas de esta estafa, multar a los que se manifestaban pacíficamente denunciando a los culpables y agredir a las personas que se concentraban en las puertas de las casas para impedir unos desahucios que, además de ilegítimos, son ilegales. Como hemos repetido desde hace 5 años, cuando se producen violaciones de DDHH, desobedecer las leyes injustas y señalar a los responsables políticos que las redactan y aplican se convierte en un deber de toda la ciudadanía.

Tras este nuevo varapalo judicial, al gobierno del Partido Popular no le queda otra opción que aprobar las medidas que la PAH viene demandando a través de la ILP: paralización de los desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social de las viviendas vacías en manos de los bancos. Se trata de algo muy sencillo, dar una solución rápida, efectiva y posible a la situación de emergencia habitacional que vive nuestra sociedad.

No es el momento de volver a andar un camino ya recorrido. Es el momento de hacer cumplir por parte de los representantes políticos un mandato claro y conciso. La Plataforma de Afectados por la hipoteca exige, a todos y a cada uno de los partidos que se sientan defensores de los DDHH y de la democracia, que legislen por la via de urgencia la ILP de la PAH y se garantice, de una vez por todas, el derecho a una vivienda en nuestro país. Se trata de unas medidas de mínimos, de sentido común y que están avaladas por una aplastante mayoría social.

Por último, y en aplicación de la sentencia del TJUE, exigimos que se paralicen todos los procesos de ejecución hipotecaria en curso hasta que se modifiquen las leyes vigentes para adaptarlas a una normativa acorde con los derechos humanos.

La ciudadanía manda y los gobiernos tienen que obedecer
Nos va la vida en ello

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Sentencia del TJUE quiebra la Ley del PP sobre desahucios

Sentencia del TJUE quiebra la Ley del PP sobre desahucios

La ley del PP viola los derechos humanos, así lo establece la sentencia del TJUE del 17 de julio.

El pasado mayo de 2013, el Partido Popular aprobó en solitario la ley 1/2013, rechazando las medidas propuestas por la Inicitiva Legislativa Popular de la PAH, que llegaba al Congreso con un millón y medio de firmas después de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis. La aprobación de la ley 1/2013 demostró un desprecio por la democracia por parte del Partido Popular, así como un desprecio por el sufrimiento de las miles de familias víctimas de la estafa hipotecaria.

Un año después, el TJUE dicta una nueva sentencia que pone de nuevo en evidencia al gobierno español. El TJUE establece que la actual legislación hipotecaria viola los derechos fundamentales de las personas, y situa al deudor hipotecario en una situación de desigualdad. La sentencia obliga, de nuevo, al gobierno del PP a modificar la legislación, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La sentencia reconoce la vivienda como un bien de consumo de necesidad básica. Tal y como viene reclamando desde hace años la ciudadanía, que ha sido la primera en denunciar la vulneración sistemática de derechos humanos que supone la anómala legislación española. Es la ciudadanía la que está ofreciendo soluciones mientras las administraciones no sólo no están a la altura de las circunstancias, sino que legislan para beneficiar a los responsables de esta situación, tal y como demuestra la sentencia del TJUE.

La sentencia limita el derecho a la defensa de los deudores al impedirles recurrir en segunda instancia permitiendo que los bancos si lo hagan en una escandalosa desigualdad de las partes en el procedimiento. La ley española protege al fuerte y castiga al débil violando los principios más básicos del derecho a un juicio justo.  

La Sentencia del TJUE coincide con el motivo 5º del Recurso de inconstitucionalidad redactado por la PAH contra la Ley 1/2013 que denunciaba la violación de los articulos 14 y 24 de la Constitución española de 1978. Hasta la fecha el TC no realizado manifestación alguna al respecto de la necesidad de proteger a los deudores hipotecarios frente a Ley que hoy es declarada contraria al derecho comunitario.    

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sala Primera) ha dictado Sentencia en el asunto C-169/14, Sánchez Morcillo/Abril García vs BBVA, a raíz de unas Cuestiones Prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial de Castellón mediante Auto de fecha 02 de abril de 2014 afirmando que la Ley 1/2013 vulnera en el derecho a la tutela judicial efectiva el artículo 47 Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea y la Directiva 93/13 en materia de Consumidores y el no suspender el procedimiento hipotecario en caso de demanda ante el juzgado de lo mercantil es contrario al derecho comunitario.

La legislación anterior que regulaba las ejecuciones hipotecarias fue declarada ilegal por la Sentencia AZIZ dictada tambien por el TJUE. La Ley 1/2013 fue dictada en contra de la ILP de la PAH que reunió un millon y medio de firmas manteniendo las deudas perpetuas, los desahucios y un procedimiento sin garantias. Esta ley no solo no ha solucionada el problema sino que además ahora ha generado un nuevo caos procesal.

De nuevo, el gobierno del Partido Popular ha quedado en ridículo, ha quedado retratada su voluntad de favorecer los privilegios de la banca frente a los derechos fundamentales de las personas.

Tras este nuevo varapalo, el gobierno del Partido Popular queda retratado de nuevo. Desde la PAH exigimos la aprobación de las medidas de la ILP: moratoria de desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social para paliar una situación de emergencia habitacional provocada por las entidades financieras en connivencia con gobiernos de todos los colores.

Sí se Puede

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La PAH actúa para parar los desahucios ilegales tras la sentencia del TJUE

escrito

Ante la emergencia social causada por las ejecuciones hipotecarias masivas y ante el varapalo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado a la ley española, el equipo jurídico de la PAH ha preparado un escrito para que todas las personas afectadas que tienen los procedimientos de ejecución hipotecaria en marcha los presenten en su Juzgado, en una acción colectiva por parte de las PAHs este martes 26 a las 11h.

El escrito se basa en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 14 de marzo que declara que el procedimiento español de ejecución hipotecaria es ilegal. Por ello se solicita a los juzgados que declaren la nulidad de los procedimientos de ejecución hipotecaria que se están tramitando en estos momentos por ser ilegales, por basarse en una ley contraria al derecho comunitario, y por tanto ilegal. Debe finalizar la violación sistemática del derecho humano a una vivienda digna y adecuada, promovido por un procedimiento basado en la indefensión de las personas afectadas, que provoca desalojos forzosos sin alternativa habitacional y genera una condena perpetua al pago de la deuda hipotecaria.

Solicitamos que se anulen todos los procedimientos que se están tramitando, y que en cualquier caso, se suspendan todos los procedimientos para que no se realice ninguna actuación más en los Juzgados en base a una normativa ilegal. Debe esperarse en todo caso a que se reforme esta normativa ilegal. Precisamente en estos momentos se está tramitando en el Parlamento la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la PAH por la que un millón y medio de personas han puesto encima de la mesa de los diputados una propuesta en positivo para reformar la normativa y dar respuesta a esta situación de emergencia, reclamando unas medidas de mínimos como son la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios, y el alquiler social de las viviendas vacías en manos de los bancos.

Hacemos un llamamiento a las personas afectadas para que reclamen ante los Juzgados que se respeten sus derechos y para ello ponemos a su disposición este escrito. Y extendemos el llamamiento a todos los operadores jurídicos para que den la máxima difusión al escrito a fin de que llegue al máximo número de personas afectadas por los procedimientos ilegales, y faciliten el respeto a sus derechos fundamentales.

Estaremos a las puertas de los Juzgados mañana martes 26 de marzo, a las 11h de la mañana para facilitar el escrito a las personas afectadas y proceder a la presentación masiva del escrito, aunque también se podrá presentar más adelante. El escrito lo presentarán las personas afectadas que tienen los procedimientos de ejecución hipotecaria en marcha, que no se hayan archivado.

Para los procedimientos de ejecución hipotecaria ya archivados, la PAH va a enviar un escrito dirigido a las entidades financieras a fin de que ante el nuevo escenario después de la sentencia, que sitúa los procedimientos de ejecución hipotecaria fuera de la ley. En este escrito se va a reclamar que se tomen medidas de forma inmediata a fin de reparar el daño causado a las personas afectadas en los últimos años, como el cese de las reclamación de deudas, la recuperación de las viviendas, el retorno de las cantidades embargadas, y la indemnización por los daños y perjuicios causados a las víctimas de una ley ilegal. En función de la respuesta de las entidades financieras, el equipo jurídico de la PAH estudiará el ejercicio de las acciones judiciales pertinentes para defender los derechos de las personas afectadas.

¡Paremos los desahucios ilegales!
¡Sí se puede!

Para presentar el escrito:

1. Descárgatelo de aquí: Modelo escrito para solicitar la nulidad de los procedimientos en trámite en base a la sentencia del TJUE.

2. Mira si tu PAH más cercana ha convocado una acción para presentar los escritos conjuntamente.

3. Si no es el caso: descárgatelo, rellénalo con tus datos e imprime tres copias.

4. Llévalo al juzgado: se quedarán dos copias, y te devolverán una sellada.

5. Te pedimos que hagas una una copia de la copia sellada y nos la traigas a la PAH para poder hacer seguimiento.

Porlapah

NUEVO PLAZO DE OPOSICIÓN EN EJECUCIONES HIPOTECARIAS

LA PAH INFORMA

Domingo 16 de junio de 2019

Hoy entra en vigor la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. En esta ley se quiere “camuflar” la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado reconocida por TJUE y que afecta a todos los préstamos hipotecarios. En su disposición transitoria tercera dice que los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados en los que NO se haya interpuesto oposición por cláusulas abusivas, dispondrán nuevamente del plazo señalado en dicho artículo para formular un incidente extraordinario de oposición y que no haya culminado con la puesta en posesión del inmueble por banco o entidad.

EL NUEVO PLAZO será de diez días desde que el juzgado se comunique a las partes ejecutadas la posibilidad de formular incidente extraordinario en los términos indicados en el apartado anterior. (el juzgado tiene 15 días para notificarte).

Sin embargo, ninguna norma establece los criterios que van a seguir los juzgados a la hora de avisar del nuevo plazo para denunciar cláusulas abusivas y suspender el procedimiento de ejecución.

Por ello La PAH pretende seguir su lucha e informar a las personas a afectadas por la hipoteca con herramientas para su defensa tanto en las calles como en los juzgados. Ante tal situación queremos informar de lo siguiente:

Notificaciones de los juzgados: cada juzgado tendrá 15 día para notificar a las personas ejecutadas y darles nuevo plazo para oponerse por cláusulas abusivas y poder suspender el procedimiento. El plazo para oponerse será de diez días desde el siguiente a la notificación.

Procesos hipotecarios iniciados antes del año 2013: las personas que no pudieron presentaron escrito de oposición a la demanda de ejecución hipotecaria por cláusulas abusivas que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente pueden hacerlo ahora.

Procesos hipotecarios iniciados después del año 2013 (con la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social): las personas que no pudieron presentar escrito de oposición a la demanda de ejecución hipotecaria que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente y siempre que no se hubiera notificado la posibilidad de formular incidente extraordinario de oposición por tener cláusulas abusivas en el contrato de préstamo ni se hubiere admitido la oposición del ejecutado con base en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de octubre de 2015 o cuando el juez de oficio ya hubiera analizado la abusividad de las cláusulas contractuales, pueden hacerlo ahora.

CUESTIONES PRÁCTICAS

Hemos elaborado una carta de solicitud en los juzgados para aquellas personas que decidan interpelar al juez de su procedimiento de ejecución hipotecaria y avisarle que debe otorgarle nuevo plazo para oponerse por la abusividad del préstamo.

Te la puedes descargar en este enlace.

Abogado y Procurador: Si ya tienes abogado y procurador asignados en el procedimiento, son ellos quiénes pueden plantear el escrito. Si no cuentas con abogado ni procurador puedes presentar el escrito por ti mismo, pero recomendamos acudir al Colegio de Abogados lo antes posible para que te asignen defensa legal.

Si Se Puede!!!

Porlapah

PSOE, cómplice de la banca y marca blanca del PP y Ciudadanos, se retrata como el nuevo partido de los desahucios.

Ante el secuestro sistemático del derecho a la vivenda exigimos la retirada y rectificación de esta reforma hipotecaria junto a una mayor contundencia en el decreto sobre los alquileres

Hoy 20 de diciembre de 2018, el Congreso de los diputados vota la ley de crédito Inmobiliario, una  ley que no respeta el espíritu de las sentencias del Tribunal Justicia de la Unión Europea, ya que sigue dándole a la Banca beneficios frente al consumidor, no respetando el principio de proporcionalidad entre partes y deslegitima el supuesto apoyo del PSOE a la Ley Vivienda PAH, desvirtuando toda la esencia de esta.

No podemos entender como el PSOE, después de poner en primera línea de su voluntad política el derecho a la viviendamantiene unas políticas continuistas con las del Partido Popular y lejos de solucionar las cláusulas abusivas las legaliza, como deja a millares de familias con deudas contraídas con la anterior ley que Europa ha declarado ilegal, ley que permite seguir a las familias adquiriendo deudas impagables, en un momento en que la salida de la crisis es a costa de trabajos eventuales y precarios.

La reforma que avala el partido de Pedro Sánchez, copia y pega de la redactada por el banquero y exministro Luís de Guindos:

  • No  recoge la responsabilidad limitada al bien, manteniendo como hasta ahora la responsabilidad del deudor, que deberá responder con todos sus bienes presentes y futuros; es decir, el horizonte, en situación de impago, continuará siendo el sobreendeudamiento de por vida de las familias y su ruina
  • Los intereses de demora serán el interés remuneratorio más 3 puntos, cuando el Tribunal Supremo dice que no deben superar en más de dos puntos el tipo de interés del préstamo. 
  • Legalización de las cláusulas abusivasun nuevo gran favor a la Banca, haciendo que sea más difícil que los tribunales les obliguen a hacer reembolsos como los derivados de las cláusulas suelo y de los gastos hipotecarios, que les han costado cientos de millones de euros, dejando sin efecto las sanciones a los bancos que dejen de  incorporarlas. Cláusulas ya declaradas abusivas por el TJUE, como el vencimiento anticipado, el IRPH o la renuncia a la notificación de cesión del crédito a un fondo de inversión cuando se produce la titulización. Permitiendo que la banca pueda seguir iniciando procedimiento tras el vencimiento de 12 cuotas o el 3% del capital vencido, haciéndola retroactiva sin más miramiento y con todo el descaro, porque nada se ha dicho de pagar retroactivamente cuando los beneficiarios son las consumidoras en el caso de los gastos hipotecarios.
  • No impide la venta vinculada a otros productos, permitiendo a las entidades financieras ofrecerlos, cuando  proporcionen al consumidor  información sobre los productos, presentando dos presupuestos diferenciados, uno con esos productos y otro sin ellos, sobre los que el prestatario tendrá la última palabra, pero deja la última palabra al Banco de España, y todas sabemos dónde ha estado mirando esta entidad en los años más salvajes de la venta inmobiliaria.

Esta reforma, no solo no mejora en absoluta las condiciones de los deudores hipotecarios, deja fuera cualquier tipo de herramienta contra los desahucios. Se sigue obviando en Dictamen DESC de la Naciones Unidas y gracias al nuevo vencimiento anticipado que conlleva el archivo de los procedimientos de ejecución hipotecaria. 

Tras del escándalo del Supremo en las cláusulas suelo y en el impuesto hipotecario, ahorrando miles de millones a la Banca a costa de los consumidores, es ahora el legislativo, con el PSOE al frente, el que facilita que la Banca siga estafando y desahuciando con sus políticas criminales. ¿Por qué no declaran la retroactividad del vencimiento anticipado para los cientos de miles de familias que fueron desahuciadas debiendo menos de 12 cuotas hipotecarias? 

La PAH no va a consentir que sigan sin asumirse responsabilidades sobre los miles de desahucios producidos en la última década y que no se adopten medidas radicales para su eliminación.

Con la votación de hoy, avalada por toda la derecha conservadora española (Partido Popular, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco, PDeCAT, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, Foro de Asturias y Nueva Canaria)  y la abstención de Esquerra Republicana, el PSOE de Pedro Sánchez lo único que demuestra son sus verdaderos colores más allá de los falsos titulares que han usado para lavar su imagen desde que entraron de nuevo en el Gobierno. Para alimentar una política continuista a años de vejación de derechos fundamentales no era necesaria una moción de censura. 

Si realmente, Pedro Sánchez quería garantizar el derecho a la vivienda, nunca debería promover una ley hipotecaria como esta o un decreto para modificar la LAU, que también se queda corto y a medio gas. Un decreto que no vale para pinchar la burbuja de alquiler que ya es la culpable del 65% de los desahucios a día de hoy.

Por todo esto, habla la PAH y exigimos que se legisle en la línea marcada por la Ley Vivienda PAH, bloqueada semana tras semana por el PP y Ciudadanos. La única Ley que adopta medidas urgentes para garantizar una segunda oportunidad a las familias y los alquileres sociales, acabar con los desahucios y crear un auténtico parque público de viviendas, apostando realmente por la vivienda social y que la banca  devuelva en viviendas el rescate impagado con la cesión obligatoria de las que estén vacías, incluidas el 100% de las viviendas de la SAREB.

Mientras se siga vulnerando el derecho al hogar, cualquier Gobierno o partido que no muestre un compromiso claro con las demandas históricas, que se están exigiendo hace años desde la ciudadanía, nos tendrán enfrente, en las calles, reclamando ante las Instituciones y en Europa denunciando que en España, sigue habiendo vidas en juego por culpa de una leyes criminales.

Qué no te engañen

Porlapah

A LOS RESPONSABLES FEDERALES DE VIVIENDA, ECONOMÍA Y JUSTICIA DEL P.S.O.E.

Gobierne quien gobierne la vivienda se defiende

Desde la PAH, nos dirigimos a las personas responsables de Vivienda, Economía y Justicia del PSOE, ante la situación de emergencia habitacional que sufre este país, y la falta de respuestas positivas por parte del Gobierno, en las siguientes materias:

1ª Economía.- Se está tramitando actualmente en el Congreso, la ley de crédito inmobiliario, heredada del Gobierno anterior, y elaborada por el banquero De Guindos. Este hecho, imbuye al proyecto de ley la impronta del banquero, que, en contra de la reiterada jurisprudencia del TJUE, pretende dar cobertura legal a cláusulas abusivas, bajo pretexto de consentimiento, como las suelo, en lugar de prohibirlas, establecer una cuantía fija de intereses de demora para impedir la anulación de esas cláusulas…etc. Vuelve a ignorar el contenido y efecto disuasorio de la Directiva 93/13/CE, cuya mala trasposición a la legislación española, permite que, incluso 24 años después de su publicación, se pueda condenar a España por su incumplimiento, como en el caso de las cláusulas suelo en enero de 2017. Impide que la responsabilidad se limite al bien hipotecado, y niega la dación en pago como solución a una situación sobrevenida que impida al deudor hacer frente a sus compromisos, con lo que, de nuevo santifica el que el banco, que sin duda habrá recuperado vía titulización, la totalidad de la deuda, se quede con la casa, y el deudor endeudado por el resto del préstamo, más intereses, intereses de demora, costas…

Además, blanquea la abusiva cláusula de vencimiento anticipado, moderando el número de cuotas impagadas para que el banco pueda iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria (declarado ilegal por el TJUE), y por si fuera poco, en su disposición transitoria primera establece la retroactividad, (a diferencia de lo aprobado por el Gobierno en relación al IAJD), de la citada e ilegal moderación, de forma que, a nuestro entender, y a pesar de las declaraciones de la ministra Calviño, podrían activarse cientos de miles de nuevos desahucios al aplicarse los nuevos vencimientos a todos los contratos firmados hasta ahora, y al reactivarse miles de procedimientos judiciales actualmente suspendidos. Impone también la vinculación obligatoria a esta ley para cualquier novación o subrogación del préstamo, otorgando a la banca la posibilidad de blanquear todas las Clausulas Abusivas que contenga el contrato,  en lugar de permitir acogerse a las condiciones más beneficiosas para el consumidor. Esta ley, de aprobarse en sus actuales términos, perjudica gravemente a la Ley de Vivienda de la PAH en materia de protección al deudor hipotecario, ya que sus contenidos están incluidos en esta.

Supone en definitiva, un nuevo acto de superprotección a la banca, tras la sentencia del TS y el espejismo de la transferencia de la obligación futura del pago IAJD, que les libera de la retroactividad que sí se impone con la ley De Guindos.

En consecuencia, pedimos al PSOE: Que reconsidere su actitud frente a esta ley, y acepte las enmiendas que limitan la responsabilidad al bien hipotecado, establecen como solución normal la dación en pago, y protegen al deudor de buena fe, en consonancia con la directiva  93/13/CE, y la jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas y sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria, así como que se elimine la retroactividad de la ley, salvo que sea condición más beneficiosa para el consumidor. Desde finales de septiembre, seguimos esperando respuesta a una solicitud de entrevista remitida al Ministerio de Economía para tratar estos temas.

2ª Vivienda.- Tras más de 33.000 desahucios en el primer semestre de este año, la burbuja galopante de los precios de alquiler, la subida de los de compra, cada vez más cerca de los incrementos de la época de la burbuja financiero/hipotecaria, el acaparamiento sistemático de centenares de miles de viviendas por fondos buitre y socimis, unido a la carencia casi absoluta de Parque Público de Vivienda, aunque se han anunciado varias, no se ha adoptado medida alguna capaz, al menos de paliar esta situación de evidente emergencia habitacional, y podríamos acabar el año con cifras de desahucios similares a las de los peores de la crisis.

Urge la aplicación inmediata de los acuerdos en materia de Vivienda, contenidos en el acuerdo para los PGE, que aunque insuficientes, pueden paliar, sobre todo en materia de alquileres, la burbuja especulativa que se sufre. Para la puesta en práctica de los mismos, no se precisa aprobar dichos PGE, se debiera hacer urgentemente por decreto. Urgen también medidas para movilizar al mercado, viviendas que actualmente están vacías (3,4 según el último censo del INE), es imprescindible definir legalmente el concepto de vivienda deshabitada o de gran tenedor de vivienda, para poder abordar medidas en esa dirección, para evitar la especulación. Las sentencias del TC sobre las leyes de vivienda de Andalucía, C. Valenciana ,Euskadi y Navarra, dejan claro que se puede establecer un canon contra las viviendas injustificadamente deshabitadas además de que se debe estudiar una reforma fiscal que las grave, y ello, a pesar de las competencias autonómicas en materia de vivienda, ya que el artículo 47 de la Constitución, establece como un Derecho Universal de la ciudadanía el acceso a la Vivienda, y además, mandata a las Administraciones Públicas a combatir la especulación. Tampoco se conoce plan alguno para ir generando el imprescindible Parque Público de Vivienda, para que el derecho de acceso a la misma no dependa, como ahora, de forma exclusiva del nivel de renta.Hace falta adoptar medidas urgentes  para disponerde las viviendas de quienes ahora las tienen, algunas provenientes de ayudas públicas y en manos de bancos rescatados, especialmente de Bankia.

Tampoco se nos han facilitado las enmiendas a la Ley de Vivienda PAH, lo que nos impide conocer cuál es la posición real del PSOE al respecto, y sobre Vivienda en general, aunque lo visto hasta ahora en la ley de crédito inmobiliario nos da muy mala espina, y nos inclina a pensar que, otra vez van a prevalecer los intereses de la banca sobre los de las personas, lo cual no tiene nada de socialista ni de progresista.

Aunque mantuvimos una entrevista con el ministro Ábalos en septiembre, y una más con la Secretaria General de Vivienda, y tenemos prevista otra, como ya hemos dicho, no vemos avances.

  1. Justicia.- Desde que en julio de 2017, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitiera un dictamen por el que condenaba a España por vulnerar el Derecho a la Vivienda, ninguno de los gobiernos habidos en España, ha hecho nada para cumplir las recomendaciones contenidas en el mismo. Además, cerca de 70 familias afectadas, han solicitado amparo al Comité, que ha pedido a España medidas cautelares concretas de suspensión temporal de desahucios. Estas peticiones, son remitidas por el Comité al solicitante, y a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, que, no tenemos constancia alguna de que los remita a ningún órgano judicial. Esto supone una clara violación de, al menos 3 artículos de la Constitución: el 96, sobre Tratados Internacionales, el 9.3 sobre el principio de legalidad, y el 10.2 sobre Derechos Fundamentales y Tratados Internacionales, igualmente supone una vulneración de la ley 25/2014 sobre Tratados Internacionales. También la sentencia 1263/2018 del Tribunal Supremo, nos recuerda la obligación de cumplir los dictámenes y recomendaciones emanados de Organismos Internacionales de Derechos Humanos y pactos suscritos por España, como el PIDESC.

 

Esta injustificable pasividad del Ministerio de Justicia, provoca además más desigualdades, ya que, hay jueces que las tienen en cuenta, y otros que las ignoran. Es urgente que el Ministerio de Justicia resuelva esta situación, para cumplir con los Derechos Humanos, los compromisos internacionales voluntariamente suscritos por España, y la Constitución, tan invocada para otras cosas mucho más superfluas para la vida de las personas.

Para tratar este tema, solicitamos también una entrevista al ministerio, el mismo día que a Economía, con el mismo resultado: Seguimos esperando.

Mientras, los juzgados Españoles se encuentran ya saturados por pleitos sobre Clausulas Abusivas que en el 98% de los casos son favorables a los clientes. Siendo así, resulta indecente que, despues de la Sentencia del TJUE sobre Clausula Suelo, aun no hayan recuperado su dinero casi la mitad de las afectadas, con lo que a los bancos les salen rentables en España los abusos cometidos y la utilizacion fraudulenta de la Justicia para retrasar lo mas posible las devoluciones, sin los intereses de demora que ellos mismos imponen a las afectadas si se retrasan minimamente.

Los 3 ámbitos expuestos, reflejan la pasividad del Gobierno en relación al Derecho a la Vivienda, sobre el que ha habido muchas declaraciones y ninguna actuación concreta, y en el que la situación de emergencia descrita en el primer párrafo del apartado de Vivienda, tendría que provocar actuaciones decididas y urgentes para poner freno a este caos especulativo, sin embargo, como hemos descrito, todo apunta a pasividad y connivencia con la banca. El PSOE está desperdiciando una oportunidad histórica para hacer justicia social, tras un rescate bancario de más de 60.000 millones sin contraprestaciones.

En España, los Derechos en materia hipotecaria o de defensa de los consumidores habidos en los últimos años, no han venido como consecuencia de cambios legislativos impulsados desde la política, sino como consecuencia de sentencias del TJUE, impulsadas en muchos casos por la lucha de la PAH. Esto genera más desigualdades, ya que, los derechos disponibles para ejercer la defensa de un deudor hipotecario, dependen de las sentencias producidas hasta ese momento, y derechos que entonces se te han negado, han sido reconocidos meses después por otra sentencia. Es por tanto imprescindible una legislación que recoja lo más avanzado para que no tenga que ser siempre el TJUE quien imparta justicia en España

Desde la PAH, estamos abiertas al diálogo, y así lo hemos demostrado, pidiendo reuniones y efectuando propuestas. Pero también exigimos medidas, algunas de las cuales se pueden aplicar ya, y sin embargo nada se mueve por la otra parte.

Estamos tan abiertas al diálogo, como dispuestas a la lucha. Acostumbradas a presionar a los bancos para conseguir paralizar desahucios, defender a las familias con daciones, recursos jurídicos, condonaciones de deudas, negociar alquileres sociales o a interponernos pacíficamente para tratar de impedir la injusticia de los desahucios. Así que, si no se deciden y aplican cambios reales, palpables y significativos, pues haremos lo que mejor sabemos hacer y mejores resultados reporta a las personas

#PSOEblanqueaLaBanca

Porlapah

Sin Justicia no hay Derechos

En España, la Vivienda es un mero bien de consumo, al que se accede sólo en función de la renta, ya que el parque público no alcanza ni el 2%. Además, la cultura preponderante impuesta por los poderes públicos ha sido la de la compra, por lo que millones de ciudadanos tuvimos que firmar una hipoteca con un banco para poder comprar nuestras casas.

Esas hipotecas siempre han estado llenas de diferentes estafas: cláusulas suelo, intereses de demora, IRPH, imposición a los avalistas de la renuncia a sus derechos, cesión y titulización de créditos, vencimiento anticipado… etc. etc. etc. Estafas que desconocíamos, entre otras cosas porque la Directiva 93/13/CE no ha sido aún e traspuesta a nuestra legislación. Fue aprobada en el último mandato de Felipe González, pero ni bajo su gobierno, ni los de Aznar, ni los de Zapatero ni los de Rajoy se ha llegado a hacer. La última condena a España en relación con esta directiva fue en enero de 2017 sobre la cláusula de vencimiento anticipado 23 años después de la directiva.

Cuando estalla la inacabada crisis, y se dispara el número de tragedias de los desahucios, es cuando empezamos a ser conscientes de las magnitudes de la estafa y de la sobreprotección que el conjunto de los poderes del Estado han venido prestando a la banca:

Los poderes políticos manteniendo la vigencia de una legislación décimonónica, inconstitucional, ilegal en relación con las normas europeas, además de irracional, desigual entre las partes y, sobre todo, profundamente injusta.

El Poder Judicial, excepto unas pocas y honrosísimas excepciones, aplicando esa legislación de manera rutinaria y acrítica, como en una cadena de montaje de desahucios. Además, utilizando sin escrúpulo alguno el aparato represivo para empujar, arrastras, golpear o multar a vecinos y activistas que tratábamos de impedir esas tremendas injusticias. Esto en lo que a la Justicia de a pie se refiere, porque en sus altas esferas esa súper protección les ha llevado a perder, no sólo la imparcialidad, sino hasta el pudor para, al menos intentar parecerlo:

En 2013 el Supremo dictó sentencia sobre las cláusulas suelo, declarándolas abusivas, pero limitando los efectos de ese abuso a la fecha de su sentencia, o lo que es lo mismo:  Lo ya robado, bien robado está. Tuvo que ser el Tribunal Europeo en 2016 el que le reiterase por enésima vez que las cláusulas abusivas no se moderan, se eliminan.

En 2017, el Supremo sentenció que el IRPH no implicaba falta de transparencia ni abusividad, estamos a la espera de pronunciamiento del TJUE, y todo apunta a que será contrario a esta Suprema Banca que se reúne ahí.

También en 2017, y reas la sentencia europea que declaraba abusiva, y por tanto nula la cláusula de vencimiento anticipado, sentencia que habría anulado cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, es el Supremo el que plantea a Europa una cuestión prejudicial preguntado si, a pesar de ser abusiva la cláusula, se podía continuar el procedimiento, también  preguntaron a Europa si, dado que las cláusulas de intereses de demora eran siempre abusivas, y había que eliminarlas ¿Cómo podrían ser compensados los bancos por las demoras?

Se han producido en nuestro país más de 700.000 desahucios, sin que esto haya provocado a esos jueces la menor alarma social o económica. El Tribunal de Justicia Europeo, ha dictado alrededor de 20 sentencias que han modificado nuestra legislación la misma que ha provocado esos desahucios, sin que ninguna Sala Judicial haya sido convocada de urgencia para revisarla y dictar doctrina modificándola. Quizás estaban demasiado ocupados en defender a los banco.

La Sala de lo Contencioso, que venía dictando sentencias progresistas, se ha visto destruida por los jueces defensores a ultranza de la banca en relación son las sentencias del impuesto de actos jurídicos documentados. En una convocatoria sin precedentes, y bajo criterios económicos, el todavía presidente de la Sala, antiguo empleado de la patronal bancaria, y familia de un despacho jurídico que asesoró a la banca en el caso de las cláusulas suelo Díez-Picazo, aupado al puesto por su presidente Carlos Lesmes, decide suspender recursos y convocar un pleno de sala que acaba como ya sabemos y la banca anhelaba: la vuelta a que el pago del impuesto por los hipotecados.

De forma inmediata, el Presidente Pedro Sánchez, anuncia un decreto-ley para revertir el sentenciazo y que en lo sucesivo sean los bancos quienes lo paguen, impidiendo así que quienes han sido injustamente obligados a pagarlo lo puedan recuperar, salvo sentencia en contra del TJUE claro ¡Qué curioso! ¡Lo mismo que hizo el Supremo con las cláusulas suelo…! ¡Dejen ya de trincar pero llévense lo trincado! Aunque es una acción rápida y coherente la del Gobierno La banca vuelve a ganar…

Sobre los Derechos de los hipotecados, el PSOE, vía ministra Calviño, está bloqueando las enmiendas a la ley de crédito inmobiliario que desde la PAH propusimos a Unidos Podemos en materia de protección de los deudores hipotecarios, tales como la dación en pago, la limitación de la responsabilidad al bien hipotecado, la irrenunciabilidad de los derechos de los avalistas, cesión y titulización del crédito y otras. Sin embargo, desde el Grupo Socialista, apoyado en esto por PP y Cs, se están rechazando tales enmiendas de forma que esos derechos, si no hay un cambio por parte del PSOE, no serán incluidos.

Para que se tenga claro de qué hablamos, debe saberse que el proyecto de ley de crédito inmobiliario, fue elaborado por el banquero De Guindos antes de su marcha al BCE, con su táctica ilegal de moderar cláusulas abusivas, en este caso, de nuevo la de vencimiento anticipado, y de salir aprobada ley en sus términos, se podrían reactivar cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación, devolviéndonos a la situación en que los desahucios por impago de hipoteca vuelvan a superar a los de alquiler. Desde la PAH, tenemos además la percepción de que el PSOE y el Gobierno no son conscientes de los efectos que van a provocar si no aceptan estas enmiendas. El rechazo a las enmiendas, además, provocará daños colaterales en la Ley Vivienda PAH, en concreto las contenidas en el capítulo de medidas de protección a los deudores hipotecarios, puesto que esas medidas, también están incluidas en la de crédito inmobiliario, y será muy difícil después recuperarlos.

Actualmente, la Ley de Vivienda de la PAH está siendo nueva víctima del fraude sistemático de PP y Cs, que van pidiendo prórroga tras prórroga del plazo de enmiendas, impidiendo su normal y rápida tramitación. Para ellos parece más importante el bloqueo en favor de grandes tenedores de vivienda (fondos buitres, bancos y socimis) que frenar los desahucios (más de 33.000 en el primer semestre de este año), o la burbuja de los alquileres o la pobreza energética.

Por todo esto, exigimos al Gobierno que, en aras de adaptar nuestra legislación a los estándares y derechos europeos, tenga muy presente en la Ley de Crédito inmobiliario la directiva 93/13/CE sobre contratos celebrados entre profesionales y consumidores, así como la jurisprudencia del TJUE que rechaza moderar cláusulas abusivas y exige su eliminación, y que atienda a las enmiendas que van ese sentido.

Madrid, 10 de noviembre de 2018

Porlapah

Pedro Sánchez se queda corto

En relación con el anuncio hecho por Pedro Sánchez tras la sentencia del Supremo de ayer, sobre el real decreto que piensa aprobar mañana el Gobierno, para que el impuesto de actos jurídicos documentados lo pague la banca en lo sucesivo, desde la PAH consideramos que:

1º Es una medida que intenta salvaguardar la decisión del Supremo, en el sentido de liberar a la banca de la retroactividad y de la obligación de devolver a las familias las cantidades indebidamente pagadas por éstas, estableciendo que en lo sucesivo sean los bancos quienes lo hagan, que ya encontrarán la fórmula de cobrárnoslo.

2º Es una medida insuficiente a la hora de proteger a los deudores hipotecarios. Nos recuerda a aquella otra sentencia del Supremo de 2013, sobre las cláusulas suelo en la que intentaron liberar de la retroactividad a la banca, y que fue corregida por el TJUE en 2016. A los bancos no les costará encontrar la fórmula de cobrárnoslo y lo pagado, pues pagado está.

3º Este país lo que necesita urgentemente es una legislación hipotecaria acorde con los estándares europeos, donde la parte claramente más débil, esté suficientemente protegida. Para lograr esto, Pedro Sánchez tiene la opción a aceptar en la ley de crédito las enmiendas que protegen al deudor hipotecario, como son la dación en pago, la limitación de la responsabilidad al bien hipotecado… Introduciendo también los criterios establecidos en la Directiva 93/13/UE, sobre los contratos entre profesionales y consumidores de forma que se reequilibre la radical desigualdad entre prestamistas y prestatarios, banqueros e hipotecados, protegiendo especialmente a la parte más débil, y no como hasta ahora, en que la sentencia del Supremo es el último ejemplo de la desigualdad existente. Hasta el momento, Pedro Sánchez se está apoyando en PP y Cs para sacar adelante el proyecto del banquero De Guindos, y viene rechazando enmiendas que van en sentido contrario.

4º Pero si como anunció hace tiempo Pedro Sánchez, lo que desea es garantizar el Derecho a la Vivienda, dispone de un instrumento idóneo: La Ley de Vivienda PAH, actualmente en trámite suspendido por el fraude sistemático petición de prórrogas que vienen haciendo PP y Cs, demostrando que la situación de emergencia habitacional que atraviesa el país no les afecta.

Por tanto, desde la PAH, no vemos otro camino que el de seguir luchando, movilizándonos, porque nada ha cambiado, todo presagia que los más de 33.000 desahucios del primer semestre de este año, van a ser ampliamente superados en el segundo. Los precios de los alquileres no dejan de subir. Las casas vacías siguen vacías sin que nadie haga nada por movilizarlas para ampliar el parque público de vivienda y dar respuesta a la emergencia habitacional.

Por eso la PAH ha convocado y mantiene movilizaciones en todos los territorios para este viernes, y para el próximo sábado ante el Supremo en Madrid.

Porlapah

LA PAH LUCHARÁ PORQUE HAYA JUSTICIA CONTRA ESTA SENTENCIA VERGONZOSA DEL TRIBUNAL SUPREMO

15 marionetas obedeciendo a la banca en el tribunal Supremo

La Sala de lo contencioso del Tribunal Supremo ha perpetrado un nuevo golpe a la ciudadanía de este país, en su permanente parcialidad, dependencia y sumisión a los poderes económicos. El presidente de la Sala, decidió, en una acción sin precedentes, la suspensión de todos los procedimientos ya en trámite, y la convocatoria de la reunión que ayer concluyó con una flagrante violación de la jurisprudencia del TJUE en relación con las cláusulas abusivas.

Después de 2 semanas de intensa presión mediática de la banca en su favor, han logrado que jueces serviles a sus intereses, volteen una jurisprudencia justa y acorde con la europea, nacida de la Sección II.

Esta decisión viene a confirmar la impunidad que los máximos jueces de este país otorgan a las entidades financieras. No olvidamos su sentencia sobre las cláusulas suelo, su consulta al TJUE sobre el vencimiento anticipado o los intereses de demora, siempre para beneficiar a la banca y contra los intereses de la ciudadanía.  No lo olvidamos.

Tampoco olvidamos cómo han venido ignorando sistemáticamente los más de 700.000 desahucios ni cómo han mirado a otro sitio cuando sentencia tras sentencia del TJUE iban llegando derechos a los hipotecados, ellos no han hecho el menor esfuerzo para revisar nuestras injustas leyes.

Siempre hemos dicho que todos los poderes del Estado han estado al servicio de la banca.  El político, manteniendo una legislación a todas luces injusta, y en muchos aspectos ilegal, según ha sentenciado en casi 20 ocasiones el TJUE. El judicial, salvo muy honrosas y escasas excepciones, aplicando rutinariamente esa legislación que expulsa a la gente de sus casas y les deja deudas impagables y de por vida, y dictando sentencias como esta, fuera de toda lógica jurídica y opuesta a la doctrina del TJUE. Y por supuesto, el aparato represor que nos empuja, golpea o multa con la ley mordaza. Todos ellos, trabajando para garantizar la impunidad financiera.

Pero por si a los banqueros no les basta, en el Congreso se está tramitando la ley de crédito inmobiliario, elaborada por el banquero De Guindos y orientada a la protección aún mayor de la banca frente a la gente, moderando cláusulas abusivas e intentando reactivar los miles y miles de procedimientos suspendidos por la acción del Supremo ante el TJUE sobre el vencimiento anticipado; hay un grave peligro de que también se carguen la protección a deudores hipotecarios, la dación en pago e impongan la responsabilidad ilimitada, la cesión de crédito/titulización e intereses de demora altos. Y PP, Cs y PSOE quieren aprobar ese proyecto, mientras PP y Cs están bloqueando la Ley de Vivienda de la PAH mediante la petición de prórrogas del plazo de enmiendas.

Parece que a nadie le importen los más de 33.000 desahucios del primer semestre de este año, ni los precios de los alquileres, o los precios de compra de viviendas, ni la violación de los Derechos Humanos en materia de vivienda que no cesa de denunciar el Comité DESC de la ONU… Quieren reactivar las ejecuciones hipotecarias para que haya más desahucios y podamos incluso superar las cifras de los peores años de la crisis.

Por eso la PAH nos lanzamos a movilizaciones que comenzarán en los territorios con caceroladas ante los juzgados mañana miércoles a las 11.30 horas. El viernes ante los TTSSJJ cuando lo decidan los diferentes territorios y el sábado a las 18 horas en Madrid ante el Supremo.

LA BANCA MANDA, LA JUSTICIA OBEDECE!

SÍ SE PUEDE!