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PorLa PAH

Sin Justicia no hay Derechos

En España, la Vivienda es un mero bien de consumo, al que se accede sólo en función de la renta, ya que el parque público no alcanza ni el 2%. Además, la cultura preponderante impuesta por los poderes públicos ha sido la de la compra, por lo que millones de ciudadanos tuvimos que firmar una hipoteca con un banco para poder comprar nuestras casas.

Esas hipotecas siempre han estado llenas de diferentes estafas: cláusulas suelo, intereses de demora, IRPH, imposición a los avalistas de la renuncia a sus derechos, cesión y titulización de créditos, vencimiento anticipado… etc. etc. etc. Estafas que desconocíamos, entre otras cosas porque la Directiva 93/13/CE no ha sido aún e traspuesta a nuestra legislación. Fue aprobada en el último mandato de Felipe González, pero ni bajo su gobierno, ni los de Aznar, ni los de Zapatero ni los de Rajoy se ha llegado a hacer. La última condena a España en relación con esta directiva fue en enero de 2017 sobre la cláusula de vencimiento anticipado 23 años después de la directiva.

Cuando estalla la inacabada crisis, y se dispara el número de tragedias de los desahucios, es cuando empezamos a ser conscientes de las magnitudes de la estafa y de la sobreprotección que el conjunto de los poderes del Estado han venido prestando a la banca:

Los poderes políticos manteniendo la vigencia de una legislación décimonónica, inconstitucional, ilegal en relación con las normas europeas, además de irracional, desigual entre las partes y, sobre todo, profundamente injusta.

El Poder Judicial, excepto unas pocas y honrosísimas excepciones, aplicando esa legislación de manera rutinaria y acrítica, como en una cadena de montaje de desahucios. Además, utilizando sin escrúpulo alguno el aparato represivo para empujar, arrastras, golpear o multar a vecinos y activistas que tratábamos de impedir esas tremendas injusticias. Esto en lo que a la Justicia de a pie se refiere, porque en sus altas esferas esa súper protección les ha llevado a perder, no sólo la imparcialidad, sino hasta el pudor para, al menos intentar parecerlo:

En 2013 el Supremo dictó sentencia sobre las cláusulas suelo, declarándolas abusivas, pero limitando los efectos de ese abuso a la fecha de su sentencia, o lo que es lo mismo:  Lo ya robado, bien robado está. Tuvo que ser el Tribunal Europeo en 2016 el que le reiterase por enésima vez que las cláusulas abusivas no se moderan, se eliminan.

En 2017, el Supremo sentenció que el IRPH no implicaba falta de transparencia ni abusividad, estamos a la espera de pronunciamiento del TJUE, y todo apunta a que será contrario a esta Suprema Banca que se reúne ahí.

También en 2017, y reas la sentencia europea que declaraba abusiva, y por tanto nula la cláusula de vencimiento anticipado, sentencia que habría anulado cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, es el Supremo el que plantea a Europa una cuestión prejudicial preguntado si, a pesar de ser abusiva la cláusula, se podía continuar el procedimiento, también  preguntaron a Europa si, dado que las cláusulas de intereses de demora eran siempre abusivas, y había que eliminarlas ¿Cómo podrían ser compensados los bancos por las demoras?

Se han producido en nuestro país más de 700.000 desahucios, sin que esto haya provocado a esos jueces la menor alarma social o económica. El Tribunal de Justicia Europeo, ha dictado alrededor de 20 sentencias que han modificado nuestra legislación la misma que ha provocado esos desahucios, sin que ninguna Sala Judicial haya sido convocada de urgencia para revisarla y dictar doctrina modificándola. Quizás estaban demasiado ocupados en defender a los banco.

La Sala de lo Contencioso, que venía dictando sentencias progresistas, se ha visto destruida por los jueces defensores a ultranza de la banca en relación son las sentencias del impuesto de actos jurídicos documentados. En una convocatoria sin precedentes, y bajo criterios económicos, el todavía presidente de la Sala, antiguo empleado de la patronal bancaria, y familia de un despacho jurídico que asesoró a la banca en el caso de las cláusulas suelo Díez-Picazo, aupado al puesto por su presidente Carlos Lesmes, decide suspender recursos y convocar un pleno de sala que acaba como ya sabemos y la banca anhelaba: la vuelta a que el pago del impuesto por los hipotecados.

De forma inmediata, el Presidente Pedro Sánchez, anuncia un decreto-ley para revertir el sentenciazo y que en lo sucesivo sean los bancos quienes lo paguen, impidiendo así que quienes han sido injustamente obligados a pagarlo lo puedan recuperar, salvo sentencia en contra del TJUE claro ¡Qué curioso! ¡Lo mismo que hizo el Supremo con las cláusulas suelo…! ¡Dejen ya de trincar pero llévense lo trincado! Aunque es una acción rápida y coherente la del Gobierno La banca vuelve a ganar…

Sobre los Derechos de los hipotecados, el PSOE, vía ministra Calviño, está bloqueando las enmiendas a la ley de crédito inmobiliario que desde la PAH propusimos a Unidos Podemos en materia de protección de los deudores hipotecarios, tales como la dación en pago, la limitación de la responsabilidad al bien hipotecado, la irrenunciabilidad de los derechos de los avalistas, cesión y titulización del crédito y otras. Sin embargo, desde el Grupo Socialista, apoyado en esto por PP y Cs, se están rechazando tales enmiendas de forma que esos derechos, si no hay un cambio por parte del PSOE, no serán incluidos.

Para que se tenga claro de qué hablamos, debe saberse que el proyecto de ley de crédito inmobiliario, fue elaborado por el banquero De Guindos antes de su marcha al BCE, con su táctica ilegal de moderar cláusulas abusivas, en este caso, de nuevo la de vencimiento anticipado, y de salir aprobada ley en sus términos, se podrían reactivar cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación, devolviéndonos a la situación en que los desahucios por impago de hipoteca vuelvan a superar a los de alquiler. Desde la PAH, tenemos además la percepción de que el PSOE y el Gobierno no son conscientes de los efectos que van a provocar si no aceptan estas enmiendas. El rechazo a las enmiendas, además, provocará daños colaterales en la Ley Vivienda PAH, en concreto las contenidas en el capítulo de medidas de protección a los deudores hipotecarios, puesto que esas medidas, también están incluidas en la de crédito inmobiliario, y será muy difícil después recuperarlos.

Actualmente, la Ley de Vivienda de la PAH está siendo nueva víctima del fraude sistemático de PP y Cs, que van pidiendo prórroga tras prórroga del plazo de enmiendas, impidiendo su normal y rápida tramitación. Para ellos parece más importante el bloqueo en favor de grandes tenedores de vivienda (fondos buitres, bancos y socimis) que frenar los desahucios (más de 33.000 en el primer semestre de este año), o la burbuja de los alquileres o la pobreza energética.

Por todo esto, exigimos al Gobierno que, en aras de adaptar nuestra legislación a los estándares y derechos europeos, tenga muy presente en la Ley de Crédito inmobiliario la directiva 93/13/CE sobre contratos celebrados entre profesionales y consumidores, así como la jurisprudencia del TJUE que rechaza moderar cláusulas abusivas y exige su eliminación, y que atienda a las enmiendas que van ese sentido.

Madrid, 10 de noviembre de 2018

PorLa PAH

Pedro Sánchez se queda corto

En relación con el anuncio hecho por Pedro Sánchez tras la sentencia del Supremo de ayer, sobre el real decreto que piensa aprobar mañana el Gobierno, para que el impuesto de actos jurídicos documentados lo pague la banca en lo sucesivo, desde la PAH consideramos que:

1º Es una medida que intenta salvaguardar la decisión del Supremo, en el sentido de liberar a la banca de la retroactividad y de la obligación de devolver a las familias las cantidades indebidamente pagadas por éstas, estableciendo que en lo sucesivo sean los bancos quienes lo hagan, que ya encontrarán la fórmula de cobrárnoslo.

2º Es una medida insuficiente a la hora de proteger a los deudores hipotecarios. Nos recuerda a aquella otra sentencia del Supremo de 2013, sobre las cláusulas suelo en la que intentaron liberar de la retroactividad a la banca, y que fue corregida por el TJUE en 2016. A los bancos no les costará encontrar la fórmula de cobrárnoslo y lo pagado, pues pagado está.

3º Este país lo que necesita urgentemente es una legislación hipotecaria acorde con los estándares europeos, donde la parte claramente más débil, esté suficientemente protegida. Para lograr esto, Pedro Sánchez tiene la opción a aceptar en la ley de crédito las enmiendas que protegen al deudor hipotecario, como son la dación en pago, la limitación de la responsabilidad al bien hipotecado… Introduciendo también los criterios establecidos en la Directiva 93/13/UE, sobre los contratos entre profesionales y consumidores de forma que se reequilibre la radical desigualdad entre prestamistas y prestatarios, banqueros e hipotecados, protegiendo especialmente a la parte más débil, y no como hasta ahora, en que la sentencia del Supremo es el último ejemplo de la desigualdad existente. Hasta el momento, Pedro Sánchez se está apoyando en PP y Cs para sacar adelante el proyecto del banquero De Guindos, y viene rechazando enmiendas que van en sentido contrario.

4º Pero si como anunció hace tiempo Pedro Sánchez, lo que desea es garantizar el Derecho a la Vivienda, dispone de un instrumento idóneo: La Ley de Vivienda PAH, actualmente en trámite suspendido por el fraude sistemático petición de prórrogas que vienen haciendo PP y Cs, demostrando que la situación de emergencia habitacional que atraviesa el país no les afecta.

Por tanto, desde la PAH, no vemos otro camino que el de seguir luchando, movilizándonos, porque nada ha cambiado, todo presagia que los más de 33.000 desahucios del primer semestre de este año, van a ser ampliamente superados en el segundo. Los precios de los alquileres no dejan de subir. Las casas vacías siguen vacías sin que nadie haga nada por movilizarlas para ampliar el parque público de vivienda y dar respuesta a la emergencia habitacional.

Por eso la PAH ha convocado y mantiene movilizaciones en todos los territorios para este viernes, y para el próximo sábado ante el Supremo en Madrid.

PorLa PAH

LA PAH LUCHARÁ PORQUE HAYA JUSTICIA CONTRA ESTA SENTENCIA VERGONZOSA DEL TRIBUNAL SUPREMO

15 marionetas obedeciendo a la banca en el tribunal Supremo

La Sala de lo contencioso del Tribunal Supremo ha perpetrado un nuevo golpe a la ciudadanía de este país, en su permanente parcialidad, dependencia y sumisión a los poderes económicos. El presidente de la Sala, decidió, en una acción sin precedentes, la suspensión de todos los procedimientos ya en trámite, y la convocatoria de la reunión que ayer concluyó con una flagrante violación de la jurisprudencia del TJUE en relación con las cláusulas abusivas.

Después de 2 semanas de intensa presión mediática de la banca en su favor, han logrado que jueces serviles a sus intereses, volteen una jurisprudencia justa y acorde con la europea, nacida de la Sección II.

Esta decisión viene a confirmar la impunidad que los máximos jueces de este país otorgan a las entidades financieras. No olvidamos su sentencia sobre las cláusulas suelo, su consulta al TJUE sobre el vencimiento anticipado o los intereses de demora, siempre para beneficiar a la banca y contra los intereses de la ciudadanía.  No lo olvidamos.

Tampoco olvidamos cómo han venido ignorando sistemáticamente los más de 700.000 desahucios ni cómo han mirado a otro sitio cuando sentencia tras sentencia del TJUE iban llegando derechos a los hipotecados, ellos no han hecho el menor esfuerzo para revisar nuestras injustas leyes.

Siempre hemos dicho que todos los poderes del Estado han estado al servicio de la banca.  El político, manteniendo una legislación a todas luces injusta, y en muchos aspectos ilegal, según ha sentenciado en casi 20 ocasiones el TJUE. El judicial, salvo muy honrosas y escasas excepciones, aplicando rutinariamente esa legislación que expulsa a la gente de sus casas y les deja deudas impagables y de por vida, y dictando sentencias como esta, fuera de toda lógica jurídica y opuesta a la doctrina del TJUE. Y por supuesto, el aparato represor que nos empuja, golpea o multa con la ley mordaza. Todos ellos, trabajando para garantizar la impunidad financiera.

Pero por si a los banqueros no les basta, en el Congreso se está tramitando la ley de crédito inmobiliario, elaborada por el banquero De Guindos y orientada a la protección aún mayor de la banca frente a la gente, moderando cláusulas abusivas e intentando reactivar los miles y miles de procedimientos suspendidos por la acción del Supremo ante el TJUE sobre el vencimiento anticipado; hay un grave peligro de que también se carguen la protección a deudores hipotecarios, la dación en pago e impongan la responsabilidad ilimitada, la cesión de crédito/titulización e intereses de demora altos. Y PP, Cs y PSOE quieren aprobar ese proyecto, mientras PP y Cs están bloqueando la Ley de Vivienda de la PAH mediante la petición de prórrogas del plazo de enmiendas.

Parece que a nadie le importen los más de 33.000 desahucios del primer semestre de este año, ni los precios de los alquileres, o los precios de compra de viviendas, ni la violación de los Derechos Humanos en materia de vivienda que no cesa de denunciar el Comité DESC de la ONU… Quieren reactivar las ejecuciones hipotecarias para que haya más desahucios y podamos incluso superar las cifras de los peores años de la crisis.

Por eso la PAH nos lanzamos a movilizaciones que comenzarán en los territorios con caceroladas ante los juzgados mañana miércoles a las 11.30 horas. El viernes ante los TTSSJJ cuando lo decidan los diferentes territorios y el sábado a las 18 horas en Madrid ante el Supremo.

LA BANCA MANDA, LA JUSTICIA OBEDECE!

SÍ SE PUEDE!

PorLa PAH

Este lunes 5 de noviembre, la PAH inicia nuevas movilizaciones para que la banca pague por todas las cláusulas abusivas frente a los intentos de blanquearlas.

Tanto el Tribunal Supremo, como el Parlamento en la Ley de Créditos Inmobiliarios, han de seguir la jurisprudencia del TJUE a favor de los consumidores y anular los abusos bancarios.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró abusiva la legislación hipotecaria española, mandatando que las cláusulas abusivas han de eliminarse del contrato, gracias a lo cual el afectado ha podido reclamar al banco el dinero pagado de más o incluso suspender su ejecución hipotecaria en los tribunales, abriendo nueva jurisprudencia. Dentro de dicha vía judicial, la sentencia 1505/2018 de la sala especializada en tributos del Tribunal Supremo indica que es el banco quien debe pagar el impuesto por escriturar el préstamo, ya que precisamente eso le permite ejecutar la vivienda si se impaga alguna cuota. Otra punta de lanza para reclamar a quienes no han dudado en ejecutar hasta la casa de los avalistas.

Desde la PAH denunciamos que, en lugar de hacer justicia planteándose lo terrible de que 700.000 desahucios se hayan ejecutado a través de un procedimiento abusivo por no haber transpuesto la directiva europea de protección al consumidor, los poderes del Estado sólo se estén revolviendo por la repercusión en la cuenta de beneficios de la banca, lo que intentan paliar con 2 vías de blanqueo:

1) Presionando al Tribunal Supremo para que blanquee el alcance de la sentencia, que como cláusula viciada de origen debe ser retroactiva total.

2) Legalizando los abusos bancarios en la Ley de Créditos Inmobiliarios, diseñada por De Guindos y que ni PSOE ni Cs están enmendando para eliminar de raíz las cláusulas abusivas, entre ellas la responsabilidad ilimitada, la cantidad de intereses o la cesión a fondos buitres. Especialmente relevante es el blanqueamiento retroactivo del “vencimiento anticipado” cuando el TJUE aún está pendiente de pronunciarse, lo que supondría una nueva ola de ejecuciones hipotecarias y desahucios.

Ante esta estrategia de los poderes fácticos frente a la vía de la Ley Vivienda PAH, la PAH se pone en pie, no sólo para que los tribunales sean firmes ante los abusos bancarios, también para que el Parlamento y el Gobierno no permitan un abuso más, modificando la Ley de Créditos Inmobiliarios a favor del consumidor y aprobando las medidas contenidas en la Ley Vivienda PAH, como la dación en pago retroactiva.

Este lunes 5 de noviembre es un pistoletazo de salida para acabar con las cláusulas abusivas, interpelando a los poderes públicos para que legislen a favor del derecho a la vivienda frente a la especulación financiera.

MANIFIESTO

Ante la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto hipotecario, la PAH manifiesta:

  • PRIMERA, QUE LOS GASTOS DE HIPOTECA LOS HAN DE PAGAR LOS BANCOS.

La razón es que los Bancos nos imponen la escritura hipotecaria a las personas consumidoras con el objetivo de, si no se pagan las cuotas hipotecarias, poder ejercer la garantía: es decir, iniciar un procedimiento judicial que puede acabar quedándose con nuestra vivienda. Por tanto, es absurdo que los gastos que ocasiona la escritura hipotecaria sean pagados por las personas afectadas, puesto que somos nosotras, las personas quienes estamos perjudicadas. Sólo el banco tiene interés en ello, como se deduce del art 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y recoge la sentencia 1505/2018 de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, relativa al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados

  • SEGUNDA, EL MANTENIMIENTO DE LA SENTENCIA 1505/2018 Y EL RESPETO AL TJUE.

Nunca se ha convocado un Pleno de una Sala del Tribunal Supremo tras una sentencia. Nos encontramos ante una actuación sin precedentes: el Presidente de la Sala, al día siguiente de conocerse la Sentencia, ante “su enorme repercusión económica y social”, acordó, “con carácter urgente”, “dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recurso de casación pendientes con un objeto similar”, y “avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado”.

Esto, en su caso, debería haberse realizado antes de la sentencia, por ello la utilización indebida de las facultades legales del Tribunal Supremo, ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable, ya que parece que toda esta maniobra sólo tiene un objetivo: empequeñecer al máximo las repercusiones de la sentencia en la Banca.

A la PAH y a las organizaciones que apoyan esta concentración nos parece indigno que el Poder Judicial sea sensibles precisamente cuando se toca un euro de la banca, pero nunca, nunca, haya movido ni un solo dedo, cuando la ciudadanía ha sufrido lo indecible durante los años de la llamada crisis:

A) Especialmente los 700.000 desahucios el amparo de una legislación que nos ha dejado muchas veces en una situación de indefensión, una legislación en muchos aspectos preconstitucional, e ilegal por contener infinidad de cláusulas abusivas. Ante ellas, no hemos tenido conocimiento de ninguna reunión de la Sala Judicial que estudiase las repercusiones sociales ni pudiera en duda la validez de dicha legislación; ha tenido que ser el TJUE quien, sistemáticamente, la ha refutado y modificado.

B) También hemos de recordar otras prácticas bancarias abusivas, como las preferentes o las clausulas suelo. No es la primera vez que desde el Tribunal Supremo emanan sentencias o acuerdos que, después tienen que ser rectificadas por el TJUE, para proteger lo que en España se había desprotegido (por cierto, siempre a la parte más débil) o actuando deliberadamente contra la jurisprudencia del Tribunal Europeo, intentando moderar cláusulas abusivas, para permitir así una parte del abuso. Recuérdese la sentencia de la Sala de lo Civil nº 241/2013 de 9 de mayo, sobre las cláusulas suelo, limitando la restitución de lo indebidamente cobrado por la banca a la fecha de la sentencia. Teniendo que ser el TJUE en sentencia de diciembre de 2016 el que restituyera el daño provocado por el Tribunal Supremo, al ratificar por enésima vez que no se pueden moderar las cláusulas abusivas, que hay que tenerlas por No puestas. Todo ello, sin olvidar las cuestiones prejudiciales en relación con las cláusulas de vencimiento anticipado y la de intereses de demora.

Rechazamos la total falta de sensibilidad hacia los intereses de la ciudadanía y que las decisiones del TS no estén motivadas por argumentos jurídicos que las justifiquen, sino por razones económicas y sociales cuando afectan a los poderosos, como ahora, que parece que responde a presiones de la banca. Y si eso es así, denunciamos alto y claro se rompe no solo uno de los principios de la democracia, como es la independencia de la justicia, sino también que el poder judicial está sometido y al servicio del poder fáctico que constituye la banca. Esto significaría una apuesta por la ruptura del sistema democrático, y esta concentración viene aquí, hoy, a manifestar que no lo tolerará: porque la justicia y las leyes han de estar al servicio de una sociedad democrática.

Por estas razones, la PAH y las Organizaciones que le dan apoyo (y que ahora pasaremos a leer) exige al Pleno de la Sala que no haga otra cosa que ratificar la sentencia 1505/2018, confirmando la obligación por parte de los bancos al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, declarando abusiva la cláusula que impone al cliente el pago de la misma y admitiendo la retroactividad desde el origen por la anulación de esta cláusula abusiva.

Finalmente hemos de comunicar que no sólo nos preocupa el Pleno del Tribunal Supremo. Este problema de hoy no es más que la punta del iceberg. Actualmente Se está tramitando en el Congreso de los Diputados la ley de crédito inmobiliario, elaborada por el ex ministro y banquero De Guindos, y que, entre otras cláusulas abusivas, mantiene la figura del “Vencimiento Anticipado”, puenteando con todo descaro al TJUE, que está pendiente de una pronta resolución que puede declarar con bastantes indicios que el Vencimiento Anticipado es también una importante cláusula abusiva.

Desde la PAH interpelamos al PSOE para que no ratifique las propuestas del PP en esta materia y garantice todas las medidas propuestas en defensa de los deudores hipotecarios, advirtiendo que, si no se modifica el texto actualmente defendido por Cs, PP y PSOE, podrían reactivarse miles de procedimientos de ejecución hipotecaria actualmente suspendidos en la mayor parte de las Audiencias Provinciales, con el consiguiente aumento de los desahucios y sufrimiento para miles de familias.

¡POR ESO, ESTA ACCIÓN VA A SER EL PISTOLETAZO DE SALIDA PARA NUEVAS MOVILIZACIONES SI SE SIGUE LEGISLANDO EN NUESTRA CONTRA EN MATERIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS!!

POR QUE LOS BANCOS, PAGUEN LOS GASTOS DE LAS HIPOTECAS!!

POR EL DERECHO A LA VIVIENDA!!

PorLa PAH

¡Hemos vuelto a hacer posible el imposible: recuperamos la 24/2015 para parar desahucios y ampliar el parque de alquiler social!

Las medidas clave de vivienda impugnadas de la Ley 24/2015 volverán a ser vigentes en Cataluña

Martes 30 de octubre de 2018

Hoy martes 30 de octubre, el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado firman el acuerdo para retirar el recurso de inconstitucionalidad contra parte de los artículos impugnados de la Ley 24/2015. Este importante hito que anunciamos, ha sido posible gracias a las familias que cada día están a pie de calle parando desahucios, a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas se tienen que cambiar, a las que ya no están pero recordamos cuando nos dan fuerza para seguir batallando, a las 150.000 personas que firmaron para parar los desahucios en Cataluña y a todas las entidades que nos han apoyado en el camino de hacer posible el imposible. 

Por fin podemos decir con orgullo que hemos recuperado la parte de vivienda de la Ley contra los desahucios y la pobreza energética que el PP, obedeciendo a la banca, impugnó en mayo del 2016. Después de recoger 150.000 firmas con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en 2015 y conseguir que el Parlamento de Cataluña lo aprobara por unanimidad, el Partido Popular puso un recurso a la ley que paraba los desahucios y daba herramientas para ampliar el parque de vivienda social a los municipios.

Sabemos que la banca daba por sentenciada y enterrada la Ley. Pero la esperanza y la solidaridad han ganado de nuevo la partida. La fuerza que hizo posible su aprobación, con un apoyo social agobiante y por unanimidad en el Parlamento y la defensa incansable en la calle que salvó la parte de pobreza energética del recurso del PP, ha funcionado de nuevo y ha posibilitado contra todo pronóstico recuperarla después de la caída del PP del Gobierno del Estado.

Después de luchar contra el ignominioso recurso del PP, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 exigimos valentía y coherencia a los nuevos gobiernos de la Generalitat de Cataluña y del Estado para recuperar una herramienta que funcionaba y daba soluciones a miles de familias en Cataluña. Lo hicimos desde la urgencia que pide parar de una vez por todas la emergencia habitacional: la situación ingobernable de desahucios ejecutados en Cataluña – 61 desahucios diarios liderando el ranking de la vergüenza -, y el colapso de las meses de emergencia con unas 2000 familias en lista de espera. No había excusas para no recuperar la ley y garantizar el derecho a la vivienda. Desde julio hemos estado trabajando para recuperar la ley más garantista en materia de vivienda: hubiera tenido que ser mucho más sencillo, al tratarse de un compromiso que asumió el PSOE cuando fue impugnada y al haber sido aprobada por unanimidad al Parlamento. Pero ha sido la esperanza y la solidaridad quien ha ganado el pulso a los especuladores que viven de hacer negocio con los derechos fundamentales.

Los efectos concretos sobre la vida de las personas son muy importantes: hacemos público un resumen y en los próximos días difundiremos el detalle de las herramientas que dispondrá la ciudadanía, entidades sociales y Ayuntamientos para defender el derecho a la vivienda y a los suministros básicos:

  1. Después de que el viernes el Consejo de Ministros lo ratifique y comunique al Tribunal Constitucional para que cierre el procedimiento, recuperaremos dos herramientas fundamentales para acabar con los desahucios y aumentar las viviendas de alquiler social: 
  • Oferta de alquiler social obligatorio para garantizar una vivienda en desahucios de hipoteca y de alquiler de grandes propietarios(artículo 5, apartados 1-2-3-4 y 9): para los desahucios en curso y para los nuevos procedimientos, no hacer la oferta de alquiler o no respetar los precios sociales que marca la Ley, comporta multas de 90.000 euros.
  • Cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos y fundes buitre a las administraciones para alquiler social (artículo 7): la Generalitat y los Ayuntamientos pueden usar esta herramienta recuperada. Las listas de espera a las meses de emergencias se tienen que acabar con inmediatez.
  1. Las medidas contra el sobreendeudamientose recuperan con carácter extrajudicial y de mediación entre la banca y las deudoras, porque los dos gobiernos han acordado recuperar los artículos de la Ley 4/2016, que son menos vinculantes y efectivos. La PAH seguirá exigiendo dación en pago y cancelación de deudas a los bancos y en el Congreso con la #LeyViviendaPAH.
  2. Laobligación de realojo por parte de las administraciones y ayudas para los desahucios de pequeños propietarios (artículo 5.6) no fue impugnada y sigue vigente, con la diferencia que ahora tenemos la cesión obligatoria para obtener las viviendas sociales que se necesitan.
  3. Lasmedidas contra la pobreza energética y los corteslas salvamos del recurso y nunca han dejado de estar vigentes (artículo 6): por eso toda familia vulnerable tiene garantizados los suministros básicos de agua, luz y gas. Es imprescindible que se firmen los convenios y que las empresas suministradoras asuman las deudas de las familias vulnerables, a cargo de sus ingentes beneficios.

Hoy podemos decir que hemos conseguido aquello que nos decían que era imposible. A partir de hoy seguiremos atentas para que se cumplan y se apliquen al 100% las leyes sociales nacidas en la calle. Hoy hemos subido definitivamente un escalón en la escalera de la conquista de los derechos sociales, que no bajaremos nunca más.

Ahora más que nunca exigiremos que se cumpla la Ley hasta la última coma. Avisamos a la banca, fondos buitre y eléctricas, que no toleraremos ningún intento más de eludir sus responsabilidades. Estaremos vigilantes y denunciaremos cualquier intento de hacerlo. También velaremos porque las Administraciones públicas apliquen con firmeza todas las medidas para proteger el derecho a la vivienda y a los suministros básicos de toda la población, en especial de las personas más vulnerables. Quien no lo haga nos tendrá delante.

Una vez más hemos demostrado que sí, que se puede. Ahora toca pasar página a los desahucios y a los cortes de suministros en Cataluña, ¡sin excusas! ¡Seguiremos exigiendo todos los cambios que faltan (aumentar el parque público al 15%, modificar la Ley de arrendamientos, etc.) para conseguir recuperar nuestro derecho a la vivienda.

¡Gracias a todas! ¡Nos vemos en las calles y el domingo 11 de noviembre en Barcelona para celebrarlo juntas!

PorLa PAH

La legitimidad del Tribunal Supremo en entredicho una vez más

Suprema vergüenza tras la información del Tribunal Supremo de dar marcha atrás en la sentencia de los impuestos de las hipotecas

El Presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, ha tomado una decisión que provoca vergüenza suprema, después de que la Sección Segunda de la Sala dictara e hiciera pública una sentencia declarando que la obligación del pago de los impuestos derivados de la firma de una hipoteca corresponde a los bancos y no a los consumidores, el Presidente de la Sala ha ordenado la paralización de su aplicación, así como de la tramitación de todos los recursos pendientes sobre este tema, hasta que el Pleno de la Sala (31 jueces) ratifique o no la decisión de sus compañeros.

No es la primera vez que este Tribunal opta por aplicar medidas económicas frente a las jurídicas, que son las únicas que le competen. Recordemos cuando la Sala de lo Civil en mayo de 2013 dictó sentencia sobre las cláusulas suelo, limitando la devolución por los bancos a la fecha de su sentencia, y tuvo que ser el TJUE en diciembre de 2016 el que dijera que la devolución tenía que ser desde el momento de la firma de la hipoteca.

También en materia de cláusula de vencimiento anticipado, tras la sentencia del TJUE en enero de 2017, y para no cancelar todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, planteó otra cuestión prejudicial ante el TJUE, o cuando ha aceptado moderar cláusulas abusivas en lugar de anularlas, como viene reiterando el TJUE.

La Sala de lo Contencioso ha venido dictando últimamente sentencias progresistas, a diferencia de la de lo Civil, como la de diciembre de 2017 sobre protección de los menores en caso de desahucio, o la de julio de este mismo año sobre la obligación de cumplir los dictámenes de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos; y los poderes económicos han debido hartarse ya y han decidido presionarla para impedir que hagan Justicia, y conseguir que sigan haciendo su justicia.

Desde la PAH denunciamos esta decisión sin precedentes, y esperamos que los otros 30 jueces opten por mantener el criterio de los de la Sección Segunda, aunque para nosotras no es nuevo el tener que sufrir a una Administración de justicia servil y blanda con los poderosos y dura e inflexible con los débiles.

Ahora le toca al Tribunal Supremo defender el porqué de este cambio de rumbo. Es alarmante ver el poder que amasan los bancos y las entidades financieras, llegando al extremo de ser capaces de que el TS se desdiga en pocas horas tras haber pronunciado una sentencia. La sentencia inicial dicta que las consumidoras podrán recuperar, sin definir si con carácter retroactivo o no, los gastos de gestión de las hipotecas. Una sentencia que pone de manifiesto algo que desde la PAH llevamos 9 años denunciando y que por suerte ya no lo decimos solo nosotras, nos dan la razón jueces, abogadas, partidos políticos o la mismísima ONU.

La PAH seguirá defendiendo el sistema democrático y utilizará todos los mecanismos jurídicos y de movilización contra quienes quieren romper un sistema de convivencia basado en la justicia y la dignidad. Proteger el sistema democrático es defendernos de quienes creen que pueden romper con total impunidad nuestro sistema de convivencia. Seguiremos defendiéndolo, como siempre .

Hay que decir basta ante este nuevo ataque de la banca y exigirles que paguen lo robado, y seguir avanzando para lograr esa reforma de la Ley Hipotecaria, que incluya la dación en pago retroactiva, como tenemos recogido en la Ley Vivienda PAH, para empezar a legislar a favor de las familias y no a favor de los engaños que ya se destaparon con la explosión de la burbuja inmobiliaria y la estafa mal llamada crisis.

PorLa PAH

Clamor de la ciudadanía para recuperar la Ley 24/2015

 

 

¡No hay excusas, Pedro Sánchez! La Ley catalana contra los desahucios y los cortes de suministros debe estar vigente este mes de octubre

Miércoles, 17 de octubre de 2018

Hoy el Grup Promotor de la Ley 24/2015 presentemos un manifiesto para exigir la recuperación de la Ley catalana contra los desahucios y los cortes de suministros. Esta Ley fue impugnada en la parte de vivienda por el PP en el Tribunal Constitucional en mayo de 2016 y está suspendida en los artículos que se refieren a garantizar el derecho a la vivienda. Con 61 desahucios diarios y Mesas de emergencia colapsadas con más de 2.000 solicitantes mientras que las entidades financieras siguen especulando con la vivienda, queda patente la urgencia de tener  vigente la Ley 24/2015 en su totalidad este mismo mes de octubre.

Como se demostró durante los meses en que se estuvo aplicando, es una herramienta que da respuesta a la emergencia habitacional ya que por un lado obliga a los grandes tenedores a ceder su vivienda vacía a los municipios para que cumpla con su función social, y por otro lado asegura un alquiler social a las familias que no han podido hacer frente a su hipoteca o alquiler, y que están en riesgo de perder su hogar o ya lo han perdido. Así, la Ley permite ampliar el parque prácticamente inexistente de alquiler social (Catalunya cuenta con un parque público del 2% contra la mediana europea del 10%).

El manifiesto cuenta con el apoyo de 50 firmantes iniciales: ayuntamientos como Barcelona, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sant Vicenç dels Horts i Reus, entre otros; la Federació de Municipis de Catalunya y la Associació Catalana de Municipis; Colegios Profesionales, sindicatos y entidades del tercer sector como CCOO-Catalunya, UGT-Catalunya,  la Taula Tercer Sector Social, la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia de l’ICAB y l’Associació Catalana per la Defensa dels Drets, Col·legi d’educadores socials. Y también movimientos sociales y sociedad civil organizada como el Sindicat de Llogateres, Òmnium Cultural, ANC, Habitat International Coalition, CONFAVB, Aigua és vida, FAPAC, ILP Renda garantida, Bombers indignats y UGT-Bombers.

Es un clamor de la ciudadanía de Catalunya que la Ley 24/2015 vuelva a estar vigente de forma urgente. Tenemos un amplio apoyo inicial y sabemos que este apoyo precursor se extenderá a partir de hoy a entidades sociales, administraciones y a todas las personas de cada pueblo y ciudad que sufren la pérdida de la vivienda y los cortes de suministros, y a las que trabajan para atender a las personas en exclusión residencial desde diferentes ámbitos, porqué saben que así tendríamos una herramienta para terminar con los desahucios. La Ley 24/2015 es una ley de todas, es una ley que literalmente salva vidas y hace evidente que frente leyes injustas se necesitan medidas valientes y herramientas que estén a la altura de las respuestas y soluciones que la ciudadanía necesita.

El gobierno de Pedro Sánchez tiene que corregir los errores del Partido Popular de manera ágil y efectiva. Existen numerosos precedentes en que un cambio de gobierno ha significado la retirada de recursos interpuestos contra leyes socialmente destacadas que garantizan los derechos humanos a todas las personas. El mismo PSOE, bajo la presidencia del Sr. Zapatero, desistió de como mínimo 21 recursos impulsados por el Partido Popular contra leyes de Andalucía, Aragón, Catalunya, Asturias, Castilla-la Mancha, País Vasco y Extremadura; la mayoría de éstas relacionadas con materias sociales, como la educación, la sanidad y su ordenación, el derecho civil y la regulación de la adopción por parte de parejas de hecho.

Es hora de poner el contador de la vergüenza a 0. Catalunya lidera el ránquing de los desahucios en todo el Estado. Pedro Sánchez tiene en sus manos la potestad de recuperar nuestra Ley y demostrar su altura política haciendo un paso adelante en la conquista del derecho a la vivienda. Es momento de pasar de las palabras a los hechos.

Existe una demanda clara y amplia de recuperar la Ley 24/2015. ¡Hoy es posible! Sólo es cuestión de voluntad política.

#VolemLa24

Para leer el Manifiesto de apoyo a la retirada del recurso a la Ley 24/2015 y adherirse clica el enlace

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Listado de adhesiones:

PorLa PAH

El acuerdo de PGE para 2019 en vivienda: Insuficiente punto necesario de partida

Los contenidos en materia de Vivienda contenidos en el Acuerdo para los PGE de 2019, constituyen avances en materia de alquileres, algunos de los cuáles están incluidos en la Ley de Vivienda de la PAH (LVP), aunque otros quedan muy por debajo. La ampliación de la duración mínima de los contratos y la mejora en las prórrogas, con respecto a la reforma de la LAU que hizo el PP en 2013, mejoran la situación, pero resultan claramente insuficientes para pinchar la actual burbuja de precios y dotar de estabilidad los proyectos de vida más largos y de estabilidad. La ley de Vivienda de la PAH establece 10 años de contrato y 5 de prórroga.

No se incluyen medidas para movilizar la vivienda vacía, o su uso temporal como parque público, que sí contiene la Ley de Vivienda de la PAH, y que son imprescindibles para pinchar las actuales burbujas en marcha. Es positivo que se defina legalmente qué es una vivienda vacía, y quienes son grandes tenedores de vivienda, así como el enunciado de medidas a adoptar tras estas definiciones, es fundamental que se hagan rápido ambas cosas, con fin de poder disponer a nivel público y gravar fiscalmente a esas viviendas en manos de especuladores que las retiran del mercado para incrementar artificialmente los precios tanto de alquiler como de compra.

El plan de 20.000 viviendas en 4 años, es claramente insuficiente, y su llegada, aunque positiva, no aliviará la situación actual. Se habla de un nuevo Plan de Vivienda, aunque no se dice nada de derogar o modificar el actual del gobierno anterior, y desde la PAH consideramos imprescindible, como mínimo la modificación del actual, en la dirección de que el importante gasto público que genera, sirva para ir creando Parque Público tanto para alquiler como para vivienda social.

Se habla de establecer un plan de colaboración de la SAREB para destinar vivienda a alquiler social, es positivo si mejoran las condiciones actuales de los convenios, ya que apenas aportan más que gastos a las Administraciones Públicas. Sin embargo, no se dice nada de Bankia, de prohibirles expresamente que sigan vendiendo casas y suelo, que pueden ser utilizados para Parque Público, así como de su función como Banca Pública para la financiación de los diferentes proyectos de Vivienda Pública.

En cuanto a la protección de las familias hipotecadas, ahora mismo hay dos posibilidades: las contenidas de la Ley de Vivienda PAH, como la dación en pago retroactiva, la limitación de la responsabilidad limitada al bien hipotecado, y las contenidas en el bloque de enmiendas que UP presentó, a propuesta de la PAH a la ley de crédito inmobiliario, que entre otras, impide el blanqueo de cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado, que si se mantiene como en la propuesta de De Guindos, podría reactivar los cientos de miles d ejecuciones actualmente suspendidas. Ambas están actualmente en trámite parlamentario y su implementación sería muy rápida.

Es positivo que las socimis empiecen a pagar impuesto de sociedades, debieran hacerlo al mismo nivel que las demás sociedades, incrementando sus impuestos por número de casas injustificadamente vacías, una vez sea definido el concepto.

Por último, tenemos que lamentar un estruendoso silencio: Ni una sola mención a los desahucios en el acuerdo, cuando sólo en los 6 primeros meses de 2018 se han producido 33.059, si no se adoptan medidas ya, a fínales de año se habrán producido en torno a 70.000 ¿Cómo se puede omitir esa mención y medidas para resolverlo en un pacto que pretende mejorar el acceso a la vivienda? Por enésima vez, tenemos que recordar que el Comité DESC de NNUU, emitió un dictamen condenatorio a España hace más de un año, y que ni el gobierno de entonces, ni el de ahora han hecho nada al respecto. En el pacto ni se menciona, ni se plantea medida alguna para frenar los desahucios. La Ley de Vivienda de la PAH contiene una moratoria contra los desahucios, que lamentablemente, llegará tarde para muchas familias. Deben recordar los firmantes, y los poderes públicos en general, que existe un mandato constitucional, y otro mandato legal que obliga al cumplimiento de los tratados internacionales válidamente suscritos por España, como el PIDESC, que el propio Tribunal Supremo ha recordado esta obligación en una sentencia del pasado mes de julio, y que, en consecuencia se está vulnerando la Constitución y la ley 25/2014 de Tratados internacionales y el propio pacto, suscrito por España en 1976, y vuelto a ratificar en su protocolo facultativo en 2013.

En definitiva, desde la PAH valoramos este acuerdo como un punto de partida muy insuficiente aunque necesario, consecuencia directa de las luchas que venimos desarrollando desde hace 9 años, y que esperamos y trabajaremos para que pueda ser mejorado tanto en el trámite parlamentario como en las negociaciones que tenemos pendientes y abiertas con el Gobierno y los partidos políticos.

PorLa PAH

SIGUEN SUBIENDO LOS DESAHUCIOS

Según los datos del CGPJ hechos públicos hoy, en el segundo trimestre de este año, se han producido 17.152 nuevos desahucios, un total de 33.059 sólo en los 6 primeros meses de 2018. Suben con respecto al trimestre anterior tanto los derivados de impago de hipoteca: 5.672, como los de impago de alquiler: 10.491, los 989 restantes se dan por otras causas, como por ocupación (familias que carecen de cualquier otra alternativa). Tampoco nos olvidemos sin dejar de mirar por el retrovisor de la abertura de procesos ejecutivos de futuros lanzamientos de desahucios con 20.526 en referencia a este mismo trimestre mencionado posteriormente, donde nos estamos acercando a inicios del crack en el año 2008 paulatinamente, trimestre a trimestre. Con todos estos datos no podemos dar cuenta que la burbuja inmobiliaria, ni se marchó, ni tiene tintas de marcharse. 

Por desgracia, los hechos no se cansan de darnos la razón en cuanto a la situación de emergencia habitacional que sufre este país. Y los datos pueden todavía empeorar si el Gobierno no cesa en su actitud continuista con la política del PP  en el trámite de la ley de crédito inmobiliario (propuesta por De Guindos) y dejan de intentar moderar la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que reactivaría cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación, en espera del pronunciamiento del TJUE al respecto.

Desde la PAH exigimos al gobierno que adopte ya medidas concretas que pinchen la burbuja del alquiler, como que las socimis paguen impuesto de sociedades, y que los grandes tenedores de vivienda: fondos buitre, socimis, banca y grandes inmobiliarias sean penalizados fiscalmente por cada casa que mantienen injustificadamente desocupada, hinchando especulativamente la burbuja del alquiler y los precios de compra.

Exigimos también la tramitación y aprobación urgente de la Ley de Vivienda de la PAH, que además, contiene instrumentos para la utilización temporal como Parque Público de Vivienda de las viviendas vacías en manos de la banca arrebatadas a familias desahuciadas, para frenar los desahucios, para cancelar injustas deudas de por vida y para parar la pobreza energética. 

El próximo día 17 finaliza el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Vivienda de la PAH, y será entonces cuando los diferentes grupos políticos den a conocer sus respectivos proyectos para atajar de verdad la situación de grave emergencia habitacional que vive este país.

Desde la PAH vamos a estar muy pendientes de esas enmiendas para que la ciudanía conozca la realidad de cada uno de esos proyectos.

 

PorLa PAH

La PAH por fin ha sido recibida por el ministro de Fomento

Una semana después de haber logrado pasar la toma en consideración de la Ley Vivienda PAH, hoy el ministro de Fomento, José Luis Ábalos y la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza han recibido a la PAH para tratar medidas urgentes que por motivos jurídicos no entraron en nuestro texto legal.

Hoy hemos dado un nuevo paso al frente en nuestra lucha por la conquista del derecho a la vivienda. Si hace exactamente una semana el Congreso de los diputados aceptó llevar a trámite para hacer efectiva la Ley Vivienda PAH, esta mañana, tras haberle mandado varias solicitudes de reunión, el Ministro de Fomento José Luís Ábalos se ha reunido para escuchar la voz y las demandas de la PAH.

Por nuestra parte, el objetivo de la reunión consistía en poner sobre la mesa la aplicación de medidas urgentes e inmediatas para enfrentar los desahucios, al vacío legislativo en las CCAA y buscar salidas de choque al total desmadre actual en vivienda fruto de una política neoliberal.

Por un lado, como máxima prioridad, hemos exigido el levantamiento inmediato de los recursos por inconstitucionalidad, que mantienen en suspensión leyes autonómicas como la 24/2015 catalana, la ley murciana,…. Esto garantizaría un cojín de oxígeno a miles de familias en emergencia habitacional al tiempo que permitiría a las comunidades autónomas hacer uso de sus competencias en materia de vivienda.

Por otro lado, hemos exigido la aplicación con la mayor urgencia posible, del Dictamen DESC de Naciones Unidas, que obliga al Estado a realizar todos los esfuerzos posibles para respetar el derecho a la vivienda, incluyendo la paralización del desahucio si no hay alternativa habitacional.

Respecto al tema legislativo, hemos planteado que la Ley de Vivienda de la PAH está ya en el Congreso y que pueden confluir con una Ley de Vivienda que ha anunciado el ministro.

En todo caso, hemos estado de acuerdo en la necesidad urgente de adoptar medidas de choque en varios temas que pasamos a enumerar: la burbuja en alquileres; medidas fiscales ante fondos buitre y socimis; modificar el Plan Nacional de Vivienda para posibilitar parque público urgente; ampliación de parque público viendo ante aumento de necesidades por finalización de alquileres sociales, de la moratoria y los miles de procedimientos pendientes del TJUE sobre vencimiento anticipado; banca pública/Bankia para administraciones y afectadas; enmiendas al proyecto de ley de crédito inmobiliario; ley tanteo y retracto AAPP; flexibilidad pago deudas de administraciones públicas para resolver situaciones familias afectadas, y garantizar información de las titulizaciones o cesiones de crédito de los bancos a los fondos.

Respecto a ellos, ha habido el firme compromiso de establecer un cauce permanente de diálogo entre el gobierno y la PAH para abordar todos estos temas.

De hecho, al acabar la reunión, y tras la rueda de prensa, nos hemos citado con la Secretaria General de Vivienda para empezar con los más urgentes; continuaremos el martes 23 de octubre.

La voz de la PAH ha sido escuchada con atención. Se ha puesto realmente en marcha un tren cargado de reivindicaciones. Las PAHs han de continuar la lucha para que las esperanzas cristalicen en auténticas realidades y avances del derecho a la vivienda.

Ya lo dijimos hace tiempo, si no es por la ley será por la PAH, ahora podemos decir que no desfalleceremos hasta que sea por la Ley de la PAH.