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PorLa PAH

Nuevo pack de documentos útiles – “Kit Dictamen DESC” para paralización urgente de desalojos

En la actualidad acumulamos más de medio millón de desalojos de primera vivienda desde el inicio de la crisis, y las cifras no remiten aunque el origen de los desalojos esté girando de hipotecas a alquileres, con cifras alarmantes de lanzamientos derivados de familias sin ingresos que ocupan viviendas vacías de bancos ante la falta de alternativa de ningún tipo. En la PAH nos encontramos con personas y familias que acumulan ya varios procesos de desahucio consecutivos, a pesar de llevar años solicitando vivienda pública, en una espiral de desamparo que sólo se vence con apoyo y toma de conciencia de las verdaderas causas del problema.

La falta de un parque público de vivienda imposibilita equilibrar los precios del mercado, que siguen subiendo como la espuma: disparados más de un 30% desde 2013. En ciudades como Barcelona y Madrid, más de la mitad de los ingresos de quienes viven de alquiler, se destinan a pagar la vivienda.

173 familias son desahuciadas cada día. No existe un parque público de vivienda donde realojarlas. El parque público estatal no llega ni a un 2%, mientras en el resto de la Unión Europea la media mínima es del 15%.

Las ejecuciones hipotecarias continúan produciendo también desahucios aunque muchas se encuentran suspendidas a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva, por enésima vez, sobre la cláusula de vencimiento anticipado en los próximos meses y decida la suerte de cientos de miles de procedimientos.

El presente “Kit” de la PAH pretende servir como mecanismo de emergencia ante desalojos inminentes sin alternativa habitacional. Está planteado como un escrito procesal en el que, introduciendo todos los datos del caso particular, se plantee al juez/jueza que tramita el proceso de desahucio la necesidad de realizar un “examen de proporcionalidad” antes de autorizar la medida de desalojo. Además, se solicita un requerimiento judicial a las administraciones públicas (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) para que faciliten la vivienda alternativa hasta el máximo de sus recursos disponibles.

El 20 de junio de 2017 el Comité DESC de Naciones Unidas declaró que los desalojos, del tipo que sean, tal y como se produce en España a diario, constituyen una vulneración de Derechos Humanos pues generalmente no existe alternativa habitacional conocida ni el Estado adopta medidas para evitarlo hasta el máximo de recursos disponibles. Además, el procedimiento legal no prevé ningún trámite en el que el órgano judicial tome en consideración las razones de las partes para efectuar lo que se conoce como “juicio de proporcionalidad” de la medida, una práctica exigida por el Comité de NNUU pero también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según constantes sentencias que se exponen en el “Kit Dictamen Desc”.

Estas obligaciones, además, han sido asumidas recientemente por el Tribunal Supremo en una sentencia (22-11-2017) de lo Contencioso-Administrativo, que recoge la necesidad de practicar antes de cualquier desalojo un juicio de proporcionalidad, y llama la atención al caso especialmente sangrante de desahucios con presencia de NNA (niños, niñas y adolescentes) dónde la obligación es mayor por efecto de la Convención de Derechos del Niño de 1989.

Esperamos producir un efecto progresivo de suspensiones en Juzgados de Primera Instancia haciendo cumplir los Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados por España, hasta ahora, desgraciadamente, papel mojado.

15 de enero de 2018.

Comisión Jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Qué contiene este KIT:

1.- Consejos orientativos para su uso (el presente texto).

2.- Modelo de Escrito de Solicitud Urgente de Suspensión del Desalojo (descargar): se trata de un modelo elaborado por la Comisión Jurídica de la PAH, bajo la filosofía Creative Commons. De este modo puede y debe adaptarse a cada caso, y cada persona afectada y/o su abogado/a puede y debe modificarlo a su gusto, mejorándolo incluso para dar una versión más apropiada en cada procedimiento. En cualquier caso, sirve de orientación básica para trasladar a los órganos judiciales muchas de las alegaciones que ya se están haciendo en los Juzgados y que desde la PAH venimos incorporando en nuestros escritos.

3.- Dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas de 20 de junio de 2017 (descargar).

4.- Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2017 (descargar).

 

CUESTIONES PRÁCTICAS PARA UTILIZAR EL “KIT DICTAMEN DESC”

Procesos hipotecarios: utilizar como escrito de emergencia en caso de que no haya sido posible detener el desahucio acogiéndose a la moratoria de desahucios hasta mayo de 2020 para supuestos de extrema vulnerabilidad.

Procesos de desalojo por alquiler: utilizar en cualquier momento del proceso para detener el desalojo, remitiendo al órgano judicial a requerir a las administraciones públicas para proveer de vivienda alternativa.

Procesos de desalojo dentro de procedimiento penal por delito de usurpación: utilizar una vez que el desalojo se haya ordenado y no quepa más recurso posible.

Procesos de desalojo de una vivienda pública en los juzgados contencioso-administrativos: en lo contencioso-administrativo, el juez tramita lo que se llama un procedimiento de “autorización de entrada en domicilio” dónde se otorga un plazo de 5ó 10 días para realizar alegaciones. Este escrito debe servir como alegación principal del estado de necesidad y la falta de alternativas con que cuenta la familia.

ATENCIÓN: En todos los casos, si cabe recurso y hay plazo para interponerlo contra la última resolución recibida que ordena el desalojo, el “Kit Dictamen DESC” debe articularse como parte del recurso que se interponga. Es decir, el cuerpo del texto del recurso debe incorporar las alegaciones que hemos desarrollado en el “Kit”.

Abogado y Procurador: Si ya tienes abogado y procurador asignados en el procedimiento, son ellos quiénes pueden plantear el escrito, ya sea presentando el escrito tal cual o como parte de un recurso contra la última resolución recurrida. Si no cuentas con abogado ni procurador, y la situación es urgente, puedes presentar el escrito por ti mismo, pero recomendamos acudir al Colegio de Abogados lo antes posible para que te asignen defensa legal, solicitando la suspensión del proceso.[1]

[1] Casos especiales:

En las situaciones en que tu abogad@ opine que no es procedente presentar las alegaciones del “Kit Dictamen DESC” y a pesar de ello, tú consideres que sí pueden ser útiles, puedes solicitar un cambio de abogado en el Colegio de Abogados correspondiente. No obstante, estos trámites pueden demorarse varios meses, por lo que, en último caso, presenta escrito al Juzgado tú mismo, solicitando que se suspendan los plazos hasta que se te asigne nuevo abogado.

Diferencias en cada Comunidad Autónoma: en el “Kit Dictamen DESC” existen espacios para introducir la situación de la vivienda pública en la Comunidad Autónoma que se trate. Hemos introducido algunos datos alarmantes del caso de la venta de vivienda pública en Madrid y Barcelona a fondos buitres que nos parecen útiles para poner al juez/a en situación de lo que ocurre en España, pero lo ideal es que en cada territorio, el escrito incluya alguna referencia a la situación particular de la falta de vivienda pública.

Desalojos en viviendas con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA): el encabezado del escrito contempla la posibilidad de que también las personas con menos de 18 años figuren en el mismo, para que su situación también sea tenida en cuenta, pues finalmente son víctimas del desahucio con mayor impacto en su vida que los adultos y a menudo pasan desapercibidos para el órgano judicial. Dado que el juez/jueza debe realizar un “juicio de proporcionalidad” de la medida del desahucio antes de autorizarlo, consideramos que la participación de los NNA en el proceso es legalmente exigible y por eso deben figurar como partes en el encabezamiento.

En caso de utilizar el “Kit Dictamen DESC” como parte de un recurso:

Procesos hipotecarios: indicar en el encabezamiento del escrito que se trata de un Recurso contra la última resolución, si estas en plazo para ello.

Procesos de desalojo por alquiler: indicar en el encabezamiento del escrito que se trata de un Recurso contra la última resolución, si estas en plazo para ello.

Procesos de desalojo dentro de procedimiento penal por delito de usurpación: indicar en el encabezamiento del escrito que se trata de un Recurso contra la última resolución, si estas en plazo para ello.

Procesos de desalojo de una vivienda pública en los juzgados contencioso-administrativos: en lo contencioso-administrativo, el juez tramita lo que se llama un procedimiento de “autorización de entrada en domicilio” dónde se otorga un plazo de 5ó 10 días para realizar alegaciones. Tras ello se dicta un “Auto” en el que el juez autoriza o desautoriza el desalojo. En caso de autorización cabe “Recurso de Apelación” contra el mismo en plazo de 15 días. Si este es tu caso, plantea el “Kit Dictamen DESC” como recurso de apelación solicitando expresamente la suspensión del desalojo e indica textualmente en el encabezamiento que es un recurso “en ambos efectos”. La regulación contencioso-administrativa no permite que este recurso de apelación sea suspensivo, pero entendemos que debe solicitarse y debería suspenderse por tratarse de una cuestión de Derechos Fundamentales de muy difícil o imposible reparación en caso de cometerse el desalojo.

 

PorLa PAH

Casi 20.000 desahucios en el tercer trimestre de este año

Según los datos del CGPJ hechos públicos hoy, en el tercer trimestre de este año se han presentado en los juzgados 5.518 nuevas ejecuciones hipotecarias, y se han producido 19.606 nuevos desahucios en todo el estado. Siguen bajando los derivados de ejecución hipotecaria, fruto de la “tregua” que mantiene los procedimientos paralizados en los, juzgados a la espera de sendas resoluciones del TJUE sobre las cláusulas de vencimiento anticipado y de intereses de demora. Y continúa el ascenso imparable de los desahucios como consecuencia de impago del alquiler que aumentan un 4,2%, como consecuencia de la indefensión que sufren los inquilinos como consecuencia de las reformas de la LAU, la burbuja que están generando en los precios del alquiler el cambio a usos turísticos de viviendas que antes eran residenciales, y por supuesto de los bajos salarios que impiden cada vez más el acceso a una vivienda digna.

Esta brutal cifra de casi 20.000 desahucios, pone nuevamente de manifiesto el grave incumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones contenidas en el dictamen de Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU del pasado mes de junio, en el que se establecía un plazo de 6 meses para establecer una serie de modificaciones legislativas, judiciales y sociales, que el Gobierno parece estar ignorando hasta el momento.

Desde la PAH consideramos que, el Derecho Fundamental de acceso a una vivienda digna en nuestro país, sólo será posible mediante la aprobación y aplicación íntegra de la Ley de Vivienda de la PAH, que esperamos registrar en el Congreso el próximo 10 de enero, y por ella continuaremos la movilización necesaria hasta su aprobación.

PorLa PAH

LA LEY DE VIVIENDA DE LA PAH EXIGE QUE LA ENERGÍA SEA UN DERECHO GARANTIZADO

La PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) señalizan hoy a las empresas suministradoras en municipios de todo el Estado, que en ausencia de una ley estatal que proteja a las familias, perpetran cortes indiscriminados de suministros básicos y fuerzan a las familias a acumular deudas impagables para tener acceso a agua, luz y gas. Una situación que sería revertida con la legislación de la Ley de Vivienda de la PAH: un texto de ley presentado a todos los grupos parlamentarios del Congreso y que incluye medidas ya articuladas para poner fin a la pobreza energética, con suministros garantizados para todas; y a los desahucios.

En los últimos 12 años el precio de la luz ha subido un 83%. Solo en 2016, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa acumulaban un beneficio de más de 5.500 millones. Mientras hemos vivido en propia piel cómo las facturas no paraban de aumentar, nuestra renta familiar descendía. Y como resultado, hasta 5 millones de hogares sufrirán frío este invierno según datos de la Asociación de Ciencias Ambientales.

Datos a los que se suma el incendio de Alcorcón, provocado por el uso de velas ante la falta de luz, y que ocasionó la hospitalización de seis personas, incluyendo tres menores de edad. También la muerte de Rosa, del municipio de Reus, que falleció en un incendio por utilizar velas debido a que Gas Natural le cortó la luz. La pobreza energética mata, y existen soluciones para ponerle fin.

La PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética, impulsamos en Cataluña la Ley 24/2015 contra la emergencia habitacional. Una ley que incluye medidas vigentes que han paralizado más de 39.000 cortes de suministros. Por eso, la PAH ha presentado en el Congreso la Ley de Vivienda de la PAH. Un texto de ley para extender las medidas de la Ley 24/2015 a todo el Estado español. Porque una vivienda digna es un hogar con acceso a suministros. Porque la energía, el agua y la vivienda son derechos básicos que deben ser accesibles y asequibles para todas las familias.

Mientras luchamos por una ley estatal que de verdad nos proteja, el PP y el PSOE legislan el Bono Social eléctrico, que plantea descuentos del 25% al 40% de las facturas con unos baremos de renta muy bajos. Un parche que no da respuesta a las situaciones de pobreza energética que sufren un 11% de la población en el Estado español.

Y la protección que regula contra los cortes es ínfima, trasladando toda la responsabilidad a la Administración de que si no paga el 50% de las facturas, no se podrá proteger a las familias más vulnerables de los cortes de luz. Además, no incluye ninguna protección estatal contra los cortes de gas o de agua. De nuevo, en vez de apoyar medidas efectivas propuestas por las familias afectadas, el PP y el PSOE se aúnan para sacar adelante un parche, incapaz de dar respuesta a la emergencia, y que defiende los intereses de unas compañías -que cosechan millones de beneficios encareciendo las facturas- por encima de la ciudadanía.

Por si fuera poco, el gobierno del PP ha recurrido en noviembre, en pleno invierno, la Ley Valenciana por la Función Social de la Vivienda y contra la pobreza energética. También ha bloqueado junto a Ciudadanos la ILP Madrileña contra la emergencia habitacional. Leyes autonómicas que contenían medidas para garantizar los suministros. El gobierno del PP se ha convertido en el brazo protector de las suministradoras. Y frente a esta situación, las familias afectadas exigimos una ley que nos proteja en todo el Estado español con medidas de sentido común:

  • El Principio de Precaución, por el cual no se puedan cortar los suministros básicos a familias cuya vulnerabilidad haya sido acreditada por Servicios Sociales.
  • La garantía de un Consumo Mínimo Vital de las familias a luz, agua y gas.
  • La Tarifa Social, que implica que las suministradoras asuman el coste de las facturas que no puedan ser afrontadas por las familias.

Con la Ley de Vivienda de la PAH, todos los grupos parlamentarios del Congreso tienen la oportunidad histórica de legislar medidas que corresponsabilicen a las suministradoras a poner recursos para solventar la emergencia que han provocado. Nosotras seguiremos reivindicando nuestras demandas hasta hacerlas realidad.

¡Exigimos agua, luz y techo!
#SuministrosGarantizados

 

PorLa PAH

LA LEY DE CRÉDITO INMOBILIARIO DEL PP ES UN NUEVO SERVICIO A LA BANCA

Hoy martes 5 de diciembre finaliza la recogida de enmiendas al proyecto de ley de crédito del PP en el Congreso de los diputados. Una legislación que la Directiva Europea 2014/17/UE marcaba que se realizará antes del 21 de marzo de 2016. Hablamos de un retraso que ha provocado que la Unión Europea exija una sanción de 105.000 euros diarios al Estado español hasta que se apruebe definitivamente una ley de crédito.

El proyecto de ley de crédito del PP no solo llega tarde, sino que además llega mal. En líneas generales, pretende que los bancos otorguen información sobre posibles consecuencias ante el impago. Pero que, en ningún caso, retira las cláusulas abusivas. Ni siquiera la cláusula suelo, que protagonizó la octava sentencia del TJUE que declaraba ilegal la ley hipotecaria del Estado español.

Peor aún, este proyecto de ley tampoco elimina la cláusula de vencimiento anticipado, que posibilita a los bancos exigir de golpe toda la deuda hipotecaria a las familias que no puedan hacer frente a unas pocas mensualidades. Esta cláusula ha sido la causa de que más de 700.000 familias hayan pasado por procesos de ejecución hipotecaria desde 2008, perdiendo la mayoría de estas familias su hogar y encima arrastrando de por vida la deuda hipotecaria. Hablamos de una violación sistemática de Derechos Humanos que no ocurre en ninguna otra parte de la Unión Europea.

Concretamente, en el proyecto de ley que ahora presenta el PP, la cantidad de impagos antes de ejecutar la cláusula de vencimiento anticipado será de entre nueve y doce meses, que corresponderán al 2% y 4% del capital de la hipoteca. Es decir, el PP permitirá que, si una familia se ve incapaz de hacer frente al 2% de la hipoteca, independientemente de su situación económica y social, el banco podrá exigir de golpe el 100% restante de toda la deuda.

Por decirlo más claro: familias que acumulen deudas bancarias de menos de 5.000 euros, de repente se les exigiría un pago único de más de 200.000 euros a riesgo de ser desahuciadas. Una estafa en toda regla que mantiene a las familias expuestas a la emergencia habitacional. Este proyecto está pensado para legalizar los abusos bancarios, tratando de evitar futuras condenas judiciales a la banca y omitiendo flagrantemente nuestros derechos y protección frente a los intereses de la banca.

Afirmamos que este proyecto de ley está muy lejos de solucionar los problemas que tiene la ciudadanía. E ignora el dictamen de la ONU que insta al gobierno del PP a reformar las leyes para evitar desahucios sin alternativa habitacional antes de que acabe 2017. Por lo que exigimos a los grupos parlamentarios que tengan la cordura de modificar positivamente este proyecto de ley, y que pongan toda su energía en apoyar la Ley Vivienda PAH: un texto de ley que recoge medidas para acabar con los desahucios, regularizar la dación en pago retroactiva y movilizar la vivienda vacía de la banca.

Un texto de ley redactado por las mismas familias afectadas por procesos hipotecarios que durante 9 años se han movilizado contra la banca consiguiendo arrancar miles de soluciones. La Ley Vivienda PAH es la herramienta para hacer efectivas las exigencias internacionales y proteger el futuro de las familias. Es el camino para pasar de una ley criminal a una ley de justicia. Es la única alternativa para acercar el Derecho a la Vivienda en nuestro país.

¡La Ley Vivienda PAH al Congreso!

PorLa PAH

EL PSOE SIGUE DEMOSTRANDO SU FALTA DE COHERENCIA Y VALENTÍA AL NO APOYAR PÚBLICAMENTE LA LEY DE VIVIENDA DE LA PAH

La ambigüedad del PSOE no tiene límites, decir que no te comprometes por escrito con la Ley de Vivienda de la PAH pero que tampoco la bloquearás cuando salga a debate en el Congreso, es seguir alargando el sufrimiento de las familias.

El PSOE asegura que no participará en el registro de la Ley Vivienda PAH: un texto de ley que contiene medidas para acabar con los desahucios y la emergencia habitacional, y que ha sido presentado a todos los grupos parlamentarios del Congreso. Rechaza mostrar por escrito su apoyo a que el texto se debata en el Congreso, y también se niega a personarse el día de su registro, a pesar de que desde la PAH hemos mostrado nuestra voluntad de negociar y dialogar en todo momento.

Desde la PAH hemos planteado desde el principio un proceso de diálogo para elaborar un texto de consenso, integrando en el mismo demandas que hemos recibido por escrito de los grupos parlamentarios. Estamos propiciando un ejercicio profundamente democrático: que se inicie en el Congreso un diálogo democrático entre todas las partes alrededor de un tema tan vital como es proteger nuestros hogares. Y por eso planteamos un registro del texto abierto y colectivo, lanzando el órdago a todos los grupos parlamentarios a personarse durante el registro, mostrando su apoyo público y comenzando este diálogo tan necesario. Una demanda de mínimos que el PSOE se niega a realizar, solicitando al mismo tiempo que confiemos en el proceder de su grupo parlamentario. Pero no sólo eso, hace 6 meses abrimos con ellos un proceso de negociación para que integraran sus aportaciones a nuestro texto, unas propuestas que integramos y que hoy nos afirman no tienen ningún valor político ya que fueron desarrolladas por un
equipo técnico.

Esta afirmación demuestra su falta de implicación real con las familias que cada día sufren la emergencia habitacional. Mientras el PSOE mantiene su ambigüedad, hay vidas en juego. Unas vidas que necesitan urgentemente soluciones claras como las que hemos desarrollado y que no pueden permitirse que se siga perdiendo el tiempo.

Además la postura del PSOE contradice la promesa que realizó el propio Pedro Sánchez durante las primarias, de apoyar la Ley Vivienda PAH en caso de que llegara a liderar el PSOE. Una promesa que se desenmascara hoy como un acto de oportunismo político realizado sin pensar en que cada 8 minutos se ejecuta un desahucio y que 5 millones de hogares pasan frío este invierno por no poder hacer frente a las facturas de luz y gas.

Una respuesta que pone al PSOE del bando del PP, la banca y las suministradoras.

Sumado además a que no suscriben la dación en pago retroactiva, lo que es pretender dejar sin solución a las más de 700.000 familias que desde 2008 han pasado por procesos de ejecución hipotecaria arrastrando deudas de por vida.

También recalcamos que está postura incumple la exigencia pública de voces internas del PSOE que desde Murcia, Cantabria y el gobierno autonómico valenciano exigían públicamente que se diera apoyo visible a la legislación de la Ley Vivienda PAH en el Congreso por parte del grupo parlamentario socialista. Exigencias internas que hoy también se han visto desestimadas ante la negativa de poner por escrito un apoyo de mínimos a que nuestra Ley se debata.

Frente a esta situación nosotras respondemos que realizaremos el registro del texto, y lucharemos por su trámite, sin el PSOE. Que estando en peligro la protección de los Derechos Humanos más fundamentales, no vamos a esperar a que el PSOE tome una decisión de puro sentido común como es apoyar las demandas que provienen de las mismas familias que durante estos últimos años se han enfrentado a la emergencia habitacional.

Demandas de cambio que son reclamadas desde el ámbito internacional por el último dictamen de la ONU y 8 sentencias del TJUE que afirman que en el estado español se vulnera el Derecho a la Vivienda de forma sistemática.Remarcamos en este sentido que el Partido Popular durante este noviembre ha recurrido la mitad de artículos de la Ley Valenciana de la Función Social de la Vivienda y junto con Ciudadanos ha bloqueado una ILP para acabar con los desahucios en la comunidad. Hay un bloqueo sistemático de las iniciativas ciudadanas a nivel autonómico para proteger el Derecho a la Vivienda por parte del gobierno del PP. Pero este gobierno se encuentra a su vez en minoría en el Congreso de los diputados. Por lo que es cuestión de voluntad política que el resto de grupos parlamentarios se unan, defiendan nuestro texto de ley, y presionen al gobierno del PP para que no impida su trámite interponiendo un veto. Pasar de una ley criminal, a una ley de justicia, es una responsabilidad pública que pasa por apoyar las demandas de la sociedad civil presentadas en la Ley Vivienda PAH.

Hoy ha sido el PSOE quien ha perdido la oportunidad histórica de posicionarse del lado de los Derechos Humanos, pero nosotras seguiremos luchando con la razón de nuestro lado, para lograr la legislación de la Ley de Vivienda de la PAH, un símbolo de esperanza para millones de afectadas, que entienden de manera ejemplar y propositiva la realidad que viven cada día, luchando por las personas en riesgo y poniendo soluciones sobre la mesa.

 

¡Sí Se Puede! Porque es de Justicia

#PSOEsinValor

PorLa PAH

#HandsOffOurHomes – ¿Qué es la financiarización de la vivienda?

La European Action Coalition está lanzando #HandsOffOurHomes, una campaña contra la financiarización de la vivienda.

La financiarización de la vivienda es el resultado de la expansión del capitalismo neoliberal y su propensión a la mercantilización de todas las esferas de la vida. La desregulación neoliberal favorece al sector privado al apropiarse de la vivienda y transformarla en un producto básico.

La transformación completa de la vivienda en bienes, no solo una mercancía en los mercados inmobiliarios, sino también en los mercados financieros. Esta transformación permite la especulación y la reducción de la función social de la vivienda, como una necesidad social esencial y un derecho humano fundamental.

Además, una mezcla de nuevas leyes y desregulación facilita la posibilidad de que el sector privado financie y permita la especulación.

Contra el poder de las finanzas en la vivienda y en las ciudades. Decidimos tener una campaña de amplia base que habla sobre las diversas formas de financiarización, y daba una gran oportunidad a los grupos miembros para impulsar sus propios problemas. Aunque esto hubo un acuerdo general para tener una campaña de concienciación que incluía luchas locales.

Los bancos, las élites, los inversores y los desarrolladores inmobiliarios se han vuelto aún más ricos, mientras que las desigualdades crecen. Las ejecuciones hipotecarias, los desalojos forzosos y la falta de vivienda aumentan en Europa a medida que disminuye la oferta de vivienda y se privatiza con fondos de inversión. Por otro lado, se construyen apartamentos de lujo y espacios de oficinas que permanecen vacíos. La vivienda se ha convertido en una mercancía.

Las causas subyacentes de estos procesos están siendo descubiertas y denunciadas; la acumulación de capital en nuestras ciudades conduce a la mercantilización y la financiarización de la vivienda, en beneficio del sector privado y en detrimento de los habitantes de las ciudades. Las ciudades se usan para generar ganancias. Se violan los derechos humanos a la vivienda y a la ciudad.

Llamamos a todos los movimientos europeos de vivienda, también a la sociedad en general, a alzar sus voces contra la financiarización de nuestras ciudades y hogares. Exigimos viviendas decentes y asequibles para todos.