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PorLa PAH

El Plan de Vivienda del PP vs La Ley de Vivienda de la PAH y los Derechos Humanos

El Consejo de Ministros, del viernes día 9 de marzo, ha aprobado el Plan de Vivienda, no sabemos si para fabricarse una coartada para vetar la proposición de Ley de Vivienda de la PAH, o si sólo porque tienen amigos que necesitan recibir pronto ayudas. Es muy elocuente que, cuando hemos interpelado al Gobierno Central sobre los problemas de vivienda, siempre se ha despachado con un eso es competencia de las CCAA, luego ha recurrido todas y cada una de las leyes autonómicas, y ahora aprueba un plan, que tienen que desarrollar las autonomías, pero que le viene ya marcado en sus contenidos y cuantías, limitando totalmente la capacidad de éstas para utilizarlo según sus criterios y necesidades, y, por otra parte, nadie entendería que el Gobierno vetara el proyecto de ley de Vivienda de la PAH por afectar a los presupuestos, tras haber aprobado este Plan, que supone un gasto de 1.443 millones de euros.

España, es por encima de Chipre y Malta, el tercer país de la UE que menos invierte en vivienda: el 0,03% del PIB, frente al 1,41% del Reino Unido, el 0,83% de Francia, o el 0,59 de Alemania según datos de la OCDE.

El Plan del PP va destinado a subvencionar la construcción de nuevas viviendas destinadas al alquiler, cuando en España, y según el INE hay más de 3 millones de casas cerradas. Además, también va a destinar una parte importante a la rehabilitación de viviendas y otra a las ayudas al alquiler. Según todos los expertos que se han pronunciado, este plan, lejos, no ya de solucionar, sino simplemente de aliviar el problema, va empeorar mucho las cosas especialmente, en los precios del alquiler, actualmente en fase de burbuja, ya que va a incrementar la demanda, sin tocar la oferta, por lo que los precios se dispararán aún más. Esta subida, afectará sin lugar a dudas, a los precios de alquileres sociales comprometidos con familias desahuciadas que, si reciben ayudas, irán a parar a las cuentas de resultados de los bancos que las desahuciaron.

Para la PAH, este plan supone nuevamente, una importante transferencia de 1.443 millones de euros públicos a los bolsillos privados de constructores y grandes tenedores de vivienda para alquiler, sin que se cree el imprescindible Parque Público de Vivienda para alquiler, ya que los propietarios de las casas seguirán siendo los mismos, por tanto, al acabar el plan, habremos gastado todo ese dinero, no habremos solucionado nada, y unos pocos serán mucho más ricos. Además, cuando las ayudas al alquiler, que son por un máximo de 3 años caduquen, y los precios se hayan inflamado aún más, las familias no podrán hacer frente a las renovaciones, y sus propietarios y la LAU les pondrán de nuevo en la calle.

Pese a que en España cada año fallecen en torno a 7.000 personas por causa de la pobreza energética, el Plan del PP no incluye nada al respecto.

Frente a ese plan, la Ley de Vivienda de la PAH propone:

  • Dación en pago retroactiva, para cancelar las deudas impagables de aquellas familias que perdieron sus casas, víctimas de unos procedimientos, que además de anacrónicos, injustos e inmorales, eran ilegales.
  • Moratoria para todos los desalojos forzosos sin alternativa habitacional.
  • Alquiler asequible, mediante el establecimiento de índices de referencia de precios, como existen en Alemania, Reino Unido, Francia, Austria… etc.
  • Creación de un parque público de vivienda que sirva para garantizar el acceso a la misma. En la actualidad hay 3,5 millones de casas vacías en España que deberían ir
  • Garantía de acceso a los suministros básicos, estableciendo un mínimo de garantía e implicando en su coste a las suministradoras.

Se trata en fin, de una ley de la que la actual Relatora de Vivienda de la ONU, señora Leilani Farha, ha dicho en un artículo periodístico: El valor central de #LeyViviendaPAH es que ha sido redactado por las mismas personas afectadas por desahucios y ejecuciones hipotecarias, proponiendo soluciones a las causas sistémicas que produjeron esta situación. El proyecto, entre otras cosas, propone medidas concretas para evitar desahucios, la creación de otra burbuja inmobiliaria, la invasión de fondos buitres, y la mercantilización y turistificación de la vivienda. La #LeyViviendaPAH nos presenta una oportunidad para debatir un cambio paradigmático que entienda a la vivienda como un derecho humano del que todas debiéramos de gozar. Es también un precedente de buenas prácticas que sirva para inspirar al mundo. ¡Aprovechemos esta oportunidad y apoyemos el debate!

Si el pasado verano el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas dictaminó que España había vulnerado el Derecho Fundamental a la vivienda, al haber desahuciado, por impago de alquiler a una familia, sin alternativa habitacional, el pasado jueves, día 8, este mismo Comité volvió a pedir a España que paralizase otro desahucio (o que le facilite alternativa habitacional) a una familia que ocupa una casa del BBVA, reiterando nuevamente, que la vivienda es un Derecho Fundamental.

El proyecto de Ley de Vivienda de la PAH se haya actualmente finalizando el plazo de posible veto por parte del Gobierno del Partido Popular, plazo que concluye el próximo día 16. Aunque muchos alcaldes, concejales y diputados autonómicos del PP han apoyado y aprobado resoluciones en favor de nuestra ley, desde el Gobierno no hemos obtenido respuesta alguna a las muchas peticiones de reunión con el ministro De La Serna. Aunque el Gobierno, aun sin presupuestos que lo avalen, acaba de aprobar su Plan de Vivienda por 1.443 millones/€, pensamos que podría plantear el veto a la ley alegando que tiene repercusión presupuestaria. No obstante, la decisión final no está en su mano, ya que todos los miembros de la Mesa del Congreso han hecho público su apoyo a la toma en consideración de la ley, por lo que, si Ciudadanos quiere, el PP no podrá haber tal veto. Estaremos atentas a Rivera y a los suyos.

PorLa PAH

Manifiesto 8M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTAS SOMOS MÁS. Cada 8 de Marzo celebramos la alianza entre mujeres para defender nuestros derechos conquistados. Fue la unión de muchas mujeres en el mundo, la que consiguió grandes victorias para todas nosotras y nos trajo derechos que poseemos hoy. Nos precede una larga genealogía de mujeres activistas, sufragistas  y sindicalistas. Las que trajeron la Segunda República, las que lucharon en la Guerra Civil, las que combatieron al colonialismo y las que fueron parte las luchas anti-imperialistas. Sin embargo, sabemos que aún no es suficiente: queda mucho por hacer y nosotras seguimos luchando.

La sororidad es nuestra arma; es la acción multitudinaria la que nos permite seguir avanzando. La fecha del 8 de marzo es nuestra, internacional y reivindicativa. 
Hoy, 8 de Marzo, las mujeres de todo el mundo estamos convocadas a la HUELGA FEMINISTA.

Nuestra identidad es múltiple, somos diversas. Vivimos en el entorno rural y en el entorno urbano, trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. Somos payas, gitanas, migradas y racializadas. Nuestras edades son todas y nos sabemos lesbianas, trans, bisexuales, inter, queer, hetero… Somos las que no están: somos las asesinadas, somos las presas. Somos TODAS. Juntas hoy paramos el mundo y gritamos: ¡BASTA! ante todas las violencias que nos atraviesan.

¡BASTA! de agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones. Exigimos que el Pacto de Estado contra las violencias machistas –por lo demás insuficiente– se dote de recursos y medios para el desarrollo de políticas reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias contra las mujeres y niñas. Denunciamos la represión a quienes encabezan la lucha por los derechos sociales y reproductivos.

¡BASTA! De violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas, que vivimos las mujeres sea cual sea nuestra edad y condición. QUEREMOS poder movernos en libertad por todos los espacios y a todas horas. Señalamos y denunciamos la violencia sexual como expresión paradigmática de la apropiación patriarcal de nuestro cuerpo, que afecta de modo aún más marcado a mujeres en situación de vulnerabilidad como mujeres migradas y trabajadoras domésticas. Es urgente que nuestra reivindicación Ni una menos sea una realidad.

¡BASTA! De opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales! Denunciamos la LGTBIfobia social, institucional y laboral que sufrimos muchas de nosotras, como otra forma de violencia machista. Somos mujeres y somos diversas.

¡MUJERES LIBRES, EN TERRITORIOS LIBRES!

Somos las que reproducen la vida. El trabajo doméstico y de cuidados que hacemos las mujeres es imprescindible para el sostenimiento de la vida. Que mayoritariamente sea gratuito o esté devaluado es una trampa en el desarrollo del capitalismo. Hoy, con la huelga de cuidados en la familia y la sociedad, damos visibilidad a un trabajo que nadie quiere reconocer, ya sea en la casa, mal pagado o como economía sumergida. Reivindicamos que el trabajo de cuidados sea reconocido como un bien social de primer orden, y exigimos la redistribución de este tipo de tareas.

Hoy reivindicamos una sociedad libre de opresiones, de explotación y violencias machistas. Llamamos a la rebeldía y a la lucha ante la alianza entre el patriarcado y el capitalismo que nos quiere dóciles, sumisas y calladas.

No aceptamos estar sometidas a peores condiciones laborales, ni cobrar menos que los hombres por el mismo trabajo. Por eso, hoy también hacemos huelga laboral.

Huelga contra los techos de cristal y la precariedad laboral, porque los trabajos a los que logramos acceder están marcados por la temporalidad, la incertidumbre, los bajos salarios y las jornadas parciales no deseadas. Nosotras engrosamos las listas del paro. Muchos de los trabajos que realizamos no poseen garantías o no están regulados. Y cuando algunas de nosotras tenemos mejores trabajos, nos encontramos con que los puestos de mayor salario y responsabilidad están copados por hombres. La empresa privada, la pública, las instituciones y la política son reproductoras de la brecha de género.

¡BASTA! de discriminación salarial por el hecho de ser mujeres, de menosprecio y de acoso sexual en el ámbito laboral.

Denunciamos que ser mujer sea la principal causa de pobreza y que se nos castigue por nuestra diversidad. La precariedad se agrava para muchas de nosotras por tener mayor edad, ser migrada y estar racializadas, por tener diversidad funcional o una imagen alejada de la normatividad. Reivindicamos que nuestra situación laboral nos permita desarrollar un proyecto vital con dignidad y autonomía; y que el empleo se adapte a las necesidades de la vida:  el embarazo o los cuidados no pueden ser objeto de despido ni de marginación laboral, ni deben menoscabar nuestras expectativas personales ni profesionales.

Exigimos también las pensiones que nos hemos ganado. No más pensiones de miseria, que nos obligan a sufrir pobreza en la vejez. Pedimos la cotitularidad de las pensiones y que el tiempo dedicado a tareas de cuidado, o que hemos desarrollado en el campo, sea reconocido en el cálculo de las pensiones al igual que el trabajo laboral y luchamos  por  la ratificación del convenio 189 de la OIT que regula el trabajo doméstico.

Gritamos bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas. Las mujeres tenemos un papel primordial en la lucha contra del cambio climático y en la preservación de la biodiversidad . Por eso, apostamos decididamente por la soberanía alimentaria de los pueblos. Apoyamos el trabajo de muchas compañeras que ponen en riesgo su vida por defender el territorio y sus cultivos. Exigimos que la defensa de la vida se sitúe en el centro de la economía y de la política.

Exigimos ser protagonistas de nuestras vidas, de nuestra salud y de nuestros cuerpos, sin ningún tipo de presión estética. Nuestros cuerpos no son mercadería ni objeto, y por eso, también hacemos huelga de consumo. ¡Basta ya de ser utilizadas como reclamo!

Exigimos también la despatologización de nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras circunstancias: la medicalización responde a intereses de grandes empresas, no a nuestra salud. ¡Basta de considerar nuestros procesos de vida como enfermedades!

La educación es la etapa principal en la que construimos nuestras identidades sexuales y de género y por ello las estudiantes, las maestras, la comunidad educativa y todo el movimiento feminista exigimos nuestro derecho a una educación pública, laica y feminista. Libre de valores heteropatriarcales desde los primeros tramos educativos, en los que las profesoras somos mayoría, hasta la universidad. Reivindicamos también nuestro derecho a una formación afectivo-sexual que nos enseñe en la diversidad, sin miedos, sin complejos, sin reducirnos a meros objetos y que no permita una sola agresión machista ni LGTBIfóbica en las aulas.

Exigimos un avance en la coeducación en todos los ámbitos y espacios de formación y una educación que no relegue nuestra historia a los márgenes de los libros de texto; y en la que  la perspectiva de género se transversal a todas las disciplinas. ¡No somos una excepción, somos una constante que ha sido callada!

 

¡VIVAN LA HUELGA DE CUIDADOS, DE CONSUMO, LABORAL Y EDUCATIVA!
¡VIVA LA HUELGA FEMINISTA!

 

Ninguna mujer es ilegal. Decimos ¡BASTA! al racismo y la exclusión. Gritamos bien alto: ¡No a las guerras y a la fabricación de material bélico! Las guerras son producto y extensión del patriarcado y del capitalismo para el control de los territorios y de las personas. La consecuencia directa de las guerras son millares de mujeres refugiadas por todo el mundo, mujeres que estamos siendo victimizadas, olvidadas y violentadas. Exigimos la acogida de todas las personas migradas, sea por el motivo que sea. ¡Somos mujeres libres en territorios libres!

Denunciamos los recortes presupuestarios en los sectores que más afectan a las mujeres: el sistema de salud, los servicios sociales y la educación.

Denunciamos la corrupción como un factor agravante de la crisis.

Denunciamos la justicia patriarcal que no nos considera sujetas de pleno derecho.

Denunciamos la grave represión y recortes de derechos que estamos sufriendo.

Exigimos plena igualdad de derechos y condiciones de vida, y la total aceptación de nuestra diversidad.

¡NOS QUEREMOS LIBRES, NOS QUEREMOS VIVAS, FEMINISTAS, COMBATIVAS Y REBELDES!
Hoy, la huelga feminista no se acaba:
¡SEGUIREMOS HASTA CONSEGUIR EL MUNDO QUE QUEREMOS!

PorLa PAH

LA PAH ACUDE AL CONGRESO A EXPLICAR LAS CAUSAS Y SOLUCIONES A LA EMERGENCIA HABITACIONAL

Hoy la PAH hemos acudido al Congreso de los diputados. Estábamos invitadas a participar de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera. Lo hemos dejado claro: hay responsables de la emergencia. Los negocios y tratos entre el gobierno del PP y la banca nos han llevado a la catástrofe habitacional que hoy seguimos atravesando.

Pero hay soluciones. Fuimos las primeras en demostrar que se podían parar los desahucios a pie de calle desobedeciendo leyes injustas. Y somos las primeras en poner soluciones sobre la mesa, para que se legislen leyes justas.

Las soluciones están recogidas en la #LeyViviendaPAH. Y es tan sólo cuestión de voluntad política que el Partido Popular y Ciudadanos permitan que se debata. Hoy, de nuevo, ambos grupos no se han posicionado sobre esta propuesta de ley, actuando como cómplices.

Nosotras seguiremos acudiendo a sus sedes, a interpelarles públicamente, hasta conseguir un posicionamiento claro. Hay vidas en juego, y propuestas para rescatarla.

Link de la intervención: https://t.co/PPXLTePrvr

PorLa PAH

EL PLAN DEL PP PARA ACABAR CON EL DERECHO A LA VIVIENDA

El único plan estatal viable para proteger nuestros hogares es aprobar la Ley Vivienda PAH

El ministro de Fomento Iñigo de la Serna ya ha anunciado el Plan Estatal de Vivienda del PP. Un plan cuyas medidas principales son la ayuda a la compra y la puesta en alquiler de viviendas de la SAREB mediante subvenciones públicas. Sobre la primera medida, las voces de los expertos ya han sido claras: las ayudas a la compra no van a arreglar el problema en modo de alguno. De hecho, los propios portales inmobiliarios como Idealista avisan de que conceder estas ayudas generarán una subida de los precios. Con lo que, en realidad, el problema del encarecimiento de la vivienda no sólo persistiría, sino que empeorará malgastando recursos públicos. De hecho, los presupuestos generales que ahora maneja el gobierno son unos presupuestos prorrogados de 2017, que cuentan únicamente con 466 millones destinados a vivienda. Una cifra ridícula, de las más bajas de Europa, y que contrasta fuertemente con los más de 70.000 millones del rescate bancario que el Banco de España ya dan a fondo perdido.

Sobre la segunda medida del Plan, subvencionar con dinero público alquileres en pisos de la SAREB supone de nuevo un traspaso de recursos públicos a entidades privadas. Recordemos que la SAREB, el banco malo, es un instrumento creado por el PP para liberar a los bancos de hipotecas en riesgo de impago: adquiriendo estas mismas hipotecas mediante inyecciones de financiación pública. Y la realidad, es que la SAREB ha acabado sirviendo para continuar especulando con viviendas de las que las familias han sido desahuciadas. Volver a pagar por estas viviendas, es una ofensa a las más de 500.000 familias que han sido desahuciadas desde 2009. La única medida de sentido común que se puede realizar con la SAREB es la cesión de todas sus viviendas a la Administración pública para realojar a las familias en emergencia.

Por si fuera poco, el Plan del PP no ha generado ningún tipo de consenso, siendo medidas que si se aprueban por decreto no contarían con el aval de las fuerzas parlamentarias. Sería un plan impuesto, que lejos de solucionar el problema, empeora la situación. Y recordamos a este respecto que ninguna medida que el PP haya realizado desde 2013 en materia de vivienda ha sido capaz de dar respuesta a más de 1% de las familias afectadas por los desahucios. En resumen, el Plan del PP es una imposición, contraria a la opinión de los expertos, que no genera ningún consenso parlamentario y que no contiene ni una sola medida eficaz.

A este respecto, no tiene ningún sentido que mientras el PP presenta medidas de papel mojado, no se posicione frente a la Ley de Vivienda que la PAH ha registrado en el Congreso. Una ley que se registró con el apoyo público de Unidos Podemos, ERC, Compromís y Bildu. Que cuenta con el apoyo a la tramitación del PSOE y del PDECat. Que es apoyada por más de 100 mociones presentadas en Ayuntamientos de todo signo político. Que ha sido refrendada desde 14 Parlamentos Autonómicos. Que incluso es defendida por la relatora de vivienda de la ONU, Leilani Farha, como un ejemplo para inspirar al mundoUna ley que rescataría a las familias, que nos nivelaría con el resto de la Unión Europea y permitiría que la ciudadanía pudiéramos acceder a una vivienda sin caer en la precariedad.

Además, y a diferencia del Plan del PP, la Ley de Vivienda de la PAH no supondría ningún gasto a los presupuestos generales en vigencia. Las medidas contenidas en esta ley forzarían a los bancos a conceder alquileres sociales, a los fondos buitre a ceder vivienda injustificadamente vacía a la Administración pública, y a las grandes inmobiliarias a establecer alquileres asequibles. Es por tanto una ley que obligaría a los mismos culpables de la emergencia habitacional a poner recursos para solventar la situación, rompiendo con la lógica perversa de traspasar recursos públicos a entidades privadas. Incluso la ley contempla que si alguna de sus medidas afecta a los presupuestos generales en vigencia, estas se apliquen en los próximos presupuestos.

El gobierno del PP ahora tiene hasta mediados de marzo para interponer un veto alegando que afecta a los presupuestos en vigencia, lo que sería falso, e implicaría que esta ley tan necesaria ni siquiera pudiera debatirse. Desde la PAH hemos solicitado una reunión precisamente con el Ministerio de Fomento, para tratar la cuestión del veto. Para explicarle que la ley no afecta a los presupuestos. Que hay vidas en juego. Una solicitud que se ha encontrado únicamente con el silencio. Mientras el PP calla, cada día 173 familias son desahuciadas. El veto a la Ley Vivienda PAH sería acto injustificado, de corte dictatorial y profunda vulneración democrática, porque no permitiría que esta ley pudiera ser debatida. Con que continuaría aplicándose una agresión brutal contra la ciudadanía.

A pesar de todas las dificultades, desde la PAH vamos a luchar todo lo posible por nuestras propuestas. Porque cuentan con un apoyo social masivo, y con la experiencia de años paralizando desahucios a pie de calle. Porque en ausencia de gobiernos valientes, es imprescindible que la ciudadanía luchemos por nosotras mismas. Porque está en juego algo más profundo que el Derecho a la Vivienda, y es la propia Democracia.

Y queremos finalizar enviando un mensaje a Ciudadanos: nuestra mirada esta puesta sobre vuestra actuación. Si el PP veta la Ley Vivienda PAH, y apoyáis este veto, seréis responsables directos de cada desahucio y de cada corte de suministro. Si vetáis la Ley Vivienda PAH, demostraréis que sois exactamente iguales que el PP. Demostraréis que PP y Ciudadanos están más unidos que nunca para desahuciar a las familias. Mostrando, lamentablemente, vuestro idéntico interés: el de la banca y los fondos especulativos.

En su lugar, os damos la oportunidad de posicionaros con las familias y los Derechos Humanos. Nosotras lo tenemos bien claro: el único plan estatal viable para garantizar el Derecho a la Vivienda es aprobar la Ley Vivienda PAH.

#LeyViviendaPAHesSolución

PorLa PAH

Respuesta inadecuada e insuficiente de España al dictamen de las Naciones Unidas

Varias organizaciones lamentan la respuesta de España ante la condena y las recomendaciones de Naciones Unidas por no garantizar una vivienda alternativa a una familia desahuciada

• Denuncian que la respuesta del Estado español ante las recomendaciones emitidas por el Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de Naciones Unidas, que condenaba a España por haber vulnerado el derecho a la vivienda en el caso de una familia con hijos menores de edad, de 1 y 3 años, ha sido inadecuada e insuficiente.

• Las personas desahuciadas habían tenido que vivir en un coche durante unos diez días por falta de recursos.

Madrid.- El Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de Naciones Unidas condenó a España en julio de 2017 por vulnerar el derecho a la vivienda al no garantizar el acceso a una vivienda alternativa a una familia que, con dos hijos menores de edad, había sido desahuciada; y le obligó a presentar una serie de medidas para implementar las recomendaciones del dictamen. Sin embargo, la respuesta dada por parte de las autoridades españolas a esta condena y a las recomendaciones de Naciones Unidas, entre las que se encuentran la obligación de ofrecer una reparación efectiva a las víctimas, asegurar que su legislación y su aplicación son conformes con las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda y la obligación de prevenir violaciones similares en el futuro, ha sido absolutamente insuficiente. Así lo denuncian hoy las organizaciones firmantes, que insisten en que actualmente España se encuentra en una crisis del derecho a la vivienda que está afectando a cientos de miles de personas.

España estrena así, paradójicamente, membresía en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2018-20, ignorando su obligación de responder de manera adecuada al Comité sobre cómo iba a otorgar a las víctimas una compensación económica por las violaciones sufridas, además de cómo iba a reembolsarles los costes legales razonablemente incurridos en la tramitación de esta comunicación.

Con respecto al caso del dictamen del Comité, la única respuesta que ha dado el Estado español ha sido la de informar acerca de que la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para que los afectados puedan presentarse a los procedimientos abiertos para la adjudicación de vivienda pública protegida. Sin embargo, la familia afectada, que tras el desalojo se vio obligada a vivir en un coche durante unos diez días, por falta de recursos y que actualmente habita ya en una vivienda adjudicada por el Ayuntamiento de Madrid, asegura que ninguna autoridad del Estado se ha puesto en contacto con ellos, ni siquiera para mostrar una disculpa.

Para las organizaciones firmantes la respuesta del Estado español al dictamen de Naciones Unidas es insuficiente, como también es alarmante el hecho de que no incluya, en el escrito enviado al Comité, cómo va a establecer garantías de no repetición y cómo va a prevenir violaciones de este tipo en el futuro. Además, España desoye completamente las recomendaciones del Comité en materia de vivienda y tampoco ofrece una sola medida concreta para cumplir el dictamen, sino que simplemente remite a documentos pasados ya presentados ante el Comité y previos en cualquier caso al dictamen.

Las entidades, que muestran una vez más su preocupación por la falta de cumplimiento del Estado español de sus obligaciones con respecto al derecho a la vivienda, exigen:

Un incremento presupuestario orientado a aumentar el parque de viviendas sociales de alquiler con el fin de garantizar el acceso y el realojo de personas sin recursos. Este incremento debe revertir el hecho de que durante la crisis económica y cuando cientos de miles de personas han perdido sus viviendas, el Gobierno ha reducido desde 2009 el presupuesto de vivienda en más de un 70%.

Reformas de las leyes procesales, incluida la Ley de Enjuiciamiento Civil, para incrementar las garantías de protección del derecho a la vivienda incluyendo el juicio de proporcionalidad que obligue a los jueces a evaluar caso por caso la proporcionalidad y razonabilidad de los desahucios de viviendas que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya exige.

• La adopción de protocolos que mejoren la coordinación entre juzgados y servicios sociales orientados a garantizar a las personas sin recursos un alojamiento adecuado alternativo.

• La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar los derechos de las personas arrendatarias y proteger su seguridad a la tenencia de la vivienda.

Más información
España tenía que presentar, en el plazo de seis meses desde que el Comité DESC emitió su dictamen en julio de 2017, una respuesta por escrito que incluyera información sobre las medidas tomadas tras el dictamen y las recomendaciones del Comité.

Las organizaciones firmantes de este comunicado, Amnistía Internacional, Arquitectura Sin Fronteras (ASF), Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas sin hogar – FEANTSA-EANTSA (representada por Cáritas Española), Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Observatori DESC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Sindicato de Inquilinos, han conformado un grupo de monitoreo de la sociedad civil, orientado al cumplimiento por parte del Estado del dictamen

PorLa PAH

Respuesta de la PAH a Alcaraz y sus vergonzosas afirmaciones

En relación a las declaraciones del presidente de Caixabank Juan Antonio Alcaraz, en las que afirma que “los desahucios son una leyenda urbana, nosotros no hemos desahuciado a nadie”, demuestran la prepotencia de la clase banquera, que se permite desmentir al Consejo General del Poder Judicial, al Instituto Nacional de Estadística, al Banco de España… etc. que facilitan periódicamente datos que demuestran justo lo contrario. Además, miente cuando afirma que su entidad no ha desahuciado a nadie, nada más falso, Caixabank trata de cuidar su imagen corporativa desahuciando a través de las empresas de su grupo Servi Habitat o Building Center, intentando dejar limpia la imagen de Caixabank.

En su delirio, el banquero Alcaraz afirma que las cláusulas abusivas como la suelo, estaban muy claras, y que lo que pasa es que la gente no quiere pagar, que “lo que está bien visto es no `pagar las deuda”s, añade “A los bancos, ha asegurado, no les interesa desahuciar a nadie porque una que vez desahucias y te consigues quedar con la casa”, la tienes que vender. Omite que, con la legislación hipotecaria vigente en España, el banco además de lo que haya pagado el ejecutado, se queda con la casa, la puede vender, pero también se queda con la deuda pendiente tras la subasta, deuda que también puede vender.
Pero olvida también el delirante banquero Alcaraz, los miles de millones de dinero público con el que les hemos rescatado, ignora que ese dinero ha salido de nuestra educación, nuestra sanidad, nuestras pensiones, en definitiva, nuestros derechos.

El banquero Alcaraz es una muestra evidente de la clase de gente que, con la cooperación necesaria de los gobiernos, nos trajeron la crisis y nos impusieron su lógica: todo beneficio, nula responsabilidad y el imperio del abuso. Con refinada táctica se han especializado en el s. XXI hacer realidad la sociedad esclavista: crean dolor y sufrimiento sin límite, se apropian de nuestras horas de trabajo invertidas en la vivienda y perpetúan las deudas de por vida.

El cinismo ante los centenares de miles de desahucios por alquiler, hipoteca y ocupación de buena fe, se acerca peligrosamente a la estrategia “Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad” (Goebbels)

Desde la PAH somos conscientes de la necesidad de cambiar las leyes, para eso hemos elaborado la Ley de Vivienda de la PAH, que ya ha sido registrada en el Congreso de los Diputados, y que si es aprobada constituirá un enorme avance en el Derecho a la Vivienda en nuestro país.

La sociedad civil necesita hacer realidad que la vivienda es un derecho humano, fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales; más allá de mera mercancía con la que traficar.

Es el momento de elegir y ahora nos toca “Dignidad”

PorLa PAH

Nuevo pack de documentos útiles – “Kit Dictamen DESC” para paralización urgente de desalojos

En la actualidad acumulamos más de medio millón de desalojos de primera vivienda desde el inicio de la crisis, y las cifras no remiten aunque el origen de los desalojos esté girando de hipotecas a alquileres, con cifras alarmantes de lanzamientos derivados de familias sin ingresos que ocupan viviendas vacías de bancos ante la falta de alternativa de ningún tipo. En la PAH nos encontramos con personas y familias que acumulan ya varios procesos de desahucio consecutivos, a pesar de llevar años solicitando vivienda pública, en una espiral de desamparo que sólo se vence con apoyo y toma de conciencia de las verdaderas causas del problema.

La falta de un parque público de vivienda imposibilita equilibrar los precios del mercado, que siguen subiendo como la espuma: disparados más de un 30% desde 2013. En ciudades como Barcelona y Madrid, más de la mitad de los ingresos de quienes viven de alquiler, se destinan a pagar la vivienda.

173 familias son desahuciadas cada día. No existe un parque público de vivienda donde realojarlas. El parque público estatal no llega ni a un 2%, mientras en el resto de la Unión Europea la media mínima es del 15%.

Las ejecuciones hipotecarias continúan produciendo también desahucios aunque muchas se encuentran suspendidas a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva, por enésima vez, sobre la cláusula de vencimiento anticipado en los próximos meses y decida la suerte de cientos de miles de procedimientos.

El presente “Kit” de la PAH pretende servir como mecanismo de emergencia ante desalojos inminentes sin alternativa habitacional. Está planteado como un escrito procesal en el que, introduciendo todos los datos del caso particular, se plantee al juez/jueza que tramita el proceso de desahucio la necesidad de realizar un “examen de proporcionalidad” antes de autorizar la medida de desalojo. Además, se solicita un requerimiento judicial a las administraciones públicas (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) para que faciliten la vivienda alternativa hasta el máximo de sus recursos disponibles.

El 20 de junio de 2017 el Comité DESC de Naciones Unidas declaró que los desalojos, del tipo que sean, tal y como se produce en España a diario, constituyen una vulneración de Derechos Humanos pues generalmente no existe alternativa habitacional conocida ni el Estado adopta medidas para evitarlo hasta el máximo de recursos disponibles. Además, el procedimiento legal no prevé ningún trámite en el que el órgano judicial tome en consideración las razones de las partes para efectuar lo que se conoce como “juicio de proporcionalidad” de la medida, una práctica exigida por el Comité de NNUU pero también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según constantes sentencias que se exponen en el “Kit Dictamen Desc”.

Estas obligaciones, además, han sido asumidas recientemente por el Tribunal Supremo en una sentencia (22-11-2017) de lo Contencioso-Administrativo, que recoge la necesidad de practicar antes de cualquier desalojo un juicio de proporcionalidad, y llama la atención al caso especialmente sangrante de desahucios con presencia de NNA (niños, niñas y adolescentes) dónde la obligación es mayor por efecto de la Convención de Derechos del Niño de 1989.

Esperamos producir un efecto progresivo de suspensiones en Juzgados de Primera Instancia haciendo cumplir los Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados por España, hasta ahora, desgraciadamente, papel mojado.

15 de enero de 2018.

Comisión Jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Qué contiene este KIT:

1.- Consejos orientativos para su uso (el presente texto).

2.- Modelo de Escrito de Solicitud Urgente de Suspensión del Desalojo (descargar): se trata de un modelo elaborado por la Comisión Jurídica de la PAH, bajo la filosofía Creative Commons. De este modo puede y debe adaptarse a cada caso, y cada persona afectada y/o su abogado/a puede y debe modificarlo a su gusto, mejorándolo incluso para dar una versión más apropiada en cada procedimiento. En cualquier caso, sirve de orientación básica para trasladar a los órganos judiciales muchas de las alegaciones que ya se están haciendo en los Juzgados y que desde la PAH venimos incorporando en nuestros escritos.

3.- Dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas de 20 de junio de 2017 (descargar).

4.- Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2017 (descargar).

 

CUESTIONES PRÁCTICAS PARA UTILIZAR EL “KIT DICTAMEN DESC”

Procesos hipotecarios: utilizar como escrito de emergencia en caso de que no haya sido posible detener el desahucio acogiéndose a la moratoria de desahucios hasta mayo de 2020 para supuestos de extrema vulnerabilidad.

Procesos de desalojo por alquiler: utilizar en cualquier momento del proceso para detener el desalojo, remitiendo al órgano judicial a requerir a las administraciones públicas para proveer de vivienda alternativa.

Procesos de desalojo dentro de procedimiento penal por delito de usurpación: utilizar una vez que el desalojo se haya ordenado y no quepa más recurso posible.

Procesos de desalojo de una vivienda pública en los juzgados contencioso-administrativos: en lo contencioso-administrativo, el juez tramita lo que se llama un procedimiento de “autorización de entrada en domicilio” dónde se otorga un plazo de 5ó 10 días para realizar alegaciones. Este escrito debe servir como alegación principal del estado de necesidad y la falta de alternativas con que cuenta la familia.

ATENCIÓN: En todos los casos, si cabe recurso y hay plazo para interponerlo contra la última resolución recibida que ordena el desalojo, el “Kit Dictamen DESC” debe articularse como parte del recurso que se interponga. Es decir, el cuerpo del texto del recurso debe incorporar las alegaciones que hemos desarrollado en el “Kit”.

Abogado y Procurador: Si ya tienes abogado y procurador asignados en el procedimiento, son ellos quiénes pueden plantear el escrito, ya sea presentando el escrito tal cual o como parte de un recurso contra la última resolución recurrida. Si no cuentas con abogado ni procurador, y la situación es urgente, puedes presentar el escrito por ti mismo, pero recomendamos acudir al Colegio de Abogados lo antes posible para que te asignen defensa legal, solicitando la suspensión del proceso.[1]

[1] Casos especiales:

En las situaciones en que tu abogad@ opine que no es procedente presentar las alegaciones del “Kit Dictamen DESC” y a pesar de ello, tú consideres que sí pueden ser útiles, puedes solicitar un cambio de abogado en el Colegio de Abogados correspondiente. No obstante, estos trámites pueden demorarse varios meses, por lo que, en último caso, presenta escrito al Juzgado tú mismo, solicitando que se suspendan los plazos hasta que se te asigne nuevo abogado.

Diferencias en cada Comunidad Autónoma: en el “Kit Dictamen DESC” existen espacios para introducir la situación de la vivienda pública en la Comunidad Autónoma que se trate. Hemos introducido algunos datos alarmantes del caso de la venta de vivienda pública en Madrid y Barcelona a fondos buitres que nos parecen útiles para poner al juez/a en situación de lo que ocurre en España, pero lo ideal es que en cada territorio, el escrito incluya alguna referencia a la situación particular de la falta de vivienda pública.

Desalojos en viviendas con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA): el encabezado del escrito contempla la posibilidad de que también las personas con menos de 18 años figuren en el mismo, para que su situación también sea tenida en cuenta, pues finalmente son víctimas del desahucio con mayor impacto en su vida que los adultos y a menudo pasan desapercibidos para el órgano judicial. Dado que el juez/jueza debe realizar un “juicio de proporcionalidad” de la medida del desahucio antes de autorizarlo, consideramos que la participación de los NNA en el proceso es legalmente exigible y por eso deben figurar como partes en el encabezamiento.

En caso de utilizar el “Kit Dictamen DESC” como parte de un recurso:

Procesos hipotecarios: indicar en el encabezamiento del escrito que se trata de un Recurso contra la última resolución, si estas en plazo para ello.

Procesos de desalojo por alquiler: indicar en el encabezamiento del escrito que se trata de un Recurso contra la última resolución, si estas en plazo para ello.

Procesos de desalojo dentro de procedimiento penal por delito de usurpación: indicar en el encabezamiento del escrito que se trata de un Recurso contra la última resolución, si estas en plazo para ello.

Procesos de desalojo de una vivienda pública en los juzgados contencioso-administrativos: en lo contencioso-administrativo, el juez tramita lo que se llama un procedimiento de “autorización de entrada en domicilio” dónde se otorga un plazo de 5ó 10 días para realizar alegaciones. Tras ello se dicta un “Auto” en el que el juez autoriza o desautoriza el desalojo. En caso de autorización cabe “Recurso de Apelación” contra el mismo en plazo de 15 días. Si este es tu caso, plantea el “Kit Dictamen DESC” como recurso de apelación solicitando expresamente la suspensión del desalojo e indica textualmente en el encabezamiento que es un recurso “en ambos efectos”. La regulación contencioso-administrativa no permite que este recurso de apelación sea suspensivo, pero entendemos que debe solicitarse y debería suspenderse por tratarse de una cuestión de Derechos Fundamentales de muy difícil o imposible reparación en caso de cometerse el desalojo.

 

PorLa PAH

Casi 20.000 desahucios en el tercer trimestre de este año

Según los datos del CGPJ hechos públicos hoy, en el tercer trimestre de este año se han presentado en los juzgados 5.518 nuevas ejecuciones hipotecarias, y se han producido 19.606 nuevos desahucios en todo el estado. Siguen bajando los derivados de ejecución hipotecaria, fruto de la “tregua” que mantiene los procedimientos paralizados en los, juzgados a la espera de sendas resoluciones del TJUE sobre las cláusulas de vencimiento anticipado y de intereses de demora. Y continúa el ascenso imparable de los desahucios como consecuencia de impago del alquiler que aumentan un 4,2%, como consecuencia de la indefensión que sufren los inquilinos como consecuencia de las reformas de la LAU, la burbuja que están generando en los precios del alquiler el cambio a usos turísticos de viviendas que antes eran residenciales, y por supuesto de los bajos salarios que impiden cada vez más el acceso a una vivienda digna.

Esta brutal cifra de casi 20.000 desahucios, pone nuevamente de manifiesto el grave incumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones contenidas en el dictamen de Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU del pasado mes de junio, en el que se establecía un plazo de 6 meses para establecer una serie de modificaciones legislativas, judiciales y sociales, que el Gobierno parece estar ignorando hasta el momento.

Desde la PAH consideramos que, el Derecho Fundamental de acceso a una vivienda digna en nuestro país, sólo será posible mediante la aprobación y aplicación íntegra de la Ley de Vivienda de la PAH, que esperamos registrar en el Congreso el próximo 10 de enero, y por ella continuaremos la movilización necesaria hasta su aprobación.

PorLa PAH

LA LEY DE VIVIENDA DE LA PAH EXIGE QUE LA ENERGÍA SEA UN DERECHO GARANTIZADO

La PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) señalizan hoy a las empresas suministradoras en municipios de todo el Estado, que en ausencia de una ley estatal que proteja a las familias, perpetran cortes indiscriminados de suministros básicos y fuerzan a las familias a acumular deudas impagables para tener acceso a agua, luz y gas. Una situación que sería revertida con la legislación de la Ley de Vivienda de la PAH: un texto de ley presentado a todos los grupos parlamentarios del Congreso y que incluye medidas ya articuladas para poner fin a la pobreza energética, con suministros garantizados para todas; y a los desahucios.

En los últimos 12 años el precio de la luz ha subido un 83%. Solo en 2016, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa acumulaban un beneficio de más de 5.500 millones. Mientras hemos vivido en propia piel cómo las facturas no paraban de aumentar, nuestra renta familiar descendía. Y como resultado, hasta 5 millones de hogares sufrirán frío este invierno según datos de la Asociación de Ciencias Ambientales.

Datos a los que se suma el incendio de Alcorcón, provocado por el uso de velas ante la falta de luz, y que ocasionó la hospitalización de seis personas, incluyendo tres menores de edad. También la muerte de Rosa, del municipio de Reus, que falleció en un incendio por utilizar velas debido a que Gas Natural le cortó la luz. La pobreza energética mata, y existen soluciones para ponerle fin.

La PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética, impulsamos en Cataluña la Ley 24/2015 contra la emergencia habitacional. Una ley que incluye medidas vigentes que han paralizado más de 39.000 cortes de suministros. Por eso, la PAH ha presentado en el Congreso la Ley de Vivienda de la PAH. Un texto de ley para extender las medidas de la Ley 24/2015 a todo el Estado español. Porque una vivienda digna es un hogar con acceso a suministros. Porque la energía, el agua y la vivienda son derechos básicos que deben ser accesibles y asequibles para todas las familias.

Mientras luchamos por una ley estatal que de verdad nos proteja, el PP y el PSOE legislan el Bono Social eléctrico, que plantea descuentos del 25% al 40% de las facturas con unos baremos de renta muy bajos. Un parche que no da respuesta a las situaciones de pobreza energética que sufren un 11% de la población en el Estado español.

Y la protección que regula contra los cortes es ínfima, trasladando toda la responsabilidad a la Administración de que si no paga el 50% de las facturas, no se podrá proteger a las familias más vulnerables de los cortes de luz. Además, no incluye ninguna protección estatal contra los cortes de gas o de agua. De nuevo, en vez de apoyar medidas efectivas propuestas por las familias afectadas, el PP y el PSOE se aúnan para sacar adelante un parche, incapaz de dar respuesta a la emergencia, y que defiende los intereses de unas compañías -que cosechan millones de beneficios encareciendo las facturas- por encima de la ciudadanía.

Por si fuera poco, el gobierno del PP ha recurrido en noviembre, en pleno invierno, la Ley Valenciana por la Función Social de la Vivienda y contra la pobreza energética. También ha bloqueado junto a Ciudadanos la ILP Madrileña contra la emergencia habitacional. Leyes autonómicas que contenían medidas para garantizar los suministros. El gobierno del PP se ha convertido en el brazo protector de las suministradoras. Y frente a esta situación, las familias afectadas exigimos una ley que nos proteja en todo el Estado español con medidas de sentido común:

  • El Principio de Precaución, por el cual no se puedan cortar los suministros básicos a familias cuya vulnerabilidad haya sido acreditada por Servicios Sociales.
  • La garantía de un Consumo Mínimo Vital de las familias a luz, agua y gas.
  • La Tarifa Social, que implica que las suministradoras asuman el coste de las facturas que no puedan ser afrontadas por las familias.

Con la Ley de Vivienda de la PAH, todos los grupos parlamentarios del Congreso tienen la oportunidad histórica de legislar medidas que corresponsabilicen a las suministradoras a poner recursos para solventar la emergencia que han provocado. Nosotras seguiremos reivindicando nuestras demandas hasta hacerlas realidad.

¡Exigimos agua, luz y techo!
#SuministrosGarantizados

 

PorLa PAH

LA LEY DE CRÉDITO INMOBILIARIO DEL PP ES UN NUEVO SERVICIO A LA BANCA

Hoy martes 5 de diciembre finaliza la recogida de enmiendas al proyecto de ley de crédito del PP en el Congreso de los diputados. Una legislación que la Directiva Europea 2014/17/UE marcaba que se realizará antes del 21 de marzo de 2016. Hablamos de un retraso que ha provocado que la Unión Europea exija una sanción de 105.000 euros diarios al Estado español hasta que se apruebe definitivamente una ley de crédito.

El proyecto de ley de crédito del PP no solo llega tarde, sino que además llega mal. En líneas generales, pretende que los bancos otorguen información sobre posibles consecuencias ante el impago. Pero que, en ningún caso, retira las cláusulas abusivas. Ni siquiera la cláusula suelo, que protagonizó la octava sentencia del TJUE que declaraba ilegal la ley hipotecaria del Estado español.

Peor aún, este proyecto de ley tampoco elimina la cláusula de vencimiento anticipado, que posibilita a los bancos exigir de golpe toda la deuda hipotecaria a las familias que no puedan hacer frente a unas pocas mensualidades. Esta cláusula ha sido la causa de que más de 700.000 familias hayan pasado por procesos de ejecución hipotecaria desde 2008, perdiendo la mayoría de estas familias su hogar y encima arrastrando de por vida la deuda hipotecaria. Hablamos de una violación sistemática de Derechos Humanos que no ocurre en ninguna otra parte de la Unión Europea.

Concretamente, en el proyecto de ley que ahora presenta el PP, la cantidad de impagos antes de ejecutar la cláusula de vencimiento anticipado será de entre nueve y doce meses, que corresponderán al 2% y 4% del capital de la hipoteca. Es decir, el PP permitirá que, si una familia se ve incapaz de hacer frente al 2% de la hipoteca, independientemente de su situación económica y social, el banco podrá exigir de golpe el 100% restante de toda la deuda.

Por decirlo más claro: familias que acumulen deudas bancarias de menos de 5.000 euros, de repente se les exigiría un pago único de más de 200.000 euros a riesgo de ser desahuciadas. Una estafa en toda regla que mantiene a las familias expuestas a la emergencia habitacional. Este proyecto está pensado para legalizar los abusos bancarios, tratando de evitar futuras condenas judiciales a la banca y omitiendo flagrantemente nuestros derechos y protección frente a los intereses de la banca.

Afirmamos que este proyecto de ley está muy lejos de solucionar los problemas que tiene la ciudadanía. E ignora el dictamen de la ONU que insta al gobierno del PP a reformar las leyes para evitar desahucios sin alternativa habitacional antes de que acabe 2017. Por lo que exigimos a los grupos parlamentarios que tengan la cordura de modificar positivamente este proyecto de ley, y que pongan toda su energía en apoyar la Ley Vivienda PAH: un texto de ley que recoge medidas para acabar con los desahucios, regularizar la dación en pago retroactiva y movilizar la vivienda vacía de la banca.

Un texto de ley redactado por las mismas familias afectadas por procesos hipotecarios que durante 9 años se han movilizado contra la banca consiguiendo arrancar miles de soluciones. La Ley Vivienda PAH es la herramienta para hacer efectivas las exigencias internacionales y proteger el futuro de las familias. Es el camino para pasar de una ley criminal a una ley de justicia. Es la única alternativa para acercar el Derecho a la Vivienda en nuestro país.

¡La Ley Vivienda PAH al Congreso!