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Pinchar la burbuja del alquiler aún es posible

La PAH y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos hemos logrado que una mayoría parlamentaria se posicione a favor de un nuevo Decreto Ley. Las elecciones no son excusa: el Gobierno debe impulsar una batería de medidas urgentes en los próximos días, poniéndose del lado de la ciudadanía y no de quienes especulan con la vivienda.

La crisis habitacional en la que seguimos instalados desde 2008 exige medidas urgentes por parte del Gobierno del Estado. He ahí la premisa con la que la PAH y los Sindicatos de Inquilinas visitamos el Congreso de los Diputados, el pasado miércoles 20 de febrero. A lo largo de una jornada maratoniana, de más de 10 horas, tuvimos ocasión de vernos con los grupos parlamentarios y les trasladamos un mensaje: las disputas pre-electorales no pueden retrasar medidas insoslayables.

Porque la situación de injusticia y vulneración de derechos en la que vivimos es de sobras conocida. Debido a las políticas antisociales adoptadas por el Gobierno del PP entre 2012 y 2013, la especulación que habíamos vivido en torno a las hipotecas se trasladó también a los alquileres. Fueron decisiones a medida de la banca y los fondos buitre, que nadie más pedía, y que han tenido consecuencias nefastas. Mientras los beneficios inmobiliarios de unos pocos se han triplicado y alcanzado cotas que no se veían desde 2007, los desahucios se han disparado y ya están al nivel de los peores años de la crisis financiera: 165 lanzamientos judiciales al día, uno cada 5 minutos. Mientras los fondos buitre acaparan viviendas a una enorme velocidad, sin precedentes en la historia, el alquiler ya se come más ingresos que en ningún otro país de la OCDE.

Frente a esta realidad de emergencia habitacional, hay que actuar. Aunque la legislatura va llegando a su fin, es perfectamente factible para el Gobierno impulsar un real decreto. Incluso con las Cortes disueltas, tras el 5 de marzo, podría hacerse a través de la Diputación Permanente. Y si es factible impulsar un decreto, también lo es que sea aprobado por una mayoría de grupos, que en principio estaría por la labor de darle apoyo.

Ahora bien, también es necesario que el actual gobierno tenga la valentía de redactar un Decreto Ley mucho más garantista que el anterior, como venimos exigiendo desde el Sindicato de Inquilinas y la PAH. Frente a un sistema de vivienda orientado a hacer de nuestras casas un negocio para una minoría y un motivo de angustia y desesperación para millones de familias, no valen los parches. Por ello, les hemos trasladado a los grupos parlamentarios el conjunto de medidas mínimas y urgentes que debería incorporar.

1. Stop Desahucios con fecha abierta. El sufrimiento que producen los 165 desahucios diarios en el Estado español no se evitará con un mes de moratoria en la ejecución del lanzamiento, tal y como proponía el Decreto Ley del pasado Enero. Hacen falta medidas urgentes para paliar la crisis habitacional y evitar que cada vez haya más gente sin casa. Exigimos, en primer lugar, que se explicite en el Real Decreto que todos los desahucios deben ser notificados con fecha y hora y acabar de una vez con la práctica de los desahucios con fecha abierta, que agravan la tragedia de las personas que los sufren.

2. Stop Desahucios sin alternativa habitacional. En segundo lugar, es fundamental que la ley 24/2015, aprobada en Cataluña y ratificada por el Tribunal Constitucional, sea implementada en el resto del Estado. Con la finalidad, entre otras, de que los grandes tenedores se hagan cargo de realojar a todas las personas que van a ser desahuciadas por impago de alquiler e hipoteca. Y además, debe ampliarse este deber a los casos en los que los contratos de alquiler se renueven con unas condiciones y precios que los inquilinos no puedan asumir.

3. Alquileres asequibles: es urgente regular los precios del alquiler entre contrato y contrato, basándose en índices que tengan en cuenta el poder adquisitivo real de la gente. Además, las subidas dentro de un mismo contrato deben estar estrictamente vinculadas al IPC.

4. Alquileres estables: los contratos de alquiler no pueden terminarse de forma unilateral e injustificada. Tienen que renovarse a no ser que el propietario demuestre que necesita la vivienda para uso personal o de un familiar. Además, hay que asegurar que un contrato siga vigente cuando hay un cambio de propietario, independientemente de si el contrato estaba inscrito en el registro.

5. Fin de los abusos de los intermediarios: son los arrendadores, para los que trabajan la práctica totalidad de agencias inmobiliarias, los que tienen que asumir sus honorarios. Nunca los hogares inquilinos, hoy un mercado cautivo de los agentes.

6. Expulsión de los fondos buitre: es imperativo eliminar las socimi, vehículos financieros que disfrutan de enormes privilegios fiscales, y que permiten que los fondos buitre especulen masivamente con nuestros hogares y sean la punta de lanza de la burbuja.

7. Movilización de las viviendas vacías: en un contexto de emergencia habitacional (165 desahucios cada día) y en un país con 3.4 millones de viviendas vacías según el último censo (INE 2011), hay que empezar a multar e incluso expropiar para garantizar la función social de la vivienda, evitar la escasez artificial y frenar la especulación.

8. Tanteo y Retracto. Las administraciones públicas y el tercer sector han de poder comprar la mismo precio que lo hacen los fondos especulativos por lo que exigimos que se les dote de esa capacidad.

 

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Nuevo órdago social contra La Sareb

Las PAHs catalanas exigen al banco malo la movilización de sus viviendas, no en uso de la especulación, sí para alquileres sociales y cesión a la Administración pública para ampliar el parque de vivienda asequibl

Las Pahs Catalanas se movilizan con el objetivo claro de obtener Recuperadores de la Sareb con poder de decisión en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. A día de hoy se está negando toda negociación a las familias que quieren un alquiler social con la SAREB, cuya única respuesta es derivarlas a las oficinas de Altamira que se encuentran en Madrid, sin darles más datos, teléfonos o correos de con quién poder interlocutar para alcanzar una solución. Esta respuesta está llevando a centenares de familias a la exclusión residencial, familias a las que se les está negando su derecho a una vivienda.

Desde el estallido de la crisis en 2008, en un marco en que el gobierno aseguraba que teníamos «el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional», la emergencia habitacional no ha hecho más que aumentar. Entre 2010 y 2012, el Estado español inyectó más de 61 millones de euros de dinero público, de nuestro dinero, para rescatar a la banca. ¿El resultado? Una concentración de capital en manos de unos pocos, que tras la venta y absorciones de entidades, no ha hecho más que aumentar el beneficio de la banca, mientras se atenta contra los derechos más básicos de la ciudadanía, que ha visto en estos años cómo se les arrebataban sus hogares a causa de unas leyes criminales, para que pasaran a engrosar la cartera de especulación. Una ciudadanía empujada a la precariedad, a la persecución judicial, a la espada de Damocles ante un posible desahucio o a sufrirlo –a día de hoy se siguen produciendo 183 desahucios diarios-,  mientras vemos cómo el dinero ”prestado” a la banca nunca será devuelto. 

A esto lo llaman “limpiar” o “sanear” el sistema financiero, y dentro de este proceso de ”limpieza” se creó la Sareb. La Sareb es conocida como el banco malo, pero en realidad es una inmobiliaria de “activos tóxicos” con los despojos de la burbuja inmobiliaria, de las entidades rescatadas con dinero público. Estos “activos tóxicos” son viviendas acabadas o medio acabadas sin vender, la deuda de promotores y constructoras fallidas, son viviendas que habían pasado a manos de la banca, desahucio tras desahucio, subasta tras subasta.

La Sareb, la inmobiliaria más grande de Europa, es una entidad  45% pública mientras el otro 55% es de las entidades rescatadas (por lo que la mayor parte de su dinero también es de todas). Pero en vez de garantizar el derecho a la vivienda para cientos de miles de ciudadanos que se encuentran en la calle, su objetivo es vender sus activos con un 15% de beneficio antes de 2027, como demuestra la venta producida a finales de 2018 de Témpore, que gestiona un parque de miles de viviendas en alquiler, a los fondos buitre estadounidenses TPG y Are. Esta operación llega en un momento en el cual todos los indicadores alertan sobre un nuevo recalentamiento del mercado inmobiliario, menos de una década después del estallido de la burbuja inmobiliaria que hundió la economía española desatando una crisis cuyos efectos aún perduran. La apuesta por viviendas de alquiler, con la introducción de nuevas modalidades de comercialización como los pisos turísticos alquilados por días o semanas, convierte a los inmuebles en un bien de inversión rentista que nuevamente está elevando los precios de la vivienda a niveles propios de 2010.

Todo esto ocurre mientras el Gobierno no pone ni una solución para aumentar el irrisorio 2% de parque publico de vivienda. El Gobierno, incapaz de dar solución a la emergencia habitacional por la falta de vivienda, pero que sigue permitiendo que las entidades financieras tengan en sus manos más de 3.500.000 de pisos vacíos. Soluciones que tienen sobre la mesa gracias a la autoorganización de la ciudadanía, que sufre las consecuencias de esta falta de voluntad política. Soluciones que ya han demostrado su eficacia gracias a la Ley 24/2015 catalana. Una ley que marca la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social y a ceder las viviendas a la Administración pública antes de un desahucio. Una ley que el gran benefactor de la especulación, el Partido Popular, quiso cargarse en 2016 con un recurso de anticonstitucionalidad, pero que gracias a la presión social hemos recuperado recientemente.

Ante el fallo reciente del Constitucional del levantamiento de los artículos suspendidos de la Ley 24/2015, queremos recordarle a la Sareb que están obligados como grandes tenedores a ofrecer un alquiler social. Exigimos se garantice nuestro derecho a una vivienda, queremos que la Sareb deje de ningunearnos, nos escuche, nos atienda y cumpla lo que dicta la Ley. No queremos seguir en el ostracismo, queremos recuperadores claros con quienes interlocutar y poner soluciones.

La ciudadanía ya hemos pagado bastante, ahora llegó el momento de que las viviendas de la Sareb sirvan para dar vida a la gente y no para alimentar a los fondos buitre y a la especulación. Son pisos que se han pagado con dinero público, el nuestro, por eso llevamos mucho tiempo diciéndolo: la Sareb es nuestra. Y por eso mismo reclamamos la cesión de sus pisos al parque público de vivienda, que cesen los desahucios de las familias que habitan pisos del banco malo, y un alquiler social para las familias que han recuperado parte de estas viviendas al no tener más alternativa que esta o la calle. Gracias a nuestra Obra Social PAH y recuperando bloques enteros en manos de la Sareb, demostramos que la ciudadanía organizada puede hacer temblar a Goliat. Bloques en los que centenares de personas pueden vivir dignamente aunque de forma irregular, a la espera de la voluntad por parte de la Sareb, a abrir una mesa de negociación que les permita regularizar su situación. Ya logramos estas demandas con bloques recuperados por la PAH, que gracias a la presión social fueron cedidos a la Generalitat y logramos que todas las familias que los habitaban consiguieran sus contratos de alquiler social en las mismas viviendas, pudiendo así mantener el sentimiento de comunidad.

La acción de hoy da un paso más en la campaña #PorDerechoAVivienda, iniciada por la PAH y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos el pasado lunes 18 de febreropensada para poner la vivienda en el centro del debate y lograr un Decreto Ley, antes de la finalización de esta legislatura, que realmente proteja a las familias, pinche la burbuja y garantice proyectos de vida bajo un techo asequible y estable.

Basta de especulación, de casas sin gente, de gente sin casa, y una medida para poder hacer esto efectivo es tener

#RecuperadoresDeLaSareb

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Nuestros hogares están en juego

Mientras en el Congreso siguen con su juego de tronos, la ciudadanía sigue auto organizándose para conquistar sus derechos negados.

La PAH llevamos 10 años denunciando el expolio de vivienda por parte de la banca con el apoyo de los gobiernos PP, del PSOE y sus palmeros parlamentarios. 10 años con falta de vivienda sin involucración del Congreso y de las administraciones  públicas autonómicas y municipales, más ocupadas en mantener su postura de poder y comodidad, que en garantizar los derechos de la ciudadanía.

Denunciamos, día tras día, los miles de desahucios que hay en España mientras ponemos nuestros cuerpos entre las autoridades y las familias para evitar todos los que podemos. Denunciamos las violaciones sistemáticas de tratados europeos e Internacionales, que defienden Derechos Humanos, mientras sentencias europeas y estudios realizados por Universidades y expertos nos dan la razón y demuestran como afectan los desahucios en la salud, sobre todo de los niños.

En España vivimos una grave situación crónica de emergencia habitacional, que se manifiesta en los 183 desahucios ejecutados cada día (más de 650.000 desde el 2008) en la hiperinflación de los precios de alquiler, en la reactivación de las subidas de los precios y los cortes de suministros básicos, unidos a la inexistencia de Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y social. Ante esta situación patrocinada por la usura de los bancos, el imperio energético, la mafia de los fondos de inversión o en resumen un sistema financiero pensado solo para el beneficio de unas pocas, ningún gobierno ha adoptado medidas valientes y justas, para que el derecho de acceso a la vivienda pueda ser ejercido por todo el mundo.

Ante este estado de cosas, desde la PAH elaboramos un texto de ley, la Ley de vivienda de la PAH, que establecía la dación en pago retroactiva, limitaba la responsabilidad al bien hipotecado, ampliaba a 10 años la duración de los contratos de alquiler, movilizaba casas vacías de los grandes tenedores para ser utilizadas como Parque Público y garantizaba mínimos de subsistencia en materia de suministros básicos. Tras una montaña rusa de vicisitudes, logramos el pasado septiembre, que la ley fuera tomada en consideración por el Congreso. Sin embargo, desde entonces, cada semana, el PP y Cs han venido bloqueando su tramitación hasta que el pasado diciembre, el PP presentó una enmienda a la totalidad, enfocada a contrarrestar el fallido decreto de alquileres del Gobierno. Al PP y a Cs les importa muy poco el sufrimiento de la gente y el incumplimiento de la Constitución si con ello se benefician los  fondos buitre, la banca, las socimis…

Un texto legal, surgido desde la experiencia de lo vivido en nuestras Asambleas, redactado por nuestra comisión jurídica formada por compañeras altruistas y voluntarias. Un texto legal que pone por escrito todo lo que hemos demostrado durante 10 años, con desobediencia pacífica, que si se puede lograr. 

El gobierno que ahora cesa no ha tomado medidas para el cumplimiento del PIDESC, a pesar de que desde NNUU no cesan de reclamarlo. A pesar de conocer la corta duración de la legislatura, no ha trabajado con la velocidad y ambición suficientes como para aprobar las medidas necesarias. Además, en la tramitación de la Ley de Crédito Inmobiliario, ha adoptado los criterios de la derecha de seguir sobreprotegiendo a la banca, fondos buitre y socimis a costa de la gente, moderando cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado o permitiendo la cesión de créditos el IRPH…, e impidiendo además la dación en pago como fórmula de solucionar las situaciones sobrevenidas de incapacidad de hacer frente a los pagos, y permitiendo en consecuencia que la gente pueda seguir siendo desahuciada y manteniendo deudas impagables y de por vida, o sea, continuar tal y como estábamos.

Ahora, con la convocatoria de elecciones, la ley de Vivienda de la PAH decaerá, y seguiremos como siempre: El Derecho a la Vivienda seguirá siendo inexistente en España, y seguirá dependiendo del nivel de renta de cada persona o familia.

Pero, como siempre, la PAH no se rinde, y exigimos al gobierno de Pedro Sánchez que, antes de las elecciones, legisle mediante decretos todo aquello que la legislación permita: duración de contratos, precios, aplicación al conjunto del Estado de las medidas contenidas en las leyes autonómicas recurridas al TC por el gobierno anterior y que han sido validadas por el Tribunal, como la cesión obligatoria de casas por parte de grandes tenedores… etc. Recordamos al gobierno actual, que en Catalunya, gracias a la PAH que impulsó una ILP,  existe la ley 24/2015 que está funcionando con las mismas bases que planteamos en la Ley Vivienda PAH y que el propio PSOE, junto a PdeCat, PNV, En Marea, Ciudadanos y Grupo Mixto, se comprometió por escrito a ampliar los derechos que otorga dicha ley a todo el Estado, desarrollando un alegislación que incluya dichos derechos.

Estos derechos, pasan por dejarse de excusas para llegar al poder, y empezar ya a hacerlos efectivos de manera valiente, con una regulación de la LAU que verdaderamente pinche la actual burbuja, no solo ampliando los contratos, también con una regulación de precios que impida su especulación, medidas para movilizar los pisos vacíos de la banca, fondos buitre y socimis que promuevan la cesión obligatoria de estas viviendas a la Administración pública, así como los de la Sareb con un 45% de dinero público y una cartera creada a base de los hogares de familias desahuciadas. ¡Qué menos tras el rescate a la banca y los millones de dinero público que eso ha costado y ya damos por perdidos!

También exigimos al conjunto de partidos que van a concurrir a todos los procesos electorales que vienen, que en sus diferentes ámbitos de competencias implanten medidas que garanticen que el Derecho de Acceso a la Vivienda se pueda convertir en realidad. Si no es así nos tendrán enfrente como siempre hemos hecho, la situación actual necesita claridad y contundencia, no medias tintas ni falsas promesas.

Para lograr estos objetivos, lanzamos una campaña, junto a los Sindicatos de Inquilanas denominada “Por el Derecho a la Vivienda”, a la que esperamos que se vayan incorporando colectivos y movimientos sociales, de todo tipo ya que recordamos la vivienda nos afecta a a todas, para seguir denunciando la situación, sumarse a las futuras movilizaciones, ya iremos informando, señalar en los procesos electorales que vienen a los partidos responsables del lamentable estado de este derecho y exigir a todos que incluyan en sus programas nuestras reivindicaciones y presionarles también después de las elecciones para que cumplan esos compromisos.

La campaña #PorDerechoAVivienda arranca, anunciamos próximas reuniones con los grupos parlamentarios el próximo miércoles 20 y en base al resultado de estas ya sabremos cómo y contra quien actuar. 

Seguiremos luchando y cambiando el imaginario colectivo como siempre hemos hecho hasta garantizar el derecho a la vivienda que todas necesitamos

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La PAH en Africa

A través de su Comisión Internacional la PAH ha tomado parte en un encuentro celebrado en Marrakech dentro de un programa orientado al derecho a la vivienda, la ciudad, Programa completo (Frances) , y otros aspectos relacionados de la vida en Africa como la gobernanza. https://www.africities.org

Con nuestra participación hemos presentado nuestra historia de 10 años de lucha PAH, hemos compartido experiencias y nos hemos comprometido a encontrar fórmulas de colaboración.

Hacia la construcción de una red mediterránea de habitantes es el título de nuestra parte activa.

La reunión, organizada por la IAH (Alianza Internacional de los Habitantes) fue el 23/11/18 en Marrakech, en el marco de  Africities 8, y tiene como objetivo establecer una red internacional de organizaciones de habitantes en los países que bordean el Mar Mediterráneo, residentes y migrantes, en asociación con las autoridades locales que comparten el enfoque de derechos humanos en la implementación de políticas de vivienda, planificación urbana y gobernabilidad democrática.

Este es el primer paso conjunto entre organizaciones e instituciones que sienten la necesidad de intercambiar experiencias, definir estrategias comunes, fomentar la solidaridad internacional por el derecho a la vivienda y la ciudad y promover la libertad. El tráfico y el derecho a vivir en ciudades acogedoras, multiculturales, multiétnicas, seguras y dignas.

Ahora es imperativo y urgente abordar las causas profundas de estos problemas que causan el empobrecimiento y la desigualdad de los habitantes y nuestros territorios, y presentar propuestas transformadoras que emanan de barrios y colectivos urbanos conectados en todo el Mediterráneo.

El encuentro promueve un proyecto de movilización y formación local / internacional que, a partir del protagonismo de los sujetos directamente implicados, fomente la resistencia a la especulación inmobiliaria, la exclusión social, la guerra entre los pobres y el racismo que se autoalimenta.

Alimentar a través de viviendas a pobres, y contra los desalojos, de un lado a otro del Mar Mediterráneo común. Los oradores no solo vienen de Marruecos, Túnez, España e Italia, sino también de otros países de África, como Kenia, Nigeria, Sudáfrica y Zimbabwe, donde también están preocupados por la propuesta ya que estos países son a menudo la retaguardia de donde llegan los migrantes, nuevos habitantes de la cuenca mediterránea.

Tres apartados desarrollaron el encuentro :

1.- Intercambio de experiencias: todos los colores de las ciudades y sus habitantes.

Presentación de problemas a nivel local de vivienda pobre, planificación urbana y gobernanza urbana.

Presentación de las actividades y políticas implementadas a nivel local relacionadas con la defensa del derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad y la gobernanza urbana.

2.- Intercambio de propuestas de estrategia: juntos por el derecho a r-existir en las ciudades.

Presentación de propuestas de estrategia.

3.- Definición de un camino común 2019-2021 para la construcción de la Red de habitantes del Mediterráneo.

Foto de familia en conferencia y nuevos frentes de lucha para la PAH

Imagen geográfica de la Rede Mediterránea de los Habitantes

Un resumen de lo acontecido en el siguiente link:

https://esp.habitants.org/la_via_urbana/los_habitantes_en_africities_2018

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¡LO HEMOS CONSEGUIDO! ¡HEMOS HECHO POSIBLE LO IMPOSIBLE!

Hemos recuperado las medidas más importantes de la 24/2015 suspendidas por el TC: el alquiler social y la cesión obligatoria de viviendas de los bancos.

Después de casi tres años desde la impugnación de nuestra Ley por parte del Gobierno de Rajoy y la banca, la lucha incansable de las entidades sociales promotoras, con el apoyo de una mayoría abrumadora de la sociedad catalana, ha permitido “hacer posible lo imposible” y recuperar las herramientas más importantes que el PP había sentenciado y enterrado: el alquiler social obligatorio para parar los desahucios de grandes tenedores, y la cesión obligatoria de vivienda vacía de estos para garantizar el derecho a la vivienda de las personas en situación de exlusión residencial.

El Tribunal Constitucional ya ha notificado al gobierno español y a la Generalitat la sentencia con fecha de 31 de enero en la que acepta el desistimiento del recurso que acordaron ambos gobiernos y que el Consejo de Ministros ratificó el pasado noviembre. Estamos a la espera de su publicación en el BOE para su plena vigencia que no puede demorarse más de 30 días y que debería ser urgente, teniendo en cuenta la importancia social de su aplicación inmediata. El Tribunal ha esperado a hacer pública la aceptación del desistimiento a tener la sentencia lista en relación a todos los artículos impugnados y sobre los que no había acuerdo de desistimiento de los dos gobiernos.

El “fallo” acepta el desistimiento del recurso en los artículos 2.2, 5 (apartados 1, 2, 3, 4 y 9), artículo 7, y las disposiciones transitoria segunda y final tercera de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Por otra parte, estima el recurso y declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 3, 4 y de la disposición adicional, relativos al sobreendeudamiento, ya que los gobiernos estatal y catalán, pactaron el desistimiento del articulado de la Ley 4/2016 en este aspecto.

Recuperamos así herramientas tan imprescindibles y efectivas como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler cuando el propietario es un gran tenedor, y la cesión obligatoria de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores a la Administración pública con el fin de poder ampliar el parque de vivienda para alquiler social y hacer frente a desahucios. Las mesas de emergencia necesitan con urgencia estas medidas para poder ofrecer vivienda a todas las personas en situación de exclusión residencial.

Recuperamos, así, gracias a la lucha incansable de la ciudadanía organizada, las herramientas para el cumplimiento de la función social de la vivienda y para garantizar el derecho a la vivienda para todas, tan sistemáticamente vulnerado. Herramientas reclamadas no solo por las personas afectadas, sino también por los ayuntamientos, colegios profesionales y entidades del tercer sector social.

De ahora en adelante exigimos y pedimos:

1. En primer lugar y de manera prioritaria, la paralización de todos los desahucios que afectan a personas en situación de exclusión residencial.

2. Que Generalitat y ayuntamientos destinen el máximo de recursos y esfuerzos para que se aplique plenamente la ley, para realojar y para movilizar vivienda.

3. A la Generalitat:

  • Que se responsabilice de que no se vulnera la ley, y que active inmediatamente los mecanismos para la cesión obligatoria. Las listas de espera en las mesas de emergencia tienen que acabar porque la falta de vivienda ya no puede ser una excusa.
  • Que firme los convenios que obliguen a las suministadoras a asumir las deudas que las familias no pueden asumir.

4. A los ayuntamientos que apliquen desde ya los mecanismos para identificar los pisos vacíos y notifiquen a los grandes tenedores la obligación de cederlos. Asimismo, que sancionen todas aquellas situaciones de incumplimiento de la ley, como no haber hecho la oferta de alquiler obligatorio y los cortes de suministros a familias vulnerables.

Aprovechamos para hacer también un llamamiento a los juzgados para que la apliquen de forma exhaustiva, y a los abogados/as y profesionales de la justicia y del sector social para que la utilicen. Para ello facilitamos un conjunto de documentos útiles en la web de la PAH, así como una guía básica de su aplicación.

Las entidades del Grupo Promotor estaremos pendientes y movilizadas para que no se dé ningún desahucio, que los grandes tenedores cedan su vivienda y que las administraciones públicas protejan efectivamente a las personas. Por esto anunciamos acciones intensas en los próximos meses, empezando por el próximo 20 de febrero, día en el que todas las PAHs de Cataluña iremos a los Juzgados y a los ayuntamientos a exigir la paralización por ley de los desahucios de familias vulnerables.

Recordemos también que la Ley 24/2015 es una ley nacida de la iniciativa popular, que se puso en marcha en 2014 con casi 150.000 firmas para garantizar la aplicación del art. 47 de la CE, y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Ha sido posible gracias a las familias afectadas, movimientos sociales y a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas se tienen que cambiar, a las que ya no están pero nos dan fuerzas para seguir luchando, a todas las entidades sociales que nos han apoyado, y a todas aquellas personas firmantes de la ILP.

Sin embargo, esta gran victoria es un paso más, pero no el final. Continuaremos luchando por la regulación del precio de los alquileres y para que el derecho a la vivienda sea un hecho en todo el Estado con la aprobación de la Ley Vivienda PAH en el Congreso.

Exigimos la aplicación inmediata de la Ley 24/2015 para garantizar el derecho a la vivienda en Cataluña.

¡Sí se puede!

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El PP: Partido de la corrupción, los desahucios y la cárcel

La PAH lleva años planteando soluciones para realojar a las familias desahuciadas, el PP ha encontrado la más eficaz: una celda calienta durante 3 años y no nos quejemos que encima nos dan de comer y suministros garantizados.

El partido de la corrupción y los desahucios, el PP,  vuelve a la carga contra la gente, proponiendo una reforma de la ley de desahucio exprés del PDeCAT, para que también los estafadores de la banca, los especuladores de los fondos buitre y las socimis puedan utilizar este mecanismo, pero además, incluyendo penas de hasta 3 años de cárcel. Elimina la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio, para que la policía  pueda de inmediato, desalojar, sin necesidad de orden judicial, a pesar de que ya la ley del PDeCAT está recurrida ante el TC, entre otros, por este motivo. El PP no solo rescató a la banca con 77.000M de nuestros impuestos sin exigirles ni una sola contrapartida sino que, 10 años después de estallar la crisis económica, continua legislando contra las familias vulnerables, cebándose en el más débil. En el resto de países como Holanda y Estados Unidos la banca ha devuelto, con beneficios, todo lo que se les presto. El PP en cambio quiere que España continúe premiandolos por sus abusos e ilegalidades. 

Como siempre, utilizan como excusa las supuestas mafias de la ocupación para justificar una propuesta, que únicamente va en beneficio de los fondos buitre, las socimis y la banca, que como sabemos, son socios preferentes del PP. El PP, que liberó a las socimis de pagar el impuesto de sociedades, que puso las bases de la actual burbuja del alquiler con su reforma de 2013, que ha vendido vivienda pública a fondos buitre, que vetó la Ley de Vivienda de la PAH cuando era gobierno, que la ha estado bloqueando desde septiembre, que le ha presentado ahora una enmienda a la totalidad para mantener la actual situación de los alquileres.

¿Dónde piensa el PP de Casado que irán las familias desahuciadas? ¿Desaparecerán? En cualquier país de nuestro entorno las familias vulnerables estarían en una vivienda pública. En España, con un vergonzoso 1,5% de vivienda pública, versus el 15% de media Europea, se ven obligadas a ocupar. ¿Es la cárcel lo que entiende el partido más corrupto de Europa como realojo garantizado para las familias más vulnerables? 

En un país en el que sólo durante los 3 primeros trimestres de 2018 se han ejecutado más de 184 desahucios, de media al día, según los datos del CGPJ, donde el parque público de vivienda apenas supera el 1% imposibilitando el realojo de familias desahuciadas, con unos precios de alquiler y de compra de vivienda desbocados y unos salarios devaluados, donde se permiten los desalojos forzosos a familias vulnerables sin alternativa habitacional, las 184 familias desahuciadas cada día sólo pueden quedarse en la calle, u ocupar alguna de las más de 3,4 millones de casas vacías que según el INE hay en España.

El PP considera que tiene que prevalecer el derecho a la propiedad sobre el derecho a la vivienda, es decir se olvida del artículo 33.2 de la CE, donde establece que el derecho a la propiedad debe delimitarse a la función social de la misma. Y, con toda la cara, propone encarcelar a la gente que, sin ninguna otra alternativa habitacional ocupe  o recupere las casas cerradas de sus socios.

Este ataque al derecho a la vivienda consigue remacharlo con la actual Ley de crédito Inmobiliario, cuyo texto original de De Guindos blanquea cláusulas abusivas y que ha sido asumido vergonzosamente con retoques por el PSOE -votado por PSOE, PP, C’s, PdCat y PNV- ahora pendiente de debate en el Senado.

Pero la Ley de Vivienda la PAH propone alargar la duración de los contratos de alquiler hasta 10 años, cuando el propietario sea una empresa. Obligar a los grandes tenedores de vivienda (banca, socimis, fondos buitre…) que hayan recibido dinero público por vía de subvenciones, desgravaciones fiscales o rescates a ceder a las Administraciones Públicas el uso de sus casas, injustificadamente desocupadas para que sean utilizadas como Parque Público de Vivienda, para abaratar los alquileres y disponer de vivienda social que hemos financiado.

Pedimos apoyo a las movilizaciones para exigir la tramitación y aprobación inmediata de la Ley de Vivienda de la PAH, para que la vivienda deje de ser un simple bien de consumo más, y se garantice el acceso de todo el mundo.

¡Sí se puede! Por qué ellos defienden los intereses del 1% pero nosotras somos el 99% restante que puede revertir la situación.

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El alquiler nos ahoga y PSOE pretende que lo siga haciendo

La reforma de la LAU propuesta por el PSOE, sigue dando la espalda a los derechos de las inquilinas y poniendo la alfombra roja a la especulación aun no recoger medidas para regulazación de los precios

Que en España se sufre desde hace años una situación de grave emergencia habitacional es algo reconocido por casi todo el mundo. Mañana martes, el Congreso votara la convalidación o no del contradictorio Real Decreto 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Leído el mismo, resulta que tras un preámbulo en el que se hace un diagnóstico acertado, ya que parte del reconocimiento del Derecho a la Vivienda como un derecho fundamental, de reconocer también la insignificancia del Parque Público de Vivienda Social, de admitir la obligación de cumplir el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)… finalmente, el Gobierno cede a la presión de los fondos buitre y la banca, y aprueba una serie de recetas incongruentes con el diagnóstico de la enfermedad que ha descrito, ya que

  • No propone ninguna medida tendente a forzar la salida al mercado de los 3,4 millones de casas deshabitadas que señala el INE.
  • Aunque reconoce la existencia de una burbuja en relación con los precios de los alquileres, no adopta ninguna medida para abaratarlos.
  • No limita los incrementos de renta vinculándolos al IPC.
  • La comunicación entre juzgados y servicios sociales en caso de desahucio, al final es inútil, ya que como el propio preámbulo del real decreto describe, no existe parque de vivienda social público que pudiera permitir el realojo de las familias desahuciadas.
  • El PIDESC, se viola y se seguirá violando cada vez que se produzca un desalojo forzoso a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
  • A pesar de reconocer como fundamental el Derecho a la Vivienda adecuada, el acceso a la misma sigue vinculado exclusivamente al nivel de renta de cada persona o familia, sin que se garantice el derecho de acceso a las gentes sin renta o con rentas insuficientes.
  • No permite a los ayuntamientos intervenir en las denominadas zonas tensionadas al no incluir la elaboración de índices de referencia de los precios.

Frente a esta emergencia, el PP todavía más partidario de los fondos buitre, a quienes Ana Botella vendió un importante número de viviendas sociales de Madrid, reacciona, utilizando la Ley de Vivienda de la PAH, presentando una enmienda a la totalidad, con la que pretende anularla, y enmendar a la vez el real decreto del Gobierno, revirtiendo los escasos avances del mismo, en relación con la ampliación de la duración de los contratos.

¿Qué dice la PAH en materia de alquileres?

  • Cumplimiento del PIDESC: Ningún desahucio a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
  • Duración de los contratos: 5 años si el propietario es persona física con más de 5 viviendas en propiedad, o 10 años si es persona jurídica.
  • Los precios del alquiler estarán subordinados al índice de referencia de precios.
  • Los aumentos de renta no podrán subir por encima del IPC.
  • En caso de cambio de inquilina, el nuevo contrato no podrá superar al anterior en más del 1,5%.
  • Limita la fianza a una mensualidad de alquiler.
  • Modifica el régimen fiscal de las socimis, para que tributen al 40% en el impuesto de sociedades.
  • Promueve la cesión obligatoria de viviendas desocupadas de grandes tenedores que hayan recibido dinero público.
  • Establece la obligación de generar parque público de vivienda.
  • Aumenta el IBI a las casas injustificadamente vacías y
  • Prohíbe la venta de viviendas del parque público.

Por todo esto, desde la PAH lamentamos la oportunidad perdida por el Gobierno para hacer un decreto que atacase de manera real las causas que impiden el acceso a la vivienda: la especulación, el acaparamiento de viviendas por parte de especuladores, la carencia de parque público o el híper liberalismo del mercado y limitara y redujera los precios, o que garantizase el cumplimiento del PIDESC.

Sin embargo, ahora que la complicidad del PP con los especuladores ha posibilitado el desbloqueo que junto a Cs mantenían de la Ley de Vivienda de la PAH, su trámite urgente, y la aplicación de las medidas que contiene, pueden facilitar el que el acceso a la vivienda en España deje de ser un privilegio y pase a ser un Derecho, y por conseguirlo seguiremos luchando.

¡Sí se puede!

#RegulaciónAlquileresYa

Porlapah

PSOE, cómplice de la banca y marca blanca del PP y Ciudadanos, se retrata como el nuevo partido de los desahucios.

Ante el secuestro sistemático del derecho a la vivenda exigimos la retirada y rectificación de esta reforma hipotecaria junto a una mayor contundencia en el decreto sobre los alquileres

Hoy 20 de diciembre de 2018, el Congreso de los diputados vota la ley de crédito Inmobiliario, una  ley que no respeta el espíritu de las sentencias del Tribunal Justicia de la Unión Europea, ya que sigue dándole a la Banca beneficios frente al consumidor, no respetando el principio de proporcionalidad entre partes y deslegitima el supuesto apoyo del PSOE a la Ley Vivienda PAH, desvirtuando toda la esencia de esta.

No podemos entender como el PSOE, después de poner en primera línea de su voluntad política el derecho a la viviendamantiene unas políticas continuistas con las del Partido Popular y lejos de solucionar las cláusulas abusivas las legaliza, como deja a millares de familias con deudas contraídas con la anterior ley que Europa ha declarado ilegal, ley que permite seguir a las familias adquiriendo deudas impagables, en un momento en que la salida de la crisis es a costa de trabajos eventuales y precarios.

La reforma que avala el partido de Pedro Sánchez, copia y pega de la redactada por el banquero y exministro Luís de Guindos:

  • No  recoge la responsabilidad limitada al bien, manteniendo como hasta ahora la responsabilidad del deudor, que deberá responder con todos sus bienes presentes y futuros; es decir, el horizonte, en situación de impago, continuará siendo el sobreendeudamiento de por vida de las familias y su ruina
  • Los intereses de demora serán el interés remuneratorio más 3 puntos, cuando el Tribunal Supremo dice que no deben superar en más de dos puntos el tipo de interés del préstamo. 
  • Legalización de las cláusulas abusivasun nuevo gran favor a la Banca, haciendo que sea más difícil que los tribunales les obliguen a hacer reembolsos como los derivados de las cláusulas suelo y de los gastos hipotecarios, que les han costado cientos de millones de euros, dejando sin efecto las sanciones a los bancos que dejen de  incorporarlas. Cláusulas ya declaradas abusivas por el TJUE, como el vencimiento anticipado, el IRPH o la renuncia a la notificación de cesión del crédito a un fondo de inversión cuando se produce la titulización. Permitiendo que la banca pueda seguir iniciando procedimiento tras el vencimiento de 12 cuotas o el 3% del capital vencido, haciéndola retroactiva sin más miramiento y con todo el descaro, porque nada se ha dicho de pagar retroactivamente cuando los beneficiarios son las consumidoras en el caso de los gastos hipotecarios.
  • No impide la venta vinculada a otros productos, permitiendo a las entidades financieras ofrecerlos, cuando  proporcionen al consumidor  información sobre los productos, presentando dos presupuestos diferenciados, uno con esos productos y otro sin ellos, sobre los que el prestatario tendrá la última palabra, pero deja la última palabra al Banco de España, y todas sabemos dónde ha estado mirando esta entidad en los años más salvajes de la venta inmobiliaria.

Esta reforma, no solo no mejora en absoluta las condiciones de los deudores hipotecarios, deja fuera cualquier tipo de herramienta contra los desahucios. Se sigue obviando en Dictamen DESC de la Naciones Unidas y gracias al nuevo vencimiento anticipado que conlleva el archivo de los procedimientos de ejecución hipotecaria. 

Tras del escándalo del Supremo en las cláusulas suelo y en el impuesto hipotecario, ahorrando miles de millones a la Banca a costa de los consumidores, es ahora el legislativo, con el PSOE al frente, el que facilita que la Banca siga estafando y desahuciando con sus políticas criminales. ¿Por qué no declaran la retroactividad del vencimiento anticipado para los cientos de miles de familias que fueron desahuciadas debiendo menos de 12 cuotas hipotecarias? 

La PAH no va a consentir que sigan sin asumirse responsabilidades sobre los miles de desahucios producidos en la última década y que no se adopten medidas radicales para su eliminación.

Con la votación de hoy, avalada por toda la derecha conservadora española (Partido Popular, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco, PDeCAT, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, Foro de Asturias y Nueva Canaria)  y la abstención de Esquerra Republicana, el PSOE de Pedro Sánchez lo único que demuestra son sus verdaderos colores más allá de los falsos titulares que han usado para lavar su imagen desde que entraron de nuevo en el Gobierno. Para alimentar una política continuista a años de vejación de derechos fundamentales no era necesaria una moción de censura. 

Si realmente, Pedro Sánchez quería garantizar el derecho a la vivienda, nunca debería promover una ley hipotecaria como esta o un decreto para modificar la LAU, que también se queda corto y a medio gas. Un decreto que no vale para pinchar la burbuja de alquiler que ya es la culpable del 65% de los desahucios a día de hoy.

Por todo esto, habla la PAH y exigimos que se legisle en la línea marcada por la Ley Vivienda PAH, bloqueada semana tras semana por el PP y Ciudadanos. La única Ley que adopta medidas urgentes para garantizar una segunda oportunidad a las familias y los alquileres sociales, acabar con los desahucios y crear un auténtico parque público de viviendas, apostando realmente por la vivienda social y que la banca  devuelva en viviendas el rescate impagado con la cesión obligatoria de las que estén vacías, incluidas el 100% de las viviendas de la SAREB.

Mientras se siga vulnerando el derecho al hogar, cualquier Gobierno o partido que no muestre un compromiso claro con las demandas históricas, que se están exigiendo hace años desde la ciudadanía, nos tendrán enfrente, en las calles, reclamando ante las Instituciones y en Europa denunciando que en España, sigue habiendo vidas en juego por culpa de una leyes criminales.

Qué no te engañen

Porlapah

Habla la PAH sobre el decreto ley para reformar la LAU

Sobre el decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros en relación con los alquileres, la PAH manifiesta lo siguiente:

  1. Confirma la falta de ambición por parte del Gobierno de un grave problema que está impidiendo a miles de familias el acceso a la vivienda, al no atacar directamente los precios, ni intervenir directamente en el mercado.
  2. No tiene retroactividad, por lo que todos los contratos en vigor se regirán por la legislación actual, y sus posibles efectos positivos tardarán años en notarse, ya que partimos de unos precios especulativamente inflados.
  3. Carece de medidas para movilizar millones de casas desocupadas, que sus propietarios mantienen fuera del mercado con el fin de encarecer los precios de alquiler y de compra, especialmente fondos buitre, socimis y bancos.
  4. No permite a los ayuntamientos establecer índices de referencia de precios, para moderar y rebajar  los abusivos precios actuales.
  5. No modifica la legislación para que las inquilinas demandadas por sus caseros puedan defenderse en el proceso judicial, en contra del dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas.
  6. No incluye medida alguna para la generación del Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y social, a pesar de que en España dicho parque, apenas sobrepasa el 1% del total, mientras que, en países como el Reino Unido, Francia, Alemania, Austria y otros si sitúa en torno al 20%.

En consecuencia, la PAH considera que, para pinchar la actual burbuja de los precios de alquiler, son necesarias medidas como las que señalamos, ya que sin ellas los precios no van a bajar, y que para afrontar la actual situación de emergencia habitacional que sufre nuestro país, es imprescindible la aprobación urgente de las medidas contenidas en la Ley de Vivienda de la PAH, que está sufriendo el bloqueo fraudulento de PP y Cs, que semana tras semana andan pidiendo prórroga del plazo de presentación de enmiendas.

Desde la PAH señalamos como culpables de la emergencia habitacional al empobrecimiento general de la ciudadanía, la falta de vivienda pública de alquiler que impide modular el mercado especulativo, a los fenómenos  de turistificación, a una ausencia de compromiso con el derecho a la vivienda para favorecer los beneficios impresentables de la banca y capital especulativo y, recientemente para a colmo al imcomprensible empecinamiento del PSOE  por mantener los contenidos de la Ley de Crédito Inmobiliario, absolutamente continuístas con las leyes del PP, aprobada en la ponencia con la complicidad de PP, Cs, PDeCat y PNV, y al PP y Cs que cada semana impiden que se inicie el debate de la Ley de Vivienda de la PAH.

Porlapah

DEFENDIENDO EL HOGAR

Guía para la solicitud de medidas cautelares ante el comité DESC de Naciones Unidas para casos de desahucio sin alternativa habitacional

Esta guía pretende servir de ayuda para un uso adecuado de las solicitudes de medidas cautelares al Comité DESC sobre suspensión de desahucios sin alternativa habitacional. Desde el Grupo de Trabajo de la Coordinadora de Vivienda de Madrid sobre Medidas Cautelares venimos haciendo seguimiento de las solicitudes que conocemos y hemos contabilizado al menos 50 casos de suspensión vinculadas a la PAH y al movimiento por el Derecho a la Vivienda solo entre enero y noviembre de 2018. A través del análisis de caso, hemos aprendido numerosas lecciones para utilizar las herramientas que ofrece el sistema internacional de Derechos Humanos en nuestro favor, sirviendo a la vez para denunciar el caso concreto y para dar visibilidad y legitimar al movimiento, intentando al mismo tiempo huir del mero asistencialismo y enfocar nuestra práctica al empoderamiento popular colectivo.

Las comunicaciones al Comité DESC requieren muchas horas de estudio previo, gestión documental, revisión de datos, comunicaciones con diversos actores (grupos de trabajo, asambleas, abogads de oficio, servicios sociales, bancos, propietarios, mediadores, etc.), redacción de solicitudes, visitas a juzgados, etc. El protagonismo de las personas afectadas es esencial, así como la confianza entre estos y el movimiento, pues en cada caso ponemos en juego enormes recursos “públicos” – en términos de tiempo y esfuerzo de las personas más comrpometidas de las asambleas – que no sería justo que se desperdiciaran por un mal uso o por falta de informaciones relevantes.

En esta “Guía de Uso” ponemos por escrito las recomendaciones que hemos considerado más útiles para tener éxito desde una perspectiva amplia: no se trata tanto de parar muchos desahucios (lo que en sí mismo es bueno), sino de movilizar mejor todas las energías sociales posibles a través de procesos de stop desahucios que generen verdaderos avances para todas. Haríamos muy mal si en lugar de mejorar nuestros métodos y ser más eficaces, con el uso de estas herramientas saturásemos el movimiento de “papeleo” y servicio asistencial sin apenas impacto real. Un caso ante instancias internacionales para proteger el Derecho Humano a la Vivienda es una oportunidad única para influir en sectores sociales diversos y provocar cambios mayores, lo que nos permitirá suspender desahucios en el futuro con mayor facilidad, pero para eso es necesario un tratamiento responsable, técnicamente riguroso y en sinergia con toda la potencia del movimiento.

DESCARGA LA GUIA AQUI

“Kit Dictamen DESC” para paralización urgente de desalojos

Qué contiene este KIT:

1.- Consejos orientativos para su uso (descargar).

2.- Modelo de Escrito de Solicitud Urgente de Suspensión del Desalojo (descargar) se trata de un modelo elaborado por la Comisión Jurídica de la PAH, bajo la filosofía Creative Commons. De este modo puede y debe adaptarse a cada caso, y cada persona afectada y/o su abogado/a puede y debe modificarlo a su gusto, mejorándolo incluso para dar una versión más apropiada en cada procedimiento. En cualquier caso, sirve de orientación básica para trasladar a los órganos judiciales muchas de las alegaciones que ya se están haciendo en los Juzgados y que desde la PAH venimos incorporando en nuestros escritos.

3.- Dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas de 20 de junio de 2017 (descargar).

4.- Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2017 (descargar).