Porlapah
MANIFIESTO COMISIÓN FEMINISTA 8 DE MARZO
El 8 de marzo de 2018 millones de mujeres en todo el mundo protagonizamos una huelga feminista. En Madrid paramos en todos los lugares, en todas las ciudades, barrios y pueblos, ocupamos las calles para hacer visibles nuestros trabajos, nuestras demandas y nuestros cuerpos. Y demostramos que si paramos nosotras, se para el mundo, que impulsamos y desarrollamos propuestas e ideas para pensar en otras vidas y otro mundo, que somos miles, millones, las mujeres dispuestas a conseguirlo, y vamos a por todas.
Dijimos que nadie podría mirar a otro lado frente a nuestras propuestas y nuestra centralidad en el mundo y lo conseguimos. Con la fuerza colectiva hemos ido abriendo espacios y consiguiendo algunos cambios, pero no todos ni para todas. Nuestras vidas siguen marcadas por las desigualdades, por las violencias machistas, por la precariedad, por procesos de exclusión derivados de nuestros empleos, la expulsión de nuestras viviendas, el racismo, por la no corresponsabilidad ni de los hombres ni del Estado en los trabajos de cuidados.
Por eso este año volvemos a la carga, y convocamos también una huelga feminista de 24 horas, sabiendo que esto ni empieza ni acaba el 8 de marzo. Como en años anteriores es un proceso que ha empezado mucho antes, hemos estado construyendo propuestas, tejiendo redes, poniendo en marcha procesos de contagio hasta llegar a esta huelga y movilización en la que visibilizamos nuestras denuncias y exigencias.
Sabemos que las posibilidades para participar en la huelga son distintas para cada una de nosotras, pues estamos atravesadas por desigualdades y precariedades que nos sitúan en lugares muy diversos frente al trabajo asalariado, los cuidados, el consumo, el ejercicio de nuestros derechos, la participación ciudadana según nuestra procedencia, la clase, la “raza”, la situación migratoria, la edad, la orientación sexual, la identidad de género y las distintas habilidades. Por eso la huelga feminista es una propuesta abierta en la que todas podemos encontrar una forma de participar.
Formamos parte de las luchas contra las violencias machistas, por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, por la justicia social, el trabajo digno, la vivienda, la salud, la educación, la soberanía alimentaria y la laicidad.
Formamos parte de las luchas que protagonizan mujeres que defienden sus tierras y los recursos de sus pueblos, incluso arriesgando su vida, amenazadas por el extractivismo, las empresas transnacionales, y los tratados de libre comercio; contra las viejas y nuevas formas de explotación.
Porque somos antirracistas estamos contra la ley de extranjería y los muros que se levantan en nuestro país; porque somos antimilitaristas estamos contra las guerras, que son una de las causas que obligan a las mujeres a migrar; contra los Estados autoritarios y represores que imponen leyes mordaza y criminalizan la protesta y la resistencia feminista.
Este año nos unimos al grito global lanzado por las mujeres en Brasil, en EEUU, en Italia, en India y en otras partes del mundo frente a las reacciones patriarcales por el avance de las mujeres en el logro de nuestros derechos, y frente a una derecha y extrema derecha que nos ha situado a mujeres y migrantes como objetivo prioritario de su ofensiva ultraliberal, racista y patriarcal.
Son muchos los motivos para apoyar la huelga, entre otros, la hacemos:
✓ Para que podamos ser libres, para que se consideren las violencias machistas como una cuestión que atañe a toda la sociedad y se tengan en cuenta sus distintas causas y dimensiones. Poniendo fin a aquellas que sufrimos cotidianamente en todos los ámbitos y espacios vitales (hogar, trabajo, espacios públicos, pareja, familia, entorno laboral, sociedad e instituciones del Estado). Para que haya cambios culturales, en las ideas, actitudes, relaciones y en el imaginario colectivo.
✓ Para que la justicia nos crea y deje de aplicar una lógica patriarcal, para que se apliquen de forma efectiva las leyes contra las violencias machistas y se amplíen para incluir la violencia sexual. Para hacer efectiva la verdad, la protección, la reparación y la justicia a quienes somos víctimas de las violencias machistas.
✓ Para que las mujeres seamos dueñas de nuestros cuerpos nuestros deseos y nuestras decisiones. Para que las personas disidentes sexuales, con especial atención a las mujeres trans, dejemos de sufrir agresiones y múltiples violencias. Por una sociedad que respete y valore la diversidad sexual, de identidad y/o expresión de género.
✓ Para que la educación afectivo-sexual esté contemplada en el currículo escolar y sea integral, libre de estereotipos sexistas, racistas y LGTBIfóbicos.
✓ Para que el aborto esté fuera del Código Penal y se reconozca como un derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Que se respete la autonomía de las mujeres de 16 y 17 años y se garantice su realización en los servicios públicos de salud para todas las mujeres.
✓ Para romper con las fronteras, el racismo y la xenofobia que nos atraviesa y recorre toda la sociedad. Para que ninguna mujer tenga que migrar forzada por las políticas coloniales, neoliberales y racistas del Norte Global, que producen situaciones económicas, bélicas, sociales y ambientales insostenibles.
✓ Para garantizar nuestros derechos para todas las mujeres, así como un mundo donde nadie muera en el mar, sin muros, alambres, vallas, concertinas ni CIEs. Porque ningún ser humano es ilegal.
✓ Para que se visibilice y reconozca el valor y dignidad del trabajo doméstico y de cuidados que realizamos las mujeres, y los derechos de quienes los realizamos. Para que se asuma la corresponsabilidad por parte de todos los hombres, de la sociedad y del Estado.
✓ Para que podamos tener vidas dignas, y que las Administraciones Públicas garanticen de forma irrenunciable y prioritaria los servicios públicos y de protección social: sanidad, educación, servicios sociales, ayuda a la dependencia y acceso a la vivienda social.
✓ Para que se rompa la división sexual del trabajo que nos condena a la precariedad, la discriminación laboral y los trabajos peor pagados, no remunerados, invisibles e ilegales. Para crear alternativas para las trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular.
✓ Para construir una economía sostenible, justa y solidaria que gestione los recursos naturales de forma pública y comunitaria, que esté en función de las necesidades humanas y no del beneficio capitalista. Para que logremos el acceso universal a los bienes naturales imprescindibles para vivir y priorizar los derechos comunitarios frente a los intereses privados.
✓ Para defender lo común a través del apoyo mutuo: las organizaciones comunitarias, las relaciones vecinales, la gestión y el diseño participativo o el uso compartido de los bienes y del espacio público.
Somos un movimiento internacional diverso que planta cara al orden patriarcal, racista, colonizador, capitalista y depredador con el medio ambiente. Proponemos otra forma de ver, entender y estar en el mundo, de relacionarnos, en definitiva nuestra propuesta supone un nuevo sentido común.
Nos precede una larga genealogía de luchas feministas, las mujeres sufragistas y sindicalistas, las que combatieron al colonialismo, las que trajeron la Segunda República, las que lucharon en la Guerra Civil, y contra la Dictadura franquista, y todas las activistas que nos han traído hasta aquí.
Sabemos que para resistir hay que seguir avanzando y nos sabemos fuertes. Tenemos una propuesta positiva para que todas y todos, desde nuestra diversidad, tengamos una vida digna.
Defendemos una forma de convivir y lo queremos hacer todas, unidas, fortaleciendo nuestras alianzas con otros movimientos sociales. Así nos enfrentamos a quienes hacen su política desde la mentira y el desprecio a las mujeres, desde el miedo, el ocio, la victimización y el resentimiento. Y en el proceso de reconocer, defender y ampliar nuestras libertades y derechos contraponemos la esperanza y desarrollamos lazos de apoyo y solidaridad entre todas.
Frente al “nosotros primero”
planteamos “nosotras juntas”
Porlapah
El Gobierno del Estado aprueba un Decreto de Alquileres necesario pero insuficiente: te explicamos cómo nos afectará
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MiDespués de años de movilización, la PAH y los Sindicatos de Inquilas e Inquilinos, hemos conseguido que se reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos, revirtiendo parte de las nefastas políticas que el PP impulsó entre 2012 y 2013.
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La falta de valentía política del PSOE, el PDeCAT y el PNV (por no mencionar el bloqueo de Cs y PP a la Ley Vivienda PAH) ha evitado que se tomen medidas apoyadas por una amplia mayoría y que hubieran contribuido a pinchar la burbuja, como la regulación de precios o la prohibición de los desahucios sin realojo.
Ya es oficial. El Gobierno del Estado, reunido en Consejo de Ministros, ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Se trata de un paso necesario, que incorpora importantes avances respecto al decreto que intentó impulsar el mismo Gobierno hace dos meses, y que sería totalmente impensable sin la movilización popular de los últimos tiempos. Ahora bien, esta reforma legal sigue siendo insuficiente, por los motivos que detallamos más abajo.
Hace más de un año que, junto con otras organizaciones como los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, venimos reuniéndonos con los grupos parlamentarios y poniendo sobre la mesa medidas de sentido común, apoyadas por una mayoría social. Propuestas rigurosas que contribuirían a garantizar el derecho a la vivienda, y que una amplia variedad de grupos han asumido y defendido en el Congreso de los Diputados: En comú-Podemos, Bildu-EH, Compromís y ERC. Que estas medidas no hayan sido plenamente incorporadas al decreto tiene que ver con la poca valentía del gobierno y de los grupos parlamentarios de PSOE, PDeCAT y PNV: todos ellos han bloqueado la regulación de precios que la ciudadanía reclama desde hace tiempo. Mención aparte merece el boicot de PP y Ciudadanos, aliados de los fondos buitre y contrarios a cualquier medida que no pase por el dogma de dar más privilegios fiscales, deducciones a la compra, y aumentar la oferta: justamente las medidas que nos llevaron a la ruina colectiva de 2007.
A continuación mostramos una tabla con los principales cambios que se han introducido en el nuevo Decreto y en la última parte los analizamos en mayor detalle. También explicamos todo aquello que ha quedado fuera.
1. Duración
POSITIVO. Los contratos serán de 5 años cuando el propietario sea persona física, y de 7 años en el caso de personas jurídicas. Si la casa es vendida a un nuevo propietario, el contrato seguirá vigente aunque no esté inscrito en el Registro de la Propiedad.
NEGATIVO. No obstante, el Decreto sigue permitiendo las expulsiones unilaterales y arbitrarias al final del contrato del alquiler. No incorpora algo que es común en otros países: que el contrato de alquiler se renueve automáticamente siempre que el inquilino haya cumplido con sus obligaciones, y a no ser que haya necesidad familiar por parte de la propiedad, u otra causa de fuerza mayor.
2. Preaviso para finalizar contrato
POSITIVO. Hasta ahora, en caso de no querer renovar el contrato, el propietario podía avisar con solo 30 días de antelación. Ahora el tiempo de preaviso aumenta a 4 meses. La parte inquilina tendrá que avisar 2 meses antes de la finalización de contrato.
POSITIVO. En la recuperación de una vivienda por necesidad del arrendador antes del plazo mínimo (5 o 7 años), las causas de necesidad urgente tendrán que constar en el contrato y tendrá que especificarse cuál de ellas es en el momento de comunicarlo.
3. Precio
POSITIVO. Se prohíben las subidas abusivas dentro de contrato. Cuando se aprobó el anterior decreto, denunciamos públicamente que los grandes propietarios como Blackstone estaban imponiendo contratos de 7 años que incluían subidas graduales e inasumibles, asegurándose la expulsión al tercer año. Ahora esto se evita, fijando las subidas interanuales al IPC.
MUY NEGATIVO. El Decreto deja fuera la posibilidad de poder regular los precios. Una de las mejores herramientas para frenar la especulación y pinchar la burbuja sería una regulación mediante índices sociales, que incorporen variables socioeconómicas (como los ingresos de la ciudadanía), y sean de obligado cumplimiento. En vez de esto, se propone construir índices de mercado (medias de precios en base a las fianzas depositadas en plena burbuja) y -lo que es peor- que sean meramente informativos. Portales de este tipo ya existen y han demostrado una ineficacia absoluta.
4. Desahucios
POSITIVO. Hemos conseguido que se reforme la Ley de Enjuiciamiento Civil para prohibir los desahucios con fecha abierta: experimento que cada vez más juzgados están practicando en Cataluña y que permite que la policía pueda desahuciar en cualquier momento, por sorpresa. Esta era la principal exigencia de la Plataforma Basta Desahucios Abiertos: obligar los juzgados a especificar el día y hora del desahucio, evitando así el sufrimiento añadido de los hogares, y permitiendo que la ciudadanía practique la autotutela de derechos y la desobediencia civil ante leyes injustas.
MUY NEGATIVO. El gobierno del PSOE se ha negado a incluir medidas que eviten los desahucios sin alternativa habitacional. Esto sería factible a través de la Ley 24/2015, vigente en Cataluña, que actualmente obliga a los grandes propietarios a garantizar una alternativa habitacional a todas las personas bajo amenaza de desahucio por motivo de impago de alquiler o de hipoteca. Una solución efectiva para evitar esta vulneración de derechos humanos sería, por un lado, extender la 24/2015 a todo el Estado, y por otro, ampliarla también a casos de finalización de contrato y ocupación.
La respuesta del Gobierno frente a los 60.000 desahucios anuales (aproximadamente, según datos del CPGJ) es introducir la posibilidad de cortos aplazamientos. El decreto obliga a los jueces a aplazar el desahucio un mes cuando el propietario sea una persona física, y 3 meses en el caso de personas jurídicas. También les obliga a notificar la situación de las familias a Servicios Sociales. Pero excluye la posibilidad de paralizar el desahucio y garantizar el realojamiento una vez ejecutado, incumpliendo las resoluciones del Comité DESC de Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos.
5. Honorarios
POSITIVO. El nuevo decreto asegura que los honorarios por la formalización y la gestión del contrato vayan a cargo de los propietarios cuando sean personas jurídicas. El anterior decreto dejaba la puerta abierta a que las empresas pudieran obligar a la parte de inquilinos a pagar estos gastos.
NEGATIVO. A pesar de ser un cambio en la buena dirección, es muy insuficiente, porque quienes vivimos de alquiler seguiremos pagando todos (o casi todos) los honorarios cuando el propietario sea persona física. Los honorarios siempre deberían ser costeados por la propiedad, que es quien pide y recibe los servicios de los intermediarios para comercializar la vivienda y sacar beneficio. Los hogares inquilinos, en cambio, constituyen un mercado cautivo para los agentes inmobiliarios: se ven forzados a pagar honorarios abusivos a cambio de un servicio no solicitado, generalmente deficiente, y que a menudo atenta contra sus derechos e intereses.
6. Impuestos
NEGATIVO. Se mantienen los privilegios fiscales de los fondos buitre, que a través de las SOCIMI pueden destinar miles de viviendas al alquiler sin pagar el impuesto de sociedades y disfrutando de importantes deducciones. También se perpetúan los privilegios fiscales de los propietarios, que seguirán tributando (IRPF) solo por el 40% del dinero que reciben de los inquilinos.
7. Vivienda vacía
NEGATIVO. El decreto no obliga ni da herramientas a las administraciones para poder movilizar las viviendas vacías.
Aunque es un paso necesario, el Real Decreto es muy insuficiente para erradicar la especulación inmobiliaria, y por eso seguiremos organizándonos. En este sentido, ya podemos anunciar que el 6 de Abril saldremos a las calles en una manifestación para pinchar la burbuja de los alquileres.
La lucha, de la PAH de los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos y del movimiento barrial continua. No pararemos hasta sacar la vivienda del mercado, para ponerlo a la altura de la educación y la sanidad. Paso a paso, porque queremos llegar lejos.
Porlapah
ALARMA SOCIAL. Los datos del CGPJ sobre los desahucios vuelven a ser aterradores
Casi 60.000 desahucios en un año dejan evidencia a los políticos gobernantes de este país que sigue sufriendo una de las mayores lacras de la última década mientras se sigue mirando hacia otro lado y solo se les ocurre elaborar un decreto insuficiente muy alejado de la realidad de las familias.
Hoy el CGPJ ha hecho públicos los datos del 4º trimestre de 2018, que sobre desahucios son los siguientes:
- Por ejecución hipotecaria: 18.945
- Por alquiler: 37.285
- Otras causas: 3.891
- TOTAL: 59.671 DESAHUCIOS
Estos datos, nos sitúan en cifras muy similares a las de los peores años de la crisis, y son consecuencia de una legislación radicalmente injusta y criminal, que ignora el valor social de la vivienda, limitando éste a su valor de mercado, y a la que únicamente se accede en función de la renta. Unos datos que tampoco son fieles a la realidad, pues no contempla los desahucios silenciosos producidos por finalización de contratos de alquiler, cada vez son más las familias que tienen que abandonar su hogar, a la búsqueda de uno más asequible aunque sea cambiando de barrio o población, al no poder hacer frente a las subidas abusivas.
En España jamás se ha hecho una inversión suficiente y continuada en la creación de un Parque Público de Vivienda, que al menos garantizaría el ofrecer realojos y alquileres sociales a las familias desahuciadas y todas las ayudas van en la única dirección de facilitar el endeudamiento con los bancos o en la de que los grandes tenedores de vivienda cobren sus rentas, y de que grandes fondos buitre puedan acaparar cientos de miles de viviendas para especular con ellas. No solo no se ha potenciado la creación de vivienda pública, también se ha permitido que la que había perdiera esa calificación a los 25 años para pasar al mercado privado especulativo.
Se han desperdiciado en esta legislatura dos grandes oportunidades de hacer más justo y accesible el derecho a la vivienda: la ley de crédito inmobiliario, en la que el Gobierno y el grupo socialista han dado continuidad al proyecto heredado de Luis de Guindos, volviendo a sobre proteger a la banca frente a las personas, blanqueando o moderando cláusulas abusivas, no limitando la responsabilidad al bien hipotecado, no instituyendo la dación en pago como forma normal de solucionar las situaciones sobrevenidas…etc. Y la otra, la no tramitación de la Ley de Vivienda de la PAH, que contenía instrumentos suficientes para ayudar a los deudores de buena fe, para mejorar de raíz y pinchar la burbuja de los alquileres, para movilizar viviendas vacías y para acabar con la pobreza energética, entre el PP y Cs se han encargado de impedir su tramitación, porque a ellos no les importan estos casi 60 mil desahucios ni las familias afectadas ni sus sufrimientos.
Tampoco el Gobierno actual ha hecho nada por cumplir los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, legislando para impedir los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
Hoy se anuncia también la aprobación de un decreto sobre alquileres, que valoraremos cuando lo conozcamos en profundidad, pero que, a todas luces y por los datos hasta ahora conocidos, no va a impedir nuevos desahucios, no va a intentar siquiera pinchar la burbuja de los precios, aunque sí pueda contener otras mejoras.
Desde la PAH exigimos y exigiremos los futuros gobiernos en los diferentes ámbitos que incluyan en sus acciones de gobierno políticas que realmente garanticen a toda la población el Derecho a la Vivienda.
Porlapah
El nuevo decreto de alquileres sigue quedándose corto a pesar de las mejoras
La presión de la PAH y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos ha logrado ciertas mejoras en un nuevo decreto que sigue poniendo en evidencia la falta de valentía política para hacer frente a los grandes especuladores, obviando de nuevo, la tan necesaria regulación de precios y otras medidas para hacer frente a los desahucios sin alternativa.
El Gobierno del PSOE ha hecho públicas sus intenciones de aprobar en el Consejo de Ministros del viernes 1 de marzo, un nuevo decreto de reforma del alquiler, que, como era de esperar conociendo la falta de valentía y voluntad política, sigue quedándose a medio gas a pesar de las mejoras respecto al anterior. La PAH y los Sindicatos de Inquilinas llevamos tiempo presionando y negociando con los partidos para poner sobre la mesa nuestras exigencias, claras y de sentido común, con medidas que realmente pinchen la burbuja y defiendan a las familias. En esta ronda de negociaciones, Fomento no ha encontrado el momento de escucharnos antes de elaborar el borrador, una muestra más del poco interés en escuchar a la ciudadanía.
Ante esta situación, solo podemos ser críticas y lamentar que sea un decreto insuficiente, en el que se vuelve a dejar de lado la regulación de precios, medidas contra los desahucios sin alternativa habitacional y medidas para ampliar el parque público de vivienda. Obligar a los jueces a notificar la situación de las familias a Servicios Sociales, o dar 1 mes de gracia en caso de propietarios físicos y 3 meses de gracia en caso de propietarios jurídicos, no garantiza en absoluto ni la paralización del desahucio ni el realojo una vez ejecutado, incumpliendo las resoluciones del Comité DESC de Naciones Unidas y del Tribunal de DDHH, y llevamos años reclamando que se cumpla en España. Ya lo advertimos: la única vía para garantizar realojos a las familias desahuciadas ante la falta de parque público de vivienda, es con medidas pensadas para que se movilicen los pisos vacíos en manos de bancos y fondos buitre. Medidas recogidas en la Ley 24/2015, la ley antidesahucios catalana, que marca la obligación de ofrecer alquileres sociales y la cesión de vivienda a la Administración pública. Hablamos de una ley ratificada por el Tribunal Constitucional y que el PSOE, y el resto de partidos políticos excepto el PP, se comprometió por escrito en 2016 a hacer efectiva en todo el Estado. Por otro lado, en lo que a desahucios se refiere, sí hemos conseguido que se reforme la LEC para evitar que el experimento ilegal de los desahucios con fecha abierta deje de extenderse. Ante tal lacra social, qué menos que las familias al menos sepan el día y la hora que van a ser dejadas en la calle e intentar rebajar su sufrimiento. Los desahucios abiertos son una práctica que están empezando a instaurar los jueces catalanes con el único objetivo de evitar que la ciudadanía se autoorganice para evitarlos y así asegurar que se ejecutan.
La parte positiva de este nuevo decreto es que se mantiene la ampliación de los contratos -a 5 años en propietarios particulares y a 7 en grandes propietarios de vivienda- y que hemos conseguido frenar las subidas abusivas año a año, una puerta a la especulación que el anterior decreto dejaba abierta y que ahora se cierra con subidas anuales indexadas al IPC. Un pequeño avance, pero ineficaz contra la burbuja, ya que no regula los precios abusivos iniciales a los que estamos sometidas en los contratos actuales, ni en los que vendrán, ni en la renovación de estos. La única medida para frenar la especulación y pinchar la burbuja sería una regulación de precios a través de índices de tipo municipal que tengan en cuenta el coste de la vida y no los intereses especulativos del mercado. El PSOE, en un nuevo servicio a los buitres, cierra la puerta a este índice, dejándolo en manos de índices estatales y autonómicos, que si algo han demostrado hasta hoy es su total ineficacia.
Los avances más claros planteados en este borrador presentado hoy son:
- que los gastos de formalización y gestión del contrato que hasta ahora siempre pagaban las inquilinas e inquilinos, ahora pasen a cargo de la propiedad en caso de personas jurídicas.
- que la validez del contrato frente a terceros(situaciones de compra-venta, ejecución hipotecaria) en el caso de contratos de 5 y 7 años, deberá ser respetado aunque la vivienda no esté inscrita en el Registro de la Propiedad.
- que en la recuperación de una vivienda por necesidad del arrendador antes del plazo mínimo, las causas de necesidad deberán constar en el contrato y deberá especificarse cuál de ellas es en el momento de comunicarlo.
La PAH y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos seguiremos peleando por un decreto ley garantista que acabe con la alfombra roja a la especulación. Nuestras exigencias son claras y seguiremos en las calles y en los despachos, decididas a que se nos escuche, y no desfalleceremos hasta conquistar el derecho a la vivienda que lleva tantos años secuestrado por la falta de contundencia política. Sabemos que es posible, que aún estamos a tiempo antes de que se forme un nuevo gobierno, y de no ser así seguiremos marcando a los culpables de la situación, en un año de campañas electorales que aprovecharemos para que nos tengan enfrente, y no doblegarnos hasta revertir la situación. Necesitamos soluciones estructurales y no parches parciales que no afrontan el principal problema que es tratar la vivienda como una mercancía con la que poder especular y no como un bien de primera necesidad con una función social.
Ya logramos una ley en Catalunya. Ya registramos una Ley en el Congreso, que acabaría con soluciones para combatir la estafa hipotecaria, ampliar el parque público de vivienda, acabar con los desahucios, regular unos alquileres que nos ahogan, y que no se produzcan más cortes de suministro. Una ley que terminó su proceso debido a las elecciones anticipadas, pero que volverá con fuerza, para asegurar una segunda oportunidad a todas las afectadas de la estafa mal llamada crisis, y como garantía de futuro para que todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna, estable y duradera.
Porlapah
Pinchar la burbuja del alquiler aún es posible
La PAH y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos hemos logrado que una mayoría parlamentaria se posicione a favor de un nuevo Decreto Ley. Las elecciones no son excusa: el Gobierno debe impulsar una batería de medidas urgentes en los próximos días, poniéndose del lado de la ciudadanía y no de quienes especulan con la vivienda.
La crisis habitacional en la que seguimos instalados desde 2008 exige medidas urgentes por parte del Gobierno del Estado. He ahí la premisa con la que la PAH y los Sindicatos de Inquilinas visitamos el Congreso de los Diputados, el pasado miércoles 20 de febrero. A lo largo de una jornada maratoniana, de más de 10 horas, tuvimos ocasión de vernos con los grupos parlamentarios y les trasladamos un mensaje: las disputas pre-electorales no pueden retrasar medidas insoslayables.
Porque la situación de injusticia y vulneración de derechos en la que vivimos es de sobras conocida. Debido a las políticas antisociales adoptadas por el Gobierno del PP entre 2012 y 2013, la especulación que habíamos vivido en torno a las hipotecas se trasladó también a los alquileres. Fueron decisiones a medida de la banca y los fondos buitre, que nadie más pedía, y que han tenido consecuencias nefastas. Mientras los beneficios inmobiliarios de unos pocos se han triplicado y alcanzado cotas que no se veían desde 2007, los desahucios se han disparado y ya están al nivel de los peores años de la crisis financiera: 165 lanzamientos judiciales al día, uno cada 5 minutos. Mientras los fondos buitre acaparan viviendas a una enorme velocidad, sin precedentes en la historia, el alquiler ya se come más ingresos que en ningún otro país de la OCDE.
Frente a esta realidad de emergencia habitacional, hay que actuar. Aunque la legislatura va llegando a su fin, es perfectamente factible para el Gobierno impulsar un real decreto. Incluso con las Cortes disueltas, tras el 5 de marzo, podría hacerse a través de la Diputación Permanente. Y si es factible impulsar un decreto, también lo es que sea aprobado por una mayoría de grupos, que en principio estaría por la labor de darle apoyo.
Ahora bien, también es necesario que el actual gobierno tenga la valentía de redactar un Decreto Ley mucho más garantista que el anterior, como venimos exigiendo desde el Sindicato de Inquilinas y la PAH. Frente a un sistema de vivienda orientado a hacer de nuestras casas un negocio para una minoría y un motivo de angustia y desesperación para millones de familias, no valen los parches. Por ello, les hemos trasladado a los grupos parlamentarios el conjunto de medidas mínimas y urgentes que debería incorporar.
1. Stop Desahucios con fecha abierta. El sufrimiento que producen los 165 desahucios diarios en el Estado español no se evitará con un mes de moratoria en la ejecución del lanzamiento, tal y como proponía el Decreto Ley del pasado Enero. Hacen falta medidas urgentes para paliar la crisis habitacional y evitar que cada vez haya más gente sin casa. Exigimos, en primer lugar, que se explicite en el Real Decreto que todos los desahucios deben ser notificados con fecha y hora y acabar de una vez con la práctica de los desahucios con fecha abierta, que agravan la tragedia de las personas que los sufren.
2. Stop Desahucios sin alternativa habitacional. En segundo lugar, es fundamental que la ley 24/2015, aprobada en Cataluña y ratificada por el Tribunal Constitucional, sea implementada en el resto del Estado. Con la finalidad, entre otras, de que los grandes tenedores se hagan cargo de realojar a todas las personas que van a ser desahuciadas por impago de alquiler e hipoteca. Y además, debe ampliarse este deber a los casos en los que los contratos de alquiler se renueven con unas condiciones y precios que los inquilinos no puedan asumir.
3. Alquileres asequibles: es urgente regular los precios del alquiler entre contrato y contrato, basándose en índices que tengan en cuenta el poder adquisitivo real de la gente. Además, las subidas dentro de un mismo contrato deben estar estrictamente vinculadas al IPC.
4. Alquileres estables: los contratos de alquiler no pueden terminarse de forma unilateral e injustificada. Tienen que renovarse a no ser que el propietario demuestre que necesita la vivienda para uso personal o de un familiar. Además, hay que asegurar que un contrato siga vigente cuando hay un cambio de propietario, independientemente de si el contrato estaba inscrito en el registro.
5. Fin de los abusos de los intermediarios: son los arrendadores, para los que trabajan la práctica totalidad de agencias inmobiliarias, los que tienen que asumir sus honorarios. Nunca los hogares inquilinos, hoy un mercado cautivo de los agentes.
6. Expulsión de los fondos buitre: es imperativo eliminar las socimi, vehículos financieros que disfrutan de enormes privilegios fiscales, y que permiten que los fondos buitre especulen masivamente con nuestros hogares y sean la punta de lanza de la burbuja.
7. Movilización de las viviendas vacías: en un contexto de emergencia habitacional (165 desahucios cada día) y en un país con 3.4 millones de viviendas vacías según el último censo (INE 2011), hay que empezar a multar e incluso expropiar para garantizar la función social de la vivienda, evitar la escasez artificial y frenar la especulación.
8. Tanteo y Retracto. Las administraciones públicas y el tercer sector han de poder comprar la mismo precio que lo hacen los fondos especulativos por lo que exigimos que se les dote de esa capacidad.
Porlapah
Nuevo órdago social contra La Sareb
Las PAHs catalanas exigen al banco malo la movilización de sus viviendas, no en uso de la especulación, sí para alquileres sociales y cesión a la Administración pública para ampliar el parque de vivienda asequibl
Las Pahs Catalanas se movilizan con el objetivo claro de obtener Recuperadores de la Sareb con poder de decisión en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. A día de hoy se está negando toda negociación a las familias que quieren un alquiler social con la SAREB, cuya única respuesta es derivarlas a las oficinas de Altamira que se encuentran en Madrid, sin darles más datos, teléfonos o correos de con quién poder interlocutar para alcanzar una solución. Esta respuesta está llevando a centenares de familias a la exclusión residencial, familias a las que se les está negando su derecho a una vivienda.
Desde el estallido de la crisis en 2008, en un marco en que el gobierno aseguraba que teníamos «el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional», la emergencia habitacional no ha hecho más que aumentar. Entre 2010 y 2012, el Estado español inyectó más de 61 millones de euros de dinero público, de nuestro dinero, para rescatar a la banca. ¿El resultado? Una concentración de capital en manos de unos pocos, que tras la venta y absorciones de entidades, no ha hecho más que aumentar el beneficio de la banca, mientras se atenta contra los derechos más básicos de la ciudadanía, que ha visto en estos años cómo se les arrebataban sus hogares a causa de unas leyes criminales, para que pasaran a engrosar la cartera de especulación. Una ciudadanía empujada a la precariedad, a la persecución judicial, a la espada de Damocles ante un posible desahucio o a sufrirlo –a día de hoy se siguen produciendo 183 desahucios diarios-, mientras vemos cómo el dinero »prestado» a la banca nunca será devuelto.
A esto lo llaman “limpiar” o “sanear” el sistema financiero, y dentro de este proceso de »limpieza» se creó la Sareb. La Sareb es conocida como el banco malo, pero en realidad es una inmobiliaria de “activos tóxicos” con los despojos de la burbuja inmobiliaria, de las entidades rescatadas con dinero público. Estos “activos tóxicos” son viviendas acabadas o medio acabadas sin vender, la deuda de promotores y constructoras fallidas, son viviendas que habían pasado a manos de la banca, desahucio tras desahucio, subasta tras subasta.
La Sareb, la inmobiliaria más grande de Europa, es una entidad 45% pública mientras el otro 55% es de las entidades rescatadas (por lo que la mayor parte de su dinero también es de todas). Pero en vez de garantizar el derecho a la vivienda para cientos de miles de ciudadanos que se encuentran en la calle, su objetivo es vender sus activos con un 15% de beneficio antes de 2027, como demuestra la venta producida a finales de 2018 de Témpore, que gestiona un parque de miles de viviendas en alquiler, a los fondos buitre estadounidenses TPG y Are. Esta operación llega en un momento en el cual todos los indicadores alertan sobre un nuevo recalentamiento del mercado inmobiliario, menos de una década después del estallido de la burbuja inmobiliaria que hundió la economía española desatando una crisis cuyos efectos aún perduran. La apuesta por viviendas de alquiler, con la introducción de nuevas modalidades de comercialización como los pisos turísticos alquilados por días o semanas, convierte a los inmuebles en un bien de inversión rentista que nuevamente está elevando los precios de la vivienda a niveles propios de 2010.
Todo esto ocurre mientras el Gobierno no pone ni una solución para aumentar el irrisorio 2% de parque publico de vivienda. El Gobierno, incapaz de dar solución a la emergencia habitacional por la falta de vivienda, pero que sigue permitiendo que las entidades financieras tengan en sus manos más de 3.500.000 de pisos vacíos. Soluciones que tienen sobre la mesa gracias a la autoorganización de la ciudadanía, que sufre las consecuencias de esta falta de voluntad política. Soluciones que ya han demostrado su eficacia gracias a la Ley 24/2015 catalana. Una ley que marca la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social y a ceder las viviendas a la Administración pública antes de un desahucio. Una ley que el gran benefactor de la especulación, el Partido Popular, quiso cargarse en 2016 con un recurso de anticonstitucionalidad, pero que gracias a la presión social hemos recuperado recientemente.
Ante el fallo reciente del Constitucional del levantamiento de los artículos suspendidos de la Ley 24/2015, queremos recordarle a la Sareb que están obligados como grandes tenedores a ofrecer un alquiler social. Exigimos se garantice nuestro derecho a una vivienda, queremos que la Sareb deje de ningunearnos, nos escuche, nos atienda y cumpla lo que dicta la Ley. No queremos seguir en el ostracismo, queremos recuperadores claros con quienes interlocutar y poner soluciones.
La ciudadanía ya hemos pagado bastante, ahora llegó el momento de que las viviendas de la Sareb sirvan para dar vida a la gente y no para alimentar a los fondos buitre y a la especulación. Son pisos que se han pagado con dinero público, el nuestro, por eso llevamos mucho tiempo diciéndolo: la Sareb es nuestra. Y por eso mismo reclamamos la cesión de sus pisos al parque público de vivienda, que cesen los desahucios de las familias que habitan pisos del banco malo, y un alquiler social para las familias que han recuperado parte de estas viviendas al no tener más alternativa que esta o la calle. Gracias a nuestra Obra Social PAH y recuperando bloques enteros en manos de la Sareb, demostramos que la ciudadanía organizada puede hacer temblar a Goliat. Bloques en los que centenares de personas pueden vivir dignamente aunque de forma irregular, a la espera de la voluntad por parte de la Sareb, a abrir una mesa de negociación que les permita regularizar su situación. Ya logramos estas demandas con bloques recuperados por la PAH, que gracias a la presión social fueron cedidos a la Generalitat y logramos que todas las familias que los habitaban consiguieran sus contratos de alquiler social en las mismas viviendas, pudiendo así mantener el sentimiento de comunidad.
La acción de hoy da un paso más en la campaña #PorDerechoAVivienda, iniciada por la PAH y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos el pasado lunes 18 de febrero, pensada para poner la vivienda en el centro del debate y lograr un Decreto Ley, antes de la finalización de esta legislatura, que realmente proteja a las familias, pinche la burbuja y garantice proyectos de vida bajo un techo asequible y estable.
Basta de especulación, de casas sin gente, de gente sin casa, y una medida para poder hacer esto efectivo es tener
#RecuperadoresDeLaSareb
Porlapah
Nuestros hogares están en juego
Mientras en el Congreso siguen con su juego de tronos, la ciudadanía sigue auto organizándose para conquistar sus derechos negados.
La PAH llevamos 10 años denunciando el expolio de vivienda por parte de la banca con el apoyo de los gobiernos PP, del PSOE y sus palmeros parlamentarios. 10 años con falta de vivienda sin involucración del Congreso y de las administraciones públicas autonómicas y municipales, más ocupadas en mantener su postura de poder y comodidad, que en garantizar los derechos de la ciudadanía.
Denunciamos, día tras día, los miles de desahucios que hay en España mientras ponemos nuestros cuerpos entre las autoridades y las familias para evitar todos los que podemos. Denunciamos las violaciones sistemáticas de tratados europeos e Internacionales, que defienden Derechos Humanos, mientras sentencias europeas y estudios realizados por Universidades y expertos nos dan la razón y demuestran como afectan los desahucios en la salud, sobre todo de los niños.
En España vivimos una grave situación crónica de emergencia habitacional, que se manifiesta en los 183 desahucios ejecutados cada día (más de 650.000 desde el 2008) en la hiperinflación de los precios de alquiler, en la reactivación de las subidas de los precios y los cortes de suministros básicos, unidos a la inexistencia de Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y social. Ante esta situación patrocinada por la usura de los bancos, el imperio energético, la mafia de los fondos de inversión o en resumen un sistema financiero pensado solo para el beneficio de unas pocas, ningún gobierno ha adoptado medidas valientes y justas, para que el derecho de acceso a la vivienda pueda ser ejercido por todo el mundo.
Ante este estado de cosas, desde la PAH elaboramos un texto de ley, la Ley de vivienda de la PAH, que establecía la dación en pago retroactiva, limitaba la responsabilidad al bien hipotecado, ampliaba a 10 años la duración de los contratos de alquiler, movilizaba casas vacías de los grandes tenedores para ser utilizadas como Parque Público y garantizaba mínimos de subsistencia en materia de suministros básicos. Tras una montaña rusa de vicisitudes, logramos el pasado septiembre, que la ley fuera tomada en consideración por el Congreso. Sin embargo, desde entonces, cada semana, el PP y Cs han venido bloqueando su tramitación hasta que el pasado diciembre, el PP presentó una enmienda a la totalidad, enfocada a contrarrestar el fallido decreto de alquileres del Gobierno. Al PP y a Cs les importa muy poco el sufrimiento de la gente y el incumplimiento de la Constitución si con ello se benefician los fondos buitre, la banca, las socimis…
Un texto legal, surgido desde la experiencia de lo vivido en nuestras Asambleas, redactado por nuestra comisión jurídica formada por compañeras altruistas y voluntarias. Un texto legal que pone por escrito todo lo que hemos demostrado durante 10 años, con desobediencia pacífica, que si se puede lograr.
El gobierno que ahora cesa no ha tomado medidas para el cumplimiento del PIDESC, a pesar de que desde NNUU no cesan de reclamarlo. A pesar de conocer la corta duración de la legislatura, no ha trabajado con la velocidad y ambición suficientes como para aprobar las medidas necesarias. Además, en la tramitación de la Ley de Crédito Inmobiliario, ha adoptado los criterios de la derecha de seguir sobreprotegiendo a la banca, fondos buitre y socimis a costa de la gente, moderando cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado o permitiendo la cesión de créditos el IRPH…, e impidiendo además la dación en pago como fórmula de solucionar las situaciones sobrevenidas de incapacidad de hacer frente a los pagos, y permitiendo en consecuencia que la gente pueda seguir siendo desahuciada y manteniendo deudas impagables y de por vida, o sea, continuar tal y como estábamos.
Ahora, con la convocatoria de elecciones, la ley de Vivienda de la PAH decaerá, y seguiremos como siempre: El Derecho a la Vivienda seguirá siendo inexistente en España, y seguirá dependiendo del nivel de renta de cada persona o familia.
Pero, como siempre, la PAH no se rinde, y exigimos al gobierno de Pedro Sánchez que, antes de las elecciones, legisle mediante decretos todo aquello que la legislación permita: duración de contratos, precios, aplicación al conjunto del Estado de las medidas contenidas en las leyes autonómicas recurridas al TC por el gobierno anterior y que han sido validadas por el Tribunal, como la cesión obligatoria de casas por parte de grandes tenedores… etc. Recordamos al gobierno actual, que en Catalunya, gracias a la PAH que impulsó una ILP, existe la ley 24/2015 que está funcionando con las mismas bases que planteamos en la Ley Vivienda PAH y que el propio PSOE, junto a PdeCat, PNV, En Marea, Ciudadanos y Grupo Mixto, se comprometió por escrito a ampliar los derechos que otorga dicha ley a todo el Estado, desarrollando un alegislación que incluya dichos derechos.
Estos derechos, pasan por dejarse de excusas para llegar al poder, y empezar ya a hacerlos efectivos de manera valiente, con una regulación de la LAU que verdaderamente pinche la actual burbuja, no solo ampliando los contratos, también con una regulación de precios que impida su especulación, medidas para movilizar los pisos vacíos de la banca, fondos buitre y socimis que promuevan la cesión obligatoria de estas viviendas a la Administración pública, así como los de la Sareb con un 45% de dinero público y una cartera creada a base de los hogares de familias desahuciadas. ¡Qué menos tras el rescate a la banca y los millones de dinero público que eso ha costado y ya damos por perdidos!
También exigimos al conjunto de partidos que van a concurrir a todos los procesos electorales que vienen, que en sus diferentes ámbitos de competencias implanten medidas que garanticen que el Derecho de Acceso a la Vivienda se pueda convertir en realidad. Si no es así nos tendrán enfrente como siempre hemos hecho, la situación actual necesita claridad y contundencia, no medias tintas ni falsas promesas.
Para lograr estos objetivos, lanzamos una campaña, junto a los Sindicatos de Inquilanas denominada “Por el Derecho a la Vivienda”, a la que esperamos que se vayan incorporando colectivos y movimientos sociales, de todo tipo ya que recordamos la vivienda nos afecta a a todas, para seguir denunciando la situación, sumarse a las futuras movilizaciones, ya iremos informando, señalar en los procesos electorales que vienen a los partidos responsables del lamentable estado de este derecho y exigir a todos que incluyan en sus programas nuestras reivindicaciones y presionarles también después de las elecciones para que cumplan esos compromisos.
La campaña #PorDerechoAVivienda arranca, anunciamos próximas reuniones con los grupos parlamentarios el próximo miércoles 20 y en base al resultado de estas ya sabremos cómo y contra quien actuar.
Seguiremos luchando y cambiando el imaginario colectivo como siempre hemos hecho hasta garantizar el derecho a la vivienda que todas necesitamos
Porlapah
La PAH en Africa
A través de su Comisión Internacional la PAH ha tomado parte en un encuentro celebrado en Marrakech dentro de un programa orientado al derecho a la vivienda, la ciudad, Programa completo (Frances) , y otros aspectos relacionados de la vida en Africa como la gobernanza. https://www.africities.org
Con nuestra participación hemos presentado nuestra historia de 10 años de lucha PAH, hemos compartido experiencias y nos hemos comprometido a encontrar fórmulas de colaboración.
Hacia la construcción de una red mediterránea de habitantes es el título de nuestra parte activa.
La reunión, organizada por la IAH (Alianza Internacional de los Habitantes) fue el 23/11/18 en Marrakech, en el marco de Africities 8, y tiene como objetivo establecer una red internacional de organizaciones de habitantes en los países que bordean el Mar Mediterráneo, residentes y migrantes, en asociación con las autoridades locales que comparten el enfoque de derechos humanos en la implementación de políticas de vivienda, planificación urbana y gobernabilidad democrática.
Este es el primer paso conjunto entre organizaciones e instituciones que sienten la necesidad de intercambiar experiencias, definir estrategias comunes, fomentar la solidaridad internacional por el derecho a la vivienda y la ciudad y promover la libertad. El tráfico y el derecho a vivir en ciudades acogedoras, multiculturales, multiétnicas, seguras y dignas.
Ahora es imperativo y urgente abordar las causas profundas de estos problemas que causan el empobrecimiento y la desigualdad de los habitantes y nuestros territorios, y presentar propuestas transformadoras que emanan de barrios y colectivos urbanos conectados en todo el Mediterráneo.
El encuentro promueve un proyecto de movilización y formación local / internacional que, a partir del protagonismo de los sujetos directamente implicados, fomente la resistencia a la especulación inmobiliaria, la exclusión social, la guerra entre los pobres y el racismo que se autoalimenta.
Alimentar a través de viviendas a pobres, y contra los desalojos, de un lado a otro del Mar Mediterráneo común. Los oradores no solo vienen de Marruecos, Túnez, España e Italia, sino también de otros países de África, como Kenia, Nigeria, Sudáfrica y Zimbabwe, donde también están preocupados por la propuesta ya que estos países son a menudo la retaguardia de donde llegan los migrantes, nuevos habitantes de la cuenca mediterránea.
Tres apartados desarrollaron el encuentro :
1.- Intercambio de experiencias: todos los colores de las ciudades y sus habitantes.
Presentación de problemas a nivel local de vivienda pobre, planificación urbana y gobernanza urbana.
Presentación de las actividades y políticas implementadas a nivel local relacionadas con la defensa del derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad y la gobernanza urbana.
2.- Intercambio de propuestas de estrategia: juntos por el derecho a r-existir en las ciudades.
Presentación de propuestas de estrategia.
3.- Definición de un camino común 2019-2021 para la construcción de la Red de habitantes del Mediterráneo.
Foto de familia en conferencia y nuevos frentes de lucha para la PAH
Imagen geográfica de la Rede Mediterránea de los Habitantes
Un resumen de lo acontecido en el siguiente link:
https://esp.habitants.org/la_via_urbana/los_habitantes_en_africities_2018
Porlapah
¡LO HEMOS CONSEGUIDO! ¡HEMOS HECHO POSIBLE LO IMPOSIBLE!
Hemos recuperado las medidas más importantes de la 24/2015 suspendidas por el TC: el alquiler social y la cesión obligatoria de viviendas de los bancos.
Después de casi tres años desde la impugnación de nuestra Ley por parte del Gobierno de Rajoy y la banca, la lucha incansable de las entidades sociales promotoras, con el apoyo de una mayoría abrumadora de la sociedad catalana, ha permitido «hacer posible lo imposible» y recuperar las herramientas más importantes que el PP había sentenciado y enterrado: el alquiler social obligatorio para parar los desahucios de grandes tenedores, y la cesión obligatoria de vivienda vacía de estos para garantizar el derecho a la vivienda de las personas en situación de exlusión residencial.
El Tribunal Constitucional ya ha notificado al gobierno español y a la Generalitat la sentencia con fecha de 31 de enero en la que acepta el desistimiento del recurso que acordaron ambos gobiernos y que el Consejo de Ministros ratificó el pasado noviembre. Estamos a la espera de su publicación en el BOE para su plena vigencia que no puede demorarse más de 30 días y que debería ser urgente, teniendo en cuenta la importancia social de su aplicación inmediata. El Tribunal ha esperado a hacer pública la aceptación del desistimiento a tener la sentencia lista en relación a todos los artículos impugnados y sobre los que no había acuerdo de desistimiento de los dos gobiernos.
El «fallo» acepta el desistimiento del recurso en los artículos 2.2, 5 (apartados 1, 2, 3, 4 y 9), artículo 7, y las disposiciones transitoria segunda y final tercera de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Por otra parte, estima el recurso y declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 3, 4 y de la disposición adicional, relativos al sobreendeudamiento, ya que los gobiernos estatal y catalán, pactaron el desistimiento del articulado de la Ley 4/2016 en este aspecto.
Recuperamos así herramientas tan imprescindibles y efectivas como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler cuando el propietario es un gran tenedor, y la cesión obligatoria de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores a la Administración pública con el fin de poder ampliar el parque de vivienda para alquiler social y hacer frente a desahucios. Las mesas de emergencia necesitan con urgencia estas medidas para poder ofrecer vivienda a todas las personas en situación de exclusión residencial.
Recuperamos, así, gracias a la lucha incansable de la ciudadanía organizada, las herramientas para el cumplimiento de la función social de la vivienda y para garantizar el derecho a la vivienda para todas, tan sistemáticamente vulnerado. Herramientas reclamadas no solo por las personas afectadas, sino también por los ayuntamientos, colegios profesionales y entidades del tercer sector social.
De ahora en adelante exigimos y pedimos:
1. En primer lugar y de manera prioritaria, la paralización de todos los desahucios que afectan a personas en situación de exclusión residencial.
2. Que Generalitat y ayuntamientos destinen el máximo de recursos y esfuerzos para que se aplique plenamente la ley, para realojar y para movilizar vivienda.
3. A la Generalitat:
- Que se responsabilice de que no se vulnera la ley, y que active inmediatamente los mecanismos para la cesión obligatoria. Las listas de espera en las mesas de emergencia tienen que acabar porque la falta de vivienda ya no puede ser una excusa.
- Que firme los convenios que obliguen a las suministadoras a asumir las deudas que las familias no pueden asumir.
4. A los ayuntamientos que apliquen desde ya los mecanismos para identificar los pisos vacíos y notifiquen a los grandes tenedores la obligación de cederlos. Asimismo, que sancionen todas aquellas situaciones de incumplimiento de la ley, como no haber hecho la oferta de alquiler obligatorio y los cortes de suministros a familias vulnerables.
Aprovechamos para hacer también un llamamiento a los juzgados para que la apliquen de forma exhaustiva, y a los abogados/as y profesionales de la justicia y del sector social para que la utilicen. Para ello facilitamos un conjunto de documentos útiles en la web de la PAH, así como una guía básica de su aplicación.
Las entidades del Grupo Promotor estaremos pendientes y movilizadas para que no se dé ningún desahucio, que los grandes tenedores cedan su vivienda y que las administraciones públicas protejan efectivamente a las personas. Por esto anunciamos acciones intensas en los próximos meses, empezando por el próximo 20 de febrero, día en el que todas las PAHs de Cataluña iremos a los Juzgados y a los ayuntamientos a exigir la paralización por ley de los desahucios de familias vulnerables.
Recordemos también que la Ley 24/2015 es una ley nacida de la iniciativa popular, que se puso en marcha en 2014 con casi 150.000 firmas para garantizar la aplicación del art. 47 de la CE, y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Ha sido posible gracias a las familias afectadas, movimientos sociales y a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas se tienen que cambiar, a las que ya no están pero nos dan fuerzas para seguir luchando, a todas las entidades sociales que nos han apoyado, y a todas aquellas personas firmantes de la ILP.
Sin embargo, esta gran victoria es un paso más, pero no el final. Continuaremos luchando por la regulación del precio de los alquileres y para que el derecho a la vivienda sea un hecho en todo el Estado con la aprobación de la Ley Vivienda PAH en el Congreso.
Exigimos la aplicación inmediata de la Ley 24/2015 para garantizar el derecho a la vivienda en Cataluña.
¡Sí se puede!
Porlapah
El PP: Partido de la corrupción, los desahucios y la cárcel
La PAH lleva años planteando soluciones para realojar a las familias desahuciadas, el PP ha encontrado la más eficaz: una celda calienta durante 3 años y no nos quejemos que encima nos dan de comer y suministros garantizados.
El partido de la corrupción y los desahucios, el PP, vuelve a la carga contra la gente, proponiendo una reforma de la ley de desahucio exprés del PDeCAT, para que también los estafadores de la banca, los especuladores de los fondos buitre y las socimis puedan utilizar este mecanismo, pero además, incluyendo penas de hasta 3 años de cárcel. Elimina la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio, para que la policía pueda de inmediato, desalojar, sin necesidad de orden judicial, a pesar de que ya la ley del PDeCAT está recurrida ante el TC, entre otros, por este motivo. El PP no solo rescató a la banca con 77.000M de nuestros impuestos sin exigirles ni una sola contrapartida sino que, 10 años después de estallar la crisis económica, continua legislando contra las familias vulnerables, cebándose en el más débil. En el resto de países como Holanda y Estados Unidos la banca ha devuelto, con beneficios, todo lo que se les presto. El PP en cambio quiere que España continúe premiandolos por sus abusos e ilegalidades.
Como siempre, utilizan como excusa las supuestas mafias de la ocupación para justificar una propuesta, que únicamente va en beneficio de los fondos buitre, las socimis y la banca, que como sabemos, son socios preferentes del PP. El PP, que liberó a las socimis de pagar el impuesto de sociedades, que puso las bases de la actual burbuja del alquiler con su reforma de 2013, que ha vendido vivienda pública a fondos buitre, que vetó la Ley de Vivienda de la PAH cuando era gobierno, que la ha estado bloqueando desde septiembre, que le ha presentado ahora una enmienda a la totalidad para mantener la actual situación de los alquileres.
¿Dónde piensa el PP de Casado que irán las familias desahuciadas? ¿Desaparecerán? En cualquier país de nuestro entorno las familias vulnerables estarían en una vivienda pública. En España, con un vergonzoso 1,5% de vivienda pública, versus el 15% de media Europea, se ven obligadas a ocupar. ¿Es la cárcel lo que entiende el partido más corrupto de Europa como realojo garantizado para las familias más vulnerables?
En un país en el que sólo durante los 3 primeros trimestres de 2018 se han ejecutado más de 184 desahucios, de media al día, según los datos del CGPJ, donde el parque público de vivienda apenas supera el 1% imposibilitando el realojo de familias desahuciadas, con unos precios de alquiler y de compra de vivienda desbocados y unos salarios devaluados, donde se permiten los desalojos forzosos a familias vulnerables sin alternativa habitacional, las 184 familias desahuciadas cada día sólo pueden quedarse en la calle, u ocupar alguna de las más de 3,4 millones de casas vacías que según el INE hay en España.
El PP considera que tiene que prevalecer el derecho a la propiedad sobre el derecho a la vivienda, es decir se olvida del artículo 33.2 de la CE, donde establece que el derecho a la propiedad debe delimitarse a la función social de la misma. Y, con toda la cara, propone encarcelar a la gente que, sin ninguna otra alternativa habitacional ocupe o recupere las casas cerradas de sus socios.
Este ataque al derecho a la vivienda consigue remacharlo con la actual Ley de crédito Inmobiliario, cuyo texto original de De Guindos blanquea cláusulas abusivas y que ha sido asumido vergonzosamente con retoques por el PSOE -votado por PSOE, PP, C’s, PdCat y PNV- ahora pendiente de debate en el Senado.
Pero la Ley de Vivienda la PAH propone alargar la duración de los contratos de alquiler hasta 10 años, cuando el propietario sea una empresa. Obligar a los grandes tenedores de vivienda (banca, socimis, fondos buitre…) que hayan recibido dinero público por vía de subvenciones, desgravaciones fiscales o rescates a ceder a las Administraciones Públicas el uso de sus casas, injustificadamente desocupadas para que sean utilizadas como Parque Público de Vivienda, para abaratar los alquileres y disponer de vivienda social que hemos financiado.
Pedimos apoyo a las movilizaciones para exigir la tramitación y aprobación inmediata de la Ley de Vivienda de la PAH, para que la vivienda deje de ser un simple bien de consumo más, y se garantice el acceso de todo el mundo.
¡Sí se puede! Por qué ellos defienden los intereses del 1% pero nosotras somos el 99% restante que puede revertir la situación.
