PorLa PAH
El acuerdo de PGE para 2019 en vivienda: Insuficiente punto necesario de partida
Los contenidos en materia de Vivienda contenidos en el Acuerdo para los PGE de 2019, constituyen avances en materia de alquileres, algunos de los cuáles están incluidos en la Ley de Vivienda de la PAH (LVP), aunque otros quedan muy por debajo. La ampliación de la duración mínima de los contratos y la mejora en las prórrogas, con respecto a la reforma de la LAU que hizo el PP en 2013, mejoran la situación, pero resultan claramente insuficientes para pinchar la actual burbuja de precios y dotar de estabilidad los proyectos de vida más largos y de estabilidad. La ley de Vivienda de la PAH establece 10 años de contrato y 5 de prórroga.
No se incluyen medidas para movilizar la vivienda vacía, o su uso temporal como parque público, que sí contiene la Ley de Vivienda de la PAH, y que son imprescindibles para pinchar las actuales burbujas en marcha. Es positivo que se defina legalmente qué es una vivienda vacía, y quienes son grandes tenedores de vivienda, así como el enunciado de medidas a adoptar tras estas definiciones, es fundamental que se hagan rápido ambas cosas, con fin de poder disponer a nivel público y gravar fiscalmente a esas viviendas en manos de especuladores que las retiran del mercado para incrementar artificialmente los precios tanto de alquiler como de compra.
El plan de 20.000 viviendas en 4 años, es claramente insuficiente, y su llegada, aunque positiva, no aliviará la situación actual. Se habla de un nuevo Plan de Vivienda, aunque no se dice nada de derogar o modificar el actual del gobierno anterior, y desde la PAH consideramos imprescindible, como mínimo la modificación del actual, en la dirección de que el importante gasto público que genera, sirva para ir creando Parque Público tanto para alquiler como para vivienda social.
Se habla de establecer un plan de colaboración de la SAREB para destinar vivienda a alquiler social, es positivo si mejoran las condiciones actuales de los convenios, ya que apenas aportan más que gastos a las Administraciones Públicas. Sin embargo, no se dice nada de Bankia, de prohibirles expresamente que sigan vendiendo casas y suelo, que pueden ser utilizados para Parque Público, así como de su función como Banca Pública para la financiación de los diferentes proyectos de Vivienda Pública.
En cuanto a la protección de las familias hipotecadas, ahora mismo hay dos posibilidades: las contenidas de la Ley de Vivienda PAH, como la dación en pago retroactiva, la limitación de la responsabilidad limitada al bien hipotecado, y las contenidas en el bloque de enmiendas que UP presentó, a propuesta de la PAH a la ley de crédito inmobiliario, que entre otras, impide el blanqueo de cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado, que si se mantiene como en la propuesta de De Guindos, podría reactivar los cientos de miles d ejecuciones actualmente suspendidas. Ambas están actualmente en trámite parlamentario y su implementación sería muy rápida.
Es positivo que las socimis empiecen a pagar impuesto de sociedades, debieran hacerlo al mismo nivel que las demás sociedades, incrementando sus impuestos por número de casas injustificadamente vacías, una vez sea definido el concepto.
Por último, tenemos que lamentar un estruendoso silencio: Ni una sola mención a los desahucios en el acuerdo, cuando sólo en los 6 primeros meses de 2018 se han producido 33.059, si no se adoptan medidas ya, a fínales de año se habrán producido en torno a 70.000 ¿Cómo se puede omitir esa mención y medidas para resolverlo en un pacto que pretende mejorar el acceso a la vivienda? Por enésima vez, tenemos que recordar que el Comité DESC de NNUU, emitió un dictamen condenatorio a España hace más de un año, y que ni el gobierno de entonces, ni el de ahora han hecho nada al respecto. En el pacto ni se menciona, ni se plantea medida alguna para frenar los desahucios. La Ley de Vivienda de la PAH sí contiene una moratoria contra los desahucios, que lamentablemente, llegará tarde para muchas familias. Deben recordar los firmantes, y los poderes públicos en general, que existe un mandato constitucional, y otro mandato legal que obliga al cumplimiento de los tratados internacionales válidamente suscritos por España, como el PIDESC, que el propio Tribunal Supremo ha recordado esta obligación en una sentencia del pasado mes de julio, y que, en consecuencia se está vulnerando la Constitución y la ley 25/2014 de Tratados internacionales y el propio pacto, suscrito por España en 1976, y vuelto a ratificar en su protocolo facultativo en 2013.
En definitiva, desde la PAH valoramos este acuerdo como un punto de partida muy insuficiente aunque necesario, consecuencia directa de las luchas que venimos desarrollando desde hace 9 años, y que esperamos y trabajaremos para que pueda ser mejorado tanto en el trámite parlamentario como en las negociaciones que tenemos pendientes y abiertas con el Gobierno y los partidos políticos.
PorLa PAH
SIGUEN SUBIENDO LOS DESAHUCIOS
Según los datos del CGPJ hechos públicos hoy, en el segundo trimestre de este año, se han producido 17.152 nuevos desahucios, un total de 33.059 sólo en los 6 primeros meses de 2018. Suben con respecto al trimestre anterior tanto los derivados de impago de hipoteca: 5.672, como los de impago de alquiler: 10.491, los 989 restantes se dan por otras causas, como por ocupación (familias que carecen de cualquier otra alternativa). Tampoco nos olvidemos sin dejar de mirar por el retrovisor de la abertura de procesos ejecutivos de futuros lanzamientos de desahucios con 20.526 en referencia a este mismo trimestre mencionado posteriormente, donde nos estamos acercando a inicios del crack en el año 2008 paulatinamente, trimestre a trimestre. Con todos estos datos no podemos dar cuenta que la burbuja inmobiliaria, ni se marchó, ni tiene tintas de marcharse.
Por desgracia, los hechos no se cansan de darnos la razón en cuanto a la situación de emergencia habitacional que sufre este país. Y los datos pueden todavía empeorar si el Gobierno no cesa en su actitud continuista con la política del PP en el trámite de la ley de crédito inmobiliario (propuesta por De Guindos) y dejan de intentar moderar la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que reactivaría cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación, en espera del pronunciamiento del TJUE al respecto.
Desde la PAH exigimos al gobierno que adopte ya medidas concretas que pinchen la burbuja del alquiler, como que las socimis paguen impuesto de sociedades, y que los grandes tenedores de vivienda: fondos buitre, socimis, banca y grandes inmobiliarias sean penalizados fiscalmente por cada casa que mantienen injustificadamente desocupada, hinchando especulativamente la burbuja del alquiler y los precios de compra.
Exigimos también la tramitación y aprobación urgente de la Ley de Vivienda de la PAH, que además, contiene instrumentos para la utilización temporal como Parque Público de Vivienda de las viviendas vacías en manos de la banca arrebatadas a familias desahuciadas, para frenar los desahucios, para cancelar injustas deudas de por vida y para parar la pobreza energética.
El próximo día 17 finaliza el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Vivienda de la PAH, y será entonces cuando los diferentes grupos políticos den a conocer sus respectivos proyectos para atajar de verdad la situación de grave emergencia habitacional que vive este país.
Desde la PAH vamos a estar muy pendientes de esas enmiendas para que la ciudanía conozca la realidad de cada uno de esos proyectos.
📹Cientos de personas salieron ayer #6O a las calles de Madrid, convocadas por @AlertaDesahucio @LA_PAH @InquilinatoMad @PAHCentroMadrid para #PinchaLaBurbuja de los fondos buitre y defender el derecho humano a un vivienda digna👇 pic.twitter.com/Nu3X0bINe9
— #404 Comunicación Popular (@404comunicacion) October 7, 2018
PorLa PAH
La PAH por fin ha sido recibida por el ministro de Fomento
Una semana después de haber logrado pasar la toma en consideración de la Ley Vivienda PAH, hoy el ministro de Fomento, José Luis Ábalos y la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza han recibido a la PAH para tratar medidas urgentes que por motivos jurídicos no entraron en nuestro texto legal.
Hoy hemos dado un nuevo paso al frente en nuestra lucha por la conquista del derecho a la vivienda. Si hace exactamente una semana el Congreso de los diputados aceptó llevar a trámite para hacer efectiva la Ley Vivienda PAH, esta mañana, tras haberle mandado varias solicitudes de reunión, el Ministro de Fomento José Luís Ábalos se ha reunido para escuchar la voz y las demandas de la PAH.
Por nuestra parte, el objetivo de la reunión consistía en poner sobre la mesa la aplicación de medidas urgentes e inmediatas para enfrentar los desahucios, al vacío legislativo en las CCAA y buscar salidas de choque al total desmadre actual en vivienda fruto de una política neoliberal.
Por un lado, como máxima prioridad, hemos exigido el levantamiento inmediato de los recursos por inconstitucionalidad, que mantienen en suspensión leyes autonómicas como la 24/2015 catalana, la ley murciana,…. Esto garantizaría un cojín de oxígeno a miles de familias en emergencia habitacional al tiempo que permitiría a las comunidades autónomas hacer uso de sus competencias en materia de vivienda.
Por otro lado, hemos exigido la aplicación con la mayor urgencia posible, del Dictamen DESC de Naciones Unidas, que obliga al Estado a realizar todos los esfuerzos posibles para respetar el derecho a la vivienda, incluyendo la paralización del desahucio si no hay alternativa habitacional.
Respecto al tema legislativo, hemos planteado que la Ley de Vivienda de la PAH está ya en el Congreso y que pueden confluir con una Ley de Vivienda que ha anunciado el ministro.
En todo caso, hemos estado de acuerdo en la necesidad urgente de adoptar medidas de choque en varios temas que pasamos a enumerar: la burbuja en alquileres; medidas fiscales ante fondos buitre y socimis; modificar el Plan Nacional de Vivienda para posibilitar parque público urgente; ampliación de parque público viendo ante aumento de necesidades por finalización de alquileres sociales, de la moratoria y los miles de procedimientos pendientes del TJUE sobre vencimiento anticipado; banca pública/Bankia para administraciones y afectadas; enmiendas al proyecto de ley de crédito inmobiliario; ley tanteo y retracto AAPP; flexibilidad pago deudas de administraciones públicas para resolver situaciones familias afectadas, y garantizar información de las titulizaciones o cesiones de crédito de los bancos a los fondos.
Respecto a ellos, ha habido el firme compromiso de establecer un cauce permanente de diálogo entre el gobierno y la PAH para abordar todos estos temas.
De hecho, al acabar la reunión, y tras la rueda de prensa, nos hemos citado con la Secretaria General de Vivienda para empezar con los más urgentes; continuaremos el martes 23 de octubre.
La voz de la PAH ha sido escuchada con atención. Se ha puesto realmente en marcha un tren cargado de reivindicaciones. Las PAHs han de continuar la lucha para que las esperanzas cristalicen en auténticas realidades y avances del derecho a la vivienda.
Ya lo dijimos hace tiempo, si no es por la ley será por la PAH, ahora podemos decir que no desfalleceremos hasta que sea por la Ley de la PAH.
Porhmora85
¡Ya era hora! El Congreso aprueba la toma en consideración de la Ley Vivienda PAH
Tras una década de lucha social, llegó la hora de hacer justicia con las familias afectadas por la usura de la banca y las leyes criminales
Largo ha sido el camino desde que la PAH nació en febrero de 2009, dispuesta a cambiar las cosas, revertir los sentimientos de culpa, vergüenza y miedo de las familias afectadas hacia el empoderamiento y hacer entender que no somos culpables, sino víctimas de un sistema dominado por la banca y unas leyes de vivienda totalmente criminales.
El objetivo principal estaba claro, lograr un nueva legislación.
Nos decian que era imposible, que las cosas eran así, que no las podriamos cambiar, pero nosotras sabiamos que lo imposible solo tarda un poco más. Alzamos la voz y con paso firme llegamos al Congreso.
Hoy arranca una etapa de esperanza, una oportunidad para reparar una injusticia histórica y evitar que se repitan los devastadores hechos que nos han traído hasta aquí.
¡Sí se puede! #YaEraHora
PorLa PAH
Gracias a la presión social la Ley Vivienda PAH llega al Congreso
Decían que no cabían pero tras nueve años de lucha, este mes de septiembre, las demandas de la PAH serán llevadas al pleno del Congreso. Un paso de gigante para hacer realidad el Derecho a la Vivienda en España
Por fin la Ley de Vivienda de la PAH será sometida a la consideración del Congreso en el próximo Pleno del 18 de septiembre. Han pasado nueve meses desde que fue registrada el 13 de enero, avalada por los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, ERC, EH-Bildu y Compromís. Después de haber sido vetada por el anterior gobierno del PP, la ley volvió a la carga tras la sentencia del TC sobre el veto a la LOMCE; y no habiendo sido vetada por el Gobierno actual, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos (Podemos, En ComúPodem, IU, En Marea y Equo) la llevará al Pleno.
Tras la ILP que llevamos al Congreso en 2013 avalada por 1,5 millones de firmas, y que el PP transmutó en Ley 1/2013, denostada por el TJUE en varias ocasiones, volvemos con una ley elaborada por las familias afectadas, que aborda globalmente los problemas actuales del acceso a la vivienda en España: los desahucios, el endeudamiento de por vida, la carencia de parque público de vivienda, los alquileres y la pobreza energética. La Ley debe superar el trámite de la toma en consideración si PSOE, PNV y PDeCAT cumplen sus compromisos adquiridos con la PAH y votan junto a los grupos que ya avalaron su registro.
Desde 2013 hasta hoy, se han producido en España más de 700.000 desahucios por impago de hipoteca y, en los últimos años, esta cifra se ha visto aumentada por los desahucios de alquiler. Los precios de compra de vivienda están volviendo a subir a ritmos cercanos a los de la época de la burbuja, los alquileres suben a un ritmo muy superior, los fondos buitre no cesan de acaparar vivienda mientras seguimos sin parque público, generando que miles de familias vivan en precario, y cada año mueren cerca de 7.000 personas en accidentes derivados de la pobreza energética, y ello sin contar además los suicidios provocados por la angustia ante la pérdida del hogar.
Con este panorama, esperamos que los representantes de la ciudadanía estén a la altura y sean capaces de ir más lejos que la simple toma en consideración, y la tramiten con la rapidez y fidelidad al texto que la situación de emergencia habitacional que sufrimos exige. Aprovechamos para volver a recordar a José Luis Ábalos, secretario de Estado de Vivienda, su compromiso de reunirse con la PAH para abordar de manera integral cuestiones relacionadas con la política de vivienda del Gobierno, sin que de momento tengamos fecha para dicha reunión.
Largo ha sido el camino, pero con paso firme, la sociedad civil organizada no se ha rendido ante los abusos de poder y la vulneración sistemática de un derecho tan básico como es la vivienda. Pronto se cumplirán 10 años desde que la PAH arrancamos con convicción y la clara determinación de acabar con las leyes criminales e injustas que tenemos en este país.
El objetivo estaba claro: garantizar el derecho a techo para todo el mundo como dicta nuestra Constitución.
Hoy es un paso histórico más, fruto del trabajo de miles de familias, que desde la calle, combatieron la política del miedo y el sentimiento de culpa, levantando la cabeza y avanzaron, sin dar un paso atrás, para defender y ganar los derechos de todas.
¡Sí se puede!
PorLa PAH
Las mentiras sobre vivienda de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
La semana pasada la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, hizo público un estudio por el que afirma que no existen evidencias de que los cambios de uso de alquiler residencial al turístico encarezcan la vivienda. Acto seguido , anunció que iba a recurrir ante los Tribunales las regulaciones de las viviendas de alquiler turístico aprobadas por los ayuntamientos de Madrid, San Sebastián y Bilbao.
Cuando desde prácticamente todos los sectores se afirma que una parte de la responsabilidad de la burbuja de los alquileres viene dada por una baja oferta, afirmar como hace la CNMC, que los cambios de uso de residencial a turístico no influyen en los precios es absurdo. Con análisis simplistas, no ven la cadena de efectos que produce este cambio de uso, que expulsa a familias a la periferia, enfrentándose ahora a la subida de precios que les marcan los nuevos propietarios de viviendas, socimis y fondos buitre, a quienes la banca rescatada y Sareb ha regalado nuestras viviendas.
Como bien ha acreditado la periodista de eldiario.es Marina Estévez, en un excelente artículo publicado en ese medio, la CNMC utiliza los mismos argumentos que el lobby de AirBnB ante Bruselas, pero leyendo dicho estudio podemos observar cómo no sólo utiliza sus argumentos, sino incluso las propias estadísticas de AirBnb.
La CNMC ignora en su informe que la vivienda es bien al que todas tienen derecho, según el artículo 47 de la Constitución, que además, mandata a los poderes públicos a combatir la especulación, y establece además que la comunidad debe beneficiarse de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Las desregulaciones, es decir, las eliminaciones de los controles gubernamentales a la banca, propiciaron la crisis de la que aún no hemos salido. Las Cajas de Ahorro desreguladas han terminado generando enormes deudas que los gobiernos han hecho pagar a la población y han terminado desapareciendo.
Las empresas de la economía presuntamente colaborativa como Deliveroo, AirBnB, Cabify, Uber y otras, sólo traen más desregulación, fraude fiscal y en definitiva un capitalismo más salvaje aún que aumenta el empobrecimiento de los sectores que tocan, y a través de ellos, del conjunto de la población.
La CNMC, nos tiene acostumbrados a multas, por ejemplo a las eléctricas, que hacen rentables algunos de sus fraudes, ya que únicamente rebajan un poco los beneficios obtenidos mediante prácticas fraudulentas. Su actuación en este caso, nos parece paradigmática de lo que es la defensa a ultranza de los dogmas neoliberales por encima de los derechos de la población. Además, camufla su defensa de los intereses de estas grandes multinacionales hablando de la defensa de la competencia y en favor de los “titulares de viviendas”, como si esta no hubiera muerto con el capitalismo financiero de finales del XIX, restringiéndose esta competencia entre las grandes concentraciones de empresas, que aterrizan agresivas para aprovecharse de las infraestructuras y los impuestos de la ciudadanía, convirtiendo los barrios en zonas de atracción y ocio que despachan a vecinas, para, con los beneficios, desviarlos a paraísos fiscales.
Desde la PAH exigimos que aquéllos sectores de los que depende el cumplimiento de los Derechos Humanos, como lo es la Vivienda, salgan del campo de acción de los organismos que como la CNMC, anteponen los intereses de muy pocos a los Derechos de la mayoría.
Exigimos al Gobierno del Presidente Sánchez la adopción de medidas urgentes y de transformación social para garantizar el derecho a la vivienda. La PAH ha ofrecido a todos los partidos la Ley de Vivienda de la PAH con soluciones reales a los problemas, recogiendo las aportaciones de las Leyes de viviendas de las Comunidades Autónomas -momento para retirar los recursos de inconstitucionalidad- y en consonancia con las demandas que las Naciones Unidas ha hecho al gobierno del Estado.
PorLa PAH
El plan de Ábalos: Escasos e insuficientes cambios en política de Vivienda
En relación con el anuncio hecho público ayer por el ministro Ábalos en el Congreso, sobre medidas fiscales, y construcción de 20.000 viviendas para alquiler asequible en las ciudades donde más se han disparado los precios, la PAH consideramos escasamente ambicioso, además de muy insuficiente y lento el plan, teniendo en cuenta las enormes dificultades para acceder a un alquiler y pagar su renta.
¿Medidas fiscales? Sí, pero no de reducción de impuestos, sino otras que obliguen a los grandes tenedores, que son los que marcan los precios, a sacar su stock al mercado. ¿Cómo? Gravando progresivamente, en función del tiempo que lleven cerradas las casas injustificadamente vacías, llegando a imponer sanciones. Esto sí que sacaría al mercado miles de casas ¿Más medidas? Sí, recupere el impuesto de sociedades a las Socimis.
¿Otras medidas? Sí, haga una ley de tanteo y retracto estatal (mejor que la andaluza por supuesto) que permita al Estado, a las CCAA y ayuntamientos adquirir con preferencia, y al mismo precio que compran fondos buitre y Socimis y así se irá generando el ahora inexistente Parque Público de Vivienda que incidirá positivamente a la baja en los precios de alquiler.
¿Construcción de nuevas viviendas? Sólo donde no haya casas vacías. Según el último censo de vivienda del INE, en España hay más de 3,5 millones de casas vacías, utilice el Ministerio las medidas que aporta la Ley de Vivienda de la PAH de cesión obligatoria temporal para parque público, es más rápido y barato.
Mantener el acceso a la vivienda a millares de familias que en estos momentos siguen en una situación precaria con ayudas es una medida cara y repercute en las arcas sin ningún retorno, es una hucha sin fondo que no nos conduce a más que a crecer la deuda de España y a aplazar el desahucio hasta el fin de las ayudas.
Sea valiente y haga una ley integral que solucione por todas el problema habitacional en España, impulse la aprobación de la Ley de Vivienda de la PAH.
Aprueben la Ley de Vivienda de la PAH, que para frenar los precios plantea el establecimiento de índices de referencia de precios, elaborados por los ayuntamientos con participación económica y social, que fijan límites de precios en función de la ubicación, características, servicios y otros parámetros, así impedirá las subidas desbocadas de un mercado salvaje, alimentado por la ausencia de vivienda social, y parque público de vivienda y de controles en los precios.
Además, les permitirá cumplir con el Comité DESC de Naciones Unidas acabando con los desahucios, y permitirá el acceso a los suministros básicos de miles de familias.
Por último Sr. Ministro, recíbanos, le pedimos una entrevista el pasado día 20 y aún no ha dicho Vd. esta boca es mía. Escuche la voz de quien mejor conoce la problemática: las familias afectadas
PorLa PAH
La PAH vuelve al Congreso
Llegó el momento de hacer eficaces los cambios estructurales necesarios para garantizar el derecho a la vivienda en España
10 de junio 2018
Hoy la PAH ha vuelto al Congreso para reunirse con todos los grupos parlamentarios y forzar el trámite urgente de la única proposición de ley que aborda todos los problemas que impiden que la vivienda sea un derecho real y efectivo en nuestro país, la Ley Vivienda de la PAH.
Toca pasar página y dejar atrás uno de los episodios más trágicos de nuestro país, liderado por el Partido Popular, que no solo fomentó la época dorada de la banca, de la estafa y de los rescates multimillonarios regalados, secuestró cualquier avance social, en especial el acceso o poder mantener una vivienda. Bloqueo en 2013, de un ILP hipotecaria y contra los desahucios, recursos para suspender leyes autonómicas que garantizaban el derecho a la vivienda a lo largo de los últimos tres años, o más recientemente, el veto injustificado a la Ley Vivienda PAH, para evitar su debate en el Congreso.
Desde la PAH creemos que ha llegado el momento de demostrar que el nuevo Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, no es un simple cambio de caras, sino un cambio real. Un cambio de justicia histórica, en un país que está en deuda con las más de 700.000 familias que han perdido su hogar por ejecución hipotecaria, con las más de 170 familias que siguen sufriendo diariamente un desahucio. Un país que está en deuda con las vidas truncadas por la desesperación en estos años de violencia institucional. Vidas que siguen estando en juego, como vimos recientemente en Cornellá.
Los objetivos en las reuniones de hoy son claros. La retirada inmediata de los recursos a las leyes autonómicas en materia de vivienda [1], cuya suspensión ha privado a las familias de herramientas que las protejan del atentado al derecho a la vivienda orquestado por la banca. Una retirada que depende exclusivamente de la voluntad del PSOE hacerla efectiva y compromiso de apoyo, de todos los grupos parlamentarios, en la toma en consideración de la Ley Vivienda PAH y agilizar así su debate y fase de enmiendas para lograr lo antes posibles hacer eficaces los mecanismos de choque y los cambios estructurales que necesitamos.
1º Dación en pago retroactiva, para cancelar deudas ilegítimas surgidas de hipotecas-estafa, y de un procedimiento judicial ilegal en relación a Europa como ha reiterado el TJUE, que elimine las cláusulas abusivas. Mecanismos de segunda oportunidad, inembargabilidad de la vivienda habitual y Responsabilidad limitada a la vivienda.
2º Moratoria indefinida para todos los desahucios sin alternativa habitacional, como nos exige el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por España en 1976 y ratificado en 2014. El Comité DESC de la ONU ya reclamó a España este comportamiento en un dictamen emitido hace ahora 1 año. Transparencia cesión de créditos a fondos de titulización. Obligación de la banca de ofrecer alquiler social y de las Administraciones al realojo. Ayudas, sin pequeño tenedor
3º Establecimiento de índices de referencia de precios para el alquiler, reforma de la LAU para recuperar derechos eliminados a los inquilinos con la reforma aprobada en 2013, como ampliación años de contratos de alquiler
4º Utilización de casas cerradas injustificadamente por grandes tenedores como Parque Público de Vivienda provisional mientras se va creando el definitivo, mediante cesión obligatoria.
5º Garantía de acceso a los suministros básicos de agua, luz y gas.
Tras una larga jornada de reuniones, hemos encontrado buena disposición general y una mayoría clara en el apoyo de nuestras demandas, aunque cierta falta de concreción por parte de algunos grupos. Destacar la buena recepción del PSOE y que Ciudadanos se ha comprometido, a pesar de las diferencias, a no bloquear en la votación a tramite, un no bloqueo que esperamos también tengan en cuenta en fases posteriores permitiendo que el proceso parlamentario sea ágil y no se eternice.
Sabemos que esta ha sido la primera toma de contacto para conseguir que nuestra Ley pase a trámite en setiembre. No nos valen las excusas, la emergencia crece cada día, las familias no pueden esperar más y mientras, los bancos, los fondos buitre y las SOCIMIS, siguen haciendo el agosto con nuestras casas, las que nos robaron y ahora están vendiendo.
No nos lo inventamos nosotras, los últimos datos del CGPJ son alarmantes. Solo en el primer trimestre de 2018, hubo 16.000 desahucios, lo que nos da una proyección de 70.000 a final de año, cifras superiores al 2017, en unos momentos en que los desahucios, a pesar de estar silenciada su visibilización, son más numeroso que nunca y lejos de reducirse, no hacen más que aumentar. Por eso también hemos puesto sobre la mesa el cumplimiento urgente de todas las recomendaciones del dictamen del Comité DESC de hace un año. La más importante, la suspensión de todos los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional
Seguiremos negociando y apretando. Hoy nos han tenido en los despachos, de no conseguir nuestros objetivos, nos tendrán en las calles, de frente, en nuestro terreno, donde somos más, hasta conseguir conquistar el derecho a la vivienda.
¡Hoy recuperemos la ley 24/2015 y el resto de leyes autonómicas, mañana a por la Ley Vivienda PAH!
[1] 
PorLa PAH
Carta a Pedro Sánchez
Interpelamos al Presidente Pedro Sánchez con una carta para que retire el recurso, interpuesto por el PP, que tiene suspendidos algunos artículos de la Ley 24/2015
Julio de 2015, siendo aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, nace la Ley 24/2015, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que recibió un gran apoyo social -cerca de 150.000 firmas-, impulsada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC (ODESC).
Mayo de 2016, el Partido Popular no ve constitucional que la banca y grandes propietarios de vivienda se corresponsabilicen en garantizar los derechos de las familias y opta, una vez más, por secuestrar los derechos más fundamentales presentando el recurso de inconstitucionalidad núm. 2501-2016, provocando la suspensión de las medidas urgentes de vivienda que implicaban a las entidades financieras y a los grandes tenedores.
Esta suspensión nos privó de herramientas que garantizaban una segunda oportunidad a las familias. Durante los meses que la Ley 24/2015 estuvo plenamente vigente paró miles de desahucios, corresponsabilizó a los grandes propietarios asegurando realojos adecuados cediendo su vivienda vacía; y la parte de pobreza energética, que no se tocó, continúa en estos momentos, parando miles de cortes de suministro. La efectividad de esta ley, está avalada por los Ayuntamientos catalanes, las profesionales de los servicios sociales, las entidades del tercer sector y el resto de territorios que siguieron su estela aprobando leyes autonómicas similares.
Desde la suspensión de la Ley 24/2015, la emergencia habitacional, lejos de reducirse, no ha hecho más que aumentar. En Cataluña continúa habiendo diariamente 43 desahucios, el 65% de los cuales son de alquiler, siguen los de hipoteca y aumentan los de familias que acceden precariamente a viviendas vacías. Los bancos y grandes tenedores de vivienda no garantizan realojo ni ofrecen alquileres sociales, mientras sufrimos una grave carencia de parque público de vivienda para combatir la emergencia, como demuestra la ineficacia de las Mesas de Emergencia, que no cumplen su función y acumulan casos con esperas de más de 6 meses, ante la carencia de vivienda con un parque público que no llega al 2%. Tan solo en Barcelona hay 360 familias esperando una vivienda adjudicada hace más de 9 meses
En relación con la pobreza energética, a pesar de la vigencia de esta parte de la Ley 24/2015, se continúan produciendo cortes, a la vez que las suministradoras asedian a las familias vulnerables para cobrar la deuda acumulada y se resisten a asumir su responsabilidad negándose a hacerse cargo de la deuda acumulada de las familias más vulnerables.
Debido a la suspensión de herramientas legislativas para hacer frente a la realidad que sufrimos, continúan habiendo vidas en juego, como demuestran la muerte de Rosa de Reus después de que Gas Natural le cortara la luz, contraviniendo la Ley 24/2015; o recientemente la muerte de Jordi en Cornellà, que no podía hacer frente a su alquiler y se suicidó cuando la comitiva judicial iba a desahuciarlo a petición del fondo de inversión Blackstone, estando en situación de exclusión residencial. Dos muertes que se podrían haber evitado.
El nuevo gobierno de Pedro Sánchez puede retirar el recurso del PP contra nuestra Ley 24/2015. Por eso, hoy hacemos pública una carta dirigida al actual presidente del Estado español, para que la recupere con carácter de urgencia, tal como se comprometió el PSOE en el documento que firmaron el 20 de abril de 2016, cuando la amenaza de recurso planeaba sobre nuestra ley y fuimos al Congreso a presionar a todos los partidos. Un documento firmado de puño y letra por la responsable de vivienda Mar Rominguera, cuando Pedro Sánchez era líder del grupo parlamentario socialista, donde se comprometían a:
- Defender públicamente la Ley 24/2015 y la necesidad de esta para hacer frente a la emergencia habitacional y contra la pobreza energética.
- Desistir y retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional en el caso de formar Gobierno y a no poner impedimentos para su total desarrollo.
- Ampliar los derechos que la Ley 24/2015 otorga al resto del Estado, con la aprobación de la Ley de Vivienda de la PAH y retirando todos los recursos contra leyes de emergencia habitacional.
La 24/2015 es una de las leyes catalanas más importantes en materia social que impugnó el Partido Popular y Mariano Rajoy, por lo cual es imprescindible recuperarla. Existen numerosos precedentes en los cuales un cambio de Gobierno ha significado la retirada de recursos interpuestos contra leyes socialmente destacadas.
El mismo PSOE, bajo la Presidencia del Sr. Zapatero, desistió de como mínimo 21 recursos contra leyes de Andalucía, Aragón, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco y Extremadura impulsados por el Partido Popular, la mayoría de estas de materias sociales, como la educación, la sanidad exterior y su ordenación, el derecho civil y la regulación de la adopción por parte de parejas de hecho.
Frente a la emergencia habitacional, desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015, estamos convencidas de que ha llegado la hora, aprovechando los últimos cambios de Gobierno, de retirar el recurso a la única ley que garantiza el derecho a una vivienda digna a día de hoy.
El pasado viernes interpelamos el Presidente Quim Torra con una carta para que pusiera prioritariamente en su agenda recuperar nuestra ley, puesto que parece que su intención y la del Gobierno catalán es enterrar nuestra ley y quedarse con la 4/2016, creada para cubrir el vacío dejado con la suspensión de la 24/2015, pero mucho menos garantista y que también está suspendida.
Hoy es el turno de hacer lo mismo con Pedro Sánchez, que es quien realmente tiene la capacidad de recuperar la Ley 24/2015, demostrando su altura política y dando un paso adelante en la conquista del derecho a la vivienda, pasando de las palabras a los hechos.
¡Recuperamos la Ley 24/2015! Hoy es posible y solo hace falta voluntad política.
#CartaASanchez #RecuperemLa24
PorLa PAH
Recuperar la Ley 24/2015 ahora es posible
Frente a la emergencia habitacional es urgente retirar el recurso que mantiene en suspensión algunos artículos de la ley más garantista de Europa en materia de vivienda.
La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC (ODESC), impulsamos una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Habitatge de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que recibió un gran apoyo social -cerca de 150.000 firmas- y fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña en julio de 2015. ¡Había nacido la Ley 24/2015! Una ley que quería garantizar una segunda oportunidad a las familias, que paró miles de desahucios, que corresponsabilizaba a la banca y a los grandes propietarios, que asegura realojos adecuados y para, a día de hoy, miles de cortes de suministro. Nos consta que así lo consideran también
los Ayuntamientos catalanes, las profesionales de los servicios sociales, las entidades del tercer sector y el resto de territorios que siguieron su estela aprobando leyes autonómicas similares.
Desgraciadamente el Gobierno del PP decidió, una vez más, actuar en contra de los derechos fundamentales y en mayo de 2016 interpuso el recurso de inconstitucionalidad núm. 2501-2016. Esto supuso la suspensión de las medidas urgentes de vivienda que implicaban a las entidades financieras y a los grandes tenedores. Pero lo cierto es que nuestra Ley no es inconstitucional, al contrario,
es la garantía del cumplimiento del artículo 47 de la Constitución y de la Declaración de los Derechos Humanos.
A estas alturas, en Cataluña continúa habiendo diariamente 43 desahucios, el 65% de los cuales son de alquiler, siguen los de hipoteca y aumentan los de familias que acceden precariamente a viviendas vacías. Los bancos y grandes tenedores de vivienda no garantizan realojo ni ofrecen alquileres sociales, mientras sufrimos una grave carencia de parque público de vivienda para combatir la emergencia, como demuestra la ineficacia de las Mesas de Emergencia, que no cumplen su función y acu
mulan casos con esperas de más de 6 meses. Tan solo en Barcelona hay 360 familias esperando una vivienda adjudicada hace más de 9 meses. El parque público de vivienda no llega al 2% y la movilización de vivienda social ha sido muy por debajo de las necesidades de la población catalana.
En relación con la pobreza energética,
a pesar de la vigencia de parte de la Ley 24/2015, se continúan produciendo cortes, al mismo tiempo que las suministradoras asedian a las familias vulnerables para cobrar la deuda acumulada y siguen sin asumir su responsabilidad, negándose a hacerse cargo de la deuda acumulada de las familias más vulnerables.
Esta carencia de herramientas legislativas choca lamentablemente con la realidad, porque más que nunca hay vidas en juego: la muerte de Rosa en Reus, después de que Gas Natural le cortara la luz contraviniendo la Ley 24/2015, o recientemente la muerte de Jordi, un vecino de Cornellà que no podía hacer frente a su alquiler y se suicidó cuando la comitiva judicial iba a desahuciarlo a petición del fondo de inversión Blackstone. No son casos aislados y se podrían haber evitado.
Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015, estamos convencidas de que ha llegado la hora, aprovechando los últimos cambios de Gobierno, de retirar el recurso a la única ley que garantiza el derecho a una vivienda digna a día de hoy.
Por eso, hoy interpelamos al Presidente Quim Torra con una carta [link: carta] para que ponga prioritariamente en su agenda recuperar nuestra ley.
Cataluña no puede continuar liderando el vergonzoso ranking de los desahucios, tiene que liderar el ranking de la conquista de los derechos sociales para todo el mundo. Cataluña ha sido pionera en la legislación contra la emergencia habitacional. La Ley 24/2015 es el principal exponente.
Esperamos una respuesta pública a esta
carta, así como un encuentro para trasladarle la voz de las familias, antes de su reunión con el Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
¡Recuperamos la Ley 24/2015! ¡Se puede! Solo es cue
stión de voluntad política.
#CartaATorra #RecuperemLa24 #AvuiEsPot
