Porlapah
COMUNICADO CAMPAÑA OBRA SOCIAL ‘VIVIR NO ES DELITO’
Hoy hemos convocado diversas ruedas de prensa de forma simultánea en distintos municipios para presentar la nueva campaña de la Obra Social en Cataluña contra la criminalización de la ocupación, a la que hemos llamado “Vivir no es delito”.
Como bien sabéis, el derecho a vivienda está recogido en diferentes normativas y tratados, por ejemplo, en el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha sido ratificado por 108 Estados, entre ellos España, en el cual, además, se reconoce al Estado como garante de este derecho. Asimismo el artículo 47 de la Constitución Española también recoge el derecho a una vivienda digna y adecuada. Por último, recordar que en España el Relator Especial de las Naciones Unidas por el derecho a vivienda digna lanzó una serie de recomendaciones que no han sido implementadas por nuestro gobierno.
El acceso a la vivienda no está garantizado en Cataluña. La Administración pública no es capaz de dar soluciones habitacionales a las necesidades de la ciudadanía, teniendo una mesa de emergencia habitacional desbordada. En los últimos cinco años, el precio medio del alquiler en Cataluña ha crecido un 49%, lo que obliga a las personas a destinar el 51% de sus ingresos para poder mantenerla. Todo esto ha contribuido a que el riesgo de pobreza se sitúe en una tasa del 20%… y que en el caso de los menores de 16 años se sitúa en un 28,5%.
Por otro lado, los desahucios, aunque han dejado de ser mediáticos, siguen aumentando. Nos encontramos con el dato aterrador de que se producen 2 desahucios cada hora en Cataluña, de los cuales el 64% es por impago de alquiler.
Como posible alternativa habitacional podríamos contar con las llamadas viviendas sociales. Sin embargo, los datos nos dicen que solo un 1,3% del parque de vivienda corresponde a esta tipología de vivienda pública. Y es que España solo dispone de 3 viviendas de alquiler social por cada 1.000 habitantes, siendo así el país de la UE con menos oferta. Esto provoca que la espera para acceder a una vivienda social pueda alargarse años. Mientras tanto, la única alternativa que se da es la del hacinamiento de hasta tres generaciones familiares en una misma vivienda, con todas las problemáticas sociales, familiares y psicológicas que eso trae consigo.
En contrapartida nos encontramos que en Cataluña existe un 11,6% de viviendas vacías, lo que supone un total de 448.000 viviendas. Debido a este contexto social, económico y político que nos rodea, muchas familias que han visto vulnerado su derecho a vivienda, han encontrado en la ocupación de pisos vacíos la única solución para poder vivir dignamente. Con la Obra Social Catalana y la organización popular y colectiva se han realojado a más de 4.000 personas que no tenían ninguna alternativa habitacional, en pisos vacíos de bancos o grandes tenedores. Con estas recuperaciones ponemos en el centro la función social de la vivienda: que las personas hagan vida en ellos.
Asimismo, al contrario de lo que el imaginario colectivo ha instaurado, casi el 70% de las personas que ocupan una vivienda vacía de un banco o gran tenedor dicen tener una relación positiva o muy positiva con la comunidad de vecinas.
Estas acciones de justicia social han levantado ampollas dentro del sistema capitalista, ya que la propiedad privada es una de sus bases. Su respuesta no ha sido otra que la criminalización de estas recuperaciones usando todas las armas que tienen a su disposición, sobre todo los grandes medios de comunicación. A través de ellos, los partidos políticos y las grandes entidades financieras pretenden criminalizar la pobreza con mentiras y manipulaciones de la realidad que alimentan mitos sobre las ocupaciones. Quieren relacionar pobreza y delincuencia, ocupación y mafia, drogas y mala convivencia, cuando ellos son los principales responsables de este sistema que nos condena a la miseria. Por eso estamos aquí, para contestar a sus mentiras afirmando que el 93% de las personas que ocupan una vivienda vacía viven por debajo del umbral de la pobreza. Además el 82% de las viviendas ocupadas en Cataluña son propiedad de bancos y grandes tenedores; acabemos con la mentira de que a cualquier persona le pueden ocupar su vivienda cuando no esté. La ocupación de pisos vacíos se ha convertido en la única alternativa para miles de familias que solo intentan tener un techo donde vivir. Por ello pedimos a la ciudadanía que no se dejen engañar, que no miren a otro lado y que se unan a nuestra lucha contra la mafia financiera y política, aquella que posee miles de viviendas vacías, en las que nosotras solo queremos recuperar su función social. Basta de mentiras. Basta de desahucios. Basta de guerra entre pobres.
Por tanto, presentamos nuestra campaña Vivir no es delito en toda Catalunya, en la que intentaremos llegar a toda la población con el material que hemos elaborado, hablaremos con distintas organizaciones sociales, asociaciones de vecinas y plantearemos acciones para combatir el discurso que criminaliza la ocupación, y lo más importante: vamos a seguir organizadas y recuperando viviendas para darle su función social.
Sabemos que la criminalización de la ocupación va a ser el discurso que algunos políticos van a usar para ganar 4 votos, desde la Obra Social Catalana vamos a estar pendientes de esta campaña electoral y no vamos a permitir que se use el discurso que criminaliza la pobreza, vamos a señalar a todos los políticos que hagan campaña en este sentido.
Basta de criminalizar las ocupaciones. Trabajemos por conseguir unos alquileres sociales para todas las personas que lo necesiten y para que los bancos y grandes propietarios cedan sus pisos vacíos al parque público de vivienda. Defendamos nuestro derecho a vivienda digna, es la hora de recuperar la función social de la vivienda!
¿Casas sin gente y gente sin casas? Ni hablar! Organízate en tu Pah más cercana, juntas Si Se Puede!
Porlapah
¡¡Pinchemos la burbuja del alquiler!!
Por unos alquileres asequibles
Por un parque público de vivienda de alquiler
El 6 de abril nos manifestamos para denunciar el abuso de los precios del alquiler. Los especuladores nos estrangulan subiendo y subiendo los precios y cada vez tenemos más problemas para llegar a fin de mes, mientras que los sueldos no suben, un drama social ante la mirada pasiva de los gobiernos y los poderes públicos. La vivienda no es una mercancía, es un derecho con el que no se tendría que poder especular. Hay miles y miles de pisos vacíos en nuestras ciudades, en cambio hay miles y miles de personas y familias sin lugar donde vivir.
Salimos a la calle para denunciar el negocio que las industrias inmobiliaria y turística hacen con nuestros hogares. Mientras el gobierno español regaló a la banca más de 60.000 millones de euros de nuestros bolsillos, éstas no han hecho otra cosa que echar de su casa a personas sin dar ninguna alternativa habitacional. Los propietarios físicos y jurídicos de viviendas de alquiler, con los fondos buitres y SOCIMI a la cabeza, disfrutan de medidas de elusión fiscal en su favor desde hace décadas para no pagar impuestos mientras los inquilinos e inquilinas soportan presión fiscal de hasta más del 30%. Hay que substituir la LAU por una nueva ley que legisle los alquileres sociales en el mercado libre con ventajas fiscales vigiladas por el Estado y ciudades. Como demandan Madrid y Barcelona, hace falta que los impuestos directos del Estado sean gestionados proporcionalmente por las ciudades con una descentralización solidaria como pasa en muchos países avanzados.
Los desahucios se han disparado y actualmente están al nivel de los peores años de la crisis financiera: 165 desahucios por vía judicial cada día, uno cada 5 minutos. Mientras los fondos buitres acumulan viviendas a una velocidad vertiginosa, sin precedentes en la historia, el alquiler se come más ingresos que en cualquier otro país de la OCDE. Y hay que añadir todos aquellos desahucios invisibles, que no están contabilizados, pero que suponen la expulsión de muchas vecinas de sus barrios y pueblos por no quererles renovar el contrato o por pretender imponerles subidas imposibles de asumir para los inquilinos e inquilinas. Hemos llegado a un punto asfixiante de la burbuja del alquiler y queremos pincharla, por todos lados y desde todos los frentes.
Queremos pincharla y estamos determinadas a hacerlo. A pesar de que el nuevo decreto introduce medidas en cuestiones de alquiler, éstas son todavía insuficientes. Es por eso que el movimiento por la vivienda y las organizaciones, barrios y entidades que convocamos esta manifestación queremos dejar muy claro a toda la población los motivos por los cuales no dejaremos de luchar hasta desmercantilizar una de las necesidades y derecho básicas de todo ser humano: tener un techo digno donde vivir. Y así reivindicamos:
- Pinchemos la burbuja: exigimos medidas políticas y fiscales para adecuar los alquileres a la renta disponible del
- Alquileres asequibles: es urgente regular los precios del alquiler teniendo en cuenta el poder adquisitivo real de la gente, es decir, la
- Alquileres estables: los contratos de alquiler no pueden acabarse de forma injustificada y unilateralmente. Tienen que renovarse automáticamente a no ser que el propietario demuestre que necesita la vivienda para su uso personal o de un familiar.
- Ningún desahucio sin alternativa habitacional: mayor autonomía financiera de los Ayuntamientos (participar de los impuestos directos del Estado) para gestionar el parque de viviendas de las ciudades.
- Contrato de alquiler único gestionado por oficinas de Vivienda y Ayuntamientos: el fin de los abusos de los intermediarios: el negocio de las inmobiliarias es un escándalo.
- Justicia fiscal: eliminación de todas las figuras a medida de la elusión fiscal en el Impuesto de Sociedades (Socimis, patrimoniales, etc) y en el IRPF (persones físicas y comunidades de bienes).
- Expulsión de los fondos buitres: exigimos eliminar las Socimis, que disfrutan de grandes privilegios fiscales, y que el gobierno deja que especulen masivamente con nuestros hogares y que sean la punta de lanza de la burbuja.
- Parque público de vivienda: Se tiene que convertir en parque público de vivienda las viviendas acumuladas por la Banca y por los fondos buitres para garantizar su función social, evitar la escasez artificial de vivienda y frenar la especulación. Grabar fiscalmente las viviendas urbanas vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas “especulativas” que no sean para primera residencia.
- Aumentar la construcción de vivienda social: por parte del Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento.
- Basta de pisos turísticos: la mala gestión del turismo tiene un gran impacto en la vida de los ciudadanos y disminuye enormemente la oferta de vivienda de alquiler.
- Ley 24/2015: La aplicación integral de la ley 24/2015 en Cataluña y su extensión a todo el Estado.
Se les ha acabado hacer negocio con nuestros hogares, con nuestros barrios, con nuestras vidas. Pinchemos la burbuja, y pinchémosla bien, que no vuelva a hincharse nunca más.
Porlapah
Primer bloque liberado en Lleida para exigir solución de famílias abandonadas por el Ayto. de Lleida y la Generalitat
Hoy estamos luchando junto a las familias que el Ayto. de Lleida y la Generalitat han permitido que se queden en la calle.
Hoy hemos liberado el primer bloque dentro de la campaña Obra Social Lleida. Hemos recuperado un bloque de viviendas en Balafia. El bloque es propiedad de la SAREB, más conocido como “Banco Malo”, pero que en realidad es una inmobiliaria de activos tóxicos con los despojos de la burbuja inmobiliaria. La SAREB (Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) o Banco Malo es la manera en que el Gobierno sigue manteniendo la burbuja inmobiliaria, que tan buenos beneficios les ha dado a los bancos y lo sigue haciendo, pero esta vez pagándola con dinero público e incluso con riesgo de sufrir una burbuja de alquiler. A nivel estatal, llevamos mas de 50 bloques liberado por la campaña de recuperación de bloques de la Obra Social PAH. En las próximas horas, familias que están a punto de perder su vivienda o que ya la han perdido irán alojándose aquí, en una vivienda digna. Hemos valorado entre todas, como hacemos siempre, cuales eran las prioridades y las urgencias de las centenares de familias organizadas y luchadoras de las diferentes asambleas de vivienda y llevamos tiempo trabajando juntas para conocernos y construir entre todas este proyecto de vivienda.
Liberar este bloque en nuestra ciudad es una necesidad, una declaración y una reivindicación.
– Es una necesidad en el momento en que nos encontramos con muchas familias cada semana en nuestras asambleas que ya están en la calle o a punto de estarlo. Ni la administración ni las respectivas entidades bancarias les ofrecen ninguna solución digna y válida.
– Es una declaración, porque decimos alto y claro que no cederemos ante leyes descafeinadas del gobierno del PSOE y PSC, irresponsables e injustas como las del Partido Popular. Somos el único agente social que ha podido afrontar y dar soluciones habitacionales a miles de familias.
– Es una reivindicación porque ponemos de manifiesto nuestra decisión colectiva de recuperar espacios y recursos de la banca, para dotarlos del uso social que les ha sido usurpado por la especulación salvaje y que ha contado con la complicidad activa o por inacción de los poderes públicos que no tienen el valor de ir contra la banca que les financia sus campañas electorales.
Las leyes actuales aprobadas por el PSOE no acaban de ofrecer soluciones definitivas a las familias vulnerables, lo mismo ocurre con el gobierno del PSC en Lleida, solo parches temporales; esta connivencia del gobierno con los intereses y privilegios de la banca perpetúa la vulneración del derecho a la vivienda, tal y como vivimos en las asambleas en la PAH que tratamos la problemática de la vivienda en Lleida. Por ello, a la PAH, nos toca de nuevo garantizar los derechos fundamentales de las personas.
A pesar de la dramática situación que siguen viviendo millones de personas que ven pisoteado su derecho a una vivienda, las miles de casas que ha comprado la SAREB con dinero público están destinadas a la especulación. Esto es, a dejarlas vacías hasta que se puedan vender más caras de lo que se compraron. Lo que viene siendo nunca. En un país sin vivienda pública en alquiler la única vivienda pública la quieren para especular.
Queremos recordar también que hace algo más de un mes exigimos al banco malo la movilización de sus viviendas vacías para alquileres sociales y cesión de las mismas a las administraciones públicas y así ampliar el parque público de vivienda.
La SAREB también ha asumido muchos de los créditos que tenía la banca y que eran impagables. Como siempre, al ciudadanía sigue asumiendo las pérdidas.
A día de hoy resulta inadmisible que las administraciones públicas no hayan forzado a las entidades financieras, sobre todo a aquellas rescatadas, a dar una compensación social por el rescate con dinero público. Mientras esta situación se mantiene, centenares de miles de personas ven vulnerados sus derechos fundamentales y en riesgo de quedarse en la calle, o directamente lo están. Desde los grupos de trabajo de la PAH llevamos tiempo organizándonos de forma horizontal y asamblearia y dando respuesta a los problemas que nos planteamos como vecinas de nuestros barrios. La PAH de Lleida, hemos recuperado un bloque de viviendas vacías propiedad de la Sareb en el barrio de Balafia, un barrio obrero, y hoy lo estamos haciendo público.
La Sareb, la inmobiliaria más grande de Europa, es una entidad 45% pública mientras el otro 55% es de las entidades rescatadas (por lo que la mayor parte de su dinero también es de todas)
La PAH Lleida pone en marcha la autotutela de derechos mediante la desobediencia civil, porque no nos dejan alternativa. Es o esto, o familias en la calle, mientras el Gobierno no pone ni una solución para aumentar el irrisorio 2% de parque publico de vivienda.
Las familias.
Mediante la campaña de la Obra Social hoy se vuelve a hacer efectivo el derecho a la vivienda de familias que han agotado todas las vías posibles con las administraciones para acceder a una vivienda. Desde la PAHs de todo el estado, nos estamos viendo obligadas a intensificar la Obra Social, mientras entidades como la Sareb continúen acumulando viviendas vacías, haya personas que estén en riesgo de verse en la calle y el Gobierno estatal, catalán y local sigan quietos permitiéndolo. Mientras sigan habiendo cientos de viviendas vacías en Lleida en manos de bancos, grandes tenedores que especulan y de la Sareb. Mientras la administración pública siga privatizando su gestión y dejando en la calle a familias mientras acumula viviendas vacías en Lleida, mientras no cesen los desahucios y aumente la población sin recursos, desde la PAH continuaremos creando desde abajo, organizándonos de la mano de la solidaridad y el apoyo mutuo y defendiendo y ejerciendo las medidas que ni el Ayuntamiento de Lleida, ni la Generalitat de Catalunya han hecho. Porque son necesarias, no son una opción.
La ciudadanía ya hemos pagado bastante, ahora llegó el momento de que las viviendas de la Sareb sirvan para dar vida a la gente y no para alimentar a los fondos buitre y a la especulación.
Son pisos que se han pagado con dinero público, el nuestro, por eso llevamos mucho tiempo diciéndolo: la Sareb es nuestra, sus casas, ¡TAMBIÉN!.
¡Sí Se Puede!
Porlapah
Avisamos con tiempo: ¡Estamos a las puertas de una nueva masacre social!
Alertamos a la ciudadanía en general y a todos los políticos en particular, que a partir de mayo del 2020 se iniciará una nueva ilegalidad en relación a los desahucios.
A partir de ella, se terminará la actual moratoria de tiempo aplicada en todos los casos de desahucio. Esto se añade al de los desahucios la finalización de los contratos alquiler social de las daciones en pago, y los cientos de ejecuciones que están paradas actualmente.
Nuestros políticos tienen que saber que es problema de todos. Ya que, ante la falta de parque de vivienda, que se encuentra en una situación de URGENCIA, se va a juntar una medida que, a falta de contrastar datos, afecta a más de 100 mil familias.
No habiendo vivienda suficiente, nos veremos ante una alarma social muy grave. Los casi 60.000 desahucios producidos en 2018 serán cosa de risa si no se toman medidas ya.
Una de las medidas a tomar, debería ser la prolongación de las Moratorias. Y las viviendas que aún no han sido adjudicadas y están en proceso de re-estructuración una quita de la deuda según sea la situación familiar.
Esta debe ser una cuota baja. Y hay que conseguir por todos los medios que esas familias, incluidas niños y personas mayores, no se queden en la calle.
Os vamos a recordar cada día del próximo mes, los suicidios que ha habido y las personas enfermas y mayores que este gobierno ha consentido que vivan una situación tan precaria. Y que en algo más de un año, se verán en la calle.
Llevaremos el drama fuera de las fronteras de nuestro país. Dando repercusión en sus medios de comunicación, y de la masacre que han consentido todos los dirigentes de esta desconocida España.
Grupo de Trabajo Fondos Buitre y Socimis de la PAH
Porlapah
MANIFIESTO COMISIÓN FEMINISTA 8 DE MARZO
El 8 de marzo de 2018 millones de mujeres en todo el mundo protagonizamos una huelga feminista. En Madrid paramos en todos los lugares, en todas las ciudades, barrios y pueblos, ocupamos las calles para hacer visibles nuestros trabajos, nuestras demandas y nuestros cuerpos. Y demostramos que si paramos nosotras, se para el mundo, que impulsamos y desarrollamos propuestas e ideas para pensar en otras vidas y otro mundo, que somos miles, millones, las mujeres dispuestas a conseguirlo, y vamos a por todas.
Dijimos que nadie podría mirar a otro lado frente a nuestras propuestas y nuestra centralidad en el mundo y lo conseguimos. Con la fuerza colectiva hemos ido abriendo espacios y consiguiendo algunos cambios, pero no todos ni para todas. Nuestras vidas siguen marcadas por las desigualdades, por las violencias machistas, por la precariedad, por procesos de exclusión derivados de nuestros empleos, la expulsión de nuestras viviendas, el racismo, por la no corresponsabilidad ni de los hombres ni del Estado en los trabajos de cuidados.
Por eso este año volvemos a la carga, y convocamos también una huelga feminista de 24 horas, sabiendo que esto ni empieza ni acaba el 8 de marzo. Como en años anteriores es un proceso que ha empezado mucho antes, hemos estado construyendo propuestas, tejiendo redes, poniendo en marcha procesos de contagio hasta llegar a esta huelga y movilización en la que visibilizamos nuestras denuncias y exigencias.
Sabemos que las posibilidades para participar en la huelga son distintas para cada una de nosotras, pues estamos atravesadas por desigualdades y precariedades que nos sitúan en lugares muy diversos frente al trabajo asalariado, los cuidados, el consumo, el ejercicio de nuestros derechos, la participación ciudadana según nuestra procedencia, la clase, la “raza”, la situación migratoria, la edad, la orientación sexual, la identidad de género y las distintas habilidades. Por eso la huelga feminista es una propuesta abierta en la que todas podemos encontrar una forma de participar.
Formamos parte de las luchas contra las violencias machistas, por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, por la justicia social, el trabajo digno, la vivienda, la salud, la educación, la soberanía alimentaria y la laicidad.
Formamos parte de las luchas que protagonizan mujeres que defienden sus tierras y los recursos de sus pueblos, incluso arriesgando su vida, amenazadas por el extractivismo, las empresas transnacionales, y los tratados de libre comercio; contra las viejas y nuevas formas de explotación.
Porque somos antirracistas estamos contra la ley de extranjería y los muros que se levantan en nuestro país; porque somos antimilitaristas estamos contra las guerras, que son una de las causas que obligan a las mujeres a migrar; contra los Estados autoritarios y represores que imponen leyes mordaza y criminalizan la protesta y la resistencia feminista.
Este año nos unimos al grito global lanzado por las mujeres en Brasil, en EEUU, en Italia, en India y en otras partes del mundo frente a las reacciones patriarcales por el avance de las mujeres en el logro de nuestros derechos, y frente a una derecha y extrema derecha que nos ha situado a mujeres y migrantes como objetivo prioritario de su ofensiva ultraliberal, racista y patriarcal.
Son muchos los motivos para apoyar la huelga, entre otros, la hacemos:
✓ Para que podamos ser libres, para que se consideren las violencias machistas como una cuestión que atañe a toda la sociedad y se tengan en cuenta sus distintas causas y dimensiones. Poniendo fin a aquellas que sufrimos cotidianamente en todos los ámbitos y espacios vitales (hogar, trabajo, espacios públicos, pareja, familia, entorno laboral, sociedad e instituciones del Estado). Para que haya cambios culturales, en las ideas, actitudes, relaciones y en el imaginario colectivo.
✓ Para que la justicia nos crea y deje de aplicar una lógica patriarcal, para que se apliquen de forma efectiva las leyes contra las violencias machistas y se amplíen para incluir la violencia sexual. Para hacer efectiva la verdad, la protección, la reparación y la justicia a quienes somos víctimas de las violencias machistas.
✓ Para que las mujeres seamos dueñas de nuestros cuerpos nuestros deseos y nuestras decisiones. Para que las personas disidentes sexuales, con especial atención a las mujeres trans, dejemos de sufrir agresiones y múltiples violencias. Por una sociedad que respete y valore la diversidad sexual, de identidad y/o expresión de género.
✓ Para que la educación afectivo-sexual esté contemplada en el currículo escolar y sea integral, libre de estereotipos sexistas, racistas y LGTBIfóbicos.
✓ Para que el aborto esté fuera del Código Penal y se reconozca como un derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Que se respete la autonomía de las mujeres de 16 y 17 años y se garantice su realización en los servicios públicos de salud para todas las mujeres.
✓ Para romper con las fronteras, el racismo y la xenofobia que nos atraviesa y recorre toda la sociedad. Para que ninguna mujer tenga que migrar forzada por las políticas coloniales, neoliberales y racistas del Norte Global, que producen situaciones económicas, bélicas, sociales y ambientales insostenibles.
✓ Para garantizar nuestros derechos para todas las mujeres, así como un mundo donde nadie muera en el mar, sin muros, alambres, vallas, concertinas ni CIEs. Porque ningún ser humano es ilegal.
✓ Para que se visibilice y reconozca el valor y dignidad del trabajo doméstico y de cuidados que realizamos las mujeres, y los derechos de quienes los realizamos. Para que se asuma la corresponsabilidad por parte de todos los hombres, de la sociedad y del Estado.
✓ Para que podamos tener vidas dignas, y que las Administraciones Públicas garanticen de forma irrenunciable y prioritaria los servicios públicos y de protección social: sanidad, educación, servicios sociales, ayuda a la dependencia y acceso a la vivienda social.
✓ Para que se rompa la división sexual del trabajo que nos condena a la precariedad, la discriminación laboral y los trabajos peor pagados, no remunerados, invisibles e ilegales. Para crear alternativas para las trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular.
✓ Para construir una economía sostenible, justa y solidaria que gestione los recursos naturales de forma pública y comunitaria, que esté en función de las necesidades humanas y no del beneficio capitalista. Para que logremos el acceso universal a los bienes naturales imprescindibles para vivir y priorizar los derechos comunitarios frente a los intereses privados.
✓ Para defender lo común a través del apoyo mutuo: las organizaciones comunitarias, las relaciones vecinales, la gestión y el diseño participativo o el uso compartido de los bienes y del espacio público.
Somos un movimiento internacional diverso que planta cara al orden patriarcal, racista, colonizador, capitalista y depredador con el medio ambiente. Proponemos otra forma de ver, entender y estar en el mundo, de relacionarnos, en definitiva nuestra propuesta supone un nuevo sentido común.
Nos precede una larga genealogía de luchas feministas, las mujeres sufragistas y sindicalistas, las que combatieron al colonialismo, las que trajeron la Segunda República, las que lucharon en la Guerra Civil, y contra la Dictadura franquista, y todas las activistas que nos han traído hasta aquí.
Sabemos que para resistir hay que seguir avanzando y nos sabemos fuertes. Tenemos una propuesta positiva para que todas y todos, desde nuestra diversidad, tengamos una vida digna.
Defendemos una forma de convivir y lo queremos hacer todas, unidas, fortaleciendo nuestras alianzas con otros movimientos sociales. Así nos enfrentamos a quienes hacen su política desde la mentira y el desprecio a las mujeres, desde el miedo, el ocio, la victimización y el resentimiento. Y en el proceso de reconocer, defender y ampliar nuestras libertades y derechos contraponemos la esperanza y desarrollamos lazos de apoyo y solidaridad entre todas.
Frente al “nosotros primero”
planteamos “nosotras juntas”
Porlapah
El Gobierno del Estado aprueba un Decreto de Alquileres necesario pero insuficiente: te explicamos cómo nos afectará
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MiDespués de años de movilización, la PAH y los Sindicatos de Inquilas e Inquilinos, hemos conseguido que se reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos, revirtiendo parte de las nefastas políticas que el PP impulsó entre 2012 y 2013.
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La falta de valentía política del PSOE, el PDeCAT y el PNV (por no mencionar el bloqueo de Cs y PP a la Ley Vivienda PAH) ha evitado que se tomen medidas apoyadas por una amplia mayoría y que hubieran contribuido a pinchar la burbuja, como la regulación de precios o la prohibición de los desahucios sin realojo.
Ya es oficial. El Gobierno del Estado, reunido en Consejo de Ministros, ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Se trata de un paso necesario, que incorpora importantes avances respecto al decreto que intentó impulsar el mismo Gobierno hace dos meses, y que sería totalmente impensable sin la movilización popular de los últimos tiempos. Ahora bien, esta reforma legal sigue siendo insuficiente, por los motivos que detallamos más abajo.
Hace más de un año que, junto con otras organizaciones como los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, venimos reuniéndonos con los grupos parlamentarios y poniendo sobre la mesa medidas de sentido común, apoyadas por una mayoría social. Propuestas rigurosas que contribuirían a garantizar el derecho a la vivienda, y que una amplia variedad de grupos han asumido y defendido en el Congreso de los Diputados: En comú-Podemos, Bildu-EH, Compromís y ERC. Que estas medidas no hayan sido plenamente incorporadas al decreto tiene que ver con la poca valentía del gobierno y de los grupos parlamentarios de PSOE, PDeCAT y PNV: todos ellos han bloqueado la regulación de precios que la ciudadanía reclama desde hace tiempo. Mención aparte merece el boicot de PP y Ciudadanos, aliados de los fondos buitre y contrarios a cualquier medida que no pase por el dogma de dar más privilegios fiscales, deducciones a la compra, y aumentar la oferta: justamente las medidas que nos llevaron a la ruina colectiva de 2007.
A continuación mostramos una tabla con los principales cambios que se han introducido en el nuevo Decreto y en la última parte los analizamos en mayor detalle. También explicamos todo aquello que ha quedado fuera.
1. Duración
POSITIVO. Los contratos serán de 5 años cuando el propietario sea persona física, y de 7 años en el caso de personas jurídicas. Si la casa es vendida a un nuevo propietario, el contrato seguirá vigente aunque no esté inscrito en el Registro de la Propiedad.
NEGATIVO. No obstante, el Decreto sigue permitiendo las expulsiones unilaterales y arbitrarias al final del contrato del alquiler. No incorpora algo que es común en otros países: que el contrato de alquiler se renueve automáticamente siempre que el inquilino haya cumplido con sus obligaciones, y a no ser que haya necesidad familiar por parte de la propiedad, u otra causa de fuerza mayor.
2. Preaviso para finalizar contrato
POSITIVO. Hasta ahora, en caso de no querer renovar el contrato, el propietario podía avisar con solo 30 días de antelación. Ahora el tiempo de preaviso aumenta a 4 meses. La parte inquilina tendrá que avisar 2 meses antes de la finalización de contrato.
POSITIVO. En la recuperación de una vivienda por necesidad del arrendador antes del plazo mínimo (5 o 7 años), las causas de necesidad urgente tendrán que constar en el contrato y tendrá que especificarse cuál de ellas es en el momento de comunicarlo.
3. Precio
POSITIVO. Se prohíben las subidas abusivas dentro de contrato. Cuando se aprobó el anterior decreto, denunciamos públicamente que los grandes propietarios como Blackstone estaban imponiendo contratos de 7 años que incluían subidas graduales e inasumibles, asegurándose la expulsión al tercer año. Ahora esto se evita, fijando las subidas interanuales al IPC.
MUY NEGATIVO. El Decreto deja fuera la posibilidad de poder regular los precios. Una de las mejores herramientas para frenar la especulación y pinchar la burbuja sería una regulación mediante índices sociales, que incorporen variables socioeconómicas (como los ingresos de la ciudadanía), y sean de obligado cumplimiento. En vez de esto, se propone construir índices de mercado (medias de precios en base a las fianzas depositadas en plena burbuja) y -lo que es peor- que sean meramente informativos. Portales de este tipo ya existen y han demostrado una ineficacia absoluta.
4. Desahucios
POSITIVO. Hemos conseguido que se reforme la Ley de Enjuiciamiento Civil para prohibir los desahucios con fecha abierta: experimento que cada vez más juzgados están practicando en Cataluña y que permite que la policía pueda desahuciar en cualquier momento, por sorpresa. Esta era la principal exigencia de la Plataforma Basta Desahucios Abiertos: obligar los juzgados a especificar el día y hora del desahucio, evitando así el sufrimiento añadido de los hogares, y permitiendo que la ciudadanía practique la autotutela de derechos y la desobediencia civil ante leyes injustas.
MUY NEGATIVO. El gobierno del PSOE se ha negado a incluir medidas que eviten los desahucios sin alternativa habitacional. Esto sería factible a través de la Ley 24/2015, vigente en Cataluña, que actualmente obliga a los grandes propietarios a garantizar una alternativa habitacional a todas las personas bajo amenaza de desahucio por motivo de impago de alquiler o de hipoteca. Una solución efectiva para evitar esta vulneración de derechos humanos sería, por un lado, extender la 24/2015 a todo el Estado, y por otro, ampliarla también a casos de finalización de contrato y ocupación.
La respuesta del Gobierno frente a los 60.000 desahucios anuales (aproximadamente, según datos del CPGJ) es introducir la posibilidad de cortos aplazamientos. El decreto obliga a los jueces a aplazar el desahucio un mes cuando el propietario sea una persona física, y 3 meses en el caso de personas jurídicas. También les obliga a notificar la situación de las familias a Servicios Sociales. Pero excluye la posibilidad de paralizar el desahucio y garantizar el realojamiento una vez ejecutado, incumpliendo las resoluciones del Comité DESC de Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos.
5. Honorarios
POSITIVO. El nuevo decreto asegura que los honorarios por la formalización y la gestión del contrato vayan a cargo de los propietarios cuando sean personas jurídicas. El anterior decreto dejaba la puerta abierta a que las empresas pudieran obligar a la parte de inquilinos a pagar estos gastos.
NEGATIVO. A pesar de ser un cambio en la buena dirección, es muy insuficiente, porque quienes vivimos de alquiler seguiremos pagando todos (o casi todos) los honorarios cuando el propietario sea persona física. Los honorarios siempre deberían ser costeados por la propiedad, que es quien pide y recibe los servicios de los intermediarios para comercializar la vivienda y sacar beneficio. Los hogares inquilinos, en cambio, constituyen un mercado cautivo para los agentes inmobiliarios: se ven forzados a pagar honorarios abusivos a cambio de un servicio no solicitado, generalmente deficiente, y que a menudo atenta contra sus derechos e intereses.
6. Impuestos
NEGATIVO. Se mantienen los privilegios fiscales de los fondos buitre, que a través de las SOCIMI pueden destinar miles de viviendas al alquiler sin pagar el impuesto de sociedades y disfrutando de importantes deducciones. También se perpetúan los privilegios fiscales de los propietarios, que seguirán tributando (IRPF) solo por el 40% del dinero que reciben de los inquilinos.
7. Vivienda vacía
NEGATIVO. El decreto no obliga ni da herramientas a las administraciones para poder movilizar las viviendas vacías.
Aunque es un paso necesario, el Real Decreto es muy insuficiente para erradicar la especulación inmobiliaria, y por eso seguiremos organizándonos. En este sentido, ya podemos anunciar que el 6 de Abril saldremos a las calles en una manifestación para pinchar la burbuja de los alquileres.
La lucha, de la PAH de los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos y del movimiento barrial continua. No pararemos hasta sacar la vivienda del mercado, para ponerlo a la altura de la educación y la sanidad. Paso a paso, porque queremos llegar lejos.
Porlapah
ALARMA SOCIAL. Los datos del CGPJ sobre los desahucios vuelven a ser aterradores
Casi 60.000 desahucios en un año dejan evidencia a los políticos gobernantes de este país que sigue sufriendo una de las mayores lacras de la última década mientras se sigue mirando hacia otro lado y solo se les ocurre elaborar un decreto insuficiente muy alejado de la realidad de las familias.
Hoy el CGPJ ha hecho públicos los datos del 4º trimestre de 2018, que sobre desahucios son los siguientes:
- Por ejecución hipotecaria: 18.945
- Por alquiler: 37.285
- Otras causas: 3.891
- TOTAL: 59.671 DESAHUCIOS
Estos datos, nos sitúan en cifras muy similares a las de los peores años de la crisis, y son consecuencia de una legislación radicalmente injusta y criminal, que ignora el valor social de la vivienda, limitando éste a su valor de mercado, y a la que únicamente se accede en función de la renta. Unos datos que tampoco son fieles a la realidad, pues no contempla los desahucios silenciosos producidos por finalización de contratos de alquiler, cada vez son más las familias que tienen que abandonar su hogar, a la búsqueda de uno más asequible aunque sea cambiando de barrio o población, al no poder hacer frente a las subidas abusivas.
En España jamás se ha hecho una inversión suficiente y continuada en la creación de un Parque Público de Vivienda, que al menos garantizaría el ofrecer realojos y alquileres sociales a las familias desahuciadas y todas las ayudas van en la única dirección de facilitar el endeudamiento con los bancos o en la de que los grandes tenedores de vivienda cobren sus rentas, y de que grandes fondos buitre puedan acaparar cientos de miles de viviendas para especular con ellas. No solo no se ha potenciado la creación de vivienda pública, también se ha permitido que la que había perdiera esa calificación a los 25 años para pasar al mercado privado especulativo.
Se han desperdiciado en esta legislatura dos grandes oportunidades de hacer más justo y accesible el derecho a la vivienda: la ley de crédito inmobiliario, en la que el Gobierno y el grupo socialista han dado continuidad al proyecto heredado de Luis de Guindos, volviendo a sobre proteger a la banca frente a las personas, blanqueando o moderando cláusulas abusivas, no limitando la responsabilidad al bien hipotecado, no instituyendo la dación en pago como forma normal de solucionar las situaciones sobrevenidas…etc. Y la otra, la no tramitación de la Ley de Vivienda de la PAH, que contenía instrumentos suficientes para ayudar a los deudores de buena fe, para mejorar de raíz y pinchar la burbuja de los alquileres, para movilizar viviendas vacías y para acabar con la pobreza energética, entre el PP y Cs se han encargado de impedir su tramitación, porque a ellos no les importan estos casi 60 mil desahucios ni las familias afectadas ni sus sufrimientos.
Tampoco el Gobierno actual ha hecho nada por cumplir los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, legislando para impedir los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
Hoy se anuncia también la aprobación de un decreto sobre alquileres, que valoraremos cuando lo conozcamos en profundidad, pero que, a todas luces y por los datos hasta ahora conocidos, no va a impedir nuevos desahucios, no va a intentar siquiera pinchar la burbuja de los precios, aunque sí pueda contener otras mejoras.
Desde la PAH exigimos y exigiremos los futuros gobiernos en los diferentes ámbitos que incluyan en sus acciones de gobierno políticas que realmente garanticen a toda la población el Derecho a la Vivienda.
Porlapah
El nuevo decreto de alquileres sigue quedándose corto a pesar de las mejoras
La presión de la PAH y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos ha logrado ciertas mejoras en un nuevo decreto que sigue poniendo en evidencia la falta de valentía política para hacer frente a los grandes especuladores, obviando de nuevo, la tan necesaria regulación de precios y otras medidas para hacer frente a los desahucios sin alternativa.
El Gobierno del PSOE ha hecho públicas sus intenciones de aprobar en el Consejo de Ministros del viernes 1 de marzo, un nuevo decreto de reforma del alquiler, que, como era de esperar conociendo la falta de valentía y voluntad política, sigue quedándose a medio gas a pesar de las mejoras respecto al anterior. La PAH y los Sindicatos de Inquilinas llevamos tiempo presionando y negociando con los partidos para poner sobre la mesa nuestras exigencias, claras y de sentido común, con medidas que realmente pinchen la burbuja y defiendan a las familias. En esta ronda de negociaciones, Fomento no ha encontrado el momento de escucharnos antes de elaborar el borrador, una muestra más del poco interés en escuchar a la ciudadanía.
Ante esta situación, solo podemos ser críticas y lamentar que sea un decreto insuficiente, en el que se vuelve a dejar de lado la regulación de precios, medidas contra los desahucios sin alternativa habitacional y medidas para ampliar el parque público de vivienda. Obligar a los jueces a notificar la situación de las familias a Servicios Sociales, o dar 1 mes de gracia en caso de propietarios físicos y 3 meses de gracia en caso de propietarios jurídicos, no garantiza en absoluto ni la paralización del desahucio ni el realojo una vez ejecutado, incumpliendo las resoluciones del Comité DESC de Naciones Unidas y del Tribunal de DDHH, y llevamos años reclamando que se cumpla en España. Ya lo advertimos: la única vía para garantizar realojos a las familias desahuciadas ante la falta de parque público de vivienda, es con medidas pensadas para que se movilicen los pisos vacíos en manos de bancos y fondos buitre. Medidas recogidas en la Ley 24/2015, la ley antidesahucios catalana, que marca la obligación de ofrecer alquileres sociales y la cesión de vivienda a la Administración pública. Hablamos de una ley ratificada por el Tribunal Constitucional y que el PSOE, y el resto de partidos políticos excepto el PP, se comprometió por escrito en 2016 a hacer efectiva en todo el Estado. Por otro lado, en lo que a desahucios se refiere, sí hemos conseguido que se reforme la LEC para evitar que el experimento ilegal de los desahucios con fecha abierta deje de extenderse. Ante tal lacra social, qué menos que las familias al menos sepan el día y la hora que van a ser dejadas en la calle e intentar rebajar su sufrimiento. Los desahucios abiertos son una práctica que están empezando a instaurar los jueces catalanes con el único objetivo de evitar que la ciudadanía se autoorganice para evitarlos y así asegurar que se ejecutan.
La parte positiva de este nuevo decreto es que se mantiene la ampliación de los contratos -a 5 años en propietarios particulares y a 7 en grandes propietarios de vivienda- y que hemos conseguido frenar las subidas abusivas año a año, una puerta a la especulación que el anterior decreto dejaba abierta y que ahora se cierra con subidas anuales indexadas al IPC. Un pequeño avance, pero ineficaz contra la burbuja, ya que no regula los precios abusivos iniciales a los que estamos sometidas en los contratos actuales, ni en los que vendrán, ni en la renovación de estos. La única medida para frenar la especulación y pinchar la burbuja sería una regulación de precios a través de índices de tipo municipal que tengan en cuenta el coste de la vida y no los intereses especulativos del mercado. El PSOE, en un nuevo servicio a los buitres, cierra la puerta a este índice, dejándolo en manos de índices estatales y autonómicos, que si algo han demostrado hasta hoy es su total ineficacia.
Los avances más claros planteados en este borrador presentado hoy son:
- que los gastos de formalización y gestión del contrato que hasta ahora siempre pagaban las inquilinas e inquilinos, ahora pasen a cargo de la propiedad en caso de personas jurídicas.
- que la validez del contrato frente a terceros(situaciones de compra-venta, ejecución hipotecaria) en el caso de contratos de 5 y 7 años, deberá ser respetado aunque la vivienda no esté inscrita en el Registro de la Propiedad.
- que en la recuperación de una vivienda por necesidad del arrendador antes del plazo mínimo, las causas de necesidad deberán constar en el contrato y deberá especificarse cuál de ellas es en el momento de comunicarlo.
La PAH y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos seguiremos peleando por un decreto ley garantista que acabe con la alfombra roja a la especulación. Nuestras exigencias son claras y seguiremos en las calles y en los despachos, decididas a que se nos escuche, y no desfalleceremos hasta conquistar el derecho a la vivienda que lleva tantos años secuestrado por la falta de contundencia política. Sabemos que es posible, que aún estamos a tiempo antes de que se forme un nuevo gobierno, y de no ser así seguiremos marcando a los culpables de la situación, en un año de campañas electorales que aprovecharemos para que nos tengan enfrente, y no doblegarnos hasta revertir la situación. Necesitamos soluciones estructurales y no parches parciales que no afrontan el principal problema que es tratar la vivienda como una mercancía con la que poder especular y no como un bien de primera necesidad con una función social.
Ya logramos una ley en Catalunya. Ya registramos una Ley en el Congreso, que acabaría con soluciones para combatir la estafa hipotecaria, ampliar el parque público de vivienda, acabar con los desahucios, regular unos alquileres que nos ahogan, y que no se produzcan más cortes de suministro. Una ley que terminó su proceso debido a las elecciones anticipadas, pero que volverá con fuerza, para asegurar una segunda oportunidad a todas las afectadas de la estafa mal llamada crisis, y como garantía de futuro para que todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna, estable y duradera.
Porlapah
Pinchar la burbuja del alquiler aún es posible
La PAH y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos hemos logrado que una mayoría parlamentaria se posicione a favor de un nuevo Decreto Ley. Las elecciones no son excusa: el Gobierno debe impulsar una batería de medidas urgentes en los próximos días, poniéndose del lado de la ciudadanía y no de quienes especulan con la vivienda.
La crisis habitacional en la que seguimos instalados desde 2008 exige medidas urgentes por parte del Gobierno del Estado. He ahí la premisa con la que la PAH y los Sindicatos de Inquilinas visitamos el Congreso de los Diputados, el pasado miércoles 20 de febrero. A lo largo de una jornada maratoniana, de más de 10 horas, tuvimos ocasión de vernos con los grupos parlamentarios y les trasladamos un mensaje: las disputas pre-electorales no pueden retrasar medidas insoslayables.
Porque la situación de injusticia y vulneración de derechos en la que vivimos es de sobras conocida. Debido a las políticas antisociales adoptadas por el Gobierno del PP entre 2012 y 2013, la especulación que habíamos vivido en torno a las hipotecas se trasladó también a los alquileres. Fueron decisiones a medida de la banca y los fondos buitre, que nadie más pedía, y que han tenido consecuencias nefastas. Mientras los beneficios inmobiliarios de unos pocos se han triplicado y alcanzado cotas que no se veían desde 2007, los desahucios se han disparado y ya están al nivel de los peores años de la crisis financiera: 165 lanzamientos judiciales al día, uno cada 5 minutos. Mientras los fondos buitre acaparan viviendas a una enorme velocidad, sin precedentes en la historia, el alquiler ya se come más ingresos que en ningún otro país de la OCDE.
Frente a esta realidad de emergencia habitacional, hay que actuar. Aunque la legislatura va llegando a su fin, es perfectamente factible para el Gobierno impulsar un real decreto. Incluso con las Cortes disueltas, tras el 5 de marzo, podría hacerse a través de la Diputación Permanente. Y si es factible impulsar un decreto, también lo es que sea aprobado por una mayoría de grupos, que en principio estaría por la labor de darle apoyo.
Ahora bien, también es necesario que el actual gobierno tenga la valentía de redactar un Decreto Ley mucho más garantista que el anterior, como venimos exigiendo desde el Sindicato de Inquilinas y la PAH. Frente a un sistema de vivienda orientado a hacer de nuestras casas un negocio para una minoría y un motivo de angustia y desesperación para millones de familias, no valen los parches. Por ello, les hemos trasladado a los grupos parlamentarios el conjunto de medidas mínimas y urgentes que debería incorporar.
1. Stop Desahucios con fecha abierta. El sufrimiento que producen los 165 desahucios diarios en el Estado español no se evitará con un mes de moratoria en la ejecución del lanzamiento, tal y como proponía el Decreto Ley del pasado Enero. Hacen falta medidas urgentes para paliar la crisis habitacional y evitar que cada vez haya más gente sin casa. Exigimos, en primer lugar, que se explicite en el Real Decreto que todos los desahucios deben ser notificados con fecha y hora y acabar de una vez con la práctica de los desahucios con fecha abierta, que agravan la tragedia de las personas que los sufren.
2. Stop Desahucios sin alternativa habitacional. En segundo lugar, es fundamental que la ley 24/2015, aprobada en Cataluña y ratificada por el Tribunal Constitucional, sea implementada en el resto del Estado. Con la finalidad, entre otras, de que los grandes tenedores se hagan cargo de realojar a todas las personas que van a ser desahuciadas por impago de alquiler e hipoteca. Y además, debe ampliarse este deber a los casos en los que los contratos de alquiler se renueven con unas condiciones y precios que los inquilinos no puedan asumir.
3. Alquileres asequibles: es urgente regular los precios del alquiler entre contrato y contrato, basándose en índices que tengan en cuenta el poder adquisitivo real de la gente. Además, las subidas dentro de un mismo contrato deben estar estrictamente vinculadas al IPC.
4. Alquileres estables: los contratos de alquiler no pueden terminarse de forma unilateral e injustificada. Tienen que renovarse a no ser que el propietario demuestre que necesita la vivienda para uso personal o de un familiar. Además, hay que asegurar que un contrato siga vigente cuando hay un cambio de propietario, independientemente de si el contrato estaba inscrito en el registro.
5. Fin de los abusos de los intermediarios: son los arrendadores, para los que trabajan la práctica totalidad de agencias inmobiliarias, los que tienen que asumir sus honorarios. Nunca los hogares inquilinos, hoy un mercado cautivo de los agentes.
6. Expulsión de los fondos buitre: es imperativo eliminar las socimi, vehículos financieros que disfrutan de enormes privilegios fiscales, y que permiten que los fondos buitre especulen masivamente con nuestros hogares y sean la punta de lanza de la burbuja.
7. Movilización de las viviendas vacías: en un contexto de emergencia habitacional (165 desahucios cada día) y en un país con 3.4 millones de viviendas vacías según el último censo (INE 2011), hay que empezar a multar e incluso expropiar para garantizar la función social de la vivienda, evitar la escasez artificial y frenar la especulación.
8. Tanteo y Retracto. Las administraciones públicas y el tercer sector han de poder comprar la mismo precio que lo hacen los fondos especulativos por lo que exigimos que se les dote de esa capacidad.
Porlapah
Nuevo órdago social contra La Sareb
Las PAHs catalanas exigen al banco malo la movilización de sus viviendas, no en uso de la especulación, sí para alquileres sociales y cesión a la Administración pública para ampliar el parque de vivienda asequibl
Las Pahs Catalanas se movilizan con el objetivo claro de obtener Recuperadores de la Sareb con poder de decisión en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. A día de hoy se está negando toda negociación a las familias que quieren un alquiler social con la SAREB, cuya única respuesta es derivarlas a las oficinas de Altamira que se encuentran en Madrid, sin darles más datos, teléfonos o correos de con quién poder interlocutar para alcanzar una solución. Esta respuesta está llevando a centenares de familias a la exclusión residencial, familias a las que se les está negando su derecho a una vivienda.
Desde el estallido de la crisis en 2008, en un marco en que el gobierno aseguraba que teníamos «el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional», la emergencia habitacional no ha hecho más que aumentar. Entre 2010 y 2012, el Estado español inyectó más de 61 millones de euros de dinero público, de nuestro dinero, para rescatar a la banca. ¿El resultado? Una concentración de capital en manos de unos pocos, que tras la venta y absorciones de entidades, no ha hecho más que aumentar el beneficio de la banca, mientras se atenta contra los derechos más básicos de la ciudadanía, que ha visto en estos años cómo se les arrebataban sus hogares a causa de unas leyes criminales, para que pasaran a engrosar la cartera de especulación. Una ciudadanía empujada a la precariedad, a la persecución judicial, a la espada de Damocles ante un posible desahucio o a sufrirlo –a día de hoy se siguen produciendo 183 desahucios diarios-, mientras vemos cómo el dinero »prestado» a la banca nunca será devuelto.
A esto lo llaman “limpiar” o “sanear” el sistema financiero, y dentro de este proceso de »limpieza» se creó la Sareb. La Sareb es conocida como el banco malo, pero en realidad es una inmobiliaria de “activos tóxicos” con los despojos de la burbuja inmobiliaria, de las entidades rescatadas con dinero público. Estos “activos tóxicos” son viviendas acabadas o medio acabadas sin vender, la deuda de promotores y constructoras fallidas, son viviendas que habían pasado a manos de la banca, desahucio tras desahucio, subasta tras subasta.
La Sareb, la inmobiliaria más grande de Europa, es una entidad 45% pública mientras el otro 55% es de las entidades rescatadas (por lo que la mayor parte de su dinero también es de todas). Pero en vez de garantizar el derecho a la vivienda para cientos de miles de ciudadanos que se encuentran en la calle, su objetivo es vender sus activos con un 15% de beneficio antes de 2027, como demuestra la venta producida a finales de 2018 de Témpore, que gestiona un parque de miles de viviendas en alquiler, a los fondos buitre estadounidenses TPG y Are. Esta operación llega en un momento en el cual todos los indicadores alertan sobre un nuevo recalentamiento del mercado inmobiliario, menos de una década después del estallido de la burbuja inmobiliaria que hundió la economía española desatando una crisis cuyos efectos aún perduran. La apuesta por viviendas de alquiler, con la introducción de nuevas modalidades de comercialización como los pisos turísticos alquilados por días o semanas, convierte a los inmuebles en un bien de inversión rentista que nuevamente está elevando los precios de la vivienda a niveles propios de 2010.
Todo esto ocurre mientras el Gobierno no pone ni una solución para aumentar el irrisorio 2% de parque publico de vivienda. El Gobierno, incapaz de dar solución a la emergencia habitacional por la falta de vivienda, pero que sigue permitiendo que las entidades financieras tengan en sus manos más de 3.500.000 de pisos vacíos. Soluciones que tienen sobre la mesa gracias a la autoorganización de la ciudadanía, que sufre las consecuencias de esta falta de voluntad política. Soluciones que ya han demostrado su eficacia gracias a la Ley 24/2015 catalana. Una ley que marca la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social y a ceder las viviendas a la Administración pública antes de un desahucio. Una ley que el gran benefactor de la especulación, el Partido Popular, quiso cargarse en 2016 con un recurso de anticonstitucionalidad, pero que gracias a la presión social hemos recuperado recientemente.
Ante el fallo reciente del Constitucional del levantamiento de los artículos suspendidos de la Ley 24/2015, queremos recordarle a la Sareb que están obligados como grandes tenedores a ofrecer un alquiler social. Exigimos se garantice nuestro derecho a una vivienda, queremos que la Sareb deje de ningunearnos, nos escuche, nos atienda y cumpla lo que dicta la Ley. No queremos seguir en el ostracismo, queremos recuperadores claros con quienes interlocutar y poner soluciones.
La ciudadanía ya hemos pagado bastante, ahora llegó el momento de que las viviendas de la Sareb sirvan para dar vida a la gente y no para alimentar a los fondos buitre y a la especulación. Son pisos que se han pagado con dinero público, el nuestro, por eso llevamos mucho tiempo diciéndolo: la Sareb es nuestra. Y por eso mismo reclamamos la cesión de sus pisos al parque público de vivienda, que cesen los desahucios de las familias que habitan pisos del banco malo, y un alquiler social para las familias que han recuperado parte de estas viviendas al no tener más alternativa que esta o la calle. Gracias a nuestra Obra Social PAH y recuperando bloques enteros en manos de la Sareb, demostramos que la ciudadanía organizada puede hacer temblar a Goliat. Bloques en los que centenares de personas pueden vivir dignamente aunque de forma irregular, a la espera de la voluntad por parte de la Sareb, a abrir una mesa de negociación que les permita regularizar su situación. Ya logramos estas demandas con bloques recuperados por la PAH, que gracias a la presión social fueron cedidos a la Generalitat y logramos que todas las familias que los habitaban consiguieran sus contratos de alquiler social en las mismas viviendas, pudiendo así mantener el sentimiento de comunidad.
La acción de hoy da un paso más en la campaña #PorDerechoAVivienda, iniciada por la PAH y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos el pasado lunes 18 de febrero, pensada para poner la vivienda en el centro del debate y lograr un Decreto Ley, antes de la finalización de esta legislatura, que realmente proteja a las familias, pinche la burbuja y garantice proyectos de vida bajo un techo asequible y estable.
Basta de especulación, de casas sin gente, de gente sin casa, y una medida para poder hacer esto efectivo es tener
#RecuperadoresDeLaSareb
