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Presentación del informe “Exclusió residencial al món local: crisi hipotecària a Barcelona 2013-2016”

El Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona (PAH) presentan el informe “Exclusió residencial al món local: crisi hipotecària a Barcelona 2013-2016”

El informe muestra los datos recogidos en la PAH de Barcelona durante los años de 2013 a 2016. Para ello se estructuró una base de datos con toda la gente afectada por la hipoteca que acudió al local de la PAH de Barcelona y rellenó sus datos en una ficha, durante el periodo indicado. Toda la base de datos fue ordenada y actualizada durante los primeros meses de 2016, contactando con las personas afectadas que habían rellenado su ficha y actualizando su situación.

Todo esto ha permitido establecer un análisis dinámico y real de la situación y de los efectos de la crisis hipotecaria en las familias. El informe, después de un análisis del marco jurídico relacionando el derecho a la vivienda a nivel internacional, en España y Cataluña,  trata los casos de 957 personas afectadas por la hipoteca que han venido a la PAH entre 2013 y 2016. Se analiza el papel de las entidades financiera implicadas, el perfil sociológico de las familias afectadas, la relación con los servicios sociales de Barcelona y los resultados de las negociaciones entre afectados y bancos.

Creemos que este trabajo de recogida  de datos de las personas en situación de emergencia habitacional sea fundamental para la visibilización de las consecuencias de la crisis hipotecaria sobre miles de familias y que este informe sea una herramienta importante para sensibilizar la opinión pública y ofrecer, a través de estos datos únicos, una perspectiva diferente sobre la crisis hipotecaria.

La importancia del estudio radica en la necesidad de dar a luz a estos datos hasta la fecha inexistentes, sobretodo dando voz a las familias y demostrando la situación de emergencia habitacional que nos encontramos.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC hemos sido de las primeras entidades que, ya en febrero del 2009, alertamos de la gravedad de la problemática. Desde entonces hemos denunciado reiteradamente la carencia de datos oficiales que permitan entender el alcance de la vulneración de derechos fundamentales que supone la legislación española en materia de vivienda. Así mismo, esta carencia de información también imposibilita orientar adecuadamente las políticas públicas. Es por eso que las dos entidades hemos hecho un gran esfuerzo para recoger datos estadísticos durante estos años.

Clica aquí para descargarte el Informe exclusión residencial en el mundo local

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¿Por qué decimos que el PP es el partido de los desahucios?

Os dejamos el artículo de Carlos Macías, portavoz de la PAH, publicado el pasado viernes 24 de Junio

Un lunes cualquiera en Barcelona a las 18h, Marta abre la persiana del local de la PAH para empezar el asesoramiento colectivo en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En el decurso de la asamblea, ocho familias, angustiadas, anuncian que tienen un desahucio e Irene las tranquiliza, explicando cómo nos vamos a organizar para pararlos como hicimos con el suyo. Juntas, como siempre. Éste no es un hecho aislado, persianas similares se levantan cada semana en Sevilla, Vigo, Segovia y un largo etcétera de asambleas de las doscientas PAH que trabajan para poner fin a los desahucios en todo el estado.

Irene sigue: ahora explica las propuestas que tenemos para acabar con los desahucios, las deudas de por vida, la vivienda vacía y los cortes de suministros, “Las 5 de la PAH”. Noelia, con mucha energía, aprovecha para convocar al escrache en un acto de la campaña electoral de Rajoy. Explica que el PP es el partido que, durante toda una legislatura, no solo no ha tomado medidas para acabar con los desahucios, sino que ha suspendido, a través del Tribunal Constitucional, cualquier ley autonómica que haya dado pasos en la conquista del derecho a la vivienda y por ende, recortado los privilegios de la banca.

Anita, de 65 años, nos cuenta que tiene el desahucio en julio y pregunta si se puede acoger a la “moratoria de desahucios” del Gobierno de Rajoy. Yolanda le responde que la falsa moratoria de desahucios es tan restrictiva que la inmensa mayoría queda fuera, que es un titular, pues no hay voluntad real de poner fin a los desahucios. Una voz al fondo de la asamblea recuerda con decepción y cabreo las palabras de De Guindos al anunciar la moratoria de desahucios: “Pararemos 120.000 desahucios en 2 años”. La realidad es que durante su vigencia se han producido 274.000 desahucios y solo el 6% se han podido paralizar. No han solucionado el problema, sino que lo han empeorado, porque la deuda no ha parado de crecer. El mensaje concreto del PP al 94% de las familias con amenaza de desahucio es que quedan fuera de su moratoria: ¡qué os desahucien!

Begoña anima a una mujer que llega diciendo que su banco no le quiere conceder la dación en pago, que no hay ninguna ley que le obligue, y que le van a dejar una deuda de por vida después del desahucio. Bego le explica que es cierto, que no existe hoy tal norma, pese a que en 2013 la PAH recogió más de 1.5 millones de firmas de apoyo a su ILP para cambiar las leyes injustas -incluyendo la dación en pago retroactiva- pero que el PP bloqueó. Otra compah complementa a Bego y explica a la asamblea que la medida estrella de Rajoy para liberar a las familias de la deuda es el voluntario e ineficaz Código de Buenas Prácticas (CBP), “que lo deja todo en manos de la buena voluntad de la banca, aunque a ésta ni se la conoce ni se la espera”. Ainhoa, madre soltera, explica que no pudo acogerse al Código de Buenas Prácticas porque los criterios económicos y sociales para acogerse son muy restrictivos, y aunque ella los cumplía, sus avales (sus padres) no, ya que tienen su casa en propiedad después de 40 años de trabajo. Desde la vigencia del CBP se han iniciado 323.186 ejecuciones hipotecarias, y solo ha liberado de la deuda a un 1.8% de familias y se la ha reestructurado a un 7%, dejando otra vez sin respuesta a más de un 90% de las familias que quedan condenadas a una deuda de por vida.

Fátima llega tarde a la asamblea porque sus dos niñas chicas se han puesto malas y las tuvo que dejar con una vecina. Tiene desahucio por impago de alquiler, y pregunta cómo conseguir un alquiler social. Vuelve a sonar una voz al fondo de la asamblea: le aclara que el estado español es el estado de la Unión Europea que más desahucia, con más vivienda vacía y con el parque público más pequeño. Lucía, con cierta sorna, recuerda las lágrimas de cocodrilo de Soraya Sáenz de Santamaría al anunciar el Fondo Social de Viviendas (FSV), creado otra vez apelando a la buena voluntad de la banca. El FSV son las migajas, un intento de lavado de cara de la banca y del gobierno. Proponen 10.000 viviendas para conceder alquileres sociales a las 465.710 familias que han sido desahuciadas desde 2008 hasta la actualidad. Una vez más, los criterios son tan restrictivos que desde su creación solo se han adjudicado 4.000 alquileres sociales, lo que significa que solo un 0,8% de las familias desahuciadas han recibido un alquiler social. ¿Qué fondo social es ése? Nosotras hemos realojado a 3.000 personas a través de la Obra Social de la PAH, recuperando vivienda vacía de la banca.

Es el primer día que viene Mohammed a una asamblea de asesoramiento colectivo. Hacia el final pide la palabra y nos explica que, después de todo lo escuchado, lo tiene más que claro: “el PP es el partido de los desahucios”. Si alguien lo duda, que se acerque antes del 26J a una asamblea de la PAH, seguro que al salir tendrá claro que votar al PP es votar a favor de que sigan teniendo lugar 184 desahucios al día.

La asamblea acaba organizándonos para las acciones de mañana: por la mañana pararemos el desahucio de Fátima y por la tarde hay un acto del PP en un hotel. Vamos a ir, y luego nos pasaremos por el mercadillos del barrio a repartir flyers e informar a la gente acerca de “Las 5 de la PAH”. También acerca de los partidos que no las apoyan.

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Los efectos de los desahucios en la salud y la infancia, hay vidas en juego

Desde hace casi 7 años, la Plataforma de Afectador por la Hipoteca hemos denunciado la estafa hipotecaria y la complicidad de diferentes administraciones y gobiernos. No sólo eso, sino que nos hemos visto obligadas a actuar de urgencia parando desahucios, realojando a familias a través de la Obra Social y arrancando, colectivamente, daciones, condonaciones y alquileres sociales a las entidades financieras. Desde el principio hemos sido propositivas y hemos llevado a cabo diferentes propuestas legislativas para solucionar la emergencia habitacional. Además,  desde el principio hemos denunciado la falta de datos cuantitativos y cualitativos con una clara voluntad política de invisibilizar la problemática. 

 

Por eso, ante la falta de datos oficiales, el 2013 el Observatorio DESC y la PAH publicamos el Informe “Emergencia Habitacional en el estado español. La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derecho” dónde, a través de 11.000 encuestas, aportábamos datos inéditos sobre el impacto en las personas afectadas y el comportamiento de las entidades financieras. Ante el interés suscitado por medios extranjeros y por las redes europeas e internacionales en las que participamos el Informe se encuentra disponible también en inglés.

 

De éste informe ya pudimos detectar el gran impacto que tiene el procedimiento de ejecución hipotecaria en la salud y la infancia. Una realidad que todas las PAHs conocemos de primera mano, cuántas veces hemos escuchado en una asamblea que una familia no puede cubrir sus necesidades básicas, como la alimentación, para pagar la hipoteca, con una cruda realidad como “llevo meses alargando la leche de mis hijos con agua”. 

 

Fruto de la realidad que palpamos cada día y de lo que ya vislumbraba el informe de “Emergencia habitacional en el Estado Español en 2013”, el Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con la colaboración del proyecto europeo de investigación SOPHIE sobre el impacto de las políticas estructurales en las desigualdades en salud y el grupo EMIGRA (CER-Migracions, UAB), presentaremos el Informe Emergencia habitacional y derecho a la vivienda en Cataluña. Impacto en el derecho a la salud y en los derechos de la infancia en la crisis hipotecaria”.

 

El estudio analiza la problemática que sufren en Catalunya las persones con dificultades para hacer frente a la hipoteca a partir del análisis de 1.000 encuestas realizadas a persones que han contactado con la PAH durante los meses de octubre y noviembre de 2014. A pesar de no tener carácter exhaustiva la amplitud de la muestra permite detectar patrones comunes.

 

El análisis de las encuestas aporta, en primer lugar, información sobre el perfil sociodemográfico y los factores de vulnerabilidad de los hogares catalanes afectados. En segundo término, la muestra detalla el diferente comportamiento de las entidades financieras en Catalunya, unos datos que tanto los propios bancos como las administraciones no han querido facilitar a día de hoy. En tercer y último lugar, la estadística permite avaluar los impactos de la problemática en el derecho de las personas afectadas, y muy especialmente de los niños, a disponer de una vivienda digna y a gozar del más alto nivel posible de salud. El Informe confirma los graves efectos de la problemática en términos de salud y alto número de niños afectados. Es por esta razón que este año hemos querido profundizar en estos dos aspectos valorando su impacto en Catalunya.

 

Este informe se enmarca en el contexto de una campaña estatal de ILP autonómicas, que pretenden, ante la mayoría absoluta del PP en el gobierno estatal, que los Parlamentos autonómicos legislen en el sentido de poner fin a los desahucios, las deudas de por vida y los cortes de suministros. 

 

La ILP de vivienda impulsada en Catalunya por las PAHs, la Alianza contra la Pobreza Energètica y el Observatorio DESC, es la que está más avanzada, en trámite parlamentario y con el compromiso por parte de una mayoría de partidos de ser votada y aprobada en Julio. 

 

Este informe viene a denunciar la situación que se vive en Catalunya, situación que no dista de la del resto de autonomáas del estado español. Con datos y cifras parece más evidente el resultado de este estudio, pero no podemos olvidar que detrás de esos porcentajes de fracaso escolar, enfermedades o alimentación deficiente están nuestros hijos e hijas, no son solo nuestras vidas las que están en juego mientras se mantienen las leyes injustas que provocan esta situación. Es por ello que cada día es más evidente que hay que cambiar la ley, las leyes a todos los niveles que provocan y no dan solución a esta situación de emergencia. 

 

Pero tenemos claro que podemos cambiarlas, que tenemos alternativas y capacidad para llevarlas a cabo, esperamos que este informe sea un argumento de peso más para que el Parlament de Catalunya apruebe de urgencia la ILP habitatge en el mes de Julio, que pronto esta ILP suponga el principio de un cambio que vaya más allá y nos de a las personas la oportunidad de vivir dignamente que nos merecemos.

 

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Avance del Informe: Emergencia habitacional e impacto en el derecho a la salud e infancia en la crisis hipotecaria

El Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con la colaboración del proyecto europeo de investigación SOPHIE sobre el impacto de las políticas estructurales en las desigualdades en salud y el grupo EMIGRA (CER-Migracions, UAB), presentaremos en febrero el Informe “Emergencia habitacional y derecho a la vivienda en Cataluña. Impacto en el derecho a la salud y en los derechos de la infancia en la crisis hipotecaria”.

El estudio analiza la problemática que sufren en Catalunya las persones con dificultades para hacer frente a la hipoteca a partir del análisis de 1.200 encuestas realizadas a persones que han contactado con la PAH durante los meses de octubre y noviembre de 2014. A pesar de no tener carácter exhaustiva la amplitud de la muestra permite detectar patrones comunes.

El análisis de las encuestas aporta, en primer lugar, información sobre el perfil sociodemográfica y los factores de vulnerabilidad de los hogares catalanes afectados. En segundo término, la muestra detalla el diferente comportamiento de las entidades financieras en Catalunya, unos datos que tanto los propios bancos como las administraciones no han querido facilitar a día de hoy. En tercer y último lugar, la estadística permite avaluar los impactos de la problemática en el derecho de las personas afectadas, y muy especialmente de los niños, a disponer de una vivienda digna y a gozar del más alto nivel posible de salud.

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#HousingEmergencySpain Publicación de la versión inglesa del Informe sobre Emergencia Habitacional en España

Hoy publicamos la traducción al inglés de la publicación “Emergencia Habitacional en el Estado Español. La crisis de las ejecuciones y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos”, elaborada por el Observatori DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Esta traducción se debe al interés demostrado tanto por parte de medios de comunicación Internacionales, como de las distintas redes europeas e Internacionales o las que participamos.

En este informe analizamos el resultado de las 11.561 encuestas realizadas a persones afectadas que han contactado con la PAH durante los últimos dos años, y es el primer informe estatal que recoge datos de cómo afectan las ejecuciones hipotecarias a la salud, o cuáles son las entidades que más ejecutan. Entre otros aspectos el Informe muestra cómo una vez llevado a cabo el proceso de reestructuración bancaria las entidades que más desahucian son Bankia (20%), BBVA (15%), Caixa Bank (15%) y Santander (14%). Al mismo tiempo, el Informe nos permitió evidenciar por un lado, que el 60% de los hogares afectados están integrados por menores de edad, los cuáles padecen en primera persona los impactos de la problemática.

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Nueva encuesta de la PAH: las dificultades relacionadas con la vivienda en la infancia y la salud

La PAH lleva denunciando desde 2009 la falta de datos cuantitativos y cualitativos referente al procedimiento de ejecución hipotecaria y la clara intencionalidad de invisibilizar el drama de los desahucios y la vulneración sistemática del derecho a la vivienda y los derechos humanos. Reiteradamente hemos denunciado que no recoger datos estadísticos de calidad es una decisión política que contribuye a invisibilizar los problemas.

Durante años apenas hemos tenido datos y ahora tenemos, pero llegan tarde y mal. Tenemos datos del CGPJ, datos del INE y del Banco de España, pero estos no incluyen datos desglosados por criterios básicos como el perfil de las familias, si hay menores, o situación laboral. Los datos tampoco son desagregados por ciudades, ni recogen datos relacionados sobre temas como la pobreza energética, el impacto en la salud o la infancia.

Por eso, hace un año publicamos el Informe de Emergencia Habitacional en el Estado Español, resultado de las 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas que habían contactado con la PAH durante los últimos dos años, y fue el primer informe de ámbito estatal que recogió datos de cómo afectan las ejecuciones hipotecarias a la salud, o cuáles son las entidades que más ejecutan.

Fruto de la necesidad de tener datos cualitativos y dar luz al impacto de procedimiento de ejecuciones hipotecarias, la PAH junto con el Observatorio DESC y en colaboración con el proyecto MOVIBAR del Grupo EMIGRA de la UAB (La movilidad del alumnado y su impacto en la escolarización en la región metropolitana de Barcelona. Tipos, procesos y tendencias) y el proyecto europeo SOPHIE (Evaluación del impacto de las políticas estructurales en las desigualdades en salud), pone en marcha una nueva encuesta. Con esta encuesta pretendemos entender mejor cómo las dificultades relacionadas con la vivienda tienen implicaciones para los niños y sobre la salud de éstos y de otras personas del hogar. En la encuesta se recogerán datos socio-demográficos, de la vivienda, la situación habitacional, la alimentación, necesidades básicas, socio-económicos y se hará especial énfasis en el tema de la infancia y la salud.

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Presentación del informe Emergencia Habitacional en el Estado Español con datos inéditos sobre las ejecuciones hipotecarias

El Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona (PAH) presentan el Informe Emergencia habitacional en el estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos.

Descarga el informe

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El informe muestra el resultado de las 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas que han contactado con la PAH durante los últimos dos años, y es el primer informe de ámbito estatal que recoge los datos de cómo afectan las ejecuciones hipotecarias a la salud, o cuáles son las entidades que más ejecutan.

Este informe analiza la situación de emergencia habitacional que existe en España desde una perspectiva de derechos humanos. En concreto, se estudia la regulación de las ejecuciones hipotecarias y de los desahucios a partir de los compromisos jurídicos adquiridos por las administraciones públicas y el impacto concreto que supone esta problemática para las familias afectadas.

El estudio analiza, en primer término, la función del derecho a una vivienda digna y de la prohibición de desahucios arbitrarios en el sistema constitucional español, en el derecho internacional de los derechos humanos y a la Unión Europea. En segundo lugar, ofrece datos sobre el comportamiento de las entidades financieras y sobre el impacto de la problemática en las familias a partir de 11.561 encuestas realizadas. En un tercer capítulo, para visibilizar las consecuencias en la vida concreta de las personas, el informe incorpora cuatro entrevistas en profundidad a personas afectadas. El informe concluye con un breve capítulo de conclusiones y recomendaciones dirigidas a los poderes públicos.

menores

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC hemos sido de las primeras entidades que, ya en febrero del 2009, alertamos de la gravedad de la problemática. Desde entonces hemos denunciado reiteradamente la carencia de datos oficiales que permitan entender el alcance de la vulneración de derechos fundamentales que supone la legislación española en materia de vivienda. Así mismo, esta carencia de información también imposibilita orientar adecuadamente las políticas públicas. Es por eso que las dos entidades hemos hecho un gran esfuerzo para recoger datos estadísticos.




En un 70% de los casos el impago de la hipoteca obedece a la pérdida de
empleo.

70% de las familias desalojadas tenían al menos un menor de edad.

Un 77% de las personas afectadas afirma haber sufrido un nivel de ansiedad alto o muy alto

Clica aquí para descargar el informe
(avance de junio de algunos de los datos)

Fe de erratas: la entidad rescatada con dinero público a la que se hace referencia en la página 139 no es Caixa Banc, sino Catalunya Caixa

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Nuevo informe sobre ejecuciones hipotecarias, desahucios y derecho a la vivienda con datos inéditos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

AVANCE: Nuevo informe con datos sobre ejecuciones hipotecarias, desahucios y derecho a la vivienda con datos inéditos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

El Observatori DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentarán en septiembre un exahustivo informe con datos sobre el estado de la cuestión en materia de ejecuciones hipotecarias, desahucios y derecho a la vivienda en el Estado Español.

Una de las principales novedades de este informe es que mostrará nuevos datos sobre la problemática a partir de 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas que han contactado con la PAH en los últimos dos años. La muestra es interesante, no sólo por el considerable número de encuestas, sino también por la información sociodemográfica y de vulnerabilidad social que da de las personas afectadas. Además, también ofrecerá datos del comportamiento de las entidades financieras; unos datos que a día de hoy, ni los mismos bancos, ni las administraciones han querido facilitar.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatori DESC fueron de las primeras entidades que, ya en 2009, alertaron de la gravedad de la problemática y desde entonces han denunciado reiteradamente la falta de unos datos oficiales que pemitan entender la dimensión de la vulneración de los derechos fundamentales que supone el marco normativo actual en materia habitacional. Así mismo, este déficit de información también imposibilita orientar adecuadamente las políticas públicas. Es por eso que las dos entidades han hecho un gran esfuerzo para recoger datos estadísticos con la máxima precisión posible a partir de las personas afectadas que han contactado a la PAH en algún momento.

Sobre el ámbito geográfico, la encuesta se ha realizado a través de internet, en castellano y estaba dirigida a todo el Estado. La mayoría de respuestas son, por orden, de personas que residen en Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, y Andalucía. Esta proporción se corresponde de manera aproximada con los datos del Poder Judicial, los cuales indican que estas mismas comunidades son las más afectadas. Así, el dato geográfico, junto con el número de encuestas realizadas, confirman el valor de interés estadístico de la encuesta.

A la espera del informe completo que se publicará en septiembre, avanzamos en esta nota algunos datos de su interés:

  • 1. Del total de personas afectadas, a un 60,8% aun le queda entre el 80% y el 100% por pagar, y a casi un 20% les queda entre el 60% y el 80%. Este dato corrobora que, si no se aprueba la dación en pago con efectos retroactivos, la mayoría de personas afectadas se verán abocadas a mantener una deuda perpétua en caso de sufrir una ejecución hipotecaria.
  • 2. Un 35,6% declara tener avales, de los cuales, la mayoría, un 65,3% son familiares directos (padres o hijos). Así pues, de encontrarse en una situación de ejecución hipotecaria, en una tercera parte de los casos, sería más de un hogar el que estaría en juego.
  • 3. La gran mayoría de las personas afectadas, un 83%, afirma no tener otra vivienda, ni de propiedad, ni de alquiler, en la que alojarse en caso de desahucio.
  • 4. En el 70% de los casos, el motivo de impago de la hipoteca es el paro. El resto está relacionado con el aumento de la cuota hipotecaria, la suma de otras deudas o la separación por divorcio.
  • 5. Perfil de las personas afectadas I: el 82% son nacidas en el Estado Español. Entre las personas nacidas en otros países, la comunidad más afectada es la ecuatoriana con un 4%. El nivel educativo es elevado: el 59% tienen estudios secundarios o de formación profesional, y un 24% cuentan con estudios universitarios. Estos datos por sí solos ya desmienten la imagen que se ha querido dar en ocasiones de que este es un problema de “personas inmigrantes e ignorantes”. Los datos muestran todo lo contrario.
  • 6. Perfil II: La mayoría de hogares afectados, el 61,1%, se componen de tres o más miembros. Cerca de un 75% de los hogares tienen al menos un menor de 18 años. Un 31,6% de los hogares tienen una o dos personas mayores de 65 años.
  • 7. Perfil III: Un 19,2% se encuentra en paro con una prestación, mientras que un 25,7% de las personas afectadas están en una situación de máxima vulnerabilidad al no disponer de trabajo o no cobrar la prestación del paro. En conjunto predomina la situación de precariedad laboral, y solo un 22,5% tienen trabajo con contrato indefinido.
  • 8. Para 1/3 de las personas afectadas en algún momento la cuota de la hipoteca ha supuesto el total de los ingresos familiares. Para más del 40% supone más del 60% de los ingresos. Estos porcentajes están muy alejados de las recomendaciones de Naciones Unidas, las cuales indican que el gasto de la vivienda nunca debería superar, como máximo, un 30% de los ingresos. Y lo que es más grave: implican que el pago de la vivienda compromete el acceso a otras necesidades básicas.
  • 9. Impactos en la salud y necesidades básicas: un 77% de las personas afectadas afirma haber sufrido un nivel de ansiedad alto. Sobre otras necesidades comprometidas, la mayor dificultad se concentra en el pago de la ropa (70%), los suministros del hogar (65%) y los alimentos (45%).
  • 10. Comportamiento de las entidades financieras I: las personas afectadas se concentran entre el grupo BBVA, con un 15,9%; Bankia, con un 15,2%; Santander (+UCI), con un 14,2%; Caixa Bank, con un 13,8%; Catalunya Caixa, con un 9,8%. Cabe destacar que Bankia y Catalunya Caixa son entitadades rescatadas y nacionalizadas con dinero público. Destacar también que oficialmente se ha querido presentar a BBVA y a Santander como entidades ejemplares, y, en cambio, entre las personas afectadas de la PAH, lideran las hipotecas con problemas de pago, así como las ejecuciones hipotecarias.
  • 11. Comportamiento de los entitadades financieras II: el 84% de las personas encuestadas intentaron negociar con el banco para encontrar una solución, y el 93,1% considera negativo el resultado de ese intento. En general, un 92% se considera insatisfecho/a con el trato recibido.
  • 12. Objectivos de las personas afectadas: a la pregunta “¿qué espera conseguir con la movilización de la PAH?”, un 75% ha respondido la dación en pago, un 50,4% el alquiler social, un 43,9% una renegociación, un 33,8% la condonación, y un 16% “otros”.

Estos son sólo algunos de los datos del informe que se presentará este próximo septiembre. Como se puede ver, los datos son alarmantes: la grave vulneración del derecho a al vivienda que se produce desde hace hace años en el Estado Español está provocando la vulneración de otros derechos fundamentales, como son la salud, la alimentación o los derechos de los niños.

Por eso, el informe final se acompañará de un análisis del marco normativo, con especial atención en las novedades legislativas de los últimos meses, así como de unas recomendaciones finales para reorientar las políticas públicas de cara a parar los desahucios y hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada.

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Desahucios y Democracia: De la estrategia del miedo a la guerra de cifras como política disuasoria

Por Ada Colau y Adrià Alemany

Descarga el estudio 2007 – 2012: Retrospectiva sobre desahucios y ejecuciones hipotecarias en España, estadísticas oficiales e indicadores

Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios por impago de hipotecas son sin lugar a dudas una de las caras más dramáticas de la Crisis en España. Una auténtica lacra que está generando una enorme alarma social. Una sangría que ya se ha cobrado la vida de varias personas y que ha situado a nuestro país en el punto de mira de la prensa internacional. Los suicidios de Granada, Baracaldo, Córdoba, Calvià o Alacant  son tan solo la punta del iceberg. Desde hace años la voz organizada de los afectados viene advirtiendo de las consecuencias de un procedimiento que ya se ha llevado por delante a más de 400.000 familias. El marco legal que regula los impagos de hipotecas condena a familias insolventes a la exclusión social y las deja sin margen para rehacer sus vidas ni horizonte alguno de recuperación. Una advertencia que ha sido ignorada de manera reiterada por los gobiernos de PSOE y PP.
La sociedad civil ha liderado un debate que ha condicionado la agenda política. Lo que en 2009 era un grito en el desierto, hoy es un clamor popular. Durante este tiempo, más de trescientos ayuntamientos, espoleados por la contestación social, han aprobado mociones en sus plenos instando al gobierno central a adoptar medidas que frenen la sangría de desalojos. El pasado mes de octubre la relatora de Naciones Unidas por el derecho a una vivienda, Rakel Rolnik, presentaba ante la asamblea general de la ONU un devastador informe donde denunciaba la grave situación habitacional que atraviesa el país; otro informe de la judicatura concluía la necesidad de reformar en profundidad un normativa que data de 1909 y que sobreprotege a los acreedores dejando la parte más débil del contrato hipotecario indefensa. También la abogada del Tribunal de Justicia de la UE ha cuestionado la legalidad del ordenamiento jurídico español en materia de desahucios. Hace pocas semanas, el gobierno de Ecuador demandaba al Estado Español ante el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo.

Ante el aumento de la presión popular, el gobierno del partido popular se ha visto forzado a mover ficha. Pero ni el decreto de buenas prácticas ni la moratoria de desahucios para casos de extrema vulnerabilidad han servido para atajar el problema. Habida cuenta que ambas prerrogativas contaron con el visto bueno de la patronal bancaria previa aprobación, tampoco es de extrañar. La realidad es que tanto el código de buenas prácticas como la moratoria excluyen la inmensa mayoría de los casos y no modifican una coma del procedimiento actual, que condena a las familias a una deuda de por vida.

Mientras tanto la ILP por la dación en pago retroactiva, la paralización de desahucios y el alquiler social toca a su fin avalada por un millón y medio de firmas, y todas las encuestas realizadas hasta la fecha indican que una abrumadora mayoría de españoles, el 90%, apoyan las demandas que contempla. Incluso entre votantes del Partido Popular.

La política del miedo utilizada por el gobierno para revertir el estado de opinión favorable al cambio normativo se ha constatado un fracaso. Los mensajes apocalípticos que advertían a la población que modificar la ley hipotecaria y paralizar los desahucios hundirían el sistema financiero, no han servido para nada. El sistema financiero ya se ha hundido y el apoyo de la sociedad civil a las demandas de los afectados no ha dejado de aumentar.

Ante semejante clamor popular, el gobierno se ha visto obligado cambiar la estrategia. La nueva estratagema persigue negar el problema a pesar de la evidencia. ¿Cómo? Cuestionando las estadísticas existentes y manipulando los datos para minimizar hasta el absurdo la magnitud de la problemática. En unas recientes declaraciones el Ministro de economía Luis De Guindos afirmaba sin pelos en la lengua que según estimaciones del gobierno, los desalojos de vivienda habitual desde que estalló la crisis comprendían a una horquilla de entre 4 y 15 mil familias en todo el estado. Muerto el perro, se acabó la rabia. Nos equivocaríamos si interpretásemos estas declaraciones como una torpe, cínica y desesperada maniobra de trilerismo estadístico para intentar acallar la presión social de la calle. O quizá sí lo es, pero no solo es eso. La guerra de cifras desatada por economía persigue abrir una grieta para enturbiar el debate, introducir ruido y quebrar el consenso social entorno a las demandas de la gente afectada. Una argucia que ha encontrado terreno abonado en unas estadísticas oficiales ciertamente escasas y de mala calidad.

Por ejemplo, las 416 mil ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2007 según el poder judicial no diferencian las que conciernen a primera vivienda, avales, locales o segundas residencias. Tampoco nos dicen cuales son las entidades que más ejecutan, ni cuales son los municipios con mayor número de procesos cursados. Las estadísticas sobre lanzamientos son todavía más desconcertantes. Ofrecidas por el mismo órgano judicial incorporan una doble fuente desde 2012. Según Servicios Comunes, de enero a septiembre se han producido 49.702 desalojos. Durante el mismo periodo los juzgados de primera instancia han registrado 76.274 lanzamientos. Casi el doble. Según el CGPJ la cifra de lanzamientos ofrecida por los juzgados de primera instancia es la aproximación más fiable, aunque reconocen que tampoco incluyen todos los desahucios y que por lo tanto es inexacta. Por otro lado, los datos que ofrece servicios comunes, aún omitiendo buena parte de los desahucios, son los únicos que disponen de una serie histórica que permite comparar y analizar la evolución temporal. Ninguna de estas dos fuentes diferencia entre lanzamientos de hipotecas o alquileres, ni detalla los menores implicados en cada proceso, ni indica qué entidades son las que más desahucian. Estas fuentes tampoco informan sobre los desalojos que se producen sin orden judicial, fruto de una dación en pago o del miedo y la vergüenza asociados a estos procesos y que lleva a muchas familias a abandonar el inmueble antes de que les obliguen judicialmente a ello. Y así podríamos seguir con una larga lista de silencios que dificultan un diagnóstico preciso sobre esta sangrante realidad.

Un reciente estudio realizado por la PAH intenta subsanar parte de estas deficiencias comparando ambos indicadores durante un mismo periodo de tiempo y para cada comunidad autónoma. Con ello se extrae un multiplicador que aplicado a la serie histórica ofrecida por Servicios Comunes nos da una cifra aproximada de los desahucios desde 2008. Este estudio estima que desde que estalló la crisis se han producido 362.776 desahucios. Unos 146.358 lanzamientos más que los datos oficiales. Teniendo en cuenta que los lanzamientos judiciales no distinguen entre impago de hipotecas y alquileres, no son números descabellados. Por el contrario se encuentran en sintonía con el total de ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2007 , 416.975. Incluso se podría considerar que estas estimaciones se quedan cortas a tenor de los casi 2 millones de hogares españoles con todos sus miembros en el paro y de los 6 millones de desempleados (una tasa del 26%) que había según la EPA a cierre de 2012.

De los peores defectos, virtud

Dado que a los juzgados llega la información detallada de cada procedimiento y teniendo en cuenta la alarma social desatada, lo mínimo que deberíamos exigir a un estado democrático y de derecho son unos datos fiables. Subsanar estas carencias es cuestión de voluntad política y transparencia. Pero lejos de intentar remediarlas, han convertido este agujero negro de las estadísticas en la punta de lanza de su nueva estrategia. Una variante del difama que algo queda. Y es que en el contexto actual, el gobierno utiliza la debilidad de los indicadores oficiales como coartada. Como escudo. Un último intento por desactivar la presión popular. Aunque llega demasiado tarde.

 

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Vidas Hipotecadas, libre para descarga

De Ada Colau y Adrià Alemany.

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El libro que nos revela la gran estafa inmobiliaria española El derecho a la vivienda ha sido sistemáticamente vulnerado: de difícil acceso, pese a ser un derecho fundamental, ahora mismo tiene en jaque a centenares de miles de familias que reclaman un sistema hipotecario más justo. Escrito por dos de los fundadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau y Adrià Alemany, Vidas hipotecadas explica las causas, señala a los responsables de esta situación, analiza el papel que han tenido las administraciones públicas, pone de manifiesto la lucha que desde la PAH se está llevando a cabo, con testimonios en primera persona, y ofrece consejos y recursos útiles para defender el derecho a la vivienda y evitar los abusos de poder de las entidades bancarias. Asimismo el libro también recoge las últimas informaciones sobre la intervención de Bankia y la posibilidad del abandono del euro. Vidas hipotecadas: El drama en cifras y la lucha de la PAH – Desde que empezó la crisis, en 2007, más de 350.000 ejecuciones hipotecarias en todo el Estado han dejado cientos de miles de familias en la calle y con una deuda de por vida. Pero detrás de las cifras hay personas, vivencias, proyectos que se truncan, sueños que se convierten en el peor de las pesadillas. Vidas hipotecadas, voces y testimonios que ponen rostro a los números y estadísticas. – Instaladas en el dogma de que el precio de la vivienda nunca baja, las entidades financieras diseñaron un perverso sistema de incentivos que premiaba a los agentes comerciales que conseguían colocar en el mercado un mayor número de hipotecas. Entre los años 1998 y 2007, el número de hipotecas formalizadas anualmente fue del orden de 822.000. Más de 8 millones en total. – A través de la lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se han conseguido cientos de daciones en pago y condonaciones de deuda una vez realizada la subasta y se han paralizado cerca de 200 desahucios. Asimismo, se ha conseguido que familias amenazadas de desahucio continuen en el piso en régimen de alquiler, y en los casos en que no se ha podido evitar el desahucio se ha presionado a la Administración para realojar a las familias en viviendas públicas.