Porlapah
La moción de la PAH para recuperar la vivienda vacía en manos de la banca ha demostrado que una vez más «sí se puede!»
En enero de 2014 la PAH lanzó una nueva campaña para proteger a las familias de los desahucios: la de mociones a los Ayuntamientos para recuperar la vivienda vacía en manos de la banca.
Casi un año después de que el PP rechazara la ILP de la PAH en el Congreso, el resto de administraciones -tanto autonómicas como locales- estaban paralizadas e insistían en que no había nada más que hacer para detener la emergencia habitacional.
Mientras la PAH seguía haciendo lo que las administraciones no hacían: proteger los derechos más elementales de la población. Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios no han parado de crecer y las PAHs de todo el estado presionaban a los bancos consiguiendo miles de daciones en pago y alquileres sociales, parando desahucios a diario o realojando a miles de personas con la campaña de la Obra Social de la PAH.
Además de detener los desahucios y ofrecer una segunda oportunidad a las familias, conseguir movilizar las viviendas hacia el alquiler social es uno de los elementos clave para frenar la emergencia habitacional.
El estado español es el país de Europa que más desahucia, con más vivienda vacía y menos vivienda social: más de 400.000 desahucios desde 2008, 3,4 millones de viviendas vacías de los que unos 800.000 en manos de las entidades financieras y menos de un 1% de vivienda de alquiler social1. Cataluña encabeza el ranking en desahucios del estado, tiene un 13% del parque de viviendas vacío (448.000) muchos de ellos en manos de bancos, y tiene un parque público de alquiler de un 1% frente a un 18% de media en la UE.
Es intolerable que la banca acumule viviendas vacías mientras expulsa a las familias de sus casas. Por esta razón las PAHs de Cataluña llevaban tiempo exigiendo a la Generalitat y los Ayuntamientos que hicieran todo lo que estuviera en sus manos para conseguir movilizar vivienda social. La respuesta era que no era posible, pero la iniciativa pionera de la ciudad de Terrassa de penalizar el uso antisocial de las viviendas vacías de bancos, que se había puesto en marcha gracias a la presión de la PAH-Terrassa, dejó claro que : «si se quería, se podía».
La campaña de «Mociones para la sanción de los inmuebles permanentemente desocupados propiedad de entidades financieras y otras grandes empresas» basada en la Ley catalana del derecho a la vivienda y en la experiencia de Terrassa, tenía por objetivo extender a toda Cataluña la detección y penalización de la vivienda vacía en manos de los bancos con el fin de movilizar y ponerlo en alquiler social para las familias.
Aplicar esta medida no es sólo una opción, sino una de las únicas vías que permite crear el parque social de viviendas que necesitamos de forma urgente. En Europa las políticas de movilización de las viviendas vacías son habituales y se utilizan desde hace años: Dinamarca, Francia, Italia o Inglaterra multan la vivienda vacía con el objetivo de movilizarlo para la población que necesita vivienda social. Pero cuando la PAH lanzó la campaña de mociones los «supuestos expertos» en vivienda se apresuraron a decir que «multar no serviría para conseguir vivienda social» o que «los bancos no pagarían las multas». Incluso la propia Generalitat, que es quien debería aplicar la ley, quiso esquivar la campaña de mociones con una propuesta «descafeinada» de tasa a las viviendas vacías que no sabemos cuándo se empezará a aplicar.
A casi un año después del lanzamiento de la campaña podemos decir que la tenacidad de la sociedad civil ha demostrado de nuevo que «si se quiere, se puede», dando una lección a las administraciones que se niegan a proteger a las personas frente a la banca.
- La PAH ha presentado la moción en 166 Ayuntamientos de Cataluña y se ha aprobado en 120 de ellos (hay 46 pendientes de aprobar) donde vive el 68% de la población catalana y están los municipios más poblados de Catalunya.
- 16 municipios de Cataluña ya están aplicando la moción y 3 municipios ya han puesto multas (Terrassa, Girona y Santa Coloma de Gramanet).
- La experiencia más avanzada de Terrassa está demostrando que multar sirve para conseguir vivienda social:
- Se han impuesto 43 multas de los más de 1000 expedientes a los 2500 viviendas vacíos detectados.
- Los bancos han cedido 100 viviendas para evitar multas.
Se han cobrado 3 multas y los bancos multados han cedido las 3 viviendas expedientados donde ya han entrado familias a vivir.
De los 120 municipios que aprobaron la moción hay muchos más estudiando su aplicación y que lo harán en poco tiempo.
La inactividad del Gobierno Central y el tímido papel la Generalidad de Cataluña a la hora de hacer frente a la emergencia habitacional aboca a cientos de miles de familias a la miseria, y deja solos a los Ayuntamiento que ven cómo se colapsan cada día más los servicios sociales municipales. El ejecutivo de Artur Mas ha decidido seguir incumpliendo la obligación de aplicar la ley, y renuncia a sancionar lo que esta define como «incumplimientos muy graves en materia de calidad del parque inmobiliario» enmascarando su inacción con un insuficiente proyecto de impuesto sobre los pisos vacíos que normaliza la impunidad ante la acumulación de pisos vacíos que protagonizan los bancos.
En cambio, hoy podemos decir que, gracias a la presión de la PAH, los municipios de Cataluña son la única administración que ha respondido al clamor de la ciudadanía, y que ha empezado a hacer políticas reales, valientes y efectivas de vivienda contra la emergencia habitacional.
#SíSePuede
Hoy es posible pasar de la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda!
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1A mucha distancia del siguiente y acumulando más de la tercera parte del total europeo, que se situa en 11 millones de vivienda vacía, según publica The Guardian.El estado español tiene un 3% de vivienda social(vivienda protegida y alquiler social).
Porosocialpah
La Obra Social PAH realoja a cinco familias en viviendas vacías del banco BBVA
La Obra Social PAH realoja a cinco familias en viviendas vacías del banco BBVA.
El edificio se encuentra en la c/Isaac Peral 21 de Badalona y llevaba cuatro años vacío.
Ya llegó el décimoprimer edificio recuperado por la campaña de realojos «Obra Social de la PAH». Hoy la PAH Badalona ha realojado a cinco familias que se encontraban literalmente en la calle o en riesgo inminente de estarlo.
Como ellas mismas dicen:«En Badalona cada día son más las personas que acuden a la PAH en busca de ayuda. Todas ellas o bien están en proceso de desahucio o no pueden pagar la cuota hipotecaria puesto que se han quedado sin trabajo. Se ha intentado negociar con las entidades bancarias una solución que garantizara el derecho a la vivienda de las familias, sin embargo, ha resultado imposible encontrar una solución. Denunciamos la inoperancia de las administraciones locales frente a esta situación de vulneración sistemática del derecho a la vivienda.
En Badalona, como en todo el país, mientras hay gente en la calle, hay montones de vivienda vacías, muchas de ellas propiedad de los bancos rescatados con dinero público. De las cinco familias que han sido realojadas en las viviendas del banco BBVA, dos habían sido desahuciadas de sus casas, una tiene amenaza de desahucios; y las otras dos han conseguido firmar la dación en pago, pero el banco les ha negado el alquiler social.
Hace un mes de la aprobación de la ley 1/2013 de «protección a los deudores hipotecarios», una ley que ha fracasado antes de empezar y que no da solución a las centenares de miles de familias afectadas por la estafa hipotecaria. La ley fue aprobada desoyendo las demandas ciudadanas y rechazando las medidas propuestas por la ILP de la PAH. La tercera de estas medidas era la relativa al alquiler social, un alquiler social cada vez más urgente en la situación de emergencia habitacional en la que nos encontramos. Frente a la inacción de la gran mayoría de las administraciones locales y el desprecio del gobierno central, continua siendo la PAH, la ciudadanía organizada la que da respuesta a un escenario de violación sistemática de los derechos fundamentales.
Con la campaña Obra Social, la PAH actúa para garantizar y hacer efectivo el derecho a la vivienda. Desde el inicio de la crisis, el número de desahucios ha aumentado año tras año, tal como demuestran los últimos datos del CGPJ; mientras que incomprensiblemente, las entidades financieras continúan acumulando viviendas vacías. Es por eso que de cada propuesta de la ILP que han despreciado haremos una campaña en la calle. No podemos permitir que familias enteras terminen debajo de un puente. No nos dejan otra opción que meternos en vivienda vacía de bancos, recuperando nuestros derechos y vidas.
Para detener la emergencia habitacional es urgente disponer de un verdadero parque público de vivienda, que podríamos tener mañana mismo si el Gobierno movilizara pisos del SAREB y otros bancos.
Como dice la PAH de Badalona: «Estas cinco familias quieren un alquiler social, bien en estas viviendas o en otras. Lo que no quieren es continuar viviendo en condiciones inhumanas. Ellas no son responsables de esta crisis (es una estafa) y queremos vivir con dignidad.»
#11edificiosYseránMás
@ObraSocial_PAH
@PAH_BDN
Vidas Hipotecadas, libre para descarga
De Ada Colau y Adrià Alemany.
El libro que nos revela la gran estafa inmobiliaria española El derecho a la vivienda ha sido sistemáticamente vulnerado: de difícil acceso, pese a ser un derecho fundamental, ahora mismo tiene en jaque a centenares de miles de familias que reclaman un sistema hipotecario más justo. Escrito por dos de los fundadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau y Adrià Alemany, Vidas hipotecadas explica las causas, señala a los responsables de esta situación, analiza el papel que han tenido las administraciones públicas, pone de manifiesto la lucha que desde la PAH se está llevando a cabo, con testimonios en primera persona, y ofrece consejos y recursos útiles para defender el derecho a la vivienda y evitar los abusos de poder de las entidades bancarias. Asimismo el libro también recoge las últimas informaciones sobre la intervención de Bankia y la posibilidad del abandono del euro. Vidas hipotecadas: El drama en cifras y la lucha de la PAH – Desde que empezó la crisis, en 2007, más de 350.000 ejecuciones hipotecarias en todo el Estado han dejado cientos de miles de familias en la calle y con una deuda de por vida. Pero detrás de las cifras hay personas, vivencias, proyectos que se truncan, sueños que se convierten en el peor de las pesadillas. Vidas hipotecadas, voces y testimonios que ponen rostro a los números y estadísticas. – Instaladas en el dogma de que el precio de la vivienda nunca baja, las entidades financieras diseñaron un perverso sistema de incentivos que premiaba a los agentes comerciales que conseguían colocar en el mercado un mayor número de hipotecas. Entre los años 1998 y 2007, el número de hipotecas formalizadas anualmente fue del orden de 822.000. Más de 8 millones en total. – A través de la lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se han conseguido cientos de daciones en pago y condonaciones de deuda una vez realizada la subasta y se han paralizado cerca de 200 desahucios. Asimismo, se ha conseguido que familias amenazadas de desahucio continuen en el piso en régimen de alquiler, y en los casos en que no se ha podido evitar el desahucio se ha presionado a la Administración para realojar a las familias en viviendas públicas.
#PPSOEcómplices del #GenocidioFinanciero Cacerolada este lunes a las 11h en las sedes del PP
- Esta moratoria es del todo inaceptable puesto que sólo se aplicaría para los procedimientos todavía no iniciados. Así, esta medida no afectaría a las ejecuciones hipotecarias que ya están en curso y por lo tanto dejaría fuera a centenares de miles de familias que ya están inmersas en el procedimiento. Desde la PAH exigimos la paralización inmediata de todos los desahucios que afecten a familias, siempre que se trate de vivienda habitual y de deudores de buena fe.
- Por otro lado nos aterroriza los criterios que #PPSOE utilizarán para discriminar entre las familias que puedan acogerse a la moratoria. ¿Serán los mismos criterios restrictivos que los ya utilizados en el famoso código de la Vergüenza del Ministro de Guindos? ¿Hubiera entrado Amaya y su familia entre los afortunados o se hubiera quedado fuera? La PAH exige que la moratoria se aplique para todas las familias siempre que la causa del impago sea sobrevenida y siempre que se trate de vivienda habitual. Éstos y no otros son los únicos criterios admisibles.
- Paralización de todos los desahucios de vivienda habitual cuando se trate de deudores de buena fe.
- Dación en pago retroactiva
- Reconversión del parque de viviendas que acumulan las entidades financieras en un parque público de alquiler social
A medida que se confirmen las convocatorias las iremos actualizando en la página web.
Barcelona: 11h Comte Urgell 249, Metro más cercano: Hospital Clínic.
Madrid: 12:30 Génova 13
Valencia: 10h Desahucio Orriols, c/ Padre Viñas, 58, Orriols (València) .13h Cacerolada sede PP C/ Quart, 102 (València)
Lleida 11:00 Pl.Sant Joan delante sede PP
Canarias: 11h en UCT ( Sedes Insulares del Partido Popular (calle Castillo, 54 en Santa Cruz y calle Albareda, 3 en Las Palmas
Girona a las 12:30 delante la sede del PP
Asturias a las 18:00, delante sede del PP
Guadalajara a las 19:00 sede PP . C/Constitucion 2
Post relacionado con cumbre antidesahucios del PPSOE
Naciones Unidas recoge las denuncias de la PAH y condena duramente la política de vivienda del Estado español
Hoy se ha hecho público, a través de la web del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el informe anual de la Relatora Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas, Raquel Rolnik. Este año la Relatora ha centrado su informe en el análisis del impacto que la financiarización de la vivienda está teniendo sobre el derecho a una vivienda adecuada. El informe se presentará oficialmente en la Asamblea Anual de la ONU que se realizará el próximo 29 de octubre en Nueva York.
El informe es demoledor, y concluye que las políticas de los últimos años que han priorizado el acceso a la vivienda en régimen de propiedad a través de hipotecas se han demostrado un absoluto fracaso y han llevado a la vulneración sistemática del derecho a una vivienda adecuada. En particular, el informe destaca al estado español como ejemplo negativo de esa política fallida, que ha llevado a la ruina a cientos de miles de personas, a través de 400.000 ejecuciones hipotecarias desde 2007. Así, el informe señala que «El paradigma que consideraba la propiedad de la vivienda como la forma de tenencia más segura ha resultado ser falso, dado que uno de los principales resultados de las crisis recientes ha sido el aumento de las ejecuciones hipotecarias, como en España» (pág. 11).
Entre otras cosas, el informe también denuncia con contundencia las políticas de austeridad que están perjudicando al conjunto de la población y vulnerando aún más el derecho a una vivienda digna, a la vez que «se asignan enormes cantidades de recursos públicos para el rescate de instituciones financieras» (pág. 12).
El análisis de la Relatora concluye con algunas recomendaciones, pidiendo que «se modifique el paradigma, pasando de las políticas basadas en la financiarización de la vivienda a un enfoque de estas políticas centrado en los derechos humanos» (pág. 24). Para ello «los estados deben promover alternativas a la política de vivienda basada en el crédito privado y la propiedad» a través de «viviendas sociales de alquiler y otras formas de tenencia colectiva e individual», así como «promover una combinación de sistemas de tenencia, incluidos un sector inmobiliario público que no se rija por los mercados liberalizados y sistemas de alquiler con rentabilidad limitada o alquileres regulados, para prevenir la exclusión y segregación social» (pág. 25). También «deben crearse marcos jurídicos e institucionales para garantizar la seguridad de la tenencia en sus distintas formas, incluido el alquiler».
Vamos, lo contrario de lo que ahora mismo está haciendo el gobierno español que insiste en querer reanimar el modelo de la burbuja inmobiliaria, a través de políticas tan nefastas como el banco malo, la reforma del alquiler para hacerlo aún más inseguro y la agilización de los desahucios.
Recordamos que en marzo de 2012 la Relatora Raquel Rolnik visitó Barcelona, invitada por el Observatori DESC, y tuvo ocasión de encontrarse con decenas de familias afectadas por la hipoteca de distintas PAH’s (ver video).
Tras ese encuentro, también se le hizo entrega del libro de la PAH, Vidas Hipotecadas, que la Relatora cita en su informe en más de una ocasión. De hecho, la Relatora agradeció la información proporcionada por la PAH y lamentó los pocos datos oficiales disponibles en el estado español respecto a la problemática.
Podéis leer el informe completo en el siguiente enlace : Informe Relatora ONU oct2012
El Gobierno agiliza aun más los desahucios en beneficio de la banca y decreta la muerte de un alquiler digno
Por si a alguien le quedaba alguna duda de para quien gobierna este Gobierno, el ejecutivo no ha querido desaprovechar este mes de agosto para aprobar un decretazo que de una vez termine con los pocos derechos que aun tenían los inquilinos en el estado español.
La reforma anunciada para ser aprobada en el Consejo de Ministros de hoy viernes 24 de agosto, prevee, entre otros: reducir los años del contrato de alquiler de 5 a 3 años, agilizar aun más los desahucios por impago de alquiler, y beneficiar fiscalmente a los grandes especuladores inmobiliarios. Y todo ello sin aprobar ninguna medida que ayude a las personas que contra su voluntad sufren el desempleo y los recortes, y que en consecuencia no pueden pagar la hipoteca o el alquiler.
La PAH desde su fundación en 2009 ha explicado que nos centramos en la denuncia de las ejecuciones hipotecarias por ser una de las caras más dramáticas de la crisis habitacional que afecta a millones de personas, pero que eramos muy conscientes de que ejecuciones y desalojos hipotecarios eran la punta del iceberg de un problema más amplio: la mercantilización de la vivienda y la vulneración sistemática del derecho a una vivienda digna en el estado español. Alquiler y compra son dos caras de una misma moneda: si muchas personas se hipotecaron en este país fue precisamente porque desde hace años los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP han ido mermando los derechos de los inquilinos, haciendo que el alquiler no fuera una alternativa real para quienes legítimamente querían acceder a un hogar asequible y estable. Alquilar era oficialmente «tirar el dinero», fiscalmente sólo desgravaba la compra y los inquilinos año tras año tenían menos derechos.
Y no sólo. La PAH también se da por aludida con esta nueva reforma en la medida en que la casi totalidad de las cientos de miles de personas que ya han sufrido o están sufriendo una ejecución hipotecaria pasan directamente al mercado del alquiler. Es decir, mientras no existan otras alternativas (como las cooperativas en régimen de cesión de uso, habituales en el norte de Europa y otros países), el destino inmediato de las personas afectadas por la hipoteca es el alquiler. Así, se da la paradoja que el Gobierno condena a las familias a sufrir la violencia de un desahucio varias veces en poco tiempo: primero por ejecución hipotecaria, después en el mercado privado del alquiler, y en todos los casos sin ofrecer ninguna alternativa de realojo en un parque de vivienda social asequible inexistente en España.
La excusa del Gobierno es muy mala: dice que pretende fomentar el alquiler. Pero la receta de sobreproteger a la parte fuerte del contrato no es nueva, llevan aplicándola muchos años, y su efecto ha sido sistemáticamente el contrario. Además, si lo que realmente preocupara al Gobierno fuera la inseguridad jurídica de algunos propietarios, lo que debería hacer es distinguir entre pequeños y grandes propietarios; entre quien deja de pagar por falta de capacidad económica y quien lo hace por mala fe; y, sobre todo, ofrecer soluciones de realojo y garantizar un parque de alquiler social asequible donde ubicar a las familias que lo necesiten.
La nueva reforma del alquiler no sólo vulnera todos los compromisos del Estado español en materia de derechos humanos. Además, profundiza en una política de vivienda que ya se ha demostrado un fracaso. Precarizar el alquiler, agilizar los desahucios, promover la compra a través del sobreendeudamiento e incentivar la especulación inmobiliaria nos ha llevado a ser campeones europeos en desahucios, ejecuciones hipotecarias, viviendas vacías, precios elevadísimos y corrupción, entre otros. La nueva reforma beneficia a los grandes propietarios, en especial a la banca, y busca atraer la inversión de grandes capitales extranjeros. En concreto, prepara el terreno para dar salida al «banco malo» que el Gobierno está a punto de aprobar: con el «banco malo» el estado comprará a precios inflados de burbuja los activos inmobiliarios que la banca no logra colocar. A continuación, los ofrecerá a inversores extranjeros, especialmente chinos y rusos, con grandes ventajas fiscales aprobadas en el decreto de hoy; por ejemplo, tributando al 0% en el impuesto de sociedades. Una vez más, el Gobierno socializa las pérdidas y privatiza los beneficios con un resctae multimillonario encubierto. La banca gana, la población pierde.
Pero hay un dato que el Gobierno parece no haber incluido en sus cálculos. La población ya no puede más. Cientos de miles de personas están firmando la ILP por la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y la reconversión de la vivienda vacía en manos de la banca en alquiler social asequible, y no vamos a tolerar que se desprecie la voluntad popular. Millones de viviendas vacías esperan a cumplir su función social. Sobran viviendas y sólo falta voluntad política para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Si el Gobierno no lo hace, lo haremos nostras.
Para más información sobre las políticas de vivienda en España y las propuestas de la PAH, podéis descargaros gratuitamente el libro Vidas Hipotecadas : De la Burbuja inmobiliaria al Derecho a la Vivienda , disponible bajo licencia CC en este enlace.
Más información sobre la propuesta de reforma de ley aprobada hoy por el Gobierno en el comunicado del Observatorio DESC
