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Porsísepuede

¿Segunda Oportunidad? No. Es oportunismo tramposo

Tras  analizar al detalle el texto de la Ley “Segunda Oportunidad ” que se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes, estamos en disposición de hacer una serie de consideraciones sobre el impacto que pueda tener en las miles de familias víctimas de una legislación hipotecaria injusta.

El Real Decreto 1/2015 agrupa un conjunto de tres medidas:
1. Modificación mínima del Código de Buenas Practicas que sigue siendo un Código que excluye a la mayoría de afectados.
2. Ampliación de la moratoria que solo ha parado el 8% de los desahucios.
3. Reforma de la Ley Concursal para para permitir la exoneración de las deudas del deudor principal tras una autentica gimkana.

En cuanto a los dos primeros puntos, los datos hablan por si solos. La falsa moratoria de los desahucios ha tenido unos efectos ínfimos parando solo el  8% de los 120.000 desahucios que se han producido durante su vigencia.  Por su parte, el impacto del Código de Buenas Prácticas de Guindos (RD  Ley 6/2012) aún ha sido más ridículo. En los casi tres años desde su  aplicación solo se ha conseguido daciones en pago para un 0,7% de los  afectados, y por su parte el fondo social de vivienda solo ha concedido  alquileres sociales a un 0,4% de las ejecuciones hipotecarias. Que el Gobierno siga confiando en medidas que ha quedado probado que han sido un fracaso es simptomático de que siguen legislando de espaldas a la ciudadanía.

La tercera de las medidas es la que introduce una novedad mas importante y que más dudas y expectativas ha podido generar. Se trata de la posibilidad de que las personas físicas puedan acogerse a un procedimiento concursal con el fin de liquidar sus deudas. No obstante, tiene unos limites muy claros que van a condicionar la implementación y efectividad de la medida:

  • El procedimiento para la exoneración de  la deuda que se preve es largo, complejo, revocable y con costes a asumir por los afectados. El gobierno del PP ha cedido una vez más ante la Patronal de la Banca para evitar un proceso ágil que permitiera entregar la casa en dacion con total seguridad jurídica.
  • Se siembra el estigma sobre el deudor de buena fe. La imposición de requisitos extra -como no haber rechazado una oferta laboral en los últimos 4 años- centra la atención más en la víctima del engaño hipotecario, que no en las entidades bancarias. Unas entidades que a través de cláusulas abusivas han orquestado un verdadero fraude hipotecario generalizado.
  • No es una Segunda Oportunidad para los avales. Las entidades financieras tras liquidar todo el patrimonio del afectado, podrán dirigirse contra los avales para que estos respondan con la deuda pendiente. Dejar fuera de la Segunda Oportunidad a los avalistas es un limite intolerable, que demuestra la cobardía política y sumisión del Gobierno a los dictados de la Banca.
  • La Segunda Oportunidad es revocable. Si durante 5 años tu situación económica mejora puede revocarse la exoneración de la deuda. Esto provocará que las personas afectadas vivan con la angustia de no saber con certeza si la deuda ha sido perdonada o no. El efecto directo será perverso: ante la amenaza de la revocación del concurso, muchos afectados se verán obligados a sobrevivir en la economía sumergida.

En definitiva, es una Segunda Oportunidad para las entidades financieras, para recuperar la posesion de los pisos hipotecados sangrando de paso a las avalistas. Una Segunda Oportunidad encaminada a proteger los mismos bancos que han provocado la crisis y han sido rescatados, en detrimento de la ciudadanía.

La situación de sobreendeudamiento y  emergencia habitacional que sufre el país necesita de políticas valientes en materia de vivienda. Dación en pago  retroactiva, moratoria real de desahucios y alquiler social. Esa será la Segunda Oportunidad Real para las más de 570.000 familias que sufren una  ejecución hipotecaria desde 20007.

Por esta razón, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca seguiremos luchando por los derechos de todos y cada uno de los afectados y avalistas, presionando a los bancos y  aplicando la desobediencia civil para conseguir las verdaderas Segundas Oportunidades: las daciones, condonaciones y alquileres sociales que el Gobierno nos niega.

No vamos a permitir rebajas ni engaños. No es una segunda oportunidad, es oportunismo tramposo.

¡Sí Se Puede!

Porsísepuede

¿Segunda Oportunidad? Solo lo será si es para todas

Desde la PAH exigimos una serie de medidas de urgencia e imprescindibles para que la Ley de Segunda Oportunidad no sea otro fracaso con un impacto ínfimo en la situiación de las familias en ejecución hipotecaria.

El decreto ley llamado de “segunda oportunidad” que anunció Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la nación podría aprobarse hoy mismo en el Consejo de Ministros en un contexto de opacidad y confusión total.

Durante esta semana ningún Ministerio ha sido capaz de explicar en qué consiste realmente y cómo afectará a las familias afectadas por desahucios y los autónomos ahogados por las deudas. Ayer, los miembros del Gobierno solo repetían las mismas generalidades que enunció Rajoy en el discurso y derivaban la responsabilidad a Economía, proponente del decreto ley junto al Ministerio de Justicia. De hecho, ni siquiera está claro que vaya a aprobarse hoy.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, tras años presentando una propuesta articulada a través de la Iniciativa Legilsativa Popular en 2013, nos tememos que las medidas aprobadas por el Gobierno tengan demasiadas limitaciones que las conviertan en ineficaces y vuelvan a condenarlas al fracaso.

Recordamos el fracaso absoluto de todas y cada una de las iniciativas que los Gobiernos del PPSOE han adoptado hasta hoy para “intentar frenar” los desahucios. La moratoria de los desahucios, por ejemplo, anunciada a bombo y platillo por el ejecutivo ha tenido unos efectos ínfimos parando solo el 8% de los 120.000 desahucios que se han producido durante su vigencia. Por su parte, el impacto del Código de Buenas Prácticas de Guindos (RD Ley 6/2012) aún ha sido más ridículo. En los casi tres años desde su aplicación solo se ha conseguido daciones en pago para un 0,7% de los afectados, y por su parte el fondo social de vivienda solo ha concedido alquileres sociales a un 0,4% de las ejecuciones hipotecarias.

A pesar de que hasta el dia de hoy aún no hemos podido tener acceso al contenido del texto definitivo que previsiblemente aprobará hoy el Gobierno, queremos hacer una serie de consideraciones para informar a la ciudadanía de algunas de las exigencias de mínimos que tendría que incluir este Real Decreto Ley para que realmente fuera una Ley de Segunda Oportunidad y no volviera a ser un fracaso estrepitoso.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca exigimos:

  • Que el préstamo hipotecario se incluya sin condiciones. Los préstamos hipotecarios (actualmente excluídos en los procedimientos concursales) tienen que quedar afectados por la nueva ley, puesto que de lo contrario, tratándose de la principal deuda de la ciudadanía, la medida anunciada seria totalmente inútil. Asimismo, no tiene sentido poner ningún tipo de requisito a su inclusión más allá del hecho de que el préstamo hipotecario sea por vivienda habitual.
  • Que la “segunda oportunidad” no dependa de la voluntad de los acreedores. Ha quedado demostrado que los mecanismos de segunda oportunidad -como los procedimientos extrajudiciales- cuando dependen de la voluntad de las entidades financieras están condenados al fracaso: siendo un mero trámite sin ninguna posibilidad de acuerdo, o simplementre una vía que ni siquiera se inicia.
  • Que no se establezca ningún tipo de restricción a los deudores de buena fe, ni de tipo económico ni social. Todas las personas en situación de sobreendeudamiento que han contraído los préstamos de buena fe merecen una segunda oportunidad, independientemente de la situación familiar que tengan y las condiciones económicas del crédito. El fracaso del Código de Buenas Prácticas debería ser un argumento de peso suficiente como para que el Gobierno tomara la determinación de que no se puede seguir dejando fuera a la gran mayoría de la población afectada en base a unos criterios arbitrarios de vulnerabilidad.
  • El plazo que se establezca para la condonación de las deudas que hubieran quedado pendientes tras el concurso no debería superar un año, tiempo más que suficiente para comprobar la rehabilitación económica o no del deudor. Además el procedimiento debe evitar que, como sucede en otros casos, los costes del mismo lo hagan inviable para los afectados.
  • Que la mera solicitud del procedimiento extrajudicial suspenda temporalmente cualquier ejecución de deudas del afectado. De esa manera se suspendería toda ejecución hipotecaria en curso y se impediría el inicio de nuevas, evitando el riesgo de embargo y desahucio.
  • Que la nulidad de las cláusula suelo se extienda a todas las personas afectadas y suponga la obligación de devolución de las cantidades pagadas en aplicación de los mismos. El anuncio de regular las cláusulas suelo hipotecarias parece reducirla a “colectivos vulnerables”, a pesar de existir miles de sentencias judiciales dictando la nulidad de los “suelos” e incluso la devolución de las cantidades pagadas en aplicación de los mismos. El Gobierno no puede seguir legislando a favor de la banca y haciendo caso omiso a estas resoluciones judiciales.

Queremos recordarle al Gobierno que la “segunda oportunidad” (que ya prevén la mayor parte de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno) es un derecho de todos los ciudadanos, y no puede limitarse a casos de extrema necesidad y “especial vulnerabilidad”. La insolvencia sobrevenida para miles de familias que fueron victimas del estallido de la burbuja inmobiliaria no puede seguir suponiendo una condena a la exclusión social y a la desesperanza. Ya está bien de que los intereses especulativos de los bancos pisoteen el derecho a la vivienda de los afectados

Una vez más, tememos que las propuestas que nos ofrecen sean las propuestas que están dispuestos a ceder los bancos. Es decir, las propuestas de los abogados de los bancos que han tenido acceso al texto definitivo antes que los propios afectados para desvirtuarlo y asegurarse que no perjudica sus intereses. Y nos preguntamos: ¿No debería ser al revés? La democracia no es un sistema de representación que traduce en ley aquello que la ciudadanía clama a gritos? ¿Por qué este gobierno se deja manipular como marionetas por el interés de una minoría y en contra de la gran mayoría social?

La respuesta a la situación de sobreendeudamiento y emergencia habitacional que sufre el país es clara. Dación en pago retroactiva, moratoria real de desahucios y alquiler social. Es esta la Segunda Oportunidad Real para las más de 570.000 familias que sufren una ejecución hipotecaria desde 20007. Tenemos el aval de 1.402.854 firmas a la Iniciativa Legislativa Popular y de más de 200 PAHs que en todo el Estado las aplican día a día en la calle, presionando a los bancos y aplicando la desobediencia civil para conseguir las daciones, condonaciones y alquileres sociales que el Gobierno les niega.

Hay vidas en juego y no aceptaremos que trafiquen con nuestros derechos. Que no le quepa ninguna duda a éste o cualquier Gobierno que no vamos a aceptar ninguna rebaja y seguiremos luchando por el derecho a la vivienda y una segunda oportunidad real y para todas.

Basta de parches y mentiras, por una Segunda Oportunidad Real!

¡Si Se Puede!

#2aOportunidadReal
#HayVidasEnJuego

Por

El Partido Popular desahucia la ILP

El Partido Popular anunció el pasado martes el cierre del debate sobre la ILP. El jueves, en la comisión de economía, el Partido Popular votará en solitario a favor de su propuesta de reforma de la ley hipotecaria. En la más absoluta soledad. Sin aceptar las enmiendas de ningún grupo político y, lo que es más preocupante para la democracia de este país, desoyendo unas demandas que cuentan con el apoyo del 90% de la población, unas demandas de mínimos necesarias para no condenar a la exclusión social de por vida, a miles de familias.

Ninguna mayoría absoluta legitima la violación sistemática de derechos humanos.

La ILP por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de los desahucios cuenta con el aval de 1.402.854 firmas. Son demandas de mínimos, cuyo rechazo muestra una preocupante ignorancia por parte del PP de la realidad social en la que se encuentran cientos de miles de personas en este país.

La propuesta de ley del PP desvirtúa por completo la ILP, no respeta el texto y vuelve a sus medidas parciales, arbitrarias e insuficientes que excluyen a la mayoría grueso de la gente las personas afectadas. Unas medidas que ya se han mostrado fracasadas. Su propuesta muestra un desprecio por la sentencia del TJUE, ya que no modifica el fondo del procedimiento de ejecución hipotecaria, ni dice nada de los cientos de miles de procedimientos ya realizados con una ley ilegal que vulnera derechos fundamentales. Les condenan y sacrifican de por vida al no aceptar ningún tipo de retroactividad efectiva. El texto hecho público la semana pasada ofrece una posibilidad teórica: que las familias paguen el 65% de la deuda en en cinco años a partir de la hecha de la subasta. Algo que, quienes conocemos el problema de cerca, sabemos que es inviable para el 99% de las familias afectadas. Impide también que la inmensa mayoría de las personas afectadas se acojan a la paralización de los desahucios de viviendas habituales y no contempla ninguna medida significativa de impulso del alquiler social.

Lo que dice la Sentencia del TJUE ya es de obligado cumplimiento para los jueces españoles. Sin embargo, el texto del PP persiste en la ilegalidad vulnerando los derechos de los afectados y generando indefensión. Nada se introduce para mejorar la regulación, al contrario, reduce a un mes el plazo para alegar cláusulas abusivas se impone al afectado la obligación de alegar las cláusulas y de advertir el inicio del plazo, cuando el juez de oficio debe apreciarlas, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE. Por tanto, es persistir en la vulneración de los derechos fundamentales de los afectados.

Las propuestas del PP suponen una operación de maquillaje de los decretos De Guindos y Antidesahucios, cuyo fracaso ya se ha constatado.

De este modo, el texto del Partido Popular aboca al caos social, económico y jurídico al país. Negar el derecho a una segunda oportunidad supone el caos social porque serán miles de personas las que creerán que no tienen solución posible a su situación. Las propuestas del PP nos abocan al caos económico, porque un país no podrá salir de la crisis, si sus ciudadanos no salen de ella, condenados a la economía sumergida y la exclusión social de por vida. Y conllevarán caos jurídico, porque si el Estado no tutela los derechos de las personas afectadas, éstas buscarán una solución en juzgados, opción que acabará por colapsarlos.

La estrategia del Partido Popular de las últimas semanas de criminalizar la campaña de escraches, reprimir a los participantes, y poner toda su estructura al servicio de la difamación de la PAH y su portavoz Ada Colau muestra una actitud profundamente antidemocrática y la decisión de cerrar el debate es la prueba de que su intención no era otra que desviar la antención sobre un debate que va más allá de la ILP hipotecaria y que pone de manifiesto que la ciudadanía población ha dejado de confiar en un gobierno ilegítimo para garantizar sus derechos. Frente al acoso de la banca y la complicidad del gobierno, la ciudadanía ha tenido que organizarse y auto tutelar sus derechos a través de movimientos ciudadanos como la PAH.

La decisión del PP de cerrar el debate sobre la reforma de la ley hipotecaria, rechazando las propuestas de la ILP, y sin contar con otros grupos políticos ni con la ciudadanía, muestra un peligroso desconocimiento de la realidad social. Son un insulto a la democracia, y una muestra de cómo el poder político se encuentra subyugado por los intereses de la banca. Una banca que ha hundido el sistema económico y nos ha llevado hasta esta crisis.

El jueves la propuesta de ley saldrá de la comisión de economía y llegará al Senado, donde los senadores, desde nuestro punto de vista, tienen la obligación moral, política y democrática de presentar enmiendas y reabrir un debate que el Partido Popular quiere finiquitar.

Desde la PAH sabemos que, como sociedad, no podemos permitirnos el lujo de tirar la toalla. Por eso, seguiremos presionando hasta el día de la votación para que se introduzcan las medidas que efectivamente darían una solución a la sangría de los desahucios.

Si el PP insiste en sacar adelante un proyecto tan claramente insuficiente, las PAH seguiremos actuando para hacer lo que no hace el gobierno: defender los derechos de la ciudadanía población frente a los abusos de la banca. Seguiremos parando desahucios, actuaremos para forzar negociaciones con los bancos y lograr daciones en pago, recuperaremos viviendas vacías en manos de las entidades financieras e inundaremos los juzgados de escritos para solicitar la nulidad de procedimientos ya ejecutados. La ILP ofrece la posibilidad de no judicializar el conflicto y no colapsar los juzgados, pero si el PP no nos deja más remedio, haremos lo que debamos para defender los derechos humanos. Hay vidas en juego, aunque parezce que al Gobierno del PP le da igual.

Rescatemos personas, no bancos

¡SÍ SE PUEDE!

El grupo promotor está formado por:
CCOO, UGT, Taula del tercer Sector, Observatori DESC, Confacv, y Plataforma de Afectados por la Hipoteca