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Porlapah

Las PAHs valencianas rechazan el recurso de inconstitucionalidad del PP, que impide avanzar en el derecho a la vivienda y suministros.

La decisión del Partido Popular de presentar recurso de inconstitucionalidad a la Ley 2/2017 por la función social de la vivienda y a la Ley 3/2017 para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) boicotea el derecho de la ciudadanía de la Comunidad Valenciana a una vivienda asequible, digna y adecuada, y a los suministros básicos.

Poco importa que el derecho a la vivienda esté recogido en la Constitución Española (art. 47), en el Estatuto de Autonomía (art. 19), en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.25) y en el Pacto Internacional de Derechos. Económicos, sociales y Culturales (art. 1 y ss).

Con este recurso se impugna artículos fundamentales de la reciente Ley 2/2017 de vivienda en la C. V. que quedarán en suspenso hasta la sentencia del TC. Se van a anular los artículos que garantizan el derecho a la vivienda en casos de exclusión social, que evitarían desahucios obligando a los bancos a ofrecer alquiler social, que permiten movilizar las viviendas de grandes tenedores mediante el Registro de Viviendas Deshabitadas y las sanciones a las que estén deshabitadas de forma permanente e injustificada. También va a dejarse sin efecto el artículo 23 de Medidas para prevenir y paliar la pobreza energética -referido a la electricidad y gas- que pretendían garantizar el acceso a estos suministros básicos, evitando los cortes por no poder pagar (medida que además se vuelve a plantear también contra artículos importantes de la Ley 1/2017 sobre Pobreza energética).

Las razones de que esta Ley invade competencias estatales son excusas, que ponen de manifiesto la falta de voluntad política del PP para afrontar la emergencia habitacional. Además, la reincidencia de acudir al art. 149.1.13 de la CE, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica supone un obstáculo definitivo para que las CCAA regulen aspectos que le son de su competencia, como la vivienda, una recentralización y “expropiación” de sus competencias vía judicial y no política, como han impuesto en el recurso contra la ley de vivienda en Andalucía.

Y más cuando las medidas adoptadas por el Gobierno no sólo no resuelven los problemas de la mayor parte de la población afectada por los 600.00 desahucios, sino que cada día continúan sin parar tal como evidencias los 35 desahucios diarios en la C.V. según el CGPJ. El clamor ante esta situación en el estado español ha sido recogido recientemente en un Dictamen de las Naciones Unidas que decreta que los desalojos sin alternativa constituyen una violación del Derecho Humano a una Vivienda Adecuada.

Las PAHs del P.V. rechazamos y condenamos la incapacidad demostrada por parte del PP a la hora de afrontar los problemas de esta Comunidad, y su forma de hacer política poniendo “palos en las ruedas” y obstaculizando sin cesar los avances que nos deberían conducir a un estatus cada vez más garantista de los derechos humanos. Exigimos que el PP levante todos los recursos interpuestos en las Comunidades Autónomas y cree un marco estatal adecuado, como plantean
la Ley de Vivienda de la PAH que se va a presentar en este mes en la mesa del Congreso.

Finalmente, las PAHs del País Valenciano evaluarán el próximo día 18 de noviembre en la Coordinadora de Comunidad la trascendencia de este recurso y estudiarán las medidas a adoptar, entre la que se encuentra instar a todos los grupos políticos que han aprobado la redacción de esta Ley a que usen todos los recursos para su defensa y continúen luchando por su legitimidad y posterior reglamentación. Y también al PP que no la apoyó a incluir estas demandas en las leyes de ámbito estatal que no podrán negar que son de su competencia.

Valencia, 5 de noviembre de 2017

Porhmora85

EL ESTADO ESPAÑOL COMETE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS CON CADA DESAHUCIO SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

Ante el Dictamen de Naciones Unidas sobre desahucio de alquiler en España. No toleramos ni un desahucio más.

Ayer conocimos que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas ha declarado que el desalojo sin alternativa habitacional de personas en procedimientos de alquiler, bajo su actual regulación, constituye una violación del Derecho Humano a una Vivienda Adecuada. El Comité juzgaba un caso de desahucio por extinción de contrato de alquiler de habitación, ocurrido en 2013 en el barrio de Tetuán de Madrid, que terminó con una familia con cuatro miembros durmiendo en un coche. Ni los Servicios Sociales municipales, ni el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) [1]., ni el propio Juzgado, impidieron el desahucio ni tampoco proveyeron de una vivienda para una unidad familiares con dos niños de 1 y 3 años de edad. En sus conclusiones, Naciones Unidas declara producida una violación por parte del Estado, ordena la reparación del daño causado a la familia e insta al Gobierno a remitir un plan de reforma profundo en materia de alquiler y vivienda en un plazo de 6 meses pues aprecia una situación de violación estructural.

Podéis consultar la decisión en este enlace.

Las conclusiones de Naciones Unidas apuntan a responsabilidades estatales con implicaciones para todos sus estamentos, desde los servicios sociales municipales, incapaces de atender algo tan básico como el techo de una familia, hasta el Congreso de los Diputados, responsable de una legislación procesal que convierte las sedes judiciales en oficinas de gestión del mercado de vivienda sin que los jueces puedan tomar siquiera en consideración la situación en que quedan las personas que van a ser desalojadas.

Como hemos denunciado ante miles de desahucios desde 2009, en España se produce una violación estructural del Derecho a la Vivienda reconocido en la Declaración de Derechos Humanos y la propia Constitución de 1978, con daños sociales irreparables en los sectores más vulnerables.

Este panorama dantesco de emergencia social ha llevado a la PAH y al movimiento por la vivienda a organizarse para detener miles de desalojos forzosos y recuperar miles de viviendas vacías de entidades financieras para convertirlas en hogares. Haciendo este camino hemos comprobado que la lucha por el Derecho a la Vivienda pone en relación los derechos de hipotecados, endeudados, desahuciados, alquilados, precarios, ocupantes sin título, habitantes de autoconstrucciones, personas sin techo, uniéndonos a todas frente a los abusos de un mercado de vivienda despiadado[2].

En este sentido, la victoria de la familia madrileña que ha denunciado al Estado y conseguido su condena, es también una victoria de todo el movimiento, que nos reafirma en nuestras razones y convierte en más necesarias que nunca las campañas de desobediencia civil (Stop Desahucios, Obra Social PAH) y las propuestas de cambio (ILPs autonómicas, Ley de Vivienda Estatal de la PAH).

A partir de septiembre se tiene que discutir en el Congreso nuestra propuesta de Ley de Vivienda que incluye varias de las recomendaciones de Naciones Unidas. En ese marco, desde la PAH exigiremos a todos los diputados que se posicionen respecto del cumplimiento de Derechos Humanos en materia de vivienda como hemos reclamado cada día en las calles.

¡No soportamos más violaciones de Derechos Humanos!

¡No toleramos ni un desahucio más!

Plataforma de Afectados por la Hipoteca, 6 de julio de 2017.

[1] Naciones Unidas señala como especialmente sangrante la inacción de las autoridades autonómicas madrileñas que alegaron no disponer de viviendas suficientes para proteger a esta familia ( y a otras miles de familias desahuciadas en Madrid), cuándo al mismo tiempo se vendía el parque de vivienda pública a fondos buitre de capital internacional. Ver dictamen, párrafo 17.
[2] El Gobierno de España, a través de su representación ante Naciones Unidas, había alegado que los casos de alquiler entre particulares son una cuestión ajena a la responsabilidad del Estado, que no puede interferir en asuntos “privados”. También negó cualquier tipo de vulneración, llegando a afirmar que el mercado de alquiler no está sometido a las normas internacionales de Derechos Humanos.

 

 

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Sentencia del TJUE quiebra la Ley del PP sobre desahucios

Sentencia del TJUE quiebra la Ley del PP sobre desahucios

La ley del PP viola los derechos humanos, así lo establece la sentencia del TJUE del 17 de julio.

El pasado mayo de 2013, el Partido Popular aprobó en solitario la ley 1/2013, rechazando las medidas propuestas por la Inicitiva Legislativa Popular de la PAH, que llegaba al Congreso con un millón y medio de firmas después de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis. La aprobación de la ley 1/2013 demostró un desprecio por la democracia por parte del Partido Popular, así como un desprecio por el sufrimiento de las miles de familias víctimas de la estafa hipotecaria.

Un año después, el TJUE dicta una nueva sentencia que pone de nuevo en evidencia al gobierno español. El TJUE establece que la actual legislación hipotecaria viola los derechos fundamentales de las personas, y situa al deudor hipotecario en una situación de desigualdad. La sentencia obliga, de nuevo, al gobierno del PP a modificar la legislación, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La sentencia reconoce la vivienda como un bien de consumo de necesidad básica. Tal y como viene reclamando desde hace años la ciudadanía, que ha sido la primera en denunciar la vulneración sistemática de derechos humanos que supone la anómala legislación española. Es la ciudadanía la que está ofreciendo soluciones mientras las administraciones no sólo no están a la altura de las circunstancias, sino que legislan para beneficiar a los responsables de esta situación, tal y como demuestra la sentencia del TJUE.

La sentencia limita el derecho a la defensa de los deudores al impedirles recurrir en segunda instancia permitiendo que los bancos si lo hagan en una escandalosa desigualdad de las partes en el procedimiento. La ley española protege al fuerte y castiga al débil violando los principios más básicos del derecho a un juicio justo.  

La Sentencia del TJUE coincide con el motivo 5º del Recurso de inconstitucionalidad redactado por la PAH contra la Ley 1/2013 que denunciaba la violación de los articulos 14 y 24 de la Constitución española de 1978. Hasta la fecha el TC no realizado manifestación alguna al respecto de la necesidad de proteger a los deudores hipotecarios frente a Ley que hoy es declarada contraria al derecho comunitario.    

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sala Primera) ha dictado Sentencia en el asunto C-169/14, Sánchez Morcillo/Abril García vs BBVA, a raíz de unas Cuestiones Prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial de Castellón mediante Auto de fecha 02 de abril de 2014 afirmando que la Ley 1/2013 vulnera en el derecho a la tutela judicial efectiva el artículo 47 Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea y la Directiva 93/13 en materia de Consumidores y el no suspender el procedimiento hipotecario en caso de demanda ante el juzgado de lo mercantil es contrario al derecho comunitario.

La legislación anterior que regulaba las ejecuciones hipotecarias fue declarada ilegal por la Sentencia AZIZ dictada tambien por el TJUE. La Ley 1/2013 fue dictada en contra de la ILP de la PAH que reunió un millon y medio de firmas manteniendo las deudas perpetuas, los desahucios y un procedimiento sin garantias. Esta ley no solo no ha solucionada el problema sino que además ahora ha generado un nuevo caos procesal.

De nuevo, el gobierno del Partido Popular ha quedado en ridículo, ha quedado retratada su voluntad de favorecer los privilegios de la banca frente a los derechos fundamentales de las personas.

Tras este nuevo varapalo, el gobierno del Partido Popular queda retratado de nuevo. Desde la PAH exigimos la aprobación de las medidas de la ILP: moratoria de desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social para paliar una situación de emergencia habitacional provocada por las entidades financieras en connivencia con gobiernos de todos los colores.

Sí se Puede

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La PAH lleva la resolución de Estrasburgo a los juzgados para frenar los desahucios

La PAH lleva la resolución de Estrasburgo a los juzgados para frenar los desahucios

Nueva herramienta para la defensa de los Derechos Humanos

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca presenta el documento útil elaborado a raiz de la resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo del 16 de octubre.

El documento se puede descargar aquí
Y en la página de documentos útiles

El documento, basado en el derecho internacional en materia de derechos humanos y la resolución del Tribunal de Estrasburgo emitida a raiz del proceso de desalojo de uno de los bloques de la campaña de la Obra social la PAH propiedad de la SAREB, solicita la suspensión del desahucio hasta que la administración pública no garantice una alternativa habitacional para las familias afectadas. El documento se presentará en juzgados para los casos de Eva, Kathia y Sandra, afectadas por un desahucio tras una ocupación, un impago de alquiler en un piso de Catalunya Caixa, y una ejecución hipotecaria respectivamente.

El documento, elaborado juntamente con el Observatori DESC, se puede utilizar tanto en el caso de ejecuciones hipotecarias, alquileres y ocupaciones de viviendas, una realidad a la que cada día se ven abocadas más familias. Sin ir más lejos, ya son más de 1000 personas las realojadas por la campaña de la Obra social la PAH en viviendas vacías en manos de entidades financieras, y cada semana llegan a nuestras asambleas familias que se han visto en la necesidad de ocupar una vivienda para evitar dormir en la calle. El documento es también una herramienta para hacer frente a los desahucios con fecha abierta, la última novedad en materia de vulneración de derechos, una estrategia que genera una ansiedad aun más profunda a las familias que se ven en la tesitura de perder su vivienda.

La resolución de Estrasburgo puso en evidencia una deficiencia estructural de las administraciones públicas: su falta de voluntad para dar respuesta a la vulneración de derechos humanos que se da con la sangría hipotecaria e instaba a las administraciones locales (gobierno central, autonómico y ayuntamiento) a ofrecer una alternativa habitacional a las familias amenazadas por el desalojo, tal y como indica el derecho internacional. En este sentido, el documento se basa en la Constitución Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos, jurisprudencia generada por el Tribunal Constitucional, el PIDESC (observación 7), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la resolución del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño. La PAH lleva años denunciando que el Estado español y las administraciones locales incumplen en materia de derecho a la vivienda los compromisos internacionales adquiridos, denuncia ratificada por la resolución del TEDH. Las administraciones tienen la responsabilidad de intervenir en los casos en los que se produce una vulneración de derechos, tal y como se apunta en el Informe sobre la Emergencia Habitacional en el Estado Español (página 83) donde se recogen las recomendaciones hechas a las administraciones públicas en materia de vivienda por la Relatoría Especial de NNUU, el Comité DESC de NNUU, la defensoría del Pueblo, la Sindicatur de GReuges de Cataluña, y el defensor del Pueblo de Andalucía. Recomendaciones desoídas por las administraciones públicas que, salvo en contadas ocasiones, han apostado por perpeturar los privilegios de la banca; y solo han adoptado medidas parche cuando la presión social les ha obligado a ello. En el documento se insta a los jueces a que obliguen a las administraciones públicas a garantizar un derecho básico como es la vivienda. Se atenta contra los derechos humanos cuando se producen desahucios sin una alternativa habitacional para la familia desahuciada. Y para ellos es necesario afrontar el modelo especulativo de la banca y la SAREB.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca sabemos que no podemos permitirnos no intervenir en todas y cada una de las instancias relacionadas con un proceso de desahucio, por ello, con este documento, la PAH genera una nueva herramienta para intervenir en los juzgados frente a la sangría de los desahucios, a día de hoy, la cara más encarnizada de la crisis. La PAH anuncia que el documento puede generar un efecto masivo de paralización de desahucios en los juzgados que han mostrado sensibilidad con la vulneración de derechos, y al mismo tiempo se convierte en una herramienta para producir jurisprudencia en la defensa de los derechos humanos. El documento, junto con la presión cotidiana ejercida por las PAHs, obligará a los bancos a cambiar de actitud a la hora de negociar la paralización de los desahucios y los alquileres sociales. Hasta la fecha, la gran mayoría de desahucios se han paralizado por el ejercicio de la desobediciencia civil o la presión a los bancos por parte de la PAH y de las entidades sociales, con este documento la lucha contra los desahucios gana una herramienta que permite a los jueces sensibles con los derechos humanos actuar para evitar más desahucios, mientras la banca acumula cientos de miles de viviendas vacías.

En la situación de emergencia habitacional en la que nos encontramos, con más de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde que comenzó la mal llamada crisis, es la ciudadanía la que está actuando para evitar la vulneración sistemática de derechos humanos. Y lo hace de nuevo compartiendo una herramienta jurídica. La Platadorma de Afectados por la Hipoteca no solo ha paralizado casi 1000 desahucios, sino que ha forzado a los bancos a negociar centenares de alquileres sociales y la campaña de la Obra Social ha realojado a más de 700 personas en viviendas vacías en manos de la banca. Así mismo, desde la PAH se solicitará una reunión con los Colegios de Abogados con el fin de que se facilite a los letrados que actúan con carácter de oficio en procesos de desahucio el documento y articular formas de colaboración frente a la pasividad de las administraciones públicas.

Las tres familias que presentarán el documento han acudido a servicios sociales y no han optenido respuesta positiva a la hora de contar con una alternativa habitacional. Eva tuvo su segundo intento de desalojo el pasado jueves 13 de febrero del 2014, Kathia tiene el desalojo previsto para el 7 de marzo del 2014, y Sandra se encuentra en un proceso de ejecución hipotecaria. Las tres familias forman parte de la Asocación de Vecinos de ciutat Meridiana, barrio barcelonés que ha sido bautizado popularmente como “Villa desahucio”

De nuevo, la PAH, la ciudadanía organizada actua frente a la vulneración de derechos humanos.
¡Sí, Se Puede!

Documento para descargar

Streaming de la rueda de prensa

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Presentación del informe Emergencia Habitacional en el Estado Español con datos inéditos sobre las ejecuciones hipotecarias

El Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona (PAH) presentan el Informe Emergencia habitacional en el estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos.

Descarga el informe

entidades

El informe muestra el resultado de las 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas que han contactado con la PAH durante los últimos dos años, y es el primer informe de ámbito estatal que recoge los datos de cómo afectan las ejecuciones hipotecarias a la salud, o cuáles son las entidades que más ejecutan.

Este informe analiza la situación de emergencia habitacional que existe en España desde una perspectiva de derechos humanos. En concreto, se estudia la regulación de las ejecuciones hipotecarias y de los desahucios a partir de los compromisos jurídicos adquiridos por las administraciones públicas y el impacto concreto que supone esta problemática para las familias afectadas.

El estudio analiza, en primer término, la función del derecho a una vivienda digna y de la prohibición de desahucios arbitrarios en el sistema constitucional español, en el derecho internacional de los derechos humanos y a la Unión Europea. En segundo lugar, ofrece datos sobre el comportamiento de las entidades financieras y sobre el impacto de la problemática en las familias a partir de 11.561 encuestas realizadas. En un tercer capítulo, para visibilizar las consecuencias en la vida concreta de las personas, el informe incorpora cuatro entrevistas en profundidad a personas afectadas. El informe concluye con un breve capítulo de conclusiones y recomendaciones dirigidas a los poderes públicos.

menores

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC hemos sido de las primeras entidades que, ya en febrero del 2009, alertamos de la gravedad de la problemática. Desde entonces hemos denunciado reiteradamente la carencia de datos oficiales que permitan entender el alcance de la vulneración de derechos fundamentales que supone la legislación española en materia de vivienda. Así mismo, esta carencia de información también imposibilita orientar adecuadamente las políticas públicas. Es por eso que las dos entidades hemos hecho un gran esfuerzo para recoger datos estadísticos.




En un 70% de los casos el impago de la hipoteca obedece a la pérdida de
empleo.

70% de las familias desalojadas tenían al menos un menor de edad.

Un 77% de las personas afectadas afirma haber sufrido un nivel de ansiedad alto o muy alto

Clica aquí para descargar el informe
(avance de junio de algunos de los datos)

Fe de erratas: la entidad rescatada con dinero público a la que se hace referencia en la página 139 no es Caixa Banc, sino Catalunya Caixa

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Las 712 personas realojadas por la PAH exigen que la administración cumpla con su deber: garantizar el derecho a la vivienda de toda la población

Los 712 realojados por la PAH han exigido hoy que se garantize el derecho a la vivienda de toda la población tras la resolución del TEDH

ÚLTIMA HORA (18:50): respuesta de Estrasburgo, 5 noviembre

escrito presentado por Generalitat y Abogacía del Estado
alegaciones presentadas por la PAH

El día en que el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos se posicionará de nuevo sobre el caso del Bloc de Salt (Girona) en el que viven 16 familias y propiedad de la SAREB (el banco malo), la PAH ha vuelto a colocar en el centro del foco el problema real al cual nos enfrentamos como sociedad: la emergencia habitacional en la que está sumida la población, que sigue perdiendo su vivienda, y se ve abocada a la calle.

Hoy más de trescientas personas se han dado cita frente a la Generalitat de Catalunya. Gran parte de ellas eran familias que han sido realojadas por la Obra Social la PAH y las familias de los bloques recuperados en el marco de la campaña.

[Ver comunicado de convocatoria de la acción de hoy]

El mensaje que se lanzaba es sencillo: no se trata de un bloque ni de un problema puntual, estamos hablando de centenares de miles de famílias que han perdido y siguen perdiendo su casa sin que tengan alternativa habitacional alguna. Son ya más de 712 personas realojadas por la PAH, y muchas más de las que nadie habla que se han visto obligadas a ocupar una vivienda por no contar con otra alternativa.

Ni la Generalitat, ni el Gobierno del Estado están en disposición, ni cuentan con los recursos para garantizar el derecho a la vivienda de todas ellas. El día en que el TEDH volverá a fijarse en la vulneración de derechos de Salt, la PAH demuestra que en el estado español las instituciones no quieren ni pueden garantizar que se cumpla la resolución del mismo tribunal del 16 de octubre en Salt, una demanda histórica de la PAH: la obligación de las administraciones públicas de intervenir en los casos en los que los derechos fundamentales puedan verse violados.

A estas alturas, a nadie con dos dedos de frente se les escapa que la situación requiere afrontar el modelo especulativo de la SAREB y recuperar las viviendas del Banco Malo para las personas desahuciadas. La PAH exige soluciones para todas ellas, soluciones que la misma PAH ya está aplicando frente a la ausencia de políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales. No se entiende que la gente esté sin casa cuando miles de viviendas se mantienen cerradas a la espera de seguir haciendo negocio con un derecho fundamental. Y todo ello

Por este motivo hoy en Barcelona, en una acción que buscaba visibilizar esa realidad que Gobiernos y bancos esconden, se han construído centenares de pequeñas casitas con nombres y apellidos reales dentro. Además había representación de los edificios recuperados en varias poblaciones de Catalunya.

Fotos de la acción

stjaumepah

A la espera de la resolución del TEDH hacemos público el escrito de la Abogacía del Estado y la Generalitat, y las alegaciones de la PAH, y avanzamos una primera valoración del primero.

Los argumentos esgrimidos por el Estado y la Generalitat ante el tribunal Europeo de Derechos Humanos y de los cuales la PAH tuvo conocimiento ayer noche son los siguientes:

  • Un reconocimiento de que la SAREB no está pensada para garantizar el derecho a la vivienda, si no para consolidar el rescate bancario.
  • La Abogacía del Estado solicita que se levante la suspensión cautelar del desalojo alegando que es una cuestión de “interés nacional”, ya que podría servir de precedente para otras personas y ocupaciones.
  • Que se garantiza el realojo para dos familias.
  • Miniza los motivos de la PAH para recuperar el bloque en el que se han realojado a las 16 familias, eludiendo el hecho de que las familias habían agotado todas las vías para acceder a una vivienda.

Ante estos escritos, la PAH ha presentado esta mañana las siguientes alegaciones [descargar aquí]:

  • El motivo que impulsa la recuperación de los bloques es el de evitar que las familias se vean en la calle, no se trata de una acción meramente de protesta
  • Se constata y demuestra que antes del 15 de octubre y la movilización en defensa del Bloc Salt no había habido ningún movimiento por parte de la Generalitat para garantizar los derechos fundamentales de las familias
  • La negociación con la SAREB está abierta y por ello es necesario disponer de más tiempo.
  • La SAREB no ha presentado prueba alguna de que haya una venta o posible alquiler del edificio a terceros, por lo que queda en entredicho la urgencia por recuperar la posesión del edificio

Adjuntamos al final ambos escritos, para conocimiento de los medios de comunicación y de toda la población a la espera de poder conocer y valorar la resolución del tribunal de Estrasburgo para el caso de Salt.

El caso del Bloc salt, la campaña de la Obra Social la PAH, e incluso la misma Abogacía del Estado en sus argumentos al TEDH, han puesto, de nuevo, en evidencia que vivimos en una situación de emergencia habitacional que las administraciones públicas están ignorando y que es la ciudadanía organizada la que está autotutelando los derechos fundamentales de la población.

 

 

ÚLTIMA HORA (05/10 a las 18:50): Valoración de la respuesta de Estrasburgo, 5 noviembre

La valoración a día de hoy que desde la PAH se hace de esta respuesta es la siguiente:

  • La resolución del TEDH, que reconocía que se vulneraban derechos fundamentales en el desalojo de Salt, indica que el TEDH ahora entiende que la situación ha cambiado porque ahora la Generalitat ha decidido realojar a las familias. Esto reafirma la posición jurídica de la PAH: el 15 de octubre el TEDH acepta una petición cautelar de protección que ahora ya ha sido asumida por la propia Generalitat. Si la Generalitat lo hubiera asumido en su momento, no habría sido necesaria la intervención de Estrasburgo.
    Tras el proceso de Estrasburgo, la Generalitat tendrá que dar respuesta y realojo al resto de familias del Bloc Salt, tal y como se ha comprometido públicamente
    , y a las familias que viven en los bloques de la Obra Social de la PAH, si su voluntad es efectivamente garantizar los derechos fundamentales de todos
  • Tras el levantamiento de la suspensión cautelar de desalojo, es el juez de Girona quien ha de decidir si se levanta la suspensión del desalojo. El precedente que marca la resolución de Estrasburgo del día 16 da a entender que el juez valorará la situación antes de decretar de nuevo el desalojo, ya que es conocedor de que en el bloque viven más familias que las dos que la Generalitat se compromete a realojar.
  • Estrasburgo en su medida cautelar estaba dirimiendo el caso de dos familias, las dos que habían podido empadronarse en el edificio antes de presentar el recurso. El Tribunal ha anunciado que estudiará la demanda de fondo interpuesta en relación a todo el procedimiento. Es decir, no es la última palabra de Estrasburgo respecto a lo que plantea la PAH: un cuestionamiento del modelo de la SAREB y la actuación de las administraciones públicas respecto a este modelo.
  • El caso del Bloc salt marca un punto de inflexión en lo que respecte a la responsabilidad de las administraciones públicas en la vulneración sistemática de derechos humanos que se da por la sangría de los desahucios ya ha hecho historia.
    • La entrada del TEDH en un desalojo instado por la SAREB dice mucho del desprecio total de los poderes públicos españoles y catalanes en relación a los derechos humanos.
    • Por otro lado, marca una obligación a la Administración de realojar las familias con carácter previo al desalojo, que también constituye un antecedente importantísimo.
  • Finalmente, la intervención de Estrasburgo ha supuesto que las familias afectadas dispongan ahora de una adjudicación de un piso con alquiler social, una opción con la que no contaban previa a la intervención de Estrasburgo. Será necesario que la Generalitat abra una vía para negociar colectivamente el realojo de las familias del Bloc Salt, atendiendo a las necesidades de éstas y con un proceso garantista

Descargar respuesta de Estrasburgo
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Reunión de la PAH con la Generalitat para tratar el desalojo del edificio recuperado por la Obra Social de la PAH (bloc Salt) a la SAREB

Segundo encuentro de la PAH con la Generalitat para tratar el desalojo del edificio recuperado por la Obra Social de la PAH a la SAREB (banco malo) en Salt.

La PAH actúa para garantizar los derechos fundamentales. El gobierno de CIU, cómplice de la nueva estafa promovida por el PP: la SAREB, el ‘banco malo’, llega tarde y mal para abordar la situación de las familias

El pasado jueves, la PAH ocupó la Conselleria de Vivienda para exigir una reunión con el Conseller Santi Vila y tratar de manera urgente el desalojo del Bloc Salt (propiedad de la SAREB), sobre el que pesa una orden de desalojo prevista para el próximo 16 de octubre.

La acción dio como resultado una reunión in situ con el Secretari General d’Habitatge, Carles Sala, quien se comprometió: [1] a negociar con la SAREB; [2] convocar una reunión en la que participen SAREB, la PAH y la Generalitat con el fin de paralizar la vía judicial, evitar el desalojo y abrir una vía de negociación para encontrar una solución; [3] realojar a las familias en caso de que el desalojo se produzca, y [4] a efectuar un posicionamiento público por parte de la Generalitat en contra del desalojo del Bloc Salt y la necesidad de que la SAREB ponga sus viviendas a disposición de aquellas personas que las necesitan.

A la reunión de hoy, han asistido miembros de la PAH, Carles Sala, Secretario General de Vivienda, acompañado de varios altos cargos políticos y técnicos del Departament, además de representantes de Justícia y responsables de mediación de los Mossos de esquadra. El objetivo de la reunión era hacer un seguimiento de los compromisos adoptados el pasado jueves (a una semana de la fecha señalada para el desalojo) para ver los resultados obtenidos por parte de la Generalitat. Unos compromisos que se han visto reducidos a buenas palabras y un brindis al sol.

[compromisos que se esfuman]

En la reunión, Carles Sala ha notificado que se han puesto en contacto con la SAREB, tal y como se comprometió el pasado jueves, pero se ha negado a facilitar la referencia de la persona de la SAREB con la que la Generalitat ha contactado para tratar la situación del Bloc Salt . Tras el contacto, además, a una semana del desalojo, no ha recibido respuesta alguna de los responsables del Banco Malo. En este sentido, el compromiso adoptado el jueves pasado por parte de la Generalitat de organizar una reunión en la que participen la Generalitat, la SAREB y la PAH se ha visto reducido a un “si la SAREB quiere”.
Por último, el compromiso de que la Generalitat se posicione públicamente en contra del desalojo se ha desvanecido. Produce estupor la rapidez con la que el conseller Espadaler (Interior) se apresuró a señalar que la policía autonómica ejecutaria el desalojo, mientras sus homólogos de Vivienda permanecen en silencio ante la posibilidad de que 43 sean desahuciadas.

[emergencia habitacional]
El incumplimiento de los compromisos adoptados el pasado jueves muestra cómo la Generalitat, desde la complicidad con la SAREB, se niega a reconocer la situación de emergencia habitacional que se da en Catalunya. Una situación de emergencia que está obligando a cada vez más familias desahuciadas (por problemas de hipoteca o alquiler) a abrir viviendas vacías en manos de las entidades financieras, mientras la administración pública ofrece medidas parche, irrisorias ante el drama que viven miles de familias actualmente, más cuando la SAREB cuenta con 8000 viviendas vacías en Catalunya (según trasladó el mismo president Mas a la PAH en la reunión del pasado 21 de junio, las cuales se quedan cortas). No mostrar sensibilidad en Salt significa despreciar a las miles de famílias que se ven obligadas a ocupar viviendas para no dormir en la calle en Catalunya cada día.

La actitud de los responsables de vivienda de la Generalitat en el caso del Bloc Salt es del todo inaceptable. Por un lado, la evasiva a una reunión a tres bandos, contando con todos los agentes implicados y el incumplimiento de los compromisos adoptados, por otro, la benevolencia hacia la SAREB resulta inadmisible e icomprensible desde una óptica democrática y de garantía de los derechos humanos.

Finalmente, Carles Sala ha planteado la posibilidad de realojar a las personas que viven actualmente en el Bloc Salt. Pero el anuncio ha venido seguido del reconocimiento de la inviabilidad de facto ya que los servicios sociales del Ayuntamiento de Salt (CiU) no se habían activado hasta una semana, aunque hace más de seis meses que tienen constancia de la situación del edificio, y de la apertura de un proceso judicial contra las familias que viven en él. Además, en todo este tiempo no han intervenido de ninguna manera en el proceso judicial para plantear un posible realojo, algo que hubiera podido evitar llegar a la inminencia del desalojo. Llegan tarde y mal, y aun así ha costado horrores arrancarles el compromiso de activar a sus servicios técnicos (jurídicos y sociales) para pedir en sede judicial que se detenga el desalojo dando fe que está activa la negociación con la SAREB y que se empieza a trabajar con las familias.

Esta propuesta es también insuficiente, además de irresponsable. No es aceptable que la Generalitat, para evitar la denuncia pública que supone el desalojo del Bloc Salt, priorice el realojo de unas familias en unos pisos de la administración que son obviamente escasos. Como tampoco es serio tratar este caso como una simple “excepción”, puesto que, desgraciadamente, cada vez más, es la regla. ¿Está en condiciones el Gobierno de CIU de realojar en las mismas condiciones a todas las familias que se han visto obligadas a entrar en viviendas de la SAREB (o de otros bancos)? Resulta escandaloso que una administración pública ofrezca un trato de favor para evitar silenciar lo que es ya obviamente una situación de alarma social. La PAH lucha por los derechos de todas.

Con el desalojo del Bloc Salt, la Generalitat tiene la posibilidad de hacer una gesto necesario y contundente a favor del derecho a la vivienda, obligando a la SAREB a que ponga sus viviendas a disposición de quienes realmente lo necesitan. La situación de emergencia habitacional que vivimos actualmente, provocada en gran parte por la entidades bancarias que posteriormente han sido rescatadas con dinero público y que conforman la SAREB, no da opción alguna a poner parches. La situación es urgente y las soluciones tienen que ser contundentes.

El caso del bloc Salt es un ejemplo más de que la PAH está actuando para garantizar derechos fundamentales allá donde la Generalitat, con plenas competencias en materia de vivienda, solo pone buenas palabras y deja todo a merced de “si la SAREB quiere”, renunciando de forma negligente a sus funciones como gobierno. La PAH ha realojado a las familias del Bloc Salt que de otra manera se encontrarían en la calle, y ha devuelto la función social a unas viviendas que llevaban más de tres años vacías. ¿Dónde estaba la Generalitat cuando desahuciaron a estas familias? Es una cuestión de derechos humanos, pero también de justicia.

El Gobierno de CIU, en el caso de Salt y de las viviendas de la SAREB, puede ponerse del lado de los derechos humanos y del sentido común o guardarle las espaldas a la SAREB, a una banca que ha mostrado ya en demasiadas ocasiones tener prácticas criminales. Puede defender a las familias o dejarlas tiradas en la cuneta.

No hay medias tintas, ni buenas palabras que valgan.

¡Paremos este desalojo y garanticemos el derecho a la vivienda de todas las personas en situación de exclusión residencial!

Mientras haya familias en la calle y viviendas de bancos vacías, la PAH no cesará de garantizar los derechos humanos.

La campaña de acciones continua mañana en Madrid:

Jueves 10, 11:00 frente al SAREB (Paseo de la Castellana 89)

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Llega a Bruselas el Viaje por la Dignidad después de 87 días de marcha

Hoy llegan a Bruselas los participantes del viaje por la dignidad impulsado por Stop desahucios Córdoba. A su llegada, después de 87 días de marcha, entregarán a los parlamentarios europeos una carta con las demandas que les han llevado a emprender la marcha. La PAH ha convocado concentraciones en diversas ciudades del Estado.

Carta a los parlamentarios:

A la atención de los representantes, grupos parlamentarios y diputados del Parlamento Europeo:

Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios por impago de hipotecas son sin lugar a dudas una de las caras más dramáticas de la crisis en España. Una auténtica lacra que está generando una enorme alarma social. Una sangría que ya se ha cobrado la vida de demasiadas personas y que ha situado a nuestro país en el punto de mira de la prensa internacional. Desde hace años la voz organizada de las personas afectadas viene advirtiendo de las consecuencias de un procedimiento que ya se ha llevado por delante a decenas de miles de familias. El marco legal que regula los impagos de hipotecas condena a familias insolventes a la exclusión social y las deja sin margen para rehacer sus vidas ni horizonte alguno de recuperación.
Por haber firmado un contrato para acceder a una necesidad básica, reconocida como derecho fundamental en la declaración universal de los derechos humanos y recogida en el artículo 47 de la constitución española, tú y tu familia estáis condenados a malvivir en los márgenes de la sociedad. El sistema te expulsa. Te rechaza. Solo está dispuesto a darte una segunda oportunidad en la medida que pueda seguir exprimiéndote. Por eso afirmamos que nos encontramos ni más ni menos que ante una versión contemporánea de la esclavitud. Hagas lo que hagas no te podrás recuperar. Una advertencia que ha sido ignorada de manera reiterada por los gobiernos sucesivos del PSOE y del PP. Durante cuatro años la sociedad civil ha liderado un debate que ha condicionado la agenda política. Lo que en 2009 era un grito en el desierto, hoy es un clamor popular.
Durante este tiempo, centenares de ayuntamientos, espoleados por la contestación social, han aprobado mociones en sus plenos instando al gobierno central a adoptar medidas que frenen la sangría de desalojos. El pasado mes de octubre la relatora de Naciones Unidas por el derecho a una vivienda, Rakel Rolnik, presentaba ante la asamblea general de la ONU un devastador informe donde, entre otros, denunciaba la grave situación habitacional que atraviesa el estado español; otro informe de la judicatura concluía la necesidad de reformar en profundidad una normativa que data de 1909 y que sobreprotege a los acreedores dejando la parte más débil del contrato hipotecario indefensa. Se trata de una ley casi medieval, y como tal expresa la relación de fuerzas desigual entre las partes. Una relación de vasallaje. Una ley bárbara propia de un país poco civilizado. Por ello afirmamos con rotundidad que estamos ante una ley criminal. Como criminales son los que sacan beneficio de ella. Como criminales son los que la amparan y la protegen.

Suicidios como los de Granada, Baracaldo, Córdoba, Calvià o Alacant son tan sólo la punta del iceberg. La gota que colma el vaso. La ciudadanía ve cómo el dinero que se sustrae de sanidad y educación se utiliza para rescatar entidades financieras que desahucian a familias con niños mientras continúan especulando y acumulando viviendas vacías.

En noviembre de 2012 El Gobierno de Ecuador demandaba al Estado Español ante el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo. En febrero de 2013 el Tribunal de Justicia de la UE dictaminaba que la ley hipotecaria española es ilegal y que vulnera derechos fundamentales, al dejar a los ciudadanos en absoluta indefensión.
Ante el aumento de la presión popular, el gobierno del Partido Popular también se ha visto forzado a mover ficha. Pero ni el decreto de buenas prácticas ni la moratoria de desahucios para casos de extrema vulnerabilidad, ni la ley 1/2013 de “protección de deudores hipotecarios” aprobada recientemente, han servido para atajar el problema. Sólo han servido para que las entidades financieras sigan ganando tiempo para seguir ejecutando. La crítica es unánime. Tampoco es de extrañar teniendo en cuenta que estas iniciativas se han aprobado con el visto bueno de la patronal bancaria. La realidad es que a día de hoy ley hipotecaria continua condenando a la inmensa mayoría de las familias a una deuda de por vida y las deja en la calle.

Para hacer frente a la barbarie y ante la dejación por parte de las instituciones del Estado de sus funciones, la ciudadanía nos hemos visto obligados a autorganizarnos y autotulelar nuestros derechos. A través de la solidaridad y del apoyo mutuo hemos paralizado más de 700 desahucios, arrancado centenares de daciones en pago , conseguido alquileres sociales y hemos realojado a través de la obra social de la PAH a más de 600 personas. Hemos agotado todas las vías y cauces democráticos, hemos interpelado a todos los niveles de las administraciones públicas y dialogado con todos los partidos políticos que nos han querido escuchar. A través de una Iniciativa Legislativa Popular hemos recogido casi un millón y medio de firmas con tres demandas de mínimos: la dación en pago o derecho a una segunda oportunidad para las personas que por motivos ajenos a su voluntad no pueden hacer frente al pago de la hipoteca, la paralización de los desahucios de vivienda habitual y la reconversión de los pisos vacíos en manos de los bancos en alquiler social. Las encuestas muestran que nuestras demandas tienen una incuestionable respaldo social. Casi un 90% de la población las apoya.

A pesar de esto, el gobierno se obstina en desoír el clamor popular y desatiende el sufrimiento de miles de familias para plegarse de nuevo a los intereses de una banca acosadora que ha arruinado la economía del país y ha roto nuestras vidas. No conforme con ello, no ha dudado en tildar a las personas que hemos decidido plantar cara y luchar por nuestros derechos y nuestra dignidad, de nazis y terroristas.

Sin embargo la política del miedo utilizada por el gobierno para revertir el estado de opinión favorable al cambio normativo se ha constatado un fracaso. Los mensajes apocalípticos que advertían a la población que modificar la ley hipotecaria y paralizar los desahucios hundirían el sistema financiero, no han servido para nada. El sistema financiero ya se ha hundido por sí solo y el apoyo de la sociedad civil a las demandas de los afectados no ha dejado de aumentar. Todos sabemos que los obstáculos para adoptar dichas medidas no son técnicos sino políticos. Se requiere de voluntad política para enfrentarse a determinados intereses económicos. ¿Por qué las empresas inmobiliarias que durante años presentaron beneficios millonarios pueden cancelar sus deudas entregando sus inmuebles, mientras que las familias que sólo pretendían acceder a un bien básico no pueden? ¿Por qué se rescatan a los bancos responsables de esta estafa, mientras se abandona en la cuneta a miles de familias?

Entre la dictadura de los mercados financieros y la defensa de los derechos humanos, la ciudadanía ya ha elegido. Solo falta que esa elección se refleje en el congreso. Y mientras ello no sea así, seguiremos afirmando que vivimos en una democracia secuestrada.

En un sistema que supuestamente defiende el estado del bienestar, expulsar del circuito a centenares de miles de familias supone quebrantar la credibilidad de sus instituciones. Las instituciones europeas no están exentas de este descrédito. Somos conscientes que las políticas de recortes y el desmantelamiento del estado de bienestar se promueven también desde Europa. Así, con el pacto social hecho añicos, la paz social no puede perdurar.

En junio de 2013 el parlamento europeo concedió a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca el “premio al mejor ciudadano europeo 2013”. Una distinción que se concede anualmente a ciudadanos u organizaciones excepcionales que luchan por los valores europeos y promueven los valores de la carta de los derechos fundamentales de la UE . Sin embargo y aunque les estamos agradecidos, la PAH no pretende ni persigue galardones, sino que exige a las instituciones democráticas que protejan los derechos humanos, velen por el interés general y defiendan activamente los valores que asegura representar.

Hoy llegan a las puertas del Parlamento Europeo la marcha por la dignidad. Una marcha que ha llevado a nuestros compañeros y compañeras a recorrer durante 87 días el trayecto Córdoba – Bruselas, más de 2.600km a pie, arriesgando su salud, con el objetivo de hacer entrega de esta carta y con la esperanza de que actúen en consecuencia.

A menos de un año de que se convoquen elecciones para el Parlamento Europeo tienen una nueva oportunidad para recuperar la esperanza en el proyecto europeo y parte de la legitimidad perdida. No den de nuevo la espalda a los ciudadanos de a pie, a la gente honesta, a las personas. Hay vidas en juego.

Plataforma de Afectados por la Hipoteca – PAH

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La PAH recibe el premio Ciudadano Europeo 2013

La UE reconoce la lucha de la PAH con el Premio Ciudadano Europeo 2013

La Oficina del Parlamento Europeo en España organizará una ceremonia para la entrega oficial del Premio Ciudadano Europeo 2013 el lunes 23 de 11 a 13h en su sede, Paseo de la Castellana 46 de Madrid., la Plataforma de Afectados por la hipoteca recogerá el premio. 

Este premio ha sido otorgado por el Parlamento Europeo por los méritos de la PAH y su trabajo de autoorganización en la denuncia de la vulneración sistemática de los derechos humanos en nuestro país. La PAH recogerá el premio “Ciudadano Europeo del año 2013” sin dejar de recordar que Europa debe posicionarse en el conflicto hipotecario en España, y legislar para que se garanticen los derechos fundamentales en la Unión Europea. La PAH no trabaja “para conseguir premios”, sino para que se haga justicia y defender los derechos humanos.

El anuncio de que Europa había decidido otorgar el premio a la PAH llegó en el momento en el que la ILP de la PAH, que había recogido más de 1.400.000 firmas, se debatía en el Congreso. Un debate que se producía al mismo tiempo que el TJUE declaraba que los más de 450.000 procesos de ejecución hipotecaria en España son ilegales, y que evidenció, de nuevo, el secuestro de la democracia por parte de los intereses de la banca y entidades financieras. Es en este contexto de democracia secuestrada que impide que las demanadas ciudadanas hayan de ser tenidas en cuenta en el Congreso, y que favorece que se perpetuen los privilegios de la banca frente a los derechos de los ciudadanos, en el que la PAH inició la campaña de escraches. Con ella, se invitaba a los diputados a asistir a las asambleas de afectadas para poder comprobar in-situ la situación de las familias con problemas de vivienda que les habían votado, la invitación fue rechazada por la gran mayoría de los diputados del PP, por los que la PAH se vio obligada a acudir a sus trabajos y domicilios para hacerles llegar el mensaje. Esta campaña puso en evidencia el ninguneo del Partido Popular de los problemas, el sufrimiento de las personas de la calle, y su falta de voluntad a la hora de defender los derechos fundamentales. El Partido Popular inició una campaña de criminilización y descrédito de la práctica de los escraches e y puso en marcha el aparato represivo a base de multar a las personas que participaban en los escraches.

Tras el anuncio del premio, el Partido Popular no solo no rectificó, sino que miembros del PP en especial Carlos Uturgaiz lo vio como un verdadero escándalo, calificándonos de organización violenta, pidiendo a su partido que estudiara la decisión de la retirada de éste premio e investigara la posible existencia de dar marcha atrás y al mismo tiempo replantear el reglamento por el que se rige el premio.
Éstas declaraciones para nosotras y para las votantes del PP fueron un insulto a los Derechos Humanos, Sociales y Culturales. El Partido Popular en lugar de rectificar, persistió en su arrogancia.

El Parlamento Europeo se presenta como la cara representativa, amable y dialogante de este proceso de construcción europea. Sin embargo, mientras el Parlamento premia a la PAH, la Troika persiste en unas políticas que asfixian a las personas que vivimos en Europa e impone unas prácticas que persisten en la violación de derechos humanos, en el sufirmiento de la población. La PAH recogerá el premio como un altavoz crítico solidario con todos los pueblos de Europa que sufren las recetas genocidas de aquellos que nos felicitan por nuestros “valores y convicciones” mientras a nuestras espaldas, con sus políticas ellos son responsables de haber creado una crisis, haberse repartido befeficios a espaldas de los ciudadanos y todavía ahora, seguir vendiendo lo poco que nos queda, incluídas nuestras deudas, para obtener más beneficio a medio/largo plazo creando así un austericio europeo que da muerte en vida social y económica a las ciudadanas de Europa, y como hemos podido constatar hasta la muerte física.

Desde La PAH continuearemos autotuelando nuestros derechos, los derechos fundamentales. Unos derechos que están recogidos en de las Declaraciones de la ONU, Declaración Universal de los DDHH, Declaración de la Unión Europea, Declaración de los Derechos de la Mujer y Declaración Universal de los Derechos del niño, hasta sean respetados y cumplidos.

¡SÍ SE PUEDE!

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Comparecencia de la PAH en el Parlamento Europeo: La PAH denuncia en Europa la vulneración sistemática de derechos humanos

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dictaminado la ilegalidad de la normativa española sobre desahucios; no obstante, el gobierno sigue obstinado en sobreproteger los intereses de las entidades financieras y en vulnerar diaria y sistemáticamente los Derechos Humanos en cada desalojo por causas económicas.

La sociedad civil hace años que ha puesto encima de la mesa las soluciones al grave problema habitacional: dación en pago retroactiva, alquiler social y moratoria de desahucios. Millón y medio de firmas recabadas en la Iniciativa Legislativa Popular exigen una modificación inmediata que pondrá fin al drama habitacional. Sin embargo, el gobierno del Partido Popular ha eliminado, con el rechazo de todos los grupos parlamentarios, las demandas de la iniciativa popular en una nueva norma que no va a resolver el drama de los desahucios y que antepone el beneficio de la banca frente a las necesidas básicas y fundamentales de la población en situación de mayor vulnerabilidad y que cada día está mas empobrecida. Leer más