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PorLa PAH

Nuevo pack de documentos útiles – “Kit Dictamen DESC” para paralización urgente de desalojos

En la actualidad acumulamos más de medio millón de desalojos de primera vivienda desde el inicio de la crisis, y las cifras no remiten aunque el origen de los desalojos esté girando de hipotecas a alquileres, con cifras alarmantes de lanzamientos derivados de familias sin ingresos que ocupan viviendas vacías de bancos ante la falta de alternativa de ningún tipo. En la PAH nos encontramos con personas y familias que acumulan ya varios procesos de desahucio consecutivos, a pesar de llevar años solicitando vivienda pública, en una espiral de desamparo que sólo se vence con apoyo y toma de conciencia de las verdaderas causas del problema.

La falta de un parque público de vivienda imposibilita equilibrar los precios del mercado, que siguen subiendo como la espuma: disparados más de un 30% desde 2013. En ciudades como Barcelona y Madrid, más de la mitad de los ingresos de quienes viven de alquiler, se destinan a pagar la vivienda.

173 familias son desahuciadas cada día. No existe un parque público de vivienda donde realojarlas. El parque público estatal no llega ni a un 2%, mientras en el resto de la Unión Europea la media mínima es del 15%.

Las ejecuciones hipotecarias continúan produciendo también desahucios aunque muchas se encuentran suspendidas a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva, por enésima vez, sobre la cláusula de vencimiento anticipado en los próximos meses y decida la suerte de cientos de miles de procedimientos.

El presente “Kit” de la PAH pretende servir como mecanismo de emergencia ante desalojos inminentes sin alternativa habitacional. Está planteado como un escrito procesal en el que, introduciendo todos los datos del caso particular, se plantee al juez/jueza que tramita el proceso de desahucio la necesidad de realizar un “examen de proporcionalidad” antes de autorizar la medida de desalojo. Además, se solicita un requerimiento judicial a las administraciones públicas (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) para que faciliten la vivienda alternativa hasta el máximo de sus recursos disponibles.

El 20 de junio de 2017 el Comité DESC de Naciones Unidas declaró que los desalojos, del tipo que sean, tal y como se produce en España a diario, constituyen una vulneración de Derechos Humanos pues generalmente no existe alternativa habitacional conocida ni el Estado adopta medidas para evitarlo hasta el máximo de recursos disponibles. Además, el procedimiento legal no prevé ningún trámite en el que el órgano judicial tome en consideración las razones de las partes para efectuar lo que se conoce como “juicio de proporcionalidad” de la medida, una práctica exigida por el Comité de NNUU pero también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según constantes sentencias que se exponen en el “Kit Dictamen Desc”.

Estas obligaciones, además, han sido asumidas recientemente por el Tribunal Supremo en una sentencia (22-11-2017) de lo Contencioso-Administrativo, que recoge la necesidad de practicar antes de cualquier desalojo un juicio de proporcionalidad, y llama la atención al caso especialmente sangrante de desahucios con presencia de NNA (niños, niñas y adolescentes) dónde la obligación es mayor por efecto de la Convención de Derechos del Niño de 1989.

Esperamos producir un efecto progresivo de suspensiones en Juzgados de Primera Instancia haciendo cumplir los Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados por España, hasta ahora, desgraciadamente, papel mojado.

15 de enero de 2018.

Comisión Jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Qué contiene este KIT:

1.- Consejos orientativos para su uso (el presente texto).

2.- Modelo de Escrito de Solicitud Urgente de Suspensión del Desalojo (descargar): se trata de un modelo elaborado por la Comisión Jurídica de la PAH, bajo la filosofía Creative Commons. De este modo puede y debe adaptarse a cada caso, y cada persona afectada y/o su abogado/a puede y debe modificarlo a su gusto, mejorándolo incluso para dar una versión más apropiada en cada procedimiento. En cualquier caso, sirve de orientación básica para trasladar a los órganos judiciales muchas de las alegaciones que ya se están haciendo en los Juzgados y que desde la PAH venimos incorporando en nuestros escritos.

3.- Dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas de 20 de junio de 2017 (descargar).

4.- Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2017 (descargar).

 

CUESTIONES PRÁCTICAS PARA UTILIZAR EL “KIT DICTAMEN DESC”

Procesos hipotecarios: utilizar como escrito de emergencia en caso de que no haya sido posible detener el desahucio acogiéndose a la moratoria de desahucios hasta mayo de 2020 para supuestos de extrema vulnerabilidad.

Procesos de desalojo por alquiler: utilizar en cualquier momento del proceso para detener el desalojo, remitiendo al órgano judicial a requerir a las administraciones públicas para proveer de vivienda alternativa.

Procesos de desalojo dentro de procedimiento penal por delito de usurpación: utilizar una vez que el desalojo se haya ordenado y no quepa más recurso posible.

Procesos de desalojo de una vivienda pública en los juzgados contencioso-administrativos: en lo contencioso-administrativo, el juez tramita lo que se llama un procedimiento de “autorización de entrada en domicilio” dónde se otorga un plazo de 5ó 10 días para realizar alegaciones. Este escrito debe servir como alegación principal del estado de necesidad y la falta de alternativas con que cuenta la familia.

ATENCIÓN: En todos los casos, si cabe recurso y hay plazo para interponerlo contra la última resolución recibida que ordena el desalojo, el “Kit Dictamen DESC” debe articularse como parte del recurso que se interponga. Es decir, el cuerpo del texto del recurso debe incorporar las alegaciones que hemos desarrollado en el “Kit”.

Abogado y Procurador: Si ya tienes abogado y procurador asignados en el procedimiento, son ellos quiénes pueden plantear el escrito, ya sea presentando el escrito tal cual o como parte de un recurso contra la última resolución recurrida. Si no cuentas con abogado ni procurador, y la situación es urgente, puedes presentar el escrito por ti mismo, pero recomendamos acudir al Colegio de Abogados lo antes posible para que te asignen defensa legal, solicitando la suspensión del proceso.[1]

[1] Casos especiales:

En las situaciones en que tu abogad@ opine que no es procedente presentar las alegaciones del “Kit Dictamen DESC” y a pesar de ello, tú consideres que sí pueden ser útiles, puedes solicitar un cambio de abogado en el Colegio de Abogados correspondiente. No obstante, estos trámites pueden demorarse varios meses, por lo que, en último caso, presenta escrito al Juzgado tú mismo, solicitando que se suspendan los plazos hasta que se te asigne nuevo abogado.

Diferencias en cada Comunidad Autónoma: en el “Kit Dictamen DESC” existen espacios para introducir la situación de la vivienda pública en la Comunidad Autónoma que se trate. Hemos introducido algunos datos alarmantes del caso de la venta de vivienda pública en Madrid y Barcelona a fondos buitres que nos parecen útiles para poner al juez/a en situación de lo que ocurre en España, pero lo ideal es que en cada territorio, el escrito incluya alguna referencia a la situación particular de la falta de vivienda pública.

Desalojos en viviendas con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA): el encabezado del escrito contempla la posibilidad de que también las personas con menos de 18 años figuren en el mismo, para que su situación también sea tenida en cuenta, pues finalmente son víctimas del desahucio con mayor impacto en su vida que los adultos y a menudo pasan desapercibidos para el órgano judicial. Dado que el juez/jueza debe realizar un “juicio de proporcionalidad” de la medida del desahucio antes de autorizarlo, consideramos que la participación de los NNA en el proceso es legalmente exigible y por eso deben figurar como partes en el encabezamiento.

En caso de utilizar el “Kit Dictamen DESC” como parte de un recurso:

Procesos hipotecarios: indicar en el encabezamiento del escrito que se trata de un Recurso contra la última resolución, si estas en plazo para ello.

Procesos de desalojo por alquiler: indicar en el encabezamiento del escrito que se trata de un Recurso contra la última resolución, si estas en plazo para ello.

Procesos de desalojo dentro de procedimiento penal por delito de usurpación: indicar en el encabezamiento del escrito que se trata de un Recurso contra la última resolución, si estas en plazo para ello.

Procesos de desalojo de una vivienda pública en los juzgados contencioso-administrativos: en lo contencioso-administrativo, el juez tramita lo que se llama un procedimiento de “autorización de entrada en domicilio” dónde se otorga un plazo de 5ó 10 días para realizar alegaciones. Tras ello se dicta un “Auto” en el que el juez autoriza o desautoriza el desalojo. En caso de autorización cabe “Recurso de Apelación” contra el mismo en plazo de 15 días. Si este es tu caso, plantea el “Kit Dictamen DESC” como recurso de apelación solicitando expresamente la suspensión del desalojo e indica textualmente en el encabezamiento que es un recurso “en ambos efectos”. La regulación contencioso-administrativa no permite que este recurso de apelación sea suspensivo, pero entendemos que debe solicitarse y debería suspenderse por tratarse de una cuestión de Derechos Fundamentales de muy difícil o imposible reparación en caso de cometerse el desalojo.

 

Porhmora85

KIT RDL 5/2017 MORATORIA Y ALQUILER SOCIAL

Se acaba de aprobar el Real Decreto 5/2017 que modifica el Real Decreto 6/2012 (Conocido como Código de Buenas Practicas) y la Ley 1/2013 que decretó una tímida moratoria de 2 años para algunos casos de desahucio.

Aunque se anuncian como “medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios”, las modificaciones tienen un alcance limitado y cosmético, de cara a la galería, pues no soluciona las carencias de las versiones anteriores y no aborda la situación actual de miles de personas en emergencia habitacional.

La principal novedad es que este Real Decreto amplía los supuestos de especial vulnerabilidad para la moratoria, a todas las familias con menores de 18 años, independientemente del número o edad, cuestión que desde la PAH ya habíamos denunciado mediante el recurso de inconstitucionalidad que planteamos contra la Ley 1/2013.

Sin embargo, aunque se tenga una situación “vulnerable”, se mantiene el requisito “económico”, que obliga a demostrar que el esfuerzo en el pago de la hipoteca se ha incrementado en los últimos cuatro años. Concretamente el artículo 1.3.b) que dice “Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar ha de haber sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas” y lo complementa el punto 4 del mismo artículo cuando dice: “A efectos de lo previsto en este artículo se entenderá: Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la Renta familiar se hubiera multiplicado por 1.5”.

Este requisito “económico” no tiene en cuenta la cronificación de la situación de la pobreza que ha ido haciendo imposible el pago de las cuotas por dificultad acumulada tras varios años de reducción de ingresos, aunque la cuota se haya mantenido más o menos estable. Es habitual caer en impago de hipoteca por agotamiento en el esfuerzo económico tras varios años obteniendo ingresos irregulares de aquí y de allá, con independencia de la cuota.

Cuando se redactaron las moratorias originales, años 2012 y 2013, este criterio podía tener cierto sentido, pero entonces las situaciones de vulnerabilidad contempladas eran más restrictivas y, por tanto, tampoco eran medidas reales y efectivas para la mayoría de las familias afectadas. Por ello, la medida llega tarde y mal, ya que miles de familias que se hubieran podido beneficiar desde el año 2013 hasta ahora, ya no tienen opción, y hoy en día, muchas de ellas viven pendientes de desahucios de alquiler.

Otro aspecto que contempla la Ley es un alquiler para las mismas familias que tienen derecho a la moratoria. La familia deberá afrontar, si quiere acceder a ello, el pago de la tasación de su vivienda a fin de calcular el precio de la cuota de alquiler, que será de un máximo del 3% anual del valor actual de la vivienda, pero no regula ni limita estos alquileres en función de la situación social y económica de las familias que se podrían beneficiar. En conclusión, la medida establece un impedimento a la vez que obliga a pagar la tasación que puede costar unos 400 euros o más, y deja en manos de las entidades financieras el hecho que sea o no una medida efectiva para las familias que puedan pagar la tasación.

Este alquiler se establecerá por cinco años (el anterior era sólo por tres) lo que parece un incentivo para que las personas con moratoria no agoten el plazo total hasta mayo de 2020, aunque tengan derecho a ello.

Os aportamos los documentos útiles para su respectivo uso:

  1.  SOLICITUD MORATORIA 2017
  2.  SOLICITUD ALQUILER SOCIAL CBP 2017
  3.  Escrito suspension lanzamiento EH 2017-SIN ABOGADO
  4.  Escrito suspension lanzamiento EH 2017-CON ABOGADO
  5.  Cuadro comparativo de las normas, en tres ámbitos de interés (con las reformas en amarillo y las principales modificaciones en verde):

    –    Ámbito de aplicación de la situación de vulnerabilidad.

    –   Nuevo prórroga de plazo de suspensión de lanzamientos (hasta 15 de mayo de 2020).

    –   Mecanismos de alquiler (sobre inmuebles objeto de lanzamiento + suspensión).

PorLramisa

El Grupo Promotor de la ILP Habitatge-Ley 24/2015 publica nuevos documentos para parar desahucios y conseguir realojos

El pasado mes de diciembre el Parlamento de Cataluña aprobó la nueva Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, que está en vigor desde el día 30 de diciembre.

Esta ley busca sustituir los artículos suspendidos por el recurso del PP y la banca en el Tribunal Constitucional de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, impulsada por la PAH, el Observatorio DESC y la APE a través de la ILP Vivienda.

El grupo promotor de la ILP Habitatge- Ley 24/2015 considera que este proyecto de ley es insuficiente para revertir la situación de emergencia habitacional en Cataluña. Hemos explicado en reiteradas ocasiones los motivos.

No obstante, cuando se aprobó la nueva Ley ya advertimos que, como siempre, seguiríamos luchando cada día para conseguir garantizar el derecho a la vivienda y exigiremos el cumplimiento como una herramienta más para revertir la exclusión residencial.

Es más, al igual que es indiscutible que la Ley 24/2015 no se hubiera aprobados sin la ILP Vivienda,  está claro que sin la presión de la sociedad civil que lucha por el derecho a la vivienda y la alarma social que creó el recurso criminal en el Tribunal Constitucional, la nueva ley tampoco se habría aprobado o sería aún más descafeinada.

Aunque la nueva Ley es reivindicada en todas partes por el Gobierno de la Generalitat (mucho más que la suspendida), de nuevo es la calle quien pone sobre la mesa las herramientas efectivas para defender el derecho a la vivienda, deteniendo el máximo de desahucios y consiguiendo todos los realojos posibles.

Por ello, ha sido necesario actualizar los documentos útiles de la PAH en referencia a la ley 24/2015, y adaptarlos a la nueva Ley 4/2016. Esta tarea, que debería ser asumida por el Gobierno, lo hemos hecho de nuevo las personas solidarias, adelantándonos una vez más a unas Administraciones poco rápidas a la hora de expresar al máximo todas las posibilidades de acabar con la vulneración los derechos humanos!

En total son ocho documentos * que pedimos se difundan de manera que lleguen a toda persona que se vea amenazada de desahucio!

Acabamos con la emergencia habitacional! #StopDesnonaments #AvuiEsPot

* Breve descripción de la utilidad de los nuevos documentos:

Un documento para solicitar la dación en pago cuando no se puede hacer frente a la hipoteca, de manera conjunta con un alquiler social, para evitar la pérdida de la vivienda, protegida por la nueva ley. Advierte que, de no ser escuchada esta demanda, se emprenderán acciones contra los bancos.

  • Dos documentos para suspender el procedimiento en curso hasta que la parte acreedora cumpla con su obligación de ofrecer realojamiento a los afectados, lo que ha incumplido hasta el momento. El primero va dirigido a los juzgados y el segundo a los bancos.

Dos documentos más que son denuncias para presentar ante el ayuntamiento por parte de los afectados cuando los grandes tenedores no les ofrecen el alquiler social, a pesar de cumplir con los requisitos que la ley exige. Un documento está dedicado únicamente a los casos de dación en pago [art. 16.2.a)], y el otro a la ejecución hipotecaria o desahucio por impago de alquiler [art. 16.2.b)].

  • Un documento dirigido a los Servicios Sociales que tiene por objeto solicitar un informe social en las administraciones públicas en el que se acredite la situación de riesgo de exclusión residencial en el que se encuentran los ejecutados, para suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria o desahucio (se basa en el art. 18 de la nueva ley).

Un documento dirigido a los juzgados, con el que se vuelve a pedir la suspensión inmediata del procedimiento en curso, esta vez para todos aquellos desahucios donde hay exclusión residencial y que no se encuentran amparados por el artículo 16 de la ley 4/2016 . Como en el primer documento, pero sí protegidos por lo dispuesto en el precepto 5.6 de la ley 24/2015, el cual aún se encuentra en vigor.

Un último documento que busca que los ayuntamientos garanticen las ayudas necesarias y, subsidiariamente, el realojamiento adecuado, en aquellos casos en que no hay oferta obligatoria de alquiler social según el artículo 16 de la ley 4/2016, pero sí en base a el artículo 5.6 de la ley 24/2015. Junto con esto, se hace referencia a la responsabilidad patrimonial de la Administración, y se pide a ésta que solicite la suspensión del procedimiento judicial.

Todos estos documentos los puedes encontrar en el apartado de documentos útiles. Haz click aqui

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La PAH lleva la resolución de Estrasburgo a los juzgados para frenar los desahucios

La PAH lleva la resolución de Estrasburgo a los juzgados para frenar los desahucios

Nueva herramienta para la defensa de los Derechos Humanos

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca presenta el documento útil elaborado a raiz de la resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo del 16 de octubre.

El documento se puede descargar aquí
Y en la página de documentos útiles

El documento, basado en el derecho internacional en materia de derechos humanos y la resolución del Tribunal de Estrasburgo emitida a raiz del proceso de desalojo de uno de los bloques de la campaña de la Obra social la PAH propiedad de la SAREB, solicita la suspensión del desahucio hasta que la administración pública no garantice una alternativa habitacional para las familias afectadas. El documento se presentará en juzgados para los casos de Eva, Kathia y Sandra, afectadas por un desahucio tras una ocupación, un impago de alquiler en un piso de Catalunya Caixa, y una ejecución hipotecaria respectivamente.

El documento, elaborado juntamente con el Observatori DESC, se puede utilizar tanto en el caso de ejecuciones hipotecarias, alquileres y ocupaciones de viviendas, una realidad a la que cada día se ven abocadas más familias. Sin ir más lejos, ya son más de 1000 personas las realojadas por la campaña de la Obra social la PAH en viviendas vacías en manos de entidades financieras, y cada semana llegan a nuestras asambleas familias que se han visto en la necesidad de ocupar una vivienda para evitar dormir en la calle. El documento es también una herramienta para hacer frente a los desahucios con fecha abierta, la última novedad en materia de vulneración de derechos, una estrategia que genera una ansiedad aun más profunda a las familias que se ven en la tesitura de perder su vivienda.

La resolución de Estrasburgo puso en evidencia una deficiencia estructural de las administraciones públicas: su falta de voluntad para dar respuesta a la vulneración de derechos humanos que se da con la sangría hipotecaria e instaba a las administraciones locales (gobierno central, autonómico y ayuntamiento) a ofrecer una alternativa habitacional a las familias amenazadas por el desalojo, tal y como indica el derecho internacional. En este sentido, el documento se basa en la Constitución Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos, jurisprudencia generada por el Tribunal Constitucional, el PIDESC (observación 7), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la resolución del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño. La PAH lleva años denunciando que el Estado español y las administraciones locales incumplen en materia de derecho a la vivienda los compromisos internacionales adquiridos, denuncia ratificada por la resolución del TEDH. Las administraciones tienen la responsabilidad de intervenir en los casos en los que se produce una vulneración de derechos, tal y como se apunta en el Informe sobre la Emergencia Habitacional en el Estado Español (página 83) donde se recogen las recomendaciones hechas a las administraciones públicas en materia de vivienda por la Relatoría Especial de NNUU, el Comité DESC de NNUU, la defensoría del Pueblo, la Sindicatur de GReuges de Cataluña, y el defensor del Pueblo de Andalucía. Recomendaciones desoídas por las administraciones públicas que, salvo en contadas ocasiones, han apostado por perpeturar los privilegios de la banca; y solo han adoptado medidas parche cuando la presión social les ha obligado a ello. En el documento se insta a los jueces a que obliguen a las administraciones públicas a garantizar un derecho básico como es la vivienda. Se atenta contra los derechos humanos cuando se producen desahucios sin una alternativa habitacional para la familia desahuciada. Y para ellos es necesario afrontar el modelo especulativo de la banca y la SAREB.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca sabemos que no podemos permitirnos no intervenir en todas y cada una de las instancias relacionadas con un proceso de desahucio, por ello, con este documento, la PAH genera una nueva herramienta para intervenir en los juzgados frente a la sangría de los desahucios, a día de hoy, la cara más encarnizada de la crisis. La PAH anuncia que el documento puede generar un efecto masivo de paralización de desahucios en los juzgados que han mostrado sensibilidad con la vulneración de derechos, y al mismo tiempo se convierte en una herramienta para producir jurisprudencia en la defensa de los derechos humanos. El documento, junto con la presión cotidiana ejercida por las PAHs, obligará a los bancos a cambiar de actitud a la hora de negociar la paralización de los desahucios y los alquileres sociales. Hasta la fecha, la gran mayoría de desahucios se han paralizado por el ejercicio de la desobediciencia civil o la presión a los bancos por parte de la PAH y de las entidades sociales, con este documento la lucha contra los desahucios gana una herramienta que permite a los jueces sensibles con los derechos humanos actuar para evitar más desahucios, mientras la banca acumula cientos de miles de viviendas vacías.

En la situación de emergencia habitacional en la que nos encontramos, con más de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde que comenzó la mal llamada crisis, es la ciudadanía la que está actuando para evitar la vulneración sistemática de derechos humanos. Y lo hace de nuevo compartiendo una herramienta jurídica. La Platadorma de Afectados por la Hipoteca no solo ha paralizado casi 1000 desahucios, sino que ha forzado a los bancos a negociar centenares de alquileres sociales y la campaña de la Obra Social ha realojado a más de 700 personas en viviendas vacías en manos de la banca. Así mismo, desde la PAH se solicitará una reunión con los Colegios de Abogados con el fin de que se facilite a los letrados que actúan con carácter de oficio en procesos de desahucio el documento y articular formas de colaboración frente a la pasividad de las administraciones públicas.

Las tres familias que presentarán el documento han acudido a servicios sociales y no han optenido respuesta positiva a la hora de contar con una alternativa habitacional. Eva tuvo su segundo intento de desalojo el pasado jueves 13 de febrero del 2014, Kathia tiene el desalojo previsto para el 7 de marzo del 2014, y Sandra se encuentra en un proceso de ejecución hipotecaria. Las tres familias forman parte de la Asocación de Vecinos de ciutat Meridiana, barrio barcelonés que ha sido bautizado popularmente como “Villa desahucio”

De nuevo, la PAH, la ciudadanía organizada actua frente a la vulneración de derechos humanos.
¡Sí, Se Puede!

Documento para descargar

Streaming de la rueda de prensa

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La campaña “Obra Social la PAH” presenta el manual de desobediencia civil para recuperar viviendas vacías de las entidades financieras

La PAH presenta el manual de desobediencia civil para recuperar viviendas vacías de las entidades financieras

El manual de desobediencia civil para retornar a las viviendas vacías de los bancos su función social, se acompaña de un nuevo video: “De la burbuja a la Obra Social”

Después del desahucio de la ILP por parte del Partido Popular, la PAH no se queda de brazos cruzados. No podemos permitírnoslo. Las medidas de la ILP son más necesarias que nunca, por eso, la PAH hace público un protocolo de la campaña la Obra Social de la PAH, un manual de desobediencia civil de 25 páginas con información práctica sobre cómo realojar familias mediante alguna de las dos vías contempladas en esta campaña: Las ocupaciones individuales en las viviendas de las que hemos sido desahuciados y las recuperaciones de bloques enteros propiedad de la banca.

Consulta y descarga el manual de desobediencia civil aquí o en este enlace

Además de la dación en pago y la moratoria en los desahucios, el alquiler social es una medida fundamental de una ILP que ha sido despreciada por el PP. Sin ella, en las PAHs aumentan los casos de familias que, aún habiendo solucionado el problema de la deuda -consiguiendo la dación gracias a la lucha de la PAH- ven denegadas sus peticiones de alquiler social a los bancos. A esto se suman las personas que han sido desahuciadas. Las administraciones locales y autonómicas dicen no poder hacer frente a la creciente emergencia habitacional, por lo que es fácil entender la urgencia social por recuperar las viviendas vacías en manos de las entidades financieras y darles su función social.

La campaña “Obra Social la PAH”, que cuenta ya con 12 edificios recuperados de la banca, consiste en extender la práctica de realojar familias en viviendas de las entidades financieras, de manera organizada, protocolizada y encaminada a conseguir pequeñas grandes victorias. Igual que se hizo en el inicio con la campaña de stop desahucios. Cada vez son más los núcleos de la PAH que no tienen más remedio que sumarse a esta campaña y el interés creciente de muchos otros nos empuja a editar este dosier. Un manual de desobediencia civil para poner en práctica la exigencia de que las viviendas vacías en manos de la banca y el SAREB pasen a formar parte de un parque público de alquiler social.

Sí Se Puede!


#LaPAHcuenta

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Respuesta de la PAH a la Ley 1/2013 del Partido Popular: una ley inútil, ilegal y que vulnera derechos humanos

Entre los muchos despropósitos de la ley, destaca el plazo de sólo un mes para que las personas afectadas aleguen cláusulas abusivas. Para ello la PAH ha elaborado un “kit de emergencia


1. Análisis de la Ley

El pasado 14 de marzo se hacía pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona en el caso Aziz. Dicha sentencia vino a ratificar lo que la PAH, el Poder Judicial y muchos otros colectivos venimos denunciando: que el procedimiento español de ejecución hipotecaria, así como el de lanzamientos o desahucios, deja en absoluta indefensión a la ciudadanía, sobreprotege los intereses de los bancos, vulnera la tutela judicial efectiva e impide la detección de las múltiples cláusulas abusivas que infestan la casi totalidad de los contratos hipotecarios españoles.
Tras dicha sentencia, todo el país esperaba que el Gobierno actuara de forma responsable, decretando una moratoria de todos los procedimientos hasta adecuar la norma española a la directiva comunitaria de obligado cumplimiento, así como estableciendo un mecanismo de revisión de los procedimientos ya ejecutados, puesto que se han sentenciado vulnerando la ley europea y la tutela judicial efectiva. Se esperaba también que, entre esas medidas urgentes, se adoptaran por fin las medidas de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por casi un millón y medio de firmas y por el 80% de la población según todas las encuestas: la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social de las viviendas vacías. Sin embargo, una vez más el Gobierno se plegó a la presión de las entidades financieras: despreció las medidas de mínimos recogidas en la ILP, no ordenó ninguna moratoria de procedimientos y se ha limitado a aprobar la ley 1/2013, una ley dictada por la propia patronal bancaria, que complica aún más la situación de las personas afectadas. Lo hizo en soledad, sin apoyo de ninguna otra fuerza política. Incluso el Banco Central Europeo (BCE) ha criticado la nueva ley por insuficiente (ver Dictamen del 22 de mayo de 2013).

Resumiendo, la ley 1/2013:

1. 1- No respeta un procedimiento con todas las garantías legales necesarias
Nos encontramos con una primera y clara diferenciación entre los procedimientos judicialmente acabados y los procedimientos judicialmente vivos o en curso.

  • Con respecto a los procedimientos acabados, con esta nueva regulación no se aborda ninguna opción para todas aquellas personas que ya han perdido su vivienda, condenándolos de esta forma a la exclusión social. Se legaliza el abuso bancario sobre el consumidor que ya ha sido desalojado.
  • Con respecto a los procedimientos vivos:
    Se fija un plazo de caducidad de un mes, cuando hasta ahora no había plazo, y equipara la publicación en el BOE a la expresión “tener conocimiento”, provocando la consiguiente inseguridad jurídica por notificación mal realizada. En muchos casos este plazo supone absoluta indefensión, pues la mayoría de la población no tiene por costumbre leer el BOE.

Pretende legalizar cláusulas abusivas. Así, fija los intereses de demora en tres veces el interés legal del dinero, cuando venían fijándose en 2,5 veces o incluso menos (ver Audiencia de Girona así como la ley de contratos de consumo 16/2011). En Alemania, por ejemplo, los intereses no pueden superar el 3%, y en otros países europeos se fija en el tipo legal más 1 ó 2 puntos.
Se permite la aplicación de intereses de demora una vez declarada nula la cláusula, cuando antes se impedía su integración.
Se permite fijar el precio para la subasta en un 75% de su valor de tasación, cuando antes era del 100%. En caso de quedar desierta la subasta, aparentemente el valor de adjudicación sube al 70% (respecto al 60% anterior); sin embargo, si ese porcentaje generara saldo a favor del deudor, la adjudicación seguirá siendo por el 60%. El banco nunca pierde.
Se rompe el principio de ineficacia de los actos declarados nulos.
Se produce una violación del derecho a la tutela judicial efectiva y queda patente la ausencia de igualdad de “armas” para poder defenderse. En caso de que el juez estime la existencia de cláusulas abusivas, el banco puede interponer recurso. En cambio, si el juez desestima la existencia de las mismas la persona afectada no podrá recurrir.
Se produce incluso discriminación por edad (caso de las familias que pueden acogerse a la moratoria del desahucio sólo en caso de que haya un menor a 3 años), una discriminación que podría considerarse inconstitucional.

1. 2-Se mantienen los desalojos forzosos
Se permiten desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Desalojos con criterios arbitrarios, violándose la Convención de derechos del niño (ONU), y el PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), entre otras normas vinculantes, anteriores a la Ley 1/2013 del 14 de mayo.

3-Se mantiene la deuda perpetua
Prevalece la idea de “muerte civil” del deudor hipotecario. A pesar de que formalmente introduce la posibilidad de la retroactividad (desmintiendo así la imposibilidad técnica de la retroactividad, defendida hasta ahora por el legislador), las condiciones prácticas de dicha retroactividad (poder pagar el 65% de la deuda, más intereses, en 5 años, o el 80% más intereses en 10 años) impiden llevarla a la práctica. Así, representa una condonación irreal de la deuda. Para el 99% de los afectados, en la práctica, supone mantener la deuda para el resto de su vida, produciéndose una vez más una violación de los DDHH, y condenando a la exclusión social a la inmensa mayoría de los afectados.
La Ley tampoco acaba con el abuso fiscal que vienen sufriendo las personas afectadas por ejecuciones o aquellas que, con gran dificultad, logran la dación en pago. En ambos casos (a excepción de los pocos casos que entran en el llamado “decreto de buenas prácticas”) el estado seguirá lucrándose gravando la pérdida de vivienda como si se tratara de una compraventa beneficiosa para la persona afectada.

Resumiendo:

Se deniegan derechos ya reconocidos por la legislación vigente, la jurisprudencia o las directivas europeas.
Una norma hecha al dictado de los bancos, que una vez más viola DDHH y excluye totalmente a los más vulnerables.
Evidentemente no han querido solucionar el problema con la nueva ley y ni mucho menos con la finalidad que dicen haberla aprobado: no es su intención proteger a los deudores, sino hacer un muro de contención contra sus legítimas reclamaciones y contra el avance de las medidas respaldadas tácita o expresamente por una gran mayoría de la población a través de la ILP.


2. Respuesta de la PAH

  • Kit de emergencia: consideramos que el plazo de un mes que establece la nueva ley para alegar cláusulas abusivas es ilegal, puesto que es contrario a la legalidad comunitaria de defensa del consumidor frente a cláusulas abusivas (Directiva 93/13/CEE y jurisprudencia del TJUE que la interpreta). Sin embargo, aunque esperamos que ese plazo podrá ampliarse en los juzgados, el equipo jurídico de la PAH ha realizado un “kit de emergencia”, con el fin de facilitar a las personas afectadas con procedimientos de ejecución en curso que puedan plantear las cláusulas abusivas dentro del plazo inicial de un mes, y que finaliza el próximo 16 de junio de 2013. El kit se compone de: consejos generales para alegar cláusulas abusivas; modelo de escrito para solicitar justicia gratuita; modelo escrito para plantear las cláusulas abusivas; modelo escrito para solicitar suspensión subasta notarial (en el caso de procedimientos extrajudiciales, acompañado también por una guía específica para las notariales). Ver documentos
  • Llamamiento a los jueces: sin duda en el último año la mayoría de los jueces han demostrado mayor y mejor conocimiento de la realidad social que el propio Gobierno, y muchos han denunciado ya la ineficacia de la ley recientemente aprobada por la mayoría absoluta del PP. Ahora les pedimos que mantengan esa sensibilidad, que no se resignen y, en aplicación de la normativa europea, vayan más allá de la Ley 1/2013. Así, confiamos en que actuarán de oficio en el análisis de las cláusulas abusivas o, en su defecto, no permitirán la indefensión de las personas afectadas (generada por la notificación vía BOE), dando traslado de la posibilidad de plantear las cláusulas abusivas a todas las personas con procedimientos en marcha. Les invitamos también a estudiar la posibilidad de trasladar las contradicciones relacionadas tanto con la indefensión, como con la contradicción con la normativa comunitaria, tanto por la vía de la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, como por la vía de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
  • Llamamiento a la población: el estado español vive una vulneración de derechos fundamentales generalizada y una auténtica emergencia habitacional, a pesar de tener viviendas de sobra. Si algo no falta en este país son viviendas, pero al menos tres millones y medio de primeras residencias (según los últimos datos del INE) se encuentran vacías, muchas de ellas en manos de entidades financieras rescatadas con nuestro dinero, o directamente en manos de la gestión pública a través de la SAREB o “banco malo”. El estado prioriza la especulación por encima de los derechos humanos de la población y legisla una y otra vez a favor de los criminales que han hundido la economía entera del país.Frente a una situación tan excepcional, es más necesaria que nunca la movilización ciudadana. No sólo para seguir presionando a los poderes públicos y así forzarles a que actúen de acuerdo al interés general. Sino sobre todo para demostrar que, si hay voluntad política, sí se puede. Se puede tutelar de manera efectiva nuestro derecho a una vivienda digna, forzando a los bancos a negociar daciones en pago, condonaciones y alquileres sociales. Se puede desobedecer leyes injustas y parar desahucios gracias a la solidaridad y el apoyo mutuo entre vecinas y vecinos. Se puede recuperar las viviendas vacías en manos de los bancos y que incumplen su función social, para entregarlas a quienes las necesitan, a través de la Obra Social de la PAH.

La ILP impulsada por la PAH y otros colectivos está más viva que nunca, porque sus medidas son más necesarias que nunca. Tarde o temprano el Gobierno se verá obligado a aprobarlas, porque sin ellas no sólo se vulneran los derechos de los ciudadanos, sino que será imposible salir de la crisis. Hasta entonces, seguiremos defendiendo la dación en pago, la moratoria de los desahucios y el alquiler social en la calle, rescatando personas y señalando responsables.

¡Sí se puede! Y lo estamos demostrando

Kit de emergencia

Consejos para solicitar la justicia gratuita

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