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Nueva encuesta de la PAH: las dificultades relacionadas con la vivienda en la infancia y la salud

La PAH lleva denunciando desde 2009 la falta de datos cuantitativos y cualitativos referente al procedimiento de ejecución hipotecaria y la clara intencionalidad de invisibilizar el drama de los desahucios y la vulneración sistemática del derecho a la vivienda y los derechos humanos. Reiteradamente hemos denunciado que no recoger datos estadísticos de calidad es una decisión política que contribuye a invisibilizar los problemas.

Durante años apenas hemos tenido datos y ahora tenemos, pero llegan tarde y mal. Tenemos datos del CGPJ, datos del INE y del Banco de España, pero estos no incluyen datos desglosados por criterios básicos como el perfil de las familias, si hay menores, o situación laboral. Los datos tampoco son desagregados por ciudades, ni recogen datos relacionados sobre temas como la pobreza energética, el impacto en la salud o la infancia.

Por eso, hace un año publicamos el Informe de Emergencia Habitacional en el Estado Español, resultado de las 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas que habían contactado con la PAH durante los últimos dos años, y fue el primer informe de ámbito estatal que recogió datos de cómo afectan las ejecuciones hipotecarias a la salud, o cuáles son las entidades que más ejecutan.

Fruto de la necesidad de tener datos cualitativos y dar luz al impacto de procedimiento de ejecuciones hipotecarias, la PAH junto con el Observatorio DESC y en colaboración con el proyecto MOVIBAR del Grupo EMIGRA de la UAB (La movilidad del alumnado y su impacto en la escolarización en la región metropolitana de Barcelona. Tipos, procesos y tendencias) y el proyecto europeo SOPHIE (Evaluación del impacto de las políticas estructurales en las desigualdades en salud), pone en marcha una nueva encuesta. Con esta encuesta pretendemos entender mejor cómo las dificultades relacionadas con la vivienda tienen implicaciones para los niños y sobre la salud de éstos y de otras personas del hogar. En la encuesta se recogerán datos socio-demográficos, de la vivienda, la situación habitacional, la alimentación, necesidades básicas, socio-económicos y se hará especial énfasis en el tema de la infancia y la salud.

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Presentación del informe Emergencia Habitacional en el Estado Español con datos inéditos sobre las ejecuciones hipotecarias

El Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona (PAH) presentan el Informe Emergencia habitacional en el estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos.

Descarga el informe

entidades

El informe muestra el resultado de las 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas que han contactado con la PAH durante los últimos dos años, y es el primer informe de ámbito estatal que recoge los datos de cómo afectan las ejecuciones hipotecarias a la salud, o cuáles son las entidades que más ejecutan.

Este informe analiza la situación de emergencia habitacional que existe en España desde una perspectiva de derechos humanos. En concreto, se estudia la regulación de las ejecuciones hipotecarias y de los desahucios a partir de los compromisos jurídicos adquiridos por las administraciones públicas y el impacto concreto que supone esta problemática para las familias afectadas.

El estudio analiza, en primer término, la función del derecho a una vivienda digna y de la prohibición de desahucios arbitrarios en el sistema constitucional español, en el derecho internacional de los derechos humanos y a la Unión Europea. En segundo lugar, ofrece datos sobre el comportamiento de las entidades financieras y sobre el impacto de la problemática en las familias a partir de 11.561 encuestas realizadas. En un tercer capítulo, para visibilizar las consecuencias en la vida concreta de las personas, el informe incorpora cuatro entrevistas en profundidad a personas afectadas. El informe concluye con un breve capítulo de conclusiones y recomendaciones dirigidas a los poderes públicos.

menores

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC hemos sido de las primeras entidades que, ya en febrero del 2009, alertamos de la gravedad de la problemática. Desde entonces hemos denunciado reiteradamente la carencia de datos oficiales que permitan entender el alcance de la vulneración de derechos fundamentales que supone la legislación española en materia de vivienda. Así mismo, esta carencia de información también imposibilita orientar adecuadamente las políticas públicas. Es por eso que las dos entidades hemos hecho un gran esfuerzo para recoger datos estadísticos.




En un 70% de los casos el impago de la hipoteca obedece a la pérdida de
empleo.

70% de las familias desalojadas tenían al menos un menor de edad.

Un 77% de las personas afectadas afirma haber sufrido un nivel de ansiedad alto o muy alto

Clica aquí para descargar el informe
(avance de junio de algunos de los datos)

Fe de erratas: la entidad rescatada con dinero público a la que se hace referencia en la página 139 no es Caixa Banc, sino Catalunya Caixa

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Nuevo informe sobre ejecuciones hipotecarias, desahucios y derecho a la vivienda con datos inéditos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

AVANCE: Nuevo informe con datos sobre ejecuciones hipotecarias, desahucios y derecho a la vivienda con datos inéditos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

El Observatori DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentarán en septiembre un exahustivo informe con datos sobre el estado de la cuestión en materia de ejecuciones hipotecarias, desahucios y derecho a la vivienda en el Estado Español.

Una de las principales novedades de este informe es que mostrará nuevos datos sobre la problemática a partir de 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas que han contactado con la PAH en los últimos dos años. La muestra es interesante, no sólo por el considerable número de encuestas, sino también por la información sociodemográfica y de vulnerabilidad social que da de las personas afectadas. Además, también ofrecerá datos del comportamiento de las entidades financieras; unos datos que a día de hoy, ni los mismos bancos, ni las administraciones han querido facilitar.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatori DESC fueron de las primeras entidades que, ya en 2009, alertaron de la gravedad de la problemática y desde entonces han denunciado reiteradamente la falta de unos datos oficiales que pemitan entender la dimensión de la vulneración de los derechos fundamentales que supone el marco normativo actual en materia habitacional. Así mismo, este déficit de información también imposibilita orientar adecuadamente las políticas públicas. Es por eso que las dos entidades han hecho un gran esfuerzo para recoger datos estadísticos con la máxima precisión posible a partir de las personas afectadas que han contactado a la PAH en algún momento.

Sobre el ámbito geográfico, la encuesta se ha realizado a través de internet, en castellano y estaba dirigida a todo el Estado. La mayoría de respuestas son, por orden, de personas que residen en Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, y Andalucía. Esta proporción se corresponde de manera aproximada con los datos del Poder Judicial, los cuales indican que estas mismas comunidades son las más afectadas. Así, el dato geográfico, junto con el número de encuestas realizadas, confirman el valor de interés estadístico de la encuesta.

A la espera del informe completo que se publicará en septiembre, avanzamos en esta nota algunos datos de su interés:

  • 1. Del total de personas afectadas, a un 60,8% aun le queda entre el 80% y el 100% por pagar, y a casi un 20% les queda entre el 60% y el 80%. Este dato corrobora que, si no se aprueba la dación en pago con efectos retroactivos, la mayoría de personas afectadas se verán abocadas a mantener una deuda perpétua en caso de sufrir una ejecución hipotecaria.
  • 2. Un 35,6% declara tener avales, de los cuales, la mayoría, un 65,3% son familiares directos (padres o hijos). Así pues, de encontrarse en una situación de ejecución hipotecaria, en una tercera parte de los casos, sería más de un hogar el que estaría en juego.
  • 3. La gran mayoría de las personas afectadas, un 83%, afirma no tener otra vivienda, ni de propiedad, ni de alquiler, en la que alojarse en caso de desahucio.
  • 4. En el 70% de los casos, el motivo de impago de la hipoteca es el paro. El resto está relacionado con el aumento de la cuota hipotecaria, la suma de otras deudas o la separación por divorcio.
  • 5. Perfil de las personas afectadas I: el 82% son nacidas en el Estado Español. Entre las personas nacidas en otros países, la comunidad más afectada es la ecuatoriana con un 4%. El nivel educativo es elevado: el 59% tienen estudios secundarios o de formación profesional, y un 24% cuentan con estudios universitarios. Estos datos por sí solos ya desmienten la imagen que se ha querido dar en ocasiones de que este es un problema de “personas inmigrantes e ignorantes”. Los datos muestran todo lo contrario.
  • 6. Perfil II: La mayoría de hogares afectados, el 61,1%, se componen de tres o más miembros. Cerca de un 75% de los hogares tienen al menos un menor de 18 años. Un 31,6% de los hogares tienen una o dos personas mayores de 65 años.
  • 7. Perfil III: Un 19,2% se encuentra en paro con una prestación, mientras que un 25,7% de las personas afectadas están en una situación de máxima vulnerabilidad al no disponer de trabajo o no cobrar la prestación del paro. En conjunto predomina la situación de precariedad laboral, y solo un 22,5% tienen trabajo con contrato indefinido.
  • 8. Para 1/3 de las personas afectadas en algún momento la cuota de la hipoteca ha supuesto el total de los ingresos familiares. Para más del 40% supone más del 60% de los ingresos. Estos porcentajes están muy alejados de las recomendaciones de Naciones Unidas, las cuales indican que el gasto de la vivienda nunca debería superar, como máximo, un 30% de los ingresos. Y lo que es más grave: implican que el pago de la vivienda compromete el acceso a otras necesidades básicas.
  • 9. Impactos en la salud y necesidades básicas: un 77% de las personas afectadas afirma haber sufrido un nivel de ansiedad alto. Sobre otras necesidades comprometidas, la mayor dificultad se concentra en el pago de la ropa (70%), los suministros del hogar (65%) y los alimentos (45%).
  • 10. Comportamiento de las entidades financieras I: las personas afectadas se concentran entre el grupo BBVA, con un 15,9%; Bankia, con un 15,2%; Santander (+UCI), con un 14,2%; Caixa Bank, con un 13,8%; Catalunya Caixa, con un 9,8%. Cabe destacar que Bankia y Catalunya Caixa son entitadades rescatadas y nacionalizadas con dinero público. Destacar también que oficialmente se ha querido presentar a BBVA y a Santander como entidades ejemplares, y, en cambio, entre las personas afectadas de la PAH, lideran las hipotecas con problemas de pago, así como las ejecuciones hipotecarias.
  • 11. Comportamiento de los entitadades financieras II: el 84% de las personas encuestadas intentaron negociar con el banco para encontrar una solución, y el 93,1% considera negativo el resultado de ese intento. En general, un 92% se considera insatisfecho/a con el trato recibido.
  • 12. Objectivos de las personas afectadas: a la pregunta “¿qué espera conseguir con la movilización de la PAH?”, un 75% ha respondido la dación en pago, un 50,4% el alquiler social, un 43,9% una renegociación, un 33,8% la condonación, y un 16% “otros”.

Estos son sólo algunos de los datos del informe que se presentará este próximo septiembre. Como se puede ver, los datos son alarmantes: la grave vulneración del derecho a al vivienda que se produce desde hace hace años en el Estado Español está provocando la vulneración de otros derechos fundamentales, como son la salud, la alimentación o los derechos de los niños.

Por eso, el informe final se acompañará de un análisis del marco normativo, con especial atención en las novedades legislativas de los últimos meses, así como de unas recomendaciones finales para reorientar las políticas públicas de cara a parar los desahucios y hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada.