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La PAH comparece para rechazar la proposición de Ley del PdeCat de desahucio exprés en los casos de ocupación sin garantizar realojo

El pasado mes de Marzo ya avanzábamos la postura de la PAH sobre la propuesta de ley del Pdecat Link aquí

Hoy hemos estado en la comisión de justicia en la comparecencia en relación con la proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 Enero, de enjuiciamiento civil, por la que se regula un procedimiento especifico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social.

Os adjuntamos nuestra comparecencia en relación al rechazo de dicha propuesta de Ley:

En 2009 empezamos a organizarnos para hacer frente a las consecuencias de la estafa hipotecaria y la complicidad de los diferentes gobiernos y administraciones. Cientos de miles de familias eran condenadas al desahucio y a una deuda de por vida. La Administración Pública solo velaba por los privilegios de la Banca, así que no nos quedaba otra opción que organizarnos para proteger nuestros derechos. 

Desde entonces, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha estado denunciando la estafa hipotecaria, la precarización de la LAU y las políticas públicas de los últimos 60 años que han despojada a la vivienda de su función social y han favorecido la especulación y la acumulación de vivienda vacía. Hemos tenido que actuar de urgencia desobedeciendo leyes injustas parando miles de desahucios y recuperando vivienda vacía en manos de la banca para garantizar el derecho a la vivienda. Por el camino hemos hecho propuestas de cambios legislativos que garanticen los derechos de todas, tanto a nivel estatal como autonómico y local. Además, en 2012 promovimos una ILP que obtuvo casi 1,5 millones de firmas, y que en 2013 fue admitida a trámite a regañadientes, y cuya tramitación devino en la nefasta ley 1/2013 que ha sido rechazada por el TJUE en las 8 ocasiones en que se ha pronunciado sobre ella.

Mientras tanto, el Estado, con todo su aparato, ha incumplido e incumple el artículo 47 de la Constitución española cada día, violando sistemáticamente el articulo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las Observaciones Generales del Comité DESC de Naciones Unidas relativos a las obligaciones de los estados miembros,  derecho a la vivienda y la prevención de los desahucios forzosos.

Hay una foto que deja claro la necesidad de abordar políticas públicas de vivienda urgentes para garantizar el derecho a la vivienda, lejos de la proposición que hoy se discute.

La foto de España como el país de la UE:

–    QueMás desahucia (2007 a 2016) más de medio millón de hogares desahuciados, a los que hay que añadir los que la estadística no contabiliza, los “desahucios silenciosos” (abandono prematuro de la vivienda por la presión del desahucio o por la subida de los alquileres), o los miles de familias desahuciadas por ocupación por necesidad. Familias que se han visto obligadas a ocupar porque no existen alternativas, hecho que es responsabilidad también de la administración que las ha abandonado a la hora de proteger su derecho a la vivienda

–  Con más vivienda vacía 3,5M de viviendas (el 31% de toda la vivienda vacía UE)

–  Con el parque público más pequeño: 1% vs 18% media UE.

A lo que hay que añadir: de los que menos presupuesto público destinan a políticas de vivienda. En los actuales PGE un 0,05% del PIB, lejos del 1,5% – 3% del PIB que destinan los países de nuestro entorno que mayor garantía de derechos ofrecen.

Frente a esta dramática situación, frente a los 166 hogares desahuciados al día en el estado español, sin ningún tipo de  garantía, el PDECat pretende seguir apostando por medidas como las del PP, medidas que han agravado la situación y criminalizan la pobreza.

Antes de entrar a la medida concreta de la PL del PDECat, es importante ver que ha hecho el Gobierno del Partido Popular para evitar los desahucios, para evitar que familias en situación vulnerable se hayan visto obligadas a escoger entre vivir en la calle o ocupar una vivienda.

 

¿Que ha hecho el PP (leyes y resultados)?

Medidas todas que han interpelado a la buena voluntad de la banca y que han marcado requisitos tan restrictivos, que el 99% se ha quedado fuera. 

–  Código de Buenas Prácticas: ha “solucionado” el 5% de los casos

[total de 41.043 operaciones, de las cuales, 33.765 finalizaron con una reestructuración de la deuda pendiente, 7 con una quita y en 6.674 casos se acordó la dación en pago]

–  Falsa moratoria de los desahucios: han dado respuesta a 24.000 de las 515.000 familias desahuciadas, tan solo un 4,5%. Solo aborda hipoteca, no alquiler que es más de la mitad de los desahucios de hoy en día.

Fondo social de viviendas: ha dado respuesta al 1% del medio millón de desahuciadas [9.886 contratos de alquiler frente a 515.000 desahucios o 720.000 ejecuciones hipotecarias]

A estas reformas hay que añadir la  Ley Mordaza: han ido un paso más allá, no solo no garantizan nuestros derechos, sino que quieren, a través del miedo y la represión, evitar que lo hagamos las demás. 

A esto hay que sumar que el Gobierno del PP ha reducido en su mandato en un 61% el presupuesto que se destina a políticas de vivienda o que apuesta por un Plan Estatal de Vivienda que fomenta la burbuja especulativa sobre el alquiler que estamos viviendo en la actualidad y la tursificación, además de obviar reformas estructurales encaminadas a ampliar el parque público de vivienda o mecanismos reales para solventar el sobreendeudamiento.

 

Como decíamos al empezar, desde la PAH hemos hecho propuestas destinadas a garantizar el derecho a la vivienda del 100%:

–          ILP hipotecaria (2012-2013) con 1,5millones de firmas de apoyo a la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social. La mayoría absoluta del PP bloqueo la solución e hizo las medidas de maquillaje que antes analizábamos. La ley 1/2013 que desvirtuaba la ILP, acumula 8 sentencias del TJUE diciendo que es contraria a la normativa UE.

–          ILPs autonómicas: en Cataluña, Murcia y Valencia, recurridas sistemáticamente al TC, así como leyes autonómicas que daban pasos hacia adelante en la protección del derecho a la vivienda en: Canarias, País Vasco, Andalucía y Navarra.

–          ILP vivienda Madrid: lo continuamos haciendo, en la actualidad las compañeras de Madrid acaban de recoger casi 80.000 firmas que avalan la propuesta de la PAH para garantizar el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid.

–          Miles de mociones en los Ayuntamientos.

 

El PDECat presenta una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados que nos alarma y que queremos denunciar. La recuperación de la posesión del inmueble ya estaba regulado por ley, esta proposición de ley lo que incluye son medidas para replicar el desahucio exprés de los alquileres de la ministra Carme Chacón y de Rajoy, pero en este caso sobre las viviendas de administraciones, entidades sociales o de personas físicas, ocupadas. De aprobarse permitiría desahuciar automáticamente sin alternativa habitacional a una familia que esté ocupando el piso desde el mismo momento de la notificación de la demanda, sin mostrar la más mínima preocupación por las causas o por el hecho de arrojar a la calle a familias sin alternativa habitacional

En la exposición de motivos el PDECat disfraza de lucha contra “fenómenos mafiosos” la propuesta de ley. También dice proteger a los pequeños propietarios de supuestos “profesionales de la ocupación” a los que hay que frenar. Estas medidas no van a solucionar el problema que dicen querer resolver: ni para los propietarios de las viviendas, ni en relación a las mafias. El proyecto de ley no incluye ni una sola medida contra las mafias: para frenarlas hay que denunciarlas y erradicarlas a través de la actuación de los cuerpos de seguridad y de la justicia. No sirve poner el foco sobre las personas que, desesperadas y desprotegidas, caen en la estafa. De hecho, si se deja a alguien en la calle sin alternativa habitacional, no tendrá más remedio que ocupar de nuevo y estar inmerso en un circulo vicioso de ocupación-desahucio. 

Por otro lado: la administración ya dispone de mecanismos administrativos efectivos para recuperar la vivienda pública y adjudicarla a quién toque. Y no creemos que las entidades sociales quieran estigmatizar aún más a quien sufre.

Por último, y lo más importante: esta propuesta elude la única solución real al problema: garantizar el derecho a la vivienda. O lo que es lo mismo: acabar con las deudas de por vida, detener los desahucios, dar vivienda de alquiler social a quién lo necesita, manteniendo a las familias en ellas en vez de desahuciarlas y cediendo el parque vacío para su uso social; obligando a la banca y a los grandes tenedores a asumir su responsabilidad, y asumiendo los Gobiernos y las Administraciones la suya de no dejar nadie en la cuneta.

Es conocida la campaña de la PAH de la Obra Social que defiende la recuperación ciudadana de aquellas viviendas vacías en manos de entidades financieras, de las que se ha desahuciado a miles de familias o permanecen vacías a la espera de hacer aún más negocio sin tan siquiera devolver nada a cambio de los rescates. También presentamos la campaña y el informe de “La vivienda no es delito” de Madrid, para dar luz a la situación de miles de familias que se han visto abocadas a ocupar viviendas sin ninguna alternativa habitacional

Aunque el Proyecto de Ley del PDECat no se refiere a las viviendas de la banca, todo el mundo sabe que nadie escoge acceder a una vivienda ocupando si tiene una alternativa real, legal y asequible. Por lo que, tratar burda e irresponsablemente de poner el foco en el eslabón más débil y desproteger judicialmente aún más a las familias que no tienen otra alternativa que ocupar una vivienda, es un grave error.

Cuando estalló la burbuja ya hubo intentos de culpabilizar a los deudores de las hipotecas para eludir las responsabilidades de las leyes criminales y de la estafa bancaria(“no pagan porque no quieren” o “nadie le puso una pistola en la cabeza para que firmara”). Parece que ahora les toca a las familias que, desesperadas, ocupan viviendas. 

¿Por qué no presentan una proposición de ley este mismo martes para conseguir la soluciones reales, aprobando la dación en pago retroactiva, acabar con todos los desahucios de vivienda habitual y dar alquiler social para quién lo necesita? O hablando de vivienda pública: porque ni nombran el reducidísmo parque de vivienda protegida de Catalunya y de todo el estado, o la venta a fondos buitres en Madrid?

Lo que vemos, es una ofensiva generalizada hacia el eslabón más débil, hacia las personas que no tienen más alternativa que entrar en una vivienda vacía: en la televisión, en los Parlamentos a través de diferentes formaciones políticas, en la prensa.. En alguna reunión de estas donde hay banqueros y políticos con poder, se decidió que, la única manera de evitar reformas estructurales era creando un nuevo enemigo, el enemigo que vive en los barrios y que está entre la población con menos recursos, el “ocupa”. Además, este enemigo en el campo de de lo pobres se puede convertir en el problema, de manera que quién no ha hecho nada para frenar la emergencia, se saca responsabilidades y intenta conseguir dejar de ser el problema. Porqué con el “ocupa” el problema ya no son los bancos, ni el rescate, no la vivienda vacía, ni los gobiernos que no toman medidas, ni los ayuntamientos que no han hecho vivienda pública. El enemigo no es el poder, es tu vecino. 

Jugar con la cohesión social y la estigmatización de los más pobres, de los empobrecidos, es muy irresponsable y solo nos conduce a la “guerra entre pobres”.

Cuando la realidad es que los pisos vacíos (no segundas residencias) están en su inmensa mayoría en manos de unos pocos grandes propietarios. Ésto se oculta para no levantar sospechas sobre las intenciones de un medida tan drástica, que pronto será replicada para favorecer los intereses de la banca, en vez de aprovechar la oportunidad para que haya un parque de alquiler social, el o viene de estas viviendas ya construídas o no llegará.

El PDECat, y aquellos grupos que han apoyado la medida como Ciudadanos, PNV y el Partido Popular, están enfocando la ocupación como el problema y no como la consecuencia de no haber hecho y no hacer políticas públicas que eviten que una familia al tener una orden de desahucio tenga que escoger entre la calle y la ocupación por necesidad. 

Frente a esto, una vez más, la PAH ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta de Ley que aborda reformas estructurales para garantizar el derecho a la vivienda de todas: dación en pago retroactiva, alquiler social, ampliación del parque público de viviendas, reforma de la LAU (estabilidad y asequibilidad), suministros básicos garantizados y el fin de las deudas hipotecarias. 

Mientras tanto, seguiremos exigiendo soluciones a los bancos y a las administraciones, seguiremos parando desahucios, realojando a familias en vivienda vacía de la banca a través de la campaña Obra Social de la PAH.

#PLNoEsSolución

PorLramisa

Comunicado resumen contactos Grupos Parlamentarios

Ayer anunciamos que hoy el Congreso vota la aceptación a trámite o no de la Proposición del Ley del PDECat (Convergència- CIU-) que criminaliza la pobreza y propone el desahucio exprés para las familias que están ocupando viviendas de la administración pública, de entidades sociales o de personas físicas, sin realojo

Recordamos que en la actualidad ya hay un procedimiento civil para ejecutar éstos desahucios, y que es un proceso rápido. Lo que pretende el PDECat es que el desahucio sea inmediato, ya que en su propuesta pretende que tras poner la demanda el juez pueda ordenar el desahucio antes de que la demandada pueda responder y antes de ir a juicio.

Esto supone anular las garantías y el derecho de defensa de las personas que viven ocupando por necesidad.

Desahuciar más rápido no puede ser la solución a la emergencia habitacional. El PDECat pone el foco en la ocupación como problema, cuando es la consecuencia de la falta de políticas públicas de vivienda dirigidas a garantizar los derechos de todas. 

Desde la PAH lo tenemos claro, la solución pasa por lo que llevamos proponiendo los últimos años: dación en pago retroactiva y alquiler social, movilización de las más de 3,5 millones de viviendas vacías, ampliar el parque público de alquiler social pasando del 1% actual al 15 o 18% de la media europea, regular el mercado de alquiler para que sea accesible, destinar un 3% del PIB estatal a políticas de vivienda, como hacen los países de nuestro entorno donde hay una mayor garantía del derecho a la vivienda, entre otras, que van en la dirección de realizar las reformas estructurales que necesitamos y no un parche más. 

Dicho esto, ayer interpelamos a los grupos del Congreso para exigir que se posicionasen o con los que criminalizan la pobreza y quieren aumentar los desahucios (propuesta de ley del PDECat), o con las que proponemos reformas estructurales (la PAH). El resultado, es decir, lo que aseguran votar los partidos hoy a la proposición de ley del PDECat es el siguiente:

Votaran a favor: PP + PDECat  + C’s= 174       C’s ha cambiado su voto a última hora

Votaran en contra: PSOE + UP+ ERC+ Confluencias = 160  ERC ha cambiado su voto a última hora

A falta de conocer la posición de PNV y del resto del Grupo Mixto -si bien Compromis también votará en contra-. La votación será hoy a partir de las 15h.

Nosotras lo tenemos claro, no nos podemos permitir que se aprueben estas leyes de desahucio exprés y en pocos meses estar sufriendo las consecuencias, como nos pasa en la actualidad con los desahucios exprés de alquiler, gracias a la reforma de la ministra Chacon que con la falta de recursos de las familias éstos han aumentado hasta el 56%  en el 2016.

Resolver problemas, como el de las ocupaciones por necesidad, ha de pasar por no aprobar esta proposición de Ley y avanzar hacía leyes que garanticen el derecho a la vivienda de todas.

#PLNoEsSolución

PorLramisa

El PDECat presenta una proposición de Ley de desahucio exprés en los casos de ocupación sin garantizar realojo

La ocupación no es el problema, sino la consecuencia de no hacer políticas públicas para garantizar el derecho a la vivienda

Este martes el PDECat presenta una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados que nos alarma y que queremos denunciar, exigiendo una rectificación para que no tire adelante. La proposición de ley incluye medidas para replicar el desahucio exprés de los alquileres de la ministra Carme Chacón y de Rajoy, pero en este caso sobre las viviendas de administraciones, entidades sociales o de personas físicas, ocupadas. De aprobarse permitiría desahuciar automáticamente sin alternativa habitacional a una familia que esté ocupando el piso desde el mismo momento de la notificación de la demanda, sin mostrar la más mínima preocupación por las causas o por el hecho de arrojar a la pura calle a familias sin alternativa habitacional

Esta proposición de ley se votará pocos días después de publicarse los datos del Consejo General del Poder Judicial, unos datos que cerraban el año 2016 con más de 60.000 desahucios, una media de 166 desahucios diarios en España. Según estas cifras, el 22% de los desahucios se producen en Cataluña, ámbito de actuación principal del PDECat. Pero estos datos son incompletos, ya que no contabilizan los “desahucios silenciosos” (abandono prematuro de la vivienda por la presión del desahucio), o los miles de familias desahuciadas por ocupación en precario. Familias que se han visto obligadas a ocupar porque no existen alternativas, hecho que es responsabilidad también de la administración que las ha abandonado a la hora de proteger su derecho a la vivienda.España es el miembro de la UE con menos vivienda social (2%), con más vivienda vacía (3,44 millones) y con más desahucios. El 13,7% del parque de viviendas está vacío y tenemos el 31% del total de vivienda vacía en Europa (11 millones).

En la exposición de motivos el PDECat disfraza de lucha contra “fenómenos mafiosos” la propuesta de ley. También dice proteger a los pequeños propietarios de supuestos “profesionales de la ocupación” a los que hay que frenar, también en la vivienda pública o gestionada por entidades sociales. Estas medidas no van a solucionar el problema que dicen querer resolver: ni para los propietarios de las viviendas, ni en relación a las mafias. El proyecto de ley no incluye ni una sola medida contra las mafias: para frenarlas hay que denunciarlas y erradicarlas a través de la actuación de los cuerpos de seguridad y de la justicia. No sirve poner el foco sobre las personas que, desesperadas y desprotegidas, caen en la estafa. De hecho, si se deja a alguien en la calle sin alternativa habitacional, no tendrá más remedio que ocupar de nuevo y estar inmerso en un circulo vicioso de ocupación-desahucio. 

Además la mayoría de ocupaciones actuales son en vivienda vacía proveniente de desahucios de la banca o en manos de grandes tenedores. Situaciones que se deberían regularizar con alquileres sociales. Por otro lado: la administración ya dispone de mecanismos administrativos efectivos para recuperar la vivienda pública y adjudicarla a quién toque. Y no creemos que las entidades sociales quieran estigmatizar aún más a quien sufre.

Por último, y lo más importante: esta propuesta elude la única solución real al problema: garantizar el derecho a la vivienda. O lo que es lo mismo: acabar con las deudas de por vida, detener los desahucios, dar vivienda de alquiler social a quién lo necesita, manteniendo a las familias en ellas en vez de desahuciarlas y cediendo el parque vacío para su uso social; obligando a la banca y a los grandes tenedores a asumir su responsabilidad, y asumiendo los Gobiernos y las Administraciones la suya de no dejar nadie en la cuneta.

Es conocida la campaña de la PAH de la Obra Social que defiende la recuperación ciudadana de aquellas viviendas vacías en manos de entidades financieras, de las que se ha desahuciado a miles de familias o permanecen vacías a la espera de hacer aún más negocio sin tan siquiera devolver nada a cambio de los rescates.

Aunque el Proyecto de Ley del PDECat no se refiere a las viviendas de la banca, todo el mundo sabe que nadie escoge acceder a una vivienda en precario si tiene una alternativa real, legal y asequible. Por lo que, tratar burda e irresponsablemente de poner el foco en el eslabón más débil y desproteger judicialmente aún más a las familias que no tienen otra alternativa que ocupar una vivienda, es un grave error.

Como aún no se atreven a criminalizar a quienes ocupan pisos de bancos porque la opinión pública lo defiende, atacan a las que, con la misma desesperación ocupan vivienda pública, de entidades sociales o de personas físicas. Primero esto y después puede venir la criminalización de las familias que recuperan pisos vacíos de la banca y de paso, se fomenta la “guerra entre pobres”. Cuando estalló la burbuja ya hubo intentos de culpabilizar a los deudores de las hipotecas para eludir las responsabilidades de las leyes criminales y de la estafa bancaria (“no pagan porque no quieren” o “nadie le puso una pistola en la cabeza para que firmara”). Parece que ahora les toca a las familias que, desesperadas, ocupan viviendas. En este sentido, recientemente las PAHs y asambleas de vivienda de Madrid han presentado la campaña “la vivienda no es delito” para poner encima de la mesa la realidad de la ocupación de viviendas. 

¿Por qué no presentan una proposición de ley este mismo martes para conseguir la soluciones reales, aprobando la dación en pago retroactiva, acabar con todos los desahucios de vivienda habitual y dar alquiler social para quién lo necesita? O hablando de vivienda pública: porque ni nombran el reducidísmo parque de vivienda protegida de Catalunya y de todo el estado, o la venta a fondos buitres en Madrid?

Es obvio que son los bancos y los grandes tenedores los grandes responsables de la emergencia habitacional y que hay que obligarlos a asumir las soluciones. Pero mientras esto no ocurra, son las administraciones las últimas garantes de los derechos fundamentales. Y más cuando durante años no se han hecho las leyes y las políticas de vivienda que ahora permitirían actuar como toca.

Hay propuestas legislativas que, más que buscar solucionar a un problema real, parece que sirvan para gesticular y contentar ciertos sectores. Quizá lo que le pasa al PDEcat es que la dura realidad y la presión ciudadana no le ha dejado otra opción que apoyar medidas que siempre había rechazado; y ahora con este gesto quieren contentar a los de siempre, no sea que defendieran más de la cuenta los derechos de la mayoría. Jugar con la cohesión social y la estigmatización de los más pobres para ello es muy irresponsable. Veremos que hacen el resto de grupos del Congreso.

Mientras no se garantice el derecho a la vivienda de forma efectiva, y no se ataquen las causas reales del problema y sus responsables, existirá el caldo de cultivo para que las familias sufran, las pequeñas mafias ganen y algunos pequeños propietarios tengan problemas.

La solución real es proteger el derecho a la vivienda, en especial movilizando la vivienda vacía de la banca. Si se hace, nadie tendría que ocupar viviendas para no vivir en la calle.

#PLNoEsSolucion