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LA PAH fuerza la presentación del Recurso de Inconstitucionalidad de ley de la vergüenza y denuncia el oportunismo del PSOE

La PAH vuelve a denunciar la vulneración sistemática de los Derechos Humanos en materia de vivienda con el Recurso de Inconstitucionalidad a la ley 1/2013 de 14 de Mayo, y pone de manifiesto los déficits democráticos y de participación ciudadana que también denunciamos con la tramitación de la ILP. Este recurso cuenta con los avales de 24 diputados y la PAH “lamenta” que el PSOE vuelva a intentar apropiarse de esta iniciativa y no apoye a la sociedad civil para presentarlo. Pese a esta actitud lamentable,  la PAH reclama que el Tribunal Constitucional (TC) declare la inconstitucionalidad de la ley 1/2013 por violación de derechos fundamentales.

Y comunica

  • Ante el anuncio del PSOE de la presentación del recurso de inconstitucionalidad a la ley de la vergüenza 1/2013 de 14 de Mayo, que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca le solicitó que avalase (como hizo con el resto de partidos de la oposición), consideramos una victoria haber forzado al principal partido de la oposición a un cambio de posición y al reconocimiento de la situación de “estafa política” que la tramitación de la ILP por parte de la mayoría parlamentaria del gobierno del Partido Popular ha supuesto para la ciudadanía.


    Que entendemos la presentación de recurso de inconstitucionalidad como una victoria de la PAH y del conjunto del movimiento por el derecho a la vivienda contra la exclusión y en defensa de los derechos humanos. No estaba previsto por ningún grupo político presentar el recurso de inconstitucionalidad, una vez más la sociedad civil ha traspasado los límites establecidos y ante la violación de derechos fundamentales que supone la Ley de la vergüenza 1/2013, y ha conseguido forzar su presentación. La PAH con su equipo jurídico y sus luchadoras sociales ha vuelto a poner en jaque al status quo y ha conseguido que ocurra lo imprevisto: que la ley ilegítima, inconstitucional que salió mediante una estafa al derecho de la ciudadanía de presentar leyes, y a la ILP avalada por más de 1.400.000 firmas, sea cuestionada de nuevo.

    La presente ley 1/2013 que se recurre no ha venido a solucionar ningún problema de vulneración sistemática de Derechos Humanos, Constitucionales y Comunitarios,  que era lo que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que la PAH presentó en el Congreso de los Diputados, quería conseguir.

    Aunque es una victoria de la PAH y del conjunto del movimiento por el derecho a la vivienda contra la exclusión y en defensa de los derechos humanos, recordamos que hay cientos de miles de Ejecuciones Hipotecarias realizadas de espaldas a los Derechos Humanos, al Derecho a una Vivienda Digna, y a la Ley Comunitaria, y por lo tanto ilegales, según lo dictaminado por el Tribunal de la Unión Europea en sentencia 14 de Marzo y que en ningún caso se ha resuelto, ni se podrán restituir los derechos infringidos. Es por lo que seguimos exigiendo el cese inmediato de todo desalojo forzoso de familias vulnerables en todo el territorio español.

    La PAH se ha vuelto a colocar como la impulsora al señalar el problema y proponer las soluciones a problemas jurídicos y sociales creados por los gobiernos del PP y el PSOE en 35 años de alternancia política en materia de vivienda y derechos sociales recogidos en nuestra Constitución de 1978 y que ninguno de los dos partidos llamados mayoritarios han desarrollado, modificado, ni adecuado a las diferentes situaciones socio-políticas del país.

  • La elaboración del recurso de inconstitucionalidad por parte de la PAH ha puesto de manifiesto el déficit democrático que existe, porque muestra que es incomprensible que en una sociedad que pretende llamarse democrática no se permita a los agentes y actores de la sociedad civil y los movimientos sociales en defensa de los derechos humanos, presentar recursos de inconstitucionalidad frente a normas que violan derechos fundamentales, incluso ante la pasividad de los actores que sí deberían promoverlos.

  • Ante la iniciativa de presentación del recurso de inconstitucionalidad de la PAH y la petición de apoyos y avales para su presentación a los sujetos legitimados para hacerlo, queremos además manifestar como muy grave que La Defensoría del Pueblo a fecha de hoy no se ha posicionado, incumpliendo la obligación de defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

    Hasta la fecha hemos reunido 24 avales de diputados para la presentación del recurso correspondientes al Grupo Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) Grupo mixto (Compromis, Amaiur, ERC, Geroa Bai y BNG). Las formaciones políticas PNV, UPyD, CIU,FAC y CC no se han pronunciado haciendo oídos sordos a la llamada de la sociedad civil.

  • Lamentamos por último que el PSOE no haya tenido la capacidad política de permitir que la sociedad civil lleve a cabo la acción procesal excluyendo del recurso de inconstitucionalidad a la parte que lo impulsa, lo inicia y para la que ha supuesto un trabajo jurídico de enorme envergadura.
  • Entendemos que los intereses partidistas de una forma obsoleta de hacer política no pueden seguir imperando. El PSOE con esta forma de actuar demuestra que no entiende las formas éticas y honestas de estar en política, y refuerza más el distanciamiento de los ciudadanos con algunos partidos políticos.

    El movimiento ha tenido la inteligencia y la tenacidad para unir a mucha gente al margen de los partidos, sobre todo al margen de los partidos responsables de la burbuja inmobiliaria y que han negado el derecho a la vivienda. La PAH ha conseguido realizar el Recurso de Inconstitucionalidad cuando nadie creía que fuera posible

    Constatamos que nos acabamos de topar con sus viejas instituciones y sus miserias electorales. La misma fuerza institucional que le ha llevado al PSOE a ser cómplice de la burbuja y privación del derecho a la vivienda, la ha aprovechado ahora para la manipulación de un Recurso que no le pertenece. Solicitábamos cincuenta avales de la iniciativa, pero algunos no quieren trabajar con los movimientos sociales, sino que los movimientos sociales trabajen para ellos.

    Aun así la Plataforma de Afectados por Hipoteca reclama que el TC declare la ilegitimidad de la ley 1/2013 de 14 de Mayo y paralice cualquier procedimiento judicial hasta resolver la inconstitucionalidad de la ley que vulnera los tratados firmados por este país sobre derechos humanos.

    Descarga el recurso de inconstitucionalidad de la PAH de aquí

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    Recurso de inconstitucionalidad de la PAH contra la ley 1/2013: un paso más en la lucha contra la violación de derechos humanos

     

    La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha elaborado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 1/2013 para la protección de los deudores hipotecarios. El recurso necesita de al menos 50 diputados para poder ser presentado ante el Tribunal Constitucional, por ello, la PAH se ha puesto en contacto con todos los partidos políticos con representación parlamentaria con el fin de solicitarles que se adhieran al recurso. Ninguna de las formaciones políticas tenía previsto presentar recurso alguno. El recurso de inconstitucionalidad se ha elaborado desde la sociedad civil frente a la vulneración sistemática de derechos humanos que supone la actual legislación en materia hipotecaria.  De nuevo es la gente, son las PAHs, las que se organizan para defender los derechos fundamentales. 

    • Resumen del recurso de inconstitucionalidad

    El recurso se puede descargar aquí
    Recurso de inconstitucionalidad contra la ley antidesahucios impulsada y redactada por la PAH

    Resumimos a continuación los seis puntos por los cuales las Plataformas de Afectados por las Hipotecas consideramos que la llamada “Ley Antidesahucios” vulnera los derechos contemplados por la Constitución Española y la legislación internacional.

    Motivo 1: Inviolabilidad del domicilio y tutela judicial efectiva.


    La Ley en cuestión establece unas condiciones fijas para el mantenimiento de la vivienda, sin dejar margen a la interpretación y al contexto de cada caso, con lo que directamente deja en suspenso el derecho a la vivienda establecido por la Constitución y sin margen para que los jueces tomen decisiones basadas en la situación de las familias afectadas cuando no se dan las condiciones establecidas por la ley.

    La vivienda más allá de una propiedad es el ámbito íntimo, personal y privado de las familias y por lo tanto debe ser protegido por los derechos implícitos que conlleva. Así lo reconoce la Constitución Española en su artículo 18 en el que explica que las circunstancias para la entrada en el domicilio privado sólo puede ser autorizado por un juez que las valore, justifique y motive. La Ley al no dar margen de establecer esta valoración más allá de criterios arbitrarios establecidos por el Gobierno atenta contra contra la inviolabilidad del hogar.
    Además en este sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece en diferentes sentencias que el desalojo forzoso sólo se debe dar si no se coloca a las personas en situaciones degradantes como la exclusión social y siempre que se adopten las medidas adecuadas para no agredir los derechos de las personas.
    El Estado Español suscribe varios tratados internacionales en materia de derechos humanos en las que se establecen garantías que se deben dar antes, durante y después del desahucio. Dichas garantías tampoco se establecen en la Ley.

    Motivo 2. Vulnera los derechos del niño y los discrimina por la edad.


    La ley establece como una de las condiciones que en el domicilio haya menores de 3 años de edad, tanto en la moratoria de lanzamientos como en las medidas de reestruturación de deuda.

    No existen criterios objetivos para establecer ese límite de edad ni nada que justifique en los casos de ejecución hipotecaria y posterior desahucio.
    El desahucio de las familias exponen a los menores independientemente de su edad a situaciones de calle o desamparo y en consecuencia a situaciones de violencia, temor, incertidumbre y dolor. A su vez provoca el riesgo de afectación de su integridad física, psíquica y moral y libre desarrollo de la personalidad.
    La situación actual en España en que miles de familias viven bajo el umbral de la pobreza que se acentúa por una altísima tasa de paro, denunciada por organismos gubernamentales estatales e internacionales agravan esta situación y son víctimas de las citadas consecuencias todos los niños independientemente de su edad.

    No existen motivos para la distinción realizada por la Ley y por ello vulnera tanto los derechos recogidos en la Constitución Española como en los Derechos del Niño.

    Motivo 3. Vaguedad e indeterminación en la constitución del fondo social de viviendas.


    La Ley en cuestión “Encomienda” al Gobierno que “promueva” con el sector financiero un fondo social de viviendas destinadas a personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por impago de préstamo hipotecario.
    No se establece un plazo, las condiciones de arrendamiento ni instrumentaliza en forma alguna la forma en que este mandato debe llevarse a cabo.
    La vaguedad en las condiciones y medidas para llevar a cabo este mandato no ofrecen una respuesta adecuada al contexto de emergencia social y no garantizan el fin del mismo: la protección de las personas y la garantía del acceso a una vivienda digna.

    Este hecho se agrava más en el contexto de crisis donde esta medida debería ser potenciada y no sugerida, y en especial cuando va dirigida especialmente a colectivos en situaciones de vulnerabilidad en general y más concretamente a los niños en particular. Y con ello la vulneración de los derechos a la intimidad, vivienda, protección de la vida que se establecen tanto en la Constitución Española como en los tratados internacionales.

    Motivo 4. Vulneración de la tutela judicial efectiva y defensa en relación a las garantías procesales ofrecidas a los consumidores frente a los profesionales.
    Básicamente el tema es que la Ley da la opción y no el deber a los jueces a que puedan apreciar cláusulas abusivas de oficio, pero no obliga a ello. No obstante el Tribunal Europeo reconoce que las familias están en una situación de inferioridad ante las entidades financieras y que dicha desigualdad debe ser compensada por la figura de juez quien debe apreciar de oficio las cláusulas abusivas.

    Por otra parte la Ley 1/2013 establece un plazo máximo de 1 mes para denunciar la cláusulas abusivas des del momento de la publicación de la Ley en el BOE y dándose así por informada a todas las posibles personas afectadas. No obstante tanto la administración como los juzgados deben agotar todas las vías de notificación antes de recurrir a los edictos y diarios oficiales. Esta forma de notificación no fue aplicada a la Ley 1/2013 limitándola a la mera publicación en el BOE por lo que en su forma vulnera la tutela efectiva que el Estado debía procurar a las personas que se encuentran en un proceso de ejecución hipotecaria y por lo tanto no puede ser admitida dicha limitación de tiempo en los procesos hipotecarios en curso.

    Motivo 5. Violación del principio de igualdad de armas procesales y acceso a los recursos establecidos por la ley.
    La Ley 1/2013 abre la posibilidad de oposición por cláusulas abusivas tanto de oficio por el juez o a instancia de la parte ejecutada. No obstante no modifica la ley de enjuiciamiento civil en la parte en que dice que la apelación sólo es posible por la parte acreedora. De esta forma está creando una situación de desigualdad, dando a la parte más fuerte herramientas que niega a la parte más vulnerable, en lugar de compensar la parte más débil como explícitamente ordena la legislación europea.

    Motivo 6. Referencias en la Ley a la ejecución o venta extrajudicial


    La Ley 1/2013 hace referencia a la ejecución o venta extrajudicial, un sistema de ejecución que quita de manos de los jueces la función jurisdiccional y la deja en manos de los notarios.
    Un procedimiento más rápido que provoca una mayor indefensión de las personas y familias afectadas, dificultando su defensa en el mismo y que además es establecida unilateralmente por la entidad financiera en el contrato hipotecario.
    Este procedimiento quita de las manos de los jueces la administración de la justicia y la tutela judicial efectiva de las personas que establece la Constitución y a su vez provoca una discriminación de las personas sometidas a este procedimiento respecto a las que son ejecutadas en el procedimiento judicial ordinario.

    Por todos estos motivos consideramos que la ley aprobada por el Gobierno vulnera los derechos de las personas y familias, contraviene la Constitución, la legislación europea y los tratados internacionales de derechos humanos, manteniendo las desigualdades entre las entidades financieras a las que protege frente a las familias a las que perpetua en su situación de indefensión.

    • Carta a los diputados

    A la atención del sr/a. diputado/a.

    Nos dirigimos a Ud. desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con el fin de solicitarle su adhesión al recurso de Inconstitucional elaborado por nuestro equipo jurídico para ser presentado ante el Tribunal Constitucional contra la ley 1/2013.

    Desde la PAH hemos detectado al menos seis motivos de inconstitucionalidad en la citada ley que incurren en una vulneración de derechos fundamentales inadmisibles en toda democracia que se considere como tal.

    Como saben, la ILP por la moratoria de los desahucios, la dación en pago retroactiva y el alquiler social contó con el aval de más de 1.400.000 firmas y el apoyo mayoritario de la sociedad civil; sin embargo, las demandas ciudadanas fueron menospreciadas y desoídas y el proceso de modificación de la ley hipotecaria dio como resultado la Ley 1/2013 de 14 de Mayo. Esta ley no recoge las demandas de mínimos expuestas en la ILP y perpetuan la condena de miles de familias a un sufrimiento inadmisible y la exclusión social. La ley 1/2013 no es solución alguna a la vulneración sistemática de derechos humanos que se da en nuestro país, una situación flagrante ante la cual únicamente la sociedad civil está dando una respuesta. Así lo indican todas las encuestas realizadas sobre el tema.

    Pueden consultar y descargar el recurso de inconstitucionalidad de este enlace.

    Consideramos que brindar su apoyo al recurso de inconsitucionalidad responde a principios básicos de democracia y de protección y defensa de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de las mayorías sociales de este país, a las cuales no se les puede continuar dando la espalda.

    Por ello y habiendo detectado por parte del servicio jurídico de la PAH al menos seis causas de Inconstitucionalidad, solicitamos tengan a bien adherirse a este recurso y prestar su apoyo a la ciudadanía que así lo solicita y reclama.

    A continuación le exponemos los detalles técnicos que han de seguir para poder formalizar su adhesión al recurso:

    • cumplimentación del documento de adhesión adjunto
    • envío a la siguiente dirección postal: calle SAN COSME Y SAN DAMIAN nº 24 1º Izda Madrid 28012. Horario de 9,30 a 14,00 y 16,00 a 20,00
    • Es necesario un poder general para pleitos con facultades especiales para allanarse y absolver posiciones a nombre de la procuradora de tribunales Dña. Virginia Aragón Segura.
    • Certificado del secretario del congreso donde acredite su condición de parlamentario

    Para cualquier duda o comentario puede responder a esta misma dirección de correo. El plazo máximo de presentación del recurso, en base a las fechas de aprobación de la Ley 1/2013, es el 15 de agosto, por lo que la adhesión necesariamente tiene que formalizarse con anterioridad a la fecha señalada.

    Un saludo cordial,

    Plataforma de Afectados por la Hipoteca

    Video de la rueda de prensa del día 7 de agosto

    • Carta a la Defensora del Pueblo

    Defensor del Pueblo
    C/Eduardo Dato, 31
    28010 Madrid

    La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), junto a otros actores de la sociedad civil, ha logrado visibilizar el despojo de vivienda, ahorros y estabilidad que las entidades financieras han perpetrado contra cientos de miles de familias.

    Cuando las víctimas se han unido y han roto el silencio hemos obtenido resultados extraordinarios:

    • Hemos realizado una ILP que ha recogido un millón y medio de firmas a favor de las modificaciones legales necesarias para paralizar los desahucios, negociar daciones en pago y poner a disposición de las familias que lo necesiten un alquiler social.
    • Un amplio sector del mundo del derecho ha asumido las razones de la ciudadanía y se opone claramente al contenido de la Ley 1/2013 del gobierno del PP que ha desconsiderado las demandas del movimiento.
    • Algunos gobiernos municipales y autonómicos aplican parte de las demandas de la ILP y por ello cuentan con la oposición del Gobierno y de las entidades financieras, lo que ha provocado incluso la suspensión del Decreto del Gobierno andaluz que penaliza el acaparamiento de viviendas vacías.
    • La opinión pública considera a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como un movimiento social justo y democrático, y apoya nuestras demandas en porcentajes que superan el 80% en la mayoría de encuestas.

    La Iniciativa Legislativa Popular que recogió 1,5 millones de firmas y la sentencia europea de 14 de marzo de 2013, han forzado que el gobierno apruebe una ley de título engañoso (“Protección de protección de deudores hipotecarios, restructuración de deuda y alquiler social”). En realidad esta nueva norma no contiene ninguna de las demandas sociales expresadas en la ILP. Ni paralización de desahucios, ni dación en pago ni alquiler social. Sin embargo, al hacerlo también ha incurrido en varias causas de inconstitucionalidad de la Ley 1/2013.

    El equipo jurídico de la PAH, junto con otros profesionales del mundo del Derecho, ha elaborado en un tiempo récord un Recurso de Inconstitucionalidad contra esta Ley aprobada con el solo apoyo del Partido Popular. Se han detectado en ella al menos seis causas de inconstitucionalidad, que incluyen vulneraciones a la inviolabilidad del domicilio, la tutela judicial efectiva, la igualdad, a la protección a la infancia y al derecho a una vivienda digna para todos.

    Este recurso, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo 15 de agosto, se funda en los principios jurídicos de la Constitución Española, de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero también expone como fundamento de derecho el poder constituyente de una sociedad movilizada a favor de una vivienda digna y en contra de tantos abusos y corruptelas.

    Llamamos a todos los actores facultados para presentar el recurso, por eso lo hacemos ante esa institución del Defensor del Pueblo con el fin de garantizar que la reclamación popular de justicia sea atendida en los extremos que se recogen en el documento adjunto.

    La PAH luchará hasta el último momento para presentar el Recurso de Inconstitucionalidad porque tenemos detrás la energía de miles de personas perjudicadas, amenazadas y solidarias y también la capacidad jurídica y política para elaborarlo.

    Plataforma de Afectados de la Hipoteca
    C/ San Cosme y San Damián, 24
    28012 Madrid

    91 327 900
    900 101 025

    registro@defensordelpueblo.es

    Mándale la carta a la Defensora del Pueblo desde oiga.me

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    Presentación del recurso de inconstitucionalidad elaborado por la PAH contra la ley 1/2013

    La PAH presenta un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley del PP por vulnerar derechos humanos

    Rueda de prensa el miércoles día 7 de Agosto a las 11:00 en la puerta del Tribunal constitucional (C / Domenico Scarlatti, número 6) rueda de prensa de la PAH.

    La PAH ha preparado un recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

    La comisión jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH ha detectado al menos seis causas de Inconstitucionalidad en la Ley 1/ 2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

    La Ley 1/2013 no solo no soluciona el problema que está causando un sufrimiento intolerable a centenares de miles de familias, y perpetuando la violación sistemática de derechos humanos, sino que además incumple principios constitucionales.

    La PAH está recabando los apoyos necesarios para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en tiempo y forma ante el Tribunal Constitucional. Igual que hicimos en la tramitación de la ILP, interpelamos no sólo a los grupos parlamentarios sino que apelamos también a la conciencia individual de cada uno de los diputados y diputadas. Los partidos y diputados que votaron a favor de la tramitación de la ILP y contra la ley finalmente aprobada por el Gobierno (todos menos el PP), tienen la oportunidad de demostrar su coherencia y la veracidad de su compromiso apoyando y firmando el recurso elaborado por el equipo jurídico de la PAH.

    Convocamos a todos los medios de comunicación el próximo miércoles, en la que se procederá a la presentación oficial del recurso de inconstitucionalidad elaborado por la PAH, de sus contenidos, y la interpelación a las Instituciones con capacidad legal para interponerlo.