Nueva agresión de la justicia española al derecho a la vivienda
En menos de 24hs hemos vivido la noticia de un nuevo varapalo a la banca y la de un nuevo favor a sus intereses. ¿La diferencia? La primera viene de Europa y la segunda de la justicia española. Desde la PAH manifestamos nuestro absoluto rechazo a la sentencia sobre el vencimiento anticipado y nos preguntamos, una vez más, de que lado está el Tribunal Supremo español, si de la justicia que supuestamente deben defender o de la banca.
Ayer conocimos el posicionamiento del Abogado General de Europa en relación con el IRPH, declarándolo abusivo por incomprensible y falto de transparencia.Ello, pese a la vergonzosa actuación en el proceso de la Abogada del Estado español, que, cumpliendo órdenes del Gobierno suponemos, avaló a la banca ¡Cómo no!, y más que eso, pidió al Tribunal que, en caso de considerarlo abusivo, no establezca retroactividad para que los bancos, no tengan que devolver a la gente los miles de millones estafados. No obstante, tendremos que esperar a la sentencia definitiva, que conoceremos en el primer trimestre de 2020.
Hoy el Tribunal Supremo de España ha vuelto, como nos tiene acostumbrados, a dar trato de favor a la banca con la sentencia sobre los efectos de la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, sentencia dictada, como siempre, desde la lógica del prestamista. La sentencia considera que lo que está en peligro es el negocio de los prestamistas (bancos) que sin ejecución hipotecaria no darían préstamos. Sigue la estela de la Ley de Créditos Inmobiliarios, aprobada este año, a la que se remite constantemente. Ya en su momento, la PAH denunciamos que, lamentablemente el PSOE había seguido la estela de De Guindos y las políticas a favor de los desahucios del PP.
Los contratos hipotecarios tienen la cláusula abusiva de vencimiento anticipado por impago de una cuota. La Ley 1/2013 modificó la ley procesal y permitía ejecutar al banco por 3 cuotas impagadas. El TJUE a lo largo de diversas resoluciones judiciales ha establecido que para valorar la abusividad de la cláusula hay que estar a lo que dice el contrato y no a la práctica que se haya hecho de ella. En la Sentencia de 26 de marzo, tras unas dudas tramposas por parte del Tribunal Supremo, el TJUE considera que los jueces deben valorar la esencialidad de la cláusula, si puede existir el contrato sin la cláusula de vencimiento anticipado, si llegan a la conclusión que puede existir el contrato sin el vencimiento anticipado no pueden sustituir la cláusula por ninguna otra.
Dedica gran espacio a explicar que lo que importa en la garantía hipotecaria, la garantía de cobrar, que es la razón de ser de la sentencia, y pensamos que la razón última de la posición del Tribunal Supremo en abusos bancarios en la última década. De hecho, en la sentencia se menciona la palabra “garantía” 18 veces mientras que palabra “vivienda” solo se nombra en dos ocasiones.
El Supremo ignora el mandato del TJUE de preguntar al consumidor afectado si quiere seguir vinculado o no a la cláusula de vencimiento anticipado pese a saber las consecuencias que se derivarían de ella en el procedimiento de ejecución hipotecaria.
El Supremo interpretando la Sentencia del TJUE, hoy da las directrices de que, si el préstamo hipotecario se dio por vencido antes de la reforma de la Ley 1/2013, debe ser sobreseído sin más trámite. Ahora bien, los procesos en los que las familias afectadas hayan incumplido la gravedad que establece la Ley 5/2019, LRCCI (de crédito inmobiliario), 12 o 15 cuotas impagadas dependiendo del número de años de la vida del préstamo que hayan abonado, podrán los bancos continuar la ejecución. Y avala definitivamente a la banca en todas aquellas ejecuciones hipotecarias en las que se haya dictado un auto sobreseyendo el procedimiento en no dotar de cosa de fuerza juzgada pudiendo nuevamente iniciar una ejecución hipotecaria basada en lo previsto en el art. 24 LRCCI (12 ó 15 cuotas).
Desde un punto de vista meramente jurídico, el tratamiento de la jurisprudencia europea sigue la técnica del “espigueo”, tomando sólo lo que interesa para justificar la decisión ya tomada de consagrar el vencimiento anticipado y la ejecución hipotecaria. Destaca la ausencia de la reciente doctrina sobre el “orden público comunitario” y el artículo 6.1 de la Directiva 13/93. Tampoco aparece nada sobre la sentencia de 28 de febrero de 2019 del Tribunal Constitucional, que ha declarado que la protección a consumidores en ejecuciones hipotecarias forma parte del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Por último, aunque esto ya no sorprenda, no existe alusión alguna a los Tratados de Derechos Humanos que determinan una protección cualificada de la vivienda habitual como Derecho Humano de toda persona.
No hay ni una palabra sobre el destrozo social causado por las ejecuciones hipotecarias en los últimos diez años, lo que supone un desprecio absoluto a las víctimas de los abusos bancarios. Ni una palabra sobre las razones de las afectadas. Ni una mención al desalojo de familias al amparo de prácticas abusivas constantemente consentidas o las cantidades millonarias cobradas gracias a cláusulas abusivas y que nunca serán devueltas. Por supuesto ninguna autocrítica.
Esta sentencia tendrá como efecto inmediato, el desatasco de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria con el consiguiente aumento del número de desahucios que habrá que sumar a los 173 diarios que según el CGPJ se ejecutaron en el primer trimestre de este año.
Desde la PAH si que estamos del lado de las familias y que se haga de una vez por todas justicia tras haber sido estafadas y desahuciadas. Por eso exigimos:
- La anulación total y con caracter retroactivo del IRPH, con la devolución a las familias de todo lo que les han robado. Si es ilegal, lo ha sido siempre.
- La anulación total y retroactiva de todas las claúsulas abusivas, grandes protagonistas y causantes de que la ley hipotecaria español sea criminal como declaran las 8 sentencias europeas sobre el tema.
- Modificación de la Ley de Crédito Inmobiliario en lo referente al Vencimiento Anticipado, de manera que no se modere su abusividad sino que se elimine definitivamente.
- La destitución del Tribunal Supremo por su constante defensa a los intereses de la banca y su ataque a los derechos de las familias.
- Ampliación de la moratoria de los desahucios asi como la ampliación a los requisitos para acogerse a ella. No podemos permitir reformas que generen una explosión de los desahucios en lugar de acabar con ellos.
Si hay algo más vergonzoso que medidas de maquillaje cara a la galería por parte del Gobierno, es que las medidas solo sirvan para retroceder en lugar de avanzar en materia de derechos sociales.
La PAH seguiremos enfrentándonos a estas injusticias hasta conseguir que el Derecho de acceso a una vivienda adecuada y digna sea una realidad en nuestro país y lograr las reformas legislativas se hagan con el objetivo de acabar con los desahucios y no alimentarlos, aplicando las medidas que llevamos casi una década presentando.
Sin Justicia no hay Derechos
En España, la Vivienda es un mero bien de consumo, al que se accede sólo en función de la renta, ya que el parque público no alcanza ni el 2%. Además, la cultura preponderante impuesta por los poderes públicos ha sido la de la compra, por lo que millones de ciudadanos tuvimos que firmar una hipoteca con un banco para poder comprar nuestras casas.
Esas hipotecas siempre han estado llenas de diferentes estafas: cláusulas suelo, intereses de demora, IRPH, imposición a los avalistas de la renuncia a sus derechos, cesión y titulización de créditos, vencimiento anticipado… etc. etc. etc. Estafas que desconocíamos, entre otras cosas porque la Directiva 93/13/CE no ha sido aún e traspuesta a nuestra legislación. Fue aprobada en el último mandato de Felipe González, pero ni bajo su gobierno, ni los de Aznar, ni los de Zapatero ni los de Rajoy se ha llegado a hacer. La última condena a España en relación con esta directiva fue en enero de 2017 sobre la cláusula de vencimiento anticipado 23 años después de la directiva.
Cuando estalla la inacabada crisis, y se dispara el número de tragedias de los desahucios, es cuando empezamos a ser conscientes de las magnitudes de la estafa y de la sobreprotección que el conjunto de los poderes del Estado han venido prestando a la banca:
Los poderes políticos manteniendo la vigencia de una legislación décimonónica, inconstitucional, ilegal en relación con las normas europeas, además de irracional, desigual entre las partes y, sobre todo, profundamente injusta.
El Poder Judicial, excepto unas pocas y honrosísimas excepciones, aplicando esa legislación de manera rutinaria y acrítica, como en una cadena de montaje de desahucios. Además, utilizando sin escrúpulo alguno el aparato represivo para empujar, arrastras, golpear o multar a vecinos y activistas que tratábamos de impedir esas tremendas injusticias. Esto en lo que a la Justicia de a pie se refiere, porque en sus altas esferas esa súper protección les ha llevado a perder, no sólo la imparcialidad, sino hasta el pudor para, al menos intentar parecerlo:
En 2013 el Supremo dictó sentencia sobre las cláusulas suelo, declarándolas abusivas, pero limitando los efectos de ese abuso a la fecha de su sentencia, o lo que es lo mismo: Lo ya robado, bien robado está. Tuvo que ser el Tribunal Europeo en 2016 el que le reiterase por enésima vez que las cláusulas abusivas no se moderan, se eliminan.
En 2017, el Supremo sentenció que el IRPH no implicaba falta de transparencia ni abusividad, estamos a la espera de pronunciamiento del TJUE, y todo apunta a que será contrario a esta Suprema Banca que se reúne ahí.
También en 2017, y reas la sentencia europea que declaraba abusiva, y por tanto nula la cláusula de vencimiento anticipado, sentencia que habría anulado cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, es el Supremo el que plantea a Europa una cuestión prejudicial preguntado si, a pesar de ser abusiva la cláusula, se podía continuar el procedimiento, también preguntaron a Europa si, dado que las cláusulas de intereses de demora eran siempre abusivas, y había que eliminarlas ¿Cómo podrían ser compensados los bancos por las demoras?
Se han producido en nuestro país más de 700.000 desahucios, sin que esto haya provocado a esos jueces la menor alarma social o económica. El Tribunal de Justicia Europeo, ha dictado alrededor de 20 sentencias que han modificado nuestra legislación la misma que ha provocado esos desahucios, sin que ninguna Sala Judicial haya sido convocada de urgencia para revisarla y dictar doctrina modificándola. Quizás estaban demasiado ocupados en defender a los banco.
La Sala de lo Contencioso, que venía dictando sentencias progresistas, se ha visto destruida por los jueces defensores a ultranza de la banca en relación son las sentencias del impuesto de actos jurídicos documentados. En una convocatoria sin precedentes, y bajo criterios económicos, el todavía presidente de la Sala, antiguo empleado de la patronal bancaria, y familia de un despacho jurídico que asesoró a la banca en el caso de las cláusulas suelo Díez-Picazo, aupado al puesto por su presidente Carlos Lesmes, decide suspender recursos y convocar un pleno de sala que acaba como ya sabemos y la banca anhelaba: la vuelta a que el pago del impuesto por los hipotecados.
De forma inmediata, el Presidente Pedro Sánchez, anuncia un decreto-ley para revertir el sentenciazo y que en lo sucesivo sean los bancos quienes lo paguen, impidiendo así que quienes han sido injustamente obligados a pagarlo lo puedan recuperar, salvo sentencia en contra del TJUE claro ¡Qué curioso! ¡Lo mismo que hizo el Supremo con las cláusulas suelo…! ¡Dejen ya de trincar pero llévense lo trincado! Aunque es una acción rápida y coherente la del Gobierno La banca vuelve a ganar…
Sobre los Derechos de los hipotecados, el PSOE, vía ministra Calviño, está bloqueando las enmiendas a la ley de crédito inmobiliario que desde la PAH propusimos a Unidos Podemos en materia de protección de los deudores hipotecarios, tales como la dación en pago, la limitación de la responsabilidad al bien hipotecado, la irrenunciabilidad de los derechos de los avalistas, cesión y titulización del crédito y otras. Sin embargo, desde el Grupo Socialista, apoyado en esto por PP y Cs, se están rechazando tales enmiendas de forma que esos derechos, si no hay un cambio por parte del PSOE, no serán incluidos.
Para que se tenga claro de qué hablamos, debe saberse que el proyecto de ley de crédito inmobiliario, fue elaborado por el banquero De Guindos antes de su marcha al BCE, con su táctica ilegal de moderar cláusulas abusivas, en este caso, de nuevo la de vencimiento anticipado, y de salir aprobada ley en sus términos, se podrían reactivar cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación, devolviéndonos a la situación en que los desahucios por impago de hipoteca vuelvan a superar a los de alquiler. Desde la PAH, tenemos además la percepción de que el PSOE y el Gobierno no son conscientes de los efectos que van a provocar si no aceptan estas enmiendas. El rechazo a las enmiendas, además, provocará daños colaterales en la Ley Vivienda PAH, en concreto las contenidas en el capítulo de medidas de protección a los deudores hipotecarios, puesto que esas medidas, también están incluidas en la de crédito inmobiliario, y será muy difícil después recuperarlos.
Actualmente, la Ley de Vivienda de la PAH está siendo nueva víctima del fraude sistemático de PP y Cs, que van pidiendo prórroga tras prórroga del plazo de enmiendas, impidiendo su normal y rápida tramitación. Para ellos parece más importante el bloqueo en favor de grandes tenedores de vivienda (fondos buitres, bancos y socimis) que frenar los desahucios (más de 33.000 en el primer semestre de este año), o la burbuja de los alquileres o la pobreza energética.
Por todo esto, exigimos al Gobierno que, en aras de adaptar nuestra legislación a los estándares y derechos europeos, tenga muy presente en la Ley de Crédito inmobiliario la directiva 93/13/CE sobre contratos celebrados entre profesionales y consumidores, así como la jurisprudencia del TJUE que rechaza moderar cláusulas abusivas y exige su eliminación, y que atienda a las enmiendas que van ese sentido.
Madrid, 10 de noviembre de 2018
La legitimidad del Tribunal Supremo en entredicho una vez más
Suprema vergüenza tras la información del Tribunal Supremo de dar marcha atrás en la sentencia de los impuestos de las hipotecas
El Presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, ha tomado una decisión que provoca vergüenza suprema, después de que la Sección Segunda de la Sala dictara e hiciera pública una sentencia declarando que la obligación del pago de los impuestos derivados de la firma de una hipoteca corresponde a los bancos y no a los consumidores, el Presidente de la Sala ha ordenado la paralización de su aplicación, así como de la tramitación de todos los recursos pendientes sobre este tema, hasta que el Pleno de la Sala (31 jueces) ratifique o no la decisión de sus compañeros.
No es la primera vez que este Tribunal opta por aplicar medidas económicas frente a las jurídicas, que son las únicas que le competen. Recordemos cuando la Sala de lo Civil en mayo de 2013 dictó sentencia sobre las cláusulas suelo, limitando la devolución por los bancos a la fecha de su sentencia, y tuvo que ser el TJUE en diciembre de 2016 el que dijera que la devolución tenía que ser desde el momento de la firma de la hipoteca.
También en materia de cláusula de vencimiento anticipado, tras la sentencia del TJUE en enero de 2017, y para no cancelar todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, planteó otra cuestión prejudicial ante el TJUE, o cuando ha aceptado moderar cláusulas abusivas en lugar de anularlas, como viene reiterando el TJUE.
La Sala de lo Contencioso ha venido dictando últimamente sentencias progresistas, a diferencia de la de lo Civil, como la de diciembre de 2017 sobre protección de los menores en caso de desahucio, o la de julio de este mismo año sobre la obligación de cumplir los dictámenes de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos; y los poderes económicos han debido hartarse ya y han decidido presionarla para impedir que hagan Justicia, y conseguir que sigan haciendo su justicia.
Desde la PAH denunciamos esta decisión sin precedentes, y esperamos que los otros 30 jueces opten por mantener el criterio de los de la Sección Segunda, aunque para nosotras no es nuevo el tener que sufrir a una Administración de justicia servil y blanda con los poderosos y dura e inflexible con los débiles.
Ahora le toca al Tribunal Supremo defender el porqué de este cambio de rumbo. Es alarmante ver el poder que amasan los bancos y las entidades financieras, llegando al extremo de ser capaces de que el TS se desdiga en pocas horas tras haber pronunciado una sentencia. La sentencia inicial dicta que las consumidoras podrán recuperar, sin definir si con carácter retroactivo o no, los gastos de gestión de las hipotecas. Una sentencia que pone de manifiesto algo que desde la PAH llevamos 9 años denunciando y que por suerte ya no lo decimos solo nosotras, nos dan la razón jueces, abogadas, partidos políticos o la mismísima ONU.
La PAH seguirá defendiendo el sistema democrático y utilizará todos los mecanismos jurídicos y de movilización contra quienes quieren romper un sistema de convivencia basado en la justicia y la dignidad. Proteger el sistema democrático es defendernos de quienes creen que pueden romper con total impunidad nuestro sistema de convivencia. Seguiremos defendiéndolo, como siempre .
Hay que decir basta ante este nuevo ataque de la banca y exigirles que paguen lo robado, y seguir avanzando para lograr esa reforma de la Ley Hipotecaria, que incluya la dación en pago retroactiva, como tenemos recogido en la Ley Vivienda PAH, para empezar a legislar a favor de las familias y no a favor de los engaños que ya se destaparon con la explosión de la burbuja inmobiliaria y la estafa mal llamada crisis.
