Pons denuncia a la PAH por un escrache pacífico. La jueza dicta: el escrache está amparado por el derecho a la libertad de expresión
El auto de la denuncia que González Pons interpuso a activistas de la PAH desvela que el diputado del PP mintió sobre en el escrache en su domicilio y enmarca la acción dentro del “legítimo derecho a la libertad de expresión”.
Sin embargo, la jueza del caso, Nieves Moliner –quien archivó la causa del accidente de metro de Valencia y que ahora ha rechazado su reapertura- considera falta de coacción de las dos compañeras que timbraron a la puerta, sin tan siquiera escuchar a una de las partes, en un procedimiento, por tanto, en el que se ha violado el derecho a la tutela judicial efectiva.
El auto descubre la falsedad de las acusaciones que González Pons vertió sobre la PAH en numerosos medios de comunicación el 20 de Marzo de 2013 y los sucesivos días: ni subieron 60 personas a su rellano, ni insultaron, ni amenazaron, ni estuvieron 40 minutos aporreando la puerta, además, señala la sentencia, el comportamiento en la vía pública de las personas concentradas en su domicilio fue absolutamente respetuoso con la ley. El auto desmonta la delirante campaña mediática de criminalización a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, así como a su cara más visible, Ada Colau. Durante semanas fuimos tachadas de “terroristas” y de “nazis” por realizar señalamientos pacíficos a las y los diputados del PP. Ahora, meses después, los escraches de la PAH están siendo avalados como actos legales dentro del legítimo derecho a la libertad de expresión en diferentes sentencias en diferentes puntos de nuestra geografía.
La PAH vuelve a denunciar hoy los intentos de criminalización desde el Partido Popular y las instancias gubernamentales, criminalización que, fracasada la vía judicial, el autoritario gobierno del PP pretende legalizar con la reforma del Código Penal que va a suponer un auténtico retroceso en las libertades de reunión y expresión, entre otras.
En un Estado de Derecho, la Administración de Justicia debe velar por la igualdad ante la ley y el derecho de defensa en igualdad de condiciones de cualquier persona imputada, así como respetar la presuncion de inocencia. Sin embargo, la titular del Juzgado número 21, Nieves Moliner, ha dictado una resolución en la que establece la existencia de una falta por parte de dos personas a las que no se ha emplazado a dar su versión, vulnerando así el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva.
No es menos grave que las compañeras denunciadas conozcan la resolución judicial por la prensa, ni que el juzgado permita la filtración de dicha resolución. Ni tampoco que un medio de comunicación, el ABC, publique nombres y apellidos de las supuestas responsables, una de los cuales ni siquiera estaba en el lugar de los hechos denunciados, lo que demuestra la falta de rigor en la investigacion judicial.
A pesar de la parcialidad de la jueza, una vez más, el poder judicial sitúa los escraches en el marco del derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión. Derechos necesarios para la salud democrática de un país. La campaña de criminalización del Partido Popular queda, de nuevo, desmontada y ridiculizada.
La PAH Valencia anuncia que se van a ejercer todas las acciones legales admitidas en nuestro ordenamiento contra los responsables y los medios de comunicación que han publicado los nombres íntegros de las compañeras denunciadas vulnerando todas las normas al respecto.
Por último, demandamos a toda la ciudadanía a seguir cuestionándose el actual sistema, donde una élite política actúa y legisla al servicio de la gran banca o en su propio beneficio y a costa de las personas trabajadoras.
Os animamos a participar en las protestas sociales, a parar desahucios, a practicar la desobediencia civil pacífica, exigir nuestros derechos y denunciar los abusos y estafas del sistema bancario del Estado Español.
¡Sin miedo, juntas y más unidas si cabe frente a la represión demostramos que somos un movimiento imPAHrable!
¡Sí se puede!
PAH Valencia