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PorLa PAH

PSOE, cómplice de la banca y marca blanca del PP y Ciudadanos, se retrata como el nuevo partido de los desahucios.

Ante el secuestro sistemático del derecho a la vivenda exigimos la retirada y rectificación de esta reforma hipotecaria junto a una mayor contundencia en el decreto sobre los alquileres

Hoy 20 de diciembre de 2018, el Congreso de los diputados vota la ley de crédito Inmobiliario, una  ley que no respeta el espíritu de las sentencias del Tribunal Justicia de la Unión Europea, ya que sigue dándole a la Banca beneficios frente al consumidor, no respetando el principio de proporcionalidad entre partes y deslegitima el supuesto apoyo del PSOE a la Ley Vivienda PAH, desvirtuando toda la esencia de esta.

No podemos entender como el PSOE, después de poner en primera línea de su voluntad política el derecho a la viviendamantiene unas políticas continuistas con las del Partido Popular y lejos de solucionar las cláusulas abusivas las legaliza, como deja a millares de familias con deudas contraídas con la anterior ley que Europa ha declarado ilegal, ley que permite seguir a las familias adquiriendo deudas impagables, en un momento en que la salida de la crisis es a costa de trabajos eventuales y precarios.

La reforma que avala el partido de Pedro Sánchez, copia y pega de la redactada por el banquero y exministro Luís de Guindos:

  • No  recoge la responsabilidad limitada al bien, manteniendo como hasta ahora la responsabilidad del deudor, que deberá responder con todos sus bienes presentes y futuros; es decir, el horizonte, en situación de impago, continuará siendo el sobreendeudamiento de por vida de las familias y su ruina
  • Los intereses de demora serán el interés remuneratorio más 3 puntos, cuando el Tribunal Supremo dice que no deben superar en más de dos puntos el tipo de interés del préstamo. 
  • Legalización de las cláusulas abusivasun nuevo gran favor a la Banca, haciendo que sea más difícil que los tribunales les obliguen a hacer reembolsos como los derivados de las cláusulas suelo y de los gastos hipotecarios, que les han costado cientos de millones de euros, dejando sin efecto las sanciones a los bancos que dejen de  incorporarlas. Cláusulas ya declaradas abusivas por el TJUE, como el vencimiento anticipado, el IRPH o la renuncia a la notificación de cesión del crédito a un fondo de inversión cuando se produce la titulización. Permitiendo que la banca pueda seguir iniciando procedimiento tras el vencimiento de 12 cuotas o el 3% del capital vencido, haciéndola retroactiva sin más miramiento y con todo el descaro, porque nada se ha dicho de pagar retroactivamente cuando los beneficiarios son las consumidoras en el caso de los gastos hipotecarios.
  • No impide la venta vinculada a otros productos, permitiendo a las entidades financieras ofrecerlos, cuando  proporcionen al consumidor  información sobre los productos, presentando dos presupuestos diferenciados, uno con esos productos y otro sin ellos, sobre los que el prestatario tendrá la última palabra, pero deja la última palabra al Banco de España, y todas sabemos dónde ha estado mirando esta entidad en los años más salvajes de la venta inmobiliaria.

Esta reforma, no solo no mejora en absoluta las condiciones de los deudores hipotecarios, deja fuera cualquier tipo de herramienta contra los desahucios. Se sigue obviando en Dictamen DESC de la Naciones Unidas y gracias al nuevo vencimiento anticipado que conlleva el archivo de los procedimientos de ejecución hipotecaria. 

Tras del escándalo del Supremo en las cláusulas suelo y en el impuesto hipotecario, ahorrando miles de millones a la Banca a costa de los consumidores, es ahora el legislativo, con el PSOE al frente, el que facilita que la Banca siga estafando y desahuciando con sus políticas criminales. ¿Por qué no declaran la retroactividad del vencimiento anticipado para los cientos de miles de familias que fueron desahuciadas debiendo menos de 12 cuotas hipotecarias? 

La PAH no va a consentir que sigan sin asumirse responsabilidades sobre los miles de desahucios producidos en la última década y que no se adopten medidas radicales para su eliminación.

Con la votación de hoy, avalada por toda la derecha conservadora española (Partido Popular, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco, PDeCAT, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, Foro de Asturias y Nueva Canaria)  y la abstención de Esquerra Republicana, el PSOE de Pedro Sánchez lo único que demuestra son sus verdaderos colores más allá de los falsos titulares que han usado para lavar su imagen desde que entraron de nuevo en el Gobierno. Para alimentar una política continuista a años de vejación de derechos fundamentales no era necesaria una moción de censura. 

Si realmente, Pedro Sánchez quería garantizar el derecho a la vivienda, nunca debería promover una ley hipotecaria como esta o un decreto para modificar la LAU, que también se queda corto y a medio gas. Un decreto que no vale para pinchar la burbuja de alquiler que ya es la culpable del 65% de los desahucios a día de hoy.

Por todo esto, habla la PAH y exigimos que se legisle en la línea marcada por la Ley Vivienda PAH, bloqueada semana tras semana por el PP y Ciudadanos. La única Ley que adopta medidas urgentes para garantizar una segunda oportunidad a las familias y los alquileres sociales, acabar con los desahucios y crear un auténtico parque público de viviendas, apostando realmente por la vivienda social y que la banca  devuelva en viviendas el rescate impagado con la cesión obligatoria de las que estén vacías, incluidas el 100% de las viviendas de la SAREB.

Mientras se siga vulnerando el derecho al hogar, cualquier Gobierno o partido que no muestre un compromiso claro con las demandas históricas, que se están exigiendo hace años desde la ciudadanía, nos tendrán enfrente, en las calles, reclamando ante las Instituciones y en Europa denunciando que en España, sigue habiendo vidas en juego por culpa de una leyes criminales.

Qué no te engañen

PorLa PAH

Habla la PAH sobre el decreto ley para reformar la LAU

Sobre el decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros en relación con los alquileres, la PAH manifiesta lo siguiente:

  1. Confirma la falta de ambición por parte del Gobierno de un grave problema que está impidiendo a miles de familias el acceso a la vivienda, al no atacar directamente los precios, ni intervenir directamente en el mercado.
  2. No tiene retroactividad, por lo que todos los contratos en vigor se regirán por la legislación actual, y sus posibles efectos positivos tardarán años en notarse, ya que partimos de unos precios especulativamente inflados.
  3. Carece de medidas para movilizar millones de casas desocupadas, que sus propietarios mantienen fuera del mercado con el fin de encarecer los precios de alquiler y de compra, especialmente fondos buitre, socimis y bancos.
  4. No permite a los ayuntamientos establecer índices de referencia de precios, para moderar y rebajar  los abusivos precios actuales.
  5. No modifica la legislación para que las inquilinas demandadas por sus caseros puedan defenderse en el proceso judicial, en contra del dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas.
  6. No incluye medida alguna para la generación del Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y social, a pesar de que en España dicho parque, apenas sobrepasa el 1% del total, mientras que, en países como el Reino Unido, Francia, Alemania, Austria y otros si sitúa en torno al 20%.

En consecuencia, la PAH considera que, para pinchar la actual burbuja de los precios de alquiler, son necesarias medidas como las que señalamos, ya que sin ellas los precios no van a bajar, y que para afrontar la actual situación de emergencia habitacional que sufre nuestro país, es imprescindible la aprobación urgente de las medidas contenidas en la Ley de Vivienda de la PAH, que está sufriendo el bloqueo fraudulento de PP y Cs, que semana tras semana andan pidiendo prórroga del plazo de presentación de enmiendas.

Desde la PAH señalamos como culpables de la emergencia habitacional al empobrecimiento general de la ciudadanía, la falta de vivienda pública de alquiler que impide modular el mercado especulativo, a los fenómenos  de turistificación, a una ausencia de compromiso con el derecho a la vivienda para favorecer los beneficios impresentables de la banca y capital especulativo y, recientemente para a colmo al imcomprensible empecinamiento del PSOE  por mantener los contenidos de la Ley de Crédito Inmobiliario, absolutamente continuístas con las leyes del PP, aprobada en la ponencia con la complicidad de PP, Cs, PDeCat y PNV, y al PP y Cs que cada semana impiden que se inicie el debate de la Ley de Vivienda de la PAH.

PorLa PAH

Los desahucios siguen en aumento hasta niveles históricos según el CGPJ

Según datos hechos públicos hoy por el CGPJ, en el tercer trimestre de este año, se han producido en España 11.547 nuevos desahucios, de los cuales 3.404 son consecuencia de ejecuciones hipotecarias, 7.518 de impagos de alquiler y 625 por otras causas. La aparente reducción con respecto al trimestre anterior, se debe exclusivamente a que en este trimestre se incluye el mes de agosto, inhábil judicialmente, y en el que no se ejecutan desahucios. En total, de enero a septiembre de 2018, ambos incluidos, se han producido 44.606, y, dado que desde el Gobierno, y pese a su reiterada retórica al respecto, no se ha adoptado medida alguna, podríamos acabar el año en cifras cercanas a las mayores de los años en crisis, como las de 2013

Con estos datos, que ratifican nuevamente las valoraciones efectuadas por la PAH sobre la situación de emergencia habitacional, las burbujas del alquiler y la compra de viviendas, de las que ya alerta incluso el FMI, la gente en este país se enfrenta por un lado a la inacción del Gobierno, que podría haber aprobado ya decretos que paliasen en parte los efectos de la LAU del PP o cumpliendo con sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos; por el contrario, constatamos una posición negativa del PSOE en relación con la Ley de Crédito Inmobiliario, blanqueando o moderando cláusulas ya declaradas abusivas por los tribunales como la importante del Vencimiento Anticipado y excluyendo la dación en pago así como la limitación de la responsabilidad, lo que va a permitir que la gente pueda seguir siendo desahuciada y permanecer después endeudada, en lugar de haber aprovechado para hacer una ley cumplidora de los estándares europeos.

Además, nos enfrentamos al bloqueo de hecho de la Ley de Vivienda de la PAH por parte de PP y Cs, que, mediante el fraudulento reglamento del Congreso, andan pidiendo cada semana prórroga del plazo de presentación de enmiendas, impidiendo que se inicie su trámite en comisión y se avance en hacer realidad una Ley de la ciudadanía que da respuesta real a esta situación gravísima de emergencia habitacional.

Es por todas estas cosas, que la PAH hemos aprobado este fin de semana en la XXIV Asamblea Estatal realizada en Valencia, lanzarnos a movilizaciones ante este estado de cosas, buscando aunar fuerzas mediante la colaboración y convocatoria con otros colectivos y movimientos sociales que, como nosotras, defienden Derechos Sociales que son transversales para toda la ciudadanía y que están en grave riesgo, como consecuencia de las políticas neoliberales, y de sumisión a la banca, que se vienen efectuado desde los poderes públicos.

Pronto haremos una gran movilización por el Derecho a la Vivienda en España, y en Europa; pronto, unidos los Movimientos sociales, haremos una gran movilización por todos Los Derechos Sociales

¡Sí se puede!

STOP DESAHUCIOS

PorLa PAH

NUEVO ASESINATO A MANOS DEL SISTEMA

Una nueva muerte ante una orden de desahucio pesa sobre la política continuista de las leyes criminales en materia de vivienda del PSOE.

Ayer la sociedad española volvía a convulsionarse frente a la noticia de un nuevo suicidio ante una orden de desahucio. Una mujer de 65 años, del barrio de Chamberí, Madrid, se lanzaba al vacío desde un quinto piso, mientras la comitiva judicial llamaba a la puerta para desahuciarle por no poder hacer frente a la especulación de los precios del alquiler que viven las inquilinas. ¿Cuánto vamos a seguir permitiendo que las personas decidan quitarse la vida ante la desesperación y el horror de verse en la calle sin ninguna alternativa?

Desde la PAH llevamos años denunciando las leyes criminales de este país y poniendo sobre la mesa cambios legislativos para que sucesos como este no se repitan. Cambios como los recogidos en la Ley de Vivienda que está siendo bloqueada de forma sistemática cada martes, por PP y Ciudadanos, para evitar su debate y acaba haciéndose realidad. Exigimos explicaciones y responsabilidad a todos los grupos parlamentarios, que esta situación de bloqueo ya les va bien como están demostrando al no haber trabajado las enmiendas que deberían estar debatiéndose hace un mes. Exigimos explicaciones y responsabilidades al gobierno de Pedro Sánchez, que se llena la boca con titulares de lavado de cara, pero a la práctica lo único que está llevando adelante es una reforma de la Ley Hipotecaria, para seguir protegiendo los intereses de la banca por encima del bienestar de las familias.

Hay que llamar las cosas por su nombre, no son suicidios, son asesinatos a manos de un sistema que solo se preocupa de contar los billetes, sin importarles la vida de las personas, sentado en un ataúd. Ayer fue Alicia, en junio Jordi, no son casos aislados. Por mucho que se esfuercen en silenciar la realidad, esta es que se siguen produciendo 180 desahucios diarios, de los cuales el 80% ya es de alquiler. Un procedimiento mucho más rápido que las ejecuciones hipotecarias, que amplía la angustia, que no suele dar tiempo a que la gente se empodere y que la mayoría suceden en silencio. La causa es la alfombra roja que el PP puso a la especulación y que PSOE no está teniendo ninguna prisa en retirar, bien por falta de interés o por exceso de intereses.

Exigimos que de una vez por todas se apliquen las medidas estructurales para acabar con esta tragedia social.

  • Moratoria indefinida de los desahucios
  • Debate y aprobación urgente de la Ley Vivienda PAH, por ser la única que recoge todos los mecanismos para acabar de una vez por todas con la usura de los bancos y fondos buitre, la especulación de nuestros derechos más fundamentales y ganar una ley que garantice el derecho a la vivienda para todas sin excepción.

Son más que palabras, es una realidad, hay vidas en juego y no podemos permitir que se acabe con ninguna más

Si estás de acuerdo con todo lo expuesto busca tu concentración más cercana y alza la voz

#LaLeyEspañolaMata

PorLa PAH

A LOS RESPONSABLES FEDERALES DE VIVIENDA, ECONOMÍA Y JUSTICIA DEL P.S.O.E.

Gobierne quien gobierne la vivienda se defiende

Desde la PAH, nos dirigimos a las personas responsables de Vivienda, Economía y Justicia del PSOE, ante la situación de emergencia habitacional que sufre este país, y la falta de respuestas positivas por parte del Gobierno, en las siguientes materias:

1ª Economía.- Se está tramitando actualmente en el Congreso, la ley de crédito inmobiliario, heredada del Gobierno anterior, y elaborada por el banquero De Guindos. Este hecho, imbuye al proyecto de ley la impronta del banquero, que, en contra de la reiterada jurisprudencia del TJUE, pretende dar cobertura legal a cláusulas abusivas, bajo pretexto de consentimiento, como las suelo, en lugar de prohibirlas, establecer una cuantía fija de intereses de demora para impedir la anulación de esas cláusulas…etc. Vuelve a ignorar el contenido y efecto disuasorio de la Directiva 93/13/CE, cuya mala trasposición a la legislación española, permite que, incluso 24 años después de su publicación, se pueda condenar a España por su incumplimiento, como en el caso de las cláusulas suelo en enero de 2017. Impide que la responsabilidad se limite al bien hipotecado, y niega la dación en pago como solución a una situación sobrevenida que impida al deudor hacer frente a sus compromisos, con lo que, de nuevo santifica el que el banco, que sin duda habrá recuperado vía titulización, la totalidad de la deuda, se quede con la casa, y el deudor endeudado por el resto del préstamo, más intereses, intereses de demora, costas…

Además, blanquea la abusiva cláusula de vencimiento anticipado, moderando el número de cuotas impagadas para que el banco pueda iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria (declarado ilegal por el TJUE), y por si fuera poco, en su disposición transitoria primera establece la retroactividad, (a diferencia de lo aprobado por el Gobierno en relación al IAJD), de la citada e ilegal moderación, de forma que, a nuestro entender, y a pesar de las declaraciones de la ministra Calviño, podrían activarse cientos de miles de nuevos desahucios al aplicarse los nuevos vencimientos a todos los contratos firmados hasta ahora, y al reactivarse miles de procedimientos judiciales actualmente suspendidos. Impone también la vinculación obligatoria a esta ley para cualquier novación o subrogación del préstamo, otorgando a la banca la posibilidad de blanquear todas las Clausulas Abusivas que contenga el contrato,  en lugar de permitir acogerse a las condiciones más beneficiosas para el consumidor. Esta ley, de aprobarse en sus actuales términos, perjudica gravemente a la Ley de Vivienda de la PAH en materia de protección al deudor hipotecario, ya que sus contenidos están incluidos en esta.

Supone en definitiva, un nuevo acto de superprotección a la banca, tras la sentencia del TS y el espejismo de la transferencia de la obligación futura del pago IAJD, que les libera de la retroactividad que sí se impone con la ley De Guindos.

En consecuencia, pedimos al PSOE: Que reconsidere su actitud frente a esta ley, y acepte las enmiendas que limitan la responsabilidad al bien hipotecado, establecen como solución normal la dación en pago, y protegen al deudor de buena fe, en consonancia con la directiva  93/13/CE, y la jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas y sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria, así como que se elimine la retroactividad de la ley, salvo que sea condición más beneficiosa para el consumidor. Desde finales de septiembre, seguimos esperando respuesta a una solicitud de entrevista remitida al Ministerio de Economía para tratar estos temas.

2ª Vivienda.- Tras más de 33.000 desahucios en el primer semestre de este año, la burbuja galopante de los precios de alquiler, la subida de los de compra, cada vez más cerca de los incrementos de la época de la burbuja financiero/hipotecaria, el acaparamiento sistemático de centenares de miles de viviendas por fondos buitre y socimis, unido a la carencia casi absoluta de Parque Público de Vivienda, aunque se han anunciado varias, no se ha adoptado medida alguna capaz, al menos de paliar esta situación de evidente emergencia habitacional, y podríamos acabar el año con cifras de desahucios similares a las de los peores de la crisis.

Urge la aplicación inmediata de los acuerdos en materia de Vivienda, contenidos en el acuerdo para los PGE, que aunque insuficientes, pueden paliar, sobre todo en materia de alquileres, la burbuja especulativa que se sufre. Para la puesta en práctica de los mismos, no se precisa aprobar dichos PGE, se debiera hacer urgentemente por decreto. Urgen también medidas para movilizar al mercado, viviendas que actualmente están vacías (3,4 según el último censo del INE), es imprescindible definir legalmente el concepto de vivienda deshabitada o de gran tenedor de vivienda, para poder abordar medidas en esa dirección, para evitar la especulación. Las sentencias del TC sobre las leyes de vivienda de Andalucía, C. Valenciana ,Euskadi y Navarra, dejan claro que se puede establecer un canon contra las viviendas injustificadamente deshabitadas además de que se debe estudiar una reforma fiscal que las grave, y ello, a pesar de las competencias autonómicas en materia de vivienda, ya que el artículo 47 de la Constitución, establece como un Derecho Universal de la ciudadanía el acceso a la Vivienda, y además, mandata a las Administraciones Públicas a combatir la especulación. Tampoco se conoce plan alguno para ir generando el imprescindible Parque Público de Vivienda, para que el derecho de acceso a la misma no dependa, como ahora, de forma exclusiva del nivel de renta.Hace falta adoptar medidas urgentes  para disponerde las viviendas de quienes ahora las tienen, algunas provenientes de ayudas públicas y en manos de bancos rescatados, especialmente de Bankia.

Tampoco se nos han facilitado las enmiendas a la Ley de Vivienda PAH, lo que nos impide conocer cuál es la posición real del PSOE al respecto, y sobre Vivienda en general, aunque lo visto hasta ahora en la ley de crédito inmobiliario nos da muy mala espina, y nos inclina a pensar que, otra vez van a prevalecer los intereses de la banca sobre los de las personas, lo cual no tiene nada de socialista ni de progresista.

Aunque mantuvimos una entrevista con el ministro Ábalos en septiembre, y una más con la Secretaria General de Vivienda, y tenemos prevista otra, como ya hemos dicho, no vemos avances.

  1. Justicia.- Desde que en julio de 2017, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitiera un dictamen por el que condenaba a España por vulnerar el Derecho a la Vivienda, ninguno de los gobiernos habidos en España, ha hecho nada para cumplir las recomendaciones contenidas en el mismo. Además, cerca de 70 familias afectadas, han solicitado amparo al Comité, que ha pedido a España medidas cautelares concretas de suspensión temporal de desahucios. Estas peticiones, son remitidas por el Comité al solicitante, y a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, que, no tenemos constancia alguna de que los remita a ningún órgano judicial. Esto supone una clara violación de, al menos 3 artículos de la Constitución: el 96, sobre Tratados Internacionales, el 9.3 sobre el principio de legalidad, y el 10.2 sobre Derechos Fundamentales y Tratados Internacionales, igualmente supone una vulneración de la ley 25/2014 sobre Tratados Internacionales. También la sentencia 1263/2018 del Tribunal Supremo, nos recuerda la obligación de cumplir los dictámenes y recomendaciones emanados de Organismos Internacionales de Derechos Humanos y pactos suscritos por España, como el PIDESC.

 

Esta injustificable pasividad del Ministerio de Justicia, provoca además más desigualdades, ya que, hay jueces que las tienen en cuenta, y otros que las ignoran. Es urgente que el Ministerio de Justicia resuelva esta situación, para cumplir con los Derechos Humanos, los compromisos internacionales voluntariamente suscritos por España, y la Constitución, tan invocada para otras cosas mucho más superfluas para la vida de las personas.

Para tratar este tema, solicitamos también una entrevista al ministerio, el mismo día que a Economía, con el mismo resultado: Seguimos esperando.

Mientras, los juzgados Españoles se encuentran ya saturados por pleitos sobre Clausulas Abusivas que en el 98% de los casos son favorables a los clientes. Siendo así, resulta indecente que, despues de la Sentencia del TJUE sobre Clausula Suelo, aun no hayan recuperado su dinero casi la mitad de las afectadas, con lo que a los bancos les salen rentables en España los abusos cometidos y la utilizacion fraudulenta de la Justicia para retrasar lo mas posible las devoluciones, sin los intereses de demora que ellos mismos imponen a las afectadas si se retrasan minimamente.

Los 3 ámbitos expuestos, reflejan la pasividad del Gobierno en relación al Derecho a la Vivienda, sobre el que ha habido muchas declaraciones y ninguna actuación concreta, y en el que la situación de emergencia descrita en el primer párrafo del apartado de Vivienda, tendría que provocar actuaciones decididas y urgentes para poner freno a este caos especulativo, sin embargo, como hemos descrito, todo apunta a pasividad y connivencia con la banca. El PSOE está desperdiciando una oportunidad histórica para hacer justicia social, tras un rescate bancario de más de 60.000 millones sin contraprestaciones.

En España, los Derechos en materia hipotecaria o de defensa de los consumidores habidos en los últimos años, no han venido como consecuencia de cambios legislativos impulsados desde la política, sino como consecuencia de sentencias del TJUE, impulsadas en muchos casos por la lucha de la PAH. Esto genera más desigualdades, ya que, los derechos disponibles para ejercer la defensa de un deudor hipotecario, dependen de las sentencias producidas hasta ese momento, y derechos que entonces se te han negado, han sido reconocidos meses después por otra sentencia. Es por tanto imprescindible una legislación que recoja lo más avanzado para que no tenga que ser siempre el TJUE quien imparta justicia en España

Desde la PAH, estamos abiertas al diálogo, y así lo hemos demostrado, pidiendo reuniones y efectuando propuestas. Pero también exigimos medidas, algunas de las cuales se pueden aplicar ya, y sin embargo nada se mueve por la otra parte.

Estamos tan abiertas al diálogo, como dispuestas a la lucha. Acostumbradas a presionar a los bancos para conseguir paralizar desahucios, defender a las familias con daciones, recursos jurídicos, condonaciones de deudas, negociar alquileres sociales o a interponernos pacíficamente para tratar de impedir la injusticia de los desahucios. Así que, si no se deciden y aplican cambios reales, palpables y significativos, pues haremos lo que mejor sabemos hacer y mejores resultados reporta a las personas

#PSOEblanqueaLaBanca

PorLa PAH

DÉCLARATION DE SOLIDARITÉ AVEC MARSEILLE / SOLIDARITY STATMENT WHIT MARSEILLE / COMUNICADO SOLIDARIDAD CON MARSELLA

Las terribles noticias del colapso de dos edificios en Marsella esta semana nos con-mueven a seguir en la lucha por la vivienda digna. Nuestra solidaridad para las familias y víctimas de esta tragedia.

Nos unimos a la exigencia que muchos movimientos por la Defensa del derecho a una vivienda digna han hecho de que las familias afectadas sean realojadas de manera inmediata en espacios seguros y habitables.

Lo que deja claro este lamentable hecho es la falta de atención y mantenimiento de la vivienda pública  que provoca no sólo situaciones de inseguridad a lo largo de Europa sino también tragedias fatales. Hace poco más de un año se incendia un edificio en Londres (Grenfell tower) donde 72 personas perdieron la vida. Esta semana en Marsella 8 personas fueron rescatadas de entre los escombros sin vida. A pesar de múltiples llamadas de atención al gobierno local se han ignorado una y otra vez las condiciones de inhabitabilidad y abandono en las que se encontraban las viviendas de la calle d’Aubagne.

La vivienda es un derecho y nunca puede convertirse en un espacio de inminente peligro. Como en Francia, en España son necesarias políticas para afrontar la emergencia habitacional en que estamos inmersos, hace falta de forma urgente que se apruebe nuestra  ley de vivienda PAH!!!

Nuestra solidaridad con Marsella, nuestra solidaridad con todas las victimas de políticas nefastas e injustas de vivienda. No esperemos a que tragedias como las de Londres o Marsella se conviertan en el momento de acción, hay mucho que podemos hacer ahora. Sabemos que Si Se Puede y tenemos propuestas concretas para hacerlo.

FRANCES

Les terribles nouvelles de l’effondrement de deux bâtiments à Marseille cette semaine nous incite à continuer de lutter pour un logement décent. Notre solidarité pour les familles et les victimes de cette tragédie.

Nous nous ajoutons à la demande selon laquelle de nombreux mouvements de défense du droit à un logement digne ont immédiatement fait posible reloger les familles touchées dans des espaces sûrs et habitables.

Ce qui reste claire après ce faite regrettable, c’est le manque d’attention et de maintenance des logements sociaux qui engendre non seulement des situations d’insécurité dans toute l’Europe, mais aussi des tragédies fatales. Il y a un peu plus d’un an, un bâtiment à Londres a brûlé (tour Grenfell) où 72 personnes ont perdu la vie. Cette semaine à Marseille, 8 personnes ont été récupérées des débris sans vie. Malgré de multiples appels à l’attention du gouvernement local, les conditions d’inhabitabilité et d’abandon dans lesquelles étaient situés les logements de la rue d’Aubagne ont été ignorées encore et encore.

Le logement est un droit et ne peut jamais devenir un espace de danger imminent. Comme en France, en Espagne, il est nécessaire d’adopter politiques pour affronter la situación de urgence de logement, il faut que on approuve notre loi sur le logement PAH !!!

Notre solidarité avec Marseille, notre solidarité avec toutes les victimes de politiques de logement néfastes et injustes. N’attendez pas que des tragédies comme celles de Londres ou de Marseille deviennent le moment d’action, nous avons beaucoup à faire maintenant. Nous savons que Si Se Puede et nous avons des propositions concrètes pour le faire.

INGLES

The terrible news of the collapse of two buildings in Marseille this week motivates us to continue fighting for decent housing. Our solidarity for families and victims of this tragedy.

We join the demand that many movements for the defense of the right to decent housing have made affected families immediately rehoused in safe and habitable spaces.

What makes this unfortunate fact clear is the lack of attention and maintenance of public housing that causes not only situations of insecurity throughout Europe but also fatal tragedies. A little over a year ago a building in London burned down (Grenfell tower) where 72 people lost their lives. This week in Marseille 8 people were rescued from the debris without life. Despite multiple calls for attention to the local government, the conditions of uninhabitability and abandonment in which the dwellings on Rue d’Aubagne were located have been ignored again and again.

Housing is a right and can never become a space of imminent danger. As in France, in Spain policies are necessary to face the housing emergency in which we are immersed, we urgently need to approve our PAH housing law !!!

Our solidarity with Marseille, our solidarity with all the victims of nefarious and unjust housing policies. Do not wait for tragedies like those in London or Marseille to become the moment of action, there is much we can do now. We know that Yes We Can  and we have concrete proposals to do it.

PorLa PAH

Sin Justicia no hay Derechos

En España, la Vivienda es un mero bien de consumo, al que se accede sólo en función de la renta, ya que el parque público no alcanza ni el 2%. Además, la cultura preponderante impuesta por los poderes públicos ha sido la de la compra, por lo que millones de ciudadanos tuvimos que firmar una hipoteca con un banco para poder comprar nuestras casas.

Esas hipotecas siempre han estado llenas de diferentes estafas: cláusulas suelo, intereses de demora, IRPH, imposición a los avalistas de la renuncia a sus derechos, cesión y titulización de créditos, vencimiento anticipado… etc. etc. etc. Estafas que desconocíamos, entre otras cosas porque la Directiva 93/13/CE no ha sido aún e traspuesta a nuestra legislación. Fue aprobada en el último mandato de Felipe González, pero ni bajo su gobierno, ni los de Aznar, ni los de Zapatero ni los de Rajoy se ha llegado a hacer. La última condena a España en relación con esta directiva fue en enero de 2017 sobre la cláusula de vencimiento anticipado 23 años después de la directiva.

Cuando estalla la inacabada crisis, y se dispara el número de tragedias de los desahucios, es cuando empezamos a ser conscientes de las magnitudes de la estafa y de la sobreprotección que el conjunto de los poderes del Estado han venido prestando a la banca:

Los poderes políticos manteniendo la vigencia de una legislación décimonónica, inconstitucional, ilegal en relación con las normas europeas, además de irracional, desigual entre las partes y, sobre todo, profundamente injusta.

El Poder Judicial, excepto unas pocas y honrosísimas excepciones, aplicando esa legislación de manera rutinaria y acrítica, como en una cadena de montaje de desahucios. Además, utilizando sin escrúpulo alguno el aparato represivo para empujar, arrastras, golpear o multar a vecinos y activistas que tratábamos de impedir esas tremendas injusticias. Esto en lo que a la Justicia de a pie se refiere, porque en sus altas esferas esa súper protección les ha llevado a perder, no sólo la imparcialidad, sino hasta el pudor para, al menos intentar parecerlo:

En 2013 el Supremo dictó sentencia sobre las cláusulas suelo, declarándolas abusivas, pero limitando los efectos de ese abuso a la fecha de su sentencia, o lo que es lo mismo:  Lo ya robado, bien robado está. Tuvo que ser el Tribunal Europeo en 2016 el que le reiterase por enésima vez que las cláusulas abusivas no se moderan, se eliminan.

En 2017, el Supremo sentenció que el IRPH no implicaba falta de transparencia ni abusividad, estamos a la espera de pronunciamiento del TJUE, y todo apunta a que será contrario a esta Suprema Banca que se reúne ahí.

También en 2017, y reas la sentencia europea que declaraba abusiva, y por tanto nula la cláusula de vencimiento anticipado, sentencia que habría anulado cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, es el Supremo el que plantea a Europa una cuestión prejudicial preguntado si, a pesar de ser abusiva la cláusula, se podía continuar el procedimiento, también  preguntaron a Europa si, dado que las cláusulas de intereses de demora eran siempre abusivas, y había que eliminarlas ¿Cómo podrían ser compensados los bancos por las demoras?

Se han producido en nuestro país más de 700.000 desahucios, sin que esto haya provocado a esos jueces la menor alarma social o económica. El Tribunal de Justicia Europeo, ha dictado alrededor de 20 sentencias que han modificado nuestra legislación la misma que ha provocado esos desahucios, sin que ninguna Sala Judicial haya sido convocada de urgencia para revisarla y dictar doctrina modificándola. Quizás estaban demasiado ocupados en defender a los banco.

La Sala de lo Contencioso, que venía dictando sentencias progresistas, se ha visto destruida por los jueces defensores a ultranza de la banca en relación son las sentencias del impuesto de actos jurídicos documentados. En una convocatoria sin precedentes, y bajo criterios económicos, el todavía presidente de la Sala, antiguo empleado de la patronal bancaria, y familia de un despacho jurídico que asesoró a la banca en el caso de las cláusulas suelo Díez-Picazo, aupado al puesto por su presidente Carlos Lesmes, decide suspender recursos y convocar un pleno de sala que acaba como ya sabemos y la banca anhelaba: la vuelta a que el pago del impuesto por los hipotecados.

De forma inmediata, el Presidente Pedro Sánchez, anuncia un decreto-ley para revertir el sentenciazo y que en lo sucesivo sean los bancos quienes lo paguen, impidiendo así que quienes han sido injustamente obligados a pagarlo lo puedan recuperar, salvo sentencia en contra del TJUE claro ¡Qué curioso! ¡Lo mismo que hizo el Supremo con las cláusulas suelo…! ¡Dejen ya de trincar pero llévense lo trincado! Aunque es una acción rápida y coherente la del Gobierno La banca vuelve a ganar…

Sobre los Derechos de los hipotecados, el PSOE, vía ministra Calviño, está bloqueando las enmiendas a la ley de crédito inmobiliario que desde la PAH propusimos a Unidos Podemos en materia de protección de los deudores hipotecarios, tales como la dación en pago, la limitación de la responsabilidad al bien hipotecado, la irrenunciabilidad de los derechos de los avalistas, cesión y titulización del crédito y otras. Sin embargo, desde el Grupo Socialista, apoyado en esto por PP y Cs, se están rechazando tales enmiendas de forma que esos derechos, si no hay un cambio por parte del PSOE, no serán incluidos.

Para que se tenga claro de qué hablamos, debe saberse que el proyecto de ley de crédito inmobiliario, fue elaborado por el banquero De Guindos antes de su marcha al BCE, con su táctica ilegal de moderar cláusulas abusivas, en este caso, de nuevo la de vencimiento anticipado, y de salir aprobada ley en sus términos, se podrían reactivar cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación, devolviéndonos a la situación en que los desahucios por impago de hipoteca vuelvan a superar a los de alquiler. Desde la PAH, tenemos además la percepción de que el PSOE y el Gobierno no son conscientes de los efectos que van a provocar si no aceptan estas enmiendas. El rechazo a las enmiendas, además, provocará daños colaterales en la Ley Vivienda PAH, en concreto las contenidas en el capítulo de medidas de protección a los deudores hipotecarios, puesto que esas medidas, también están incluidas en la de crédito inmobiliario, y será muy difícil después recuperarlos.

Actualmente, la Ley de Vivienda de la PAH está siendo nueva víctima del fraude sistemático de PP y Cs, que van pidiendo prórroga tras prórroga del plazo de enmiendas, impidiendo su normal y rápida tramitación. Para ellos parece más importante el bloqueo en favor de grandes tenedores de vivienda (fondos buitres, bancos y socimis) que frenar los desahucios (más de 33.000 en el primer semestre de este año), o la burbuja de los alquileres o la pobreza energética.

Por todo esto, exigimos al Gobierno que, en aras de adaptar nuestra legislación a los estándares y derechos europeos, tenga muy presente en la Ley de Crédito inmobiliario la directiva 93/13/CE sobre contratos celebrados entre profesionales y consumidores, así como la jurisprudencia del TJUE que rechaza moderar cláusulas abusivas y exige su eliminación, y que atienda a las enmiendas que van ese sentido.

Madrid, 10 de noviembre de 2018

PorLa PAH

Pedro Sánchez se queda corto

En relación con el anuncio hecho por Pedro Sánchez tras la sentencia del Supremo de ayer, sobre el real decreto que piensa aprobar mañana el Gobierno, para que el impuesto de actos jurídicos documentados lo pague la banca en lo sucesivo, desde la PAH consideramos que:

1º Es una medida que intenta salvaguardar la decisión del Supremo, en el sentido de liberar a la banca de la retroactividad y de la obligación de devolver a las familias las cantidades indebidamente pagadas por éstas, estableciendo que en lo sucesivo sean los bancos quienes lo hagan, que ya encontrarán la fórmula de cobrárnoslo.

2º Es una medida insuficiente a la hora de proteger a los deudores hipotecarios. Nos recuerda a aquella otra sentencia del Supremo de 2013, sobre las cláusulas suelo en la que intentaron liberar de la retroactividad a la banca, y que fue corregida por el TJUE en 2016. A los bancos no les costará encontrar la fórmula de cobrárnoslo y lo pagado, pues pagado está.

3º Este país lo que necesita urgentemente es una legislación hipotecaria acorde con los estándares europeos, donde la parte claramente más débil, esté suficientemente protegida. Para lograr esto, Pedro Sánchez tiene la opción a aceptar en la ley de crédito las enmiendas que protegen al deudor hipotecario, como son la dación en pago, la limitación de la responsabilidad al bien hipotecado… Introduciendo también los criterios establecidos en la Directiva 93/13/UE, sobre los contratos entre profesionales y consumidores de forma que se reequilibre la radical desigualdad entre prestamistas y prestatarios, banqueros e hipotecados, protegiendo especialmente a la parte más débil, y no como hasta ahora, en que la sentencia del Supremo es el último ejemplo de la desigualdad existente. Hasta el momento, Pedro Sánchez se está apoyando en PP y Cs para sacar adelante el proyecto del banquero De Guindos, y viene rechazando enmiendas que van en sentido contrario.

4º Pero si como anunció hace tiempo Pedro Sánchez, lo que desea es garantizar el Derecho a la Vivienda, dispone de un instrumento idóneo: La Ley de Vivienda PAH, actualmente en trámite suspendido por el fraude sistemático petición de prórrogas que vienen haciendo PP y Cs, demostrando que la situación de emergencia habitacional que atraviesa el país no les afecta.

Por tanto, desde la PAH, no vemos otro camino que el de seguir luchando, movilizándonos, porque nada ha cambiado, todo presagia que los más de 33.000 desahucios del primer semestre de este año, van a ser ampliamente superados en el segundo. Los precios de los alquileres no dejan de subir. Las casas vacías siguen vacías sin que nadie haga nada por movilizarlas para ampliar el parque público de vivienda y dar respuesta a la emergencia habitacional.

Por eso la PAH ha convocado y mantiene movilizaciones en todos los territorios para este viernes, y para el próximo sábado ante el Supremo en Madrid.

PorLa PAH

Este lunes 5 de noviembre, la PAH inicia nuevas movilizaciones para que la banca pague por todas las cláusulas abusivas frente a los intentos de blanquearlas.

Tanto el Tribunal Supremo, como el Parlamento en la Ley de Créditos Inmobiliarios, han de seguir la jurisprudencia del TJUE a favor de los consumidores y anular los abusos bancarios.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró abusiva la legislación hipotecaria española, mandatando que las cláusulas abusivas han de eliminarse del contrato, gracias a lo cual el afectado ha podido reclamar al banco el dinero pagado de más o incluso suspender su ejecución hipotecaria en los tribunales, abriendo nueva jurisprudencia. Dentro de dicha vía judicial, la sentencia 1505/2018 de la sala especializada en tributos del Tribunal Supremo indica que es el banco quien debe pagar el impuesto por escriturar el préstamo, ya que precisamente eso le permite ejecutar la vivienda si se impaga alguna cuota. Otra punta de lanza para reclamar a quienes no han dudado en ejecutar hasta la casa de los avalistas.

Desde la PAH denunciamos que, en lugar de hacer justicia planteándose lo terrible de que 700.000 desahucios se hayan ejecutado a través de un procedimiento abusivo por no haber transpuesto la directiva europea de protección al consumidor, los poderes del Estado sólo se estén revolviendo por la repercusión en la cuenta de beneficios de la banca, lo que intentan paliar con 2 vías de blanqueo:

1) Presionando al Tribunal Supremo para que blanquee el alcance de la sentencia, que como cláusula viciada de origen debe ser retroactiva total.

2) Legalizando los abusos bancarios en la Ley de Créditos Inmobiliarios, diseñada por De Guindos y que ni PSOE ni Cs están enmendando para eliminar de raíz las cláusulas abusivas, entre ellas la responsabilidad ilimitada, la cantidad de intereses o la cesión a fondos buitres. Especialmente relevante es el blanqueamiento retroactivo del “vencimiento anticipado” cuando el TJUE aún está pendiente de pronunciarse, lo que supondría una nueva ola de ejecuciones hipotecarias y desahucios.

Ante esta estrategia de los poderes fácticos frente a la vía de la Ley Vivienda PAH, la PAH se pone en pie, no sólo para que los tribunales sean firmes ante los abusos bancarios, también para que el Parlamento y el Gobierno no permitan un abuso más, modificando la Ley de Créditos Inmobiliarios a favor del consumidor y aprobando las medidas contenidas en la Ley Vivienda PAH, como la dación en pago retroactiva.

Este lunes 5 de noviembre es un pistoletazo de salida para acabar con las cláusulas abusivas, interpelando a los poderes públicos para que legislen a favor del derecho a la vivienda frente a la especulación financiera.

MANIFIESTO

Ante la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto hipotecario, la PAH manifiesta:

  • PRIMERA, QUE LOS GASTOS DE HIPOTECA LOS HAN DE PAGAR LOS BANCOS.

La razón es que los Bancos nos imponen la escritura hipotecaria a las personas consumidoras con el objetivo de, si no se pagan las cuotas hipotecarias, poder ejercer la garantía: es decir, iniciar un procedimiento judicial que puede acabar quedándose con nuestra vivienda. Por tanto, es absurdo que los gastos que ocasiona la escritura hipotecaria sean pagados por las personas afectadas, puesto que somos nosotras, las personas quienes estamos perjudicadas. Sólo el banco tiene interés en ello, como se deduce del art 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y recoge la sentencia 1505/2018 de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, relativa al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados

  • SEGUNDA, EL MANTENIMIENTO DE LA SENTENCIA 1505/2018 Y EL RESPETO AL TJUE.

Nunca se ha convocado un Pleno de una Sala del Tribunal Supremo tras una sentencia. Nos encontramos ante una actuación sin precedentes: el Presidente de la Sala, al día siguiente de conocerse la Sentencia, ante “su enorme repercusión económica y social”, acordó, “con carácter urgente”, “dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recurso de casación pendientes con un objeto similar”, y “avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado”.

Esto, en su caso, debería haberse realizado antes de la sentencia, por ello la utilización indebida de las facultades legales del Tribunal Supremo, ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable, ya que parece que toda esta maniobra sólo tiene un objetivo: empequeñecer al máximo las repercusiones de la sentencia en la Banca.

A la PAH y a las organizaciones que apoyan esta concentración nos parece indigno que el Poder Judicial sea sensibles precisamente cuando se toca un euro de la banca, pero nunca, nunca, haya movido ni un solo dedo, cuando la ciudadanía ha sufrido lo indecible durante los años de la llamada crisis:

A) Especialmente los 700.000 desahucios el amparo de una legislación que nos ha dejado muchas veces en una situación de indefensión, una legislación en muchos aspectos preconstitucional, e ilegal por contener infinidad de cláusulas abusivas. Ante ellas, no hemos tenido conocimiento de ninguna reunión de la Sala Judicial que estudiase las repercusiones sociales ni pudiera en duda la validez de dicha legislación; ha tenido que ser el TJUE quien, sistemáticamente, la ha refutado y modificado.

B) También hemos de recordar otras prácticas bancarias abusivas, como las preferentes o las clausulas suelo. No es la primera vez que desde el Tribunal Supremo emanan sentencias o acuerdos que, después tienen que ser rectificadas por el TJUE, para proteger lo que en España se había desprotegido (por cierto, siempre a la parte más débil) o actuando deliberadamente contra la jurisprudencia del Tribunal Europeo, intentando moderar cláusulas abusivas, para permitir así una parte del abuso. Recuérdese la sentencia de la Sala de lo Civil nº 241/2013 de 9 de mayo, sobre las cláusulas suelo, limitando la restitución de lo indebidamente cobrado por la banca a la fecha de la sentencia. Teniendo que ser el TJUE en sentencia de diciembre de 2016 el que restituyera el daño provocado por el Tribunal Supremo, al ratificar por enésima vez que no se pueden moderar las cláusulas abusivas, que hay que tenerlas por No puestas. Todo ello, sin olvidar las cuestiones prejudiciales en relación con las cláusulas de vencimiento anticipado y la de intereses de demora.

Rechazamos la total falta de sensibilidad hacia los intereses de la ciudadanía y que las decisiones del TS no estén motivadas por argumentos jurídicos que las justifiquen, sino por razones económicas y sociales cuando afectan a los poderosos, como ahora, que parece que responde a presiones de la banca. Y si eso es así, denunciamos alto y claro se rompe no solo uno de los principios de la democracia, como es la independencia de la justicia, sino también que el poder judicial está sometido y al servicio del poder fáctico que constituye la banca. Esto significaría una apuesta por la ruptura del sistema democrático, y esta concentración viene aquí, hoy, a manifestar que no lo tolerará: porque la justicia y las leyes han de estar al servicio de una sociedad democrática.

Por estas razones, la PAH y las Organizaciones que le dan apoyo (y que ahora pasaremos a leer) exige al Pleno de la Sala que no haga otra cosa que ratificar la sentencia 1505/2018, confirmando la obligación por parte de los bancos al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, declarando abusiva la cláusula que impone al cliente el pago de la misma y admitiendo la retroactividad desde el origen por la anulación de esta cláusula abusiva.

Finalmente hemos de comunicar que no sólo nos preocupa el Pleno del Tribunal Supremo. Este problema de hoy no es más que la punta del iceberg. Actualmente Se está tramitando en el Congreso de los Diputados la ley de crédito inmobiliario, elaborada por el ex ministro y banquero De Guindos, y que, entre otras cláusulas abusivas, mantiene la figura del “Vencimiento Anticipado”, puenteando con todo descaro al TJUE, que está pendiente de una pronta resolución que puede declarar con bastantes indicios que el Vencimiento Anticipado es también una importante cláusula abusiva.

Desde la PAH interpelamos al PSOE para que no ratifique las propuestas del PP en esta materia y garantice todas las medidas propuestas en defensa de los deudores hipotecarios, advirtiendo que, si no se modifica el texto actualmente defendido por Cs, PP y PSOE, podrían reactivarse miles de procedimientos de ejecución hipotecaria actualmente suspendidos en la mayor parte de las Audiencias Provinciales, con el consiguiente aumento de los desahucios y sufrimiento para miles de familias.

¡POR ESO, ESTA ACCIÓN VA A SER EL PISTOLETAZO DE SALIDA PARA NUEVAS MOVILIZACIONES SI SE SIGUE LEGISLANDO EN NUESTRA CONTRA EN MATERIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS!!

POR QUE LOS BANCOS, PAGUEN LOS GASTOS DE LAS HIPOTECAS!!

POR EL DERECHO A LA VIVIENDA!!

PorLa PAH

¡Hemos vuelto a hacer posible el imposible: recuperamos la 24/2015 para parar desahucios y ampliar el parque de alquiler social!

Las medidas clave de vivienda impugnadas de la Ley 24/2015 volverán a ser vigentes en Cataluña

Martes 30 de octubre de 2018

Hoy martes 30 de octubre, el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado firman el acuerdo para retirar el recurso de inconstitucionalidad contra parte de los artículos impugnados de la Ley 24/2015. Este importante hito que anunciamos, ha sido posible gracias a las familias que cada día están a pie de calle parando desahucios, a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas se tienen que cambiar, a las que ya no están pero recordamos cuando nos dan fuerza para seguir batallando, a las 150.000 personas que firmaron para parar los desahucios en Cataluña y a todas las entidades que nos han apoyado en el camino de hacer posible el imposible. 

Por fin podemos decir con orgullo que hemos recuperado la parte de vivienda de la Ley contra los desahucios y la pobreza energética que el PP, obedeciendo a la banca, impugnó en mayo del 2016. Después de recoger 150.000 firmas con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en 2015 y conseguir que el Parlamento de Cataluña lo aprobara por unanimidad, el Partido Popular puso un recurso a la ley que paraba los desahucios y daba herramientas para ampliar el parque de vivienda social a los municipios.

Sabemos que la banca daba por sentenciada y enterrada la Ley. Pero la esperanza y la solidaridad han ganado de nuevo la partida. La fuerza que hizo posible su aprobación, con un apoyo social agobiante y por unanimidad en el Parlamento y la defensa incansable en la calle que salvó la parte de pobreza energética del recurso del PP, ha funcionado de nuevo y ha posibilitado contra todo pronóstico recuperarla después de la caída del PP del Gobierno del Estado.

Después de luchar contra el ignominioso recurso del PP, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 exigimos valentía y coherencia a los nuevos gobiernos de la Generalitat de Cataluña y del Estado para recuperar una herramienta que funcionaba y daba soluciones a miles de familias en Cataluña. Lo hicimos desde la urgencia que pide parar de una vez por todas la emergencia habitacional: la situación ingobernable de desahucios ejecutados en Cataluña – 61 desahucios diarios liderando el ranking de la vergüenza -, y el colapso de las meses de emergencia con unas 2000 familias en lista de espera. No había excusas para no recuperar la ley y garantizar el derecho a la vivienda. Desde julio hemos estado trabajando para recuperar la ley más garantista en materia de vivienda: hubiera tenido que ser mucho más sencillo, al tratarse de un compromiso que asumió el PSOE cuando fue impugnada y al haber sido aprobada por unanimidad al Parlamento. Pero ha sido la esperanza y la solidaridad quien ha ganado el pulso a los especuladores que viven de hacer negocio con los derechos fundamentales.

Los efectos concretos sobre la vida de las personas son muy importantes: hacemos público un resumen y en los próximos días difundiremos el detalle de las herramientas que dispondrá la ciudadanía, entidades sociales y Ayuntamientos para defender el derecho a la vivienda y a los suministros básicos:

  1. Después de que el viernes el Consejo de Ministros lo ratifique y comunique al Tribunal Constitucional para que cierre el procedimiento, recuperaremos dos herramientas fundamentales para acabar con los desahucios y aumentar las viviendas de alquiler social: 
  • Oferta de alquiler social obligatorio para garantizar una vivienda en desahucios de hipoteca y de alquiler de grandes propietarios(artículo 5, apartados 1-2-3-4 y 9): para los desahucios en curso y para los nuevos procedimientos, no hacer la oferta de alquiler o no respetar los precios sociales que marca la Ley, comporta multas de 90.000 euros.
  • Cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos y fundes buitre a las administraciones para alquiler social (artículo 7): la Generalitat y los Ayuntamientos pueden usar esta herramienta recuperada. Las listas de espera a las meses de emergencias se tienen que acabar con inmediatez.
  1. Las medidas contra el sobreendeudamientose recuperan con carácter extrajudicial y de mediación entre la banca y las deudoras, porque los dos gobiernos han acordado recuperar los artículos de la Ley 4/2016, que son menos vinculantes y efectivos. La PAH seguirá exigiendo dación en pago y cancelación de deudas a los bancos y en el Congreso con la #LeyViviendaPAH.
  2. Laobligación de realojo por parte de las administraciones y ayudas para los desahucios de pequeños propietarios (artículo 5.6) no fue impugnada y sigue vigente, con la diferencia que ahora tenemos la cesión obligatoria para obtener las viviendas sociales que se necesitan.
  3. Lasmedidas contra la pobreza energética y los corteslas salvamos del recurso y nunca han dejado de estar vigentes (artículo 6): por eso toda familia vulnerable tiene garantizados los suministros básicos de agua, luz y gas. Es imprescindible que se firmen los convenios y que las empresas suministradoras asuman las deudas de las familias vulnerables, a cargo de sus ingentes beneficios.

Hoy podemos decir que hemos conseguido aquello que nos decían que era imposible. A partir de hoy seguiremos atentas para que se cumplan y se apliquen al 100% las leyes sociales nacidas en la calle. Hoy hemos subido definitivamente un escalón en la escalera de la conquista de los derechos sociales, que no bajaremos nunca más.

Ahora más que nunca exigiremos que se cumpla la Ley hasta la última coma. Avisamos a la banca, fondos buitre y eléctricas, que no toleraremos ningún intento más de eludir sus responsabilidades. Estaremos vigilantes y denunciaremos cualquier intento de hacerlo. También velaremos porque las Administraciones públicas apliquen con firmeza todas las medidas para proteger el derecho a la vivienda y a los suministros básicos de toda la población, en especial de las personas más vulnerables. Quien no lo haga nos tendrá delante.

Una vez más hemos demostrado que sí, que se puede. Ahora toca pasar página a los desahucios y a los cortes de suministros en Cataluña, ¡sin excusas! ¡Seguiremos exigiendo todos los cambios que faltan (aumentar el parque público al 15%, modificar la Ley de arrendamientos, etc.) para conseguir recuperar nuestro derecho a la vivienda.

¡Gracias a todas! ¡Nos vemos en las calles y el domingo 11 de noviembre en Barcelona para celebrarlo juntas!