La PAH traslada a Bustinduy sus demandas ante la crisis de la vivienda
Ayer, lunes 13 de abril, mantuvimos una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en un contexto de agravamiento sostenido de la crisis de vivienda en el Estado español.
La reunión no fue un gesto protocolario ni una mera toma de contacto. Fue una interpelación directa al Gobierno del Estado ante un incumplimiento sistemático, reiterado y consciente de sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Porque conviene decirlo con claridad: en el Estado español se siguen ejecutando desahucios de personas y familias vulnerables sin alternativa habitacional, en abierta contradicción con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), su Protocolo Facultativo, los dictámenes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), y los artículos 96.1, 10.2 y 47 de la Constitución.
España acumula ya 13 condenas del CDESC por vulneración del derecho a la vivienda, mientras los juzgados continúan ejecutando lanzamientos sin garantizar realojo, y las administraciones públicas miran hacia otro lado. Incluso se han rechazado medidas cautelares dictadas por organismos internacionales, cuestionando su carácter vinculante, en una deriva jurídica que pone en riesgo el propio Estado de Derecho.
Los datos son incontestables: entre 2020 y 2025 se han ejecutado 187.797 desahucios, incluso durante la vigencia de un llamado “escudo social” que ha demostrado ser claramente insuficiente. Un escudo que, recordamos, no nació del cumplimiento de los derechos humanos, sino de la necesidad de gestionar una pandemia. Hoy, tras el rechazo parlamentario a su prórroga, la desprotección es aún mayor. En este contexto, la PAH hemos trasladado al ministro una exigencia clara y urgente: No se puede seguir legislando a base de parches temporales mientras se vulneran derechos fundamentales de forma estructural.
El ministro Pablo Bustinduy planteó que la actual propuesta de medidas no podrá volver a presentarse en los mismos términos tras su rechazo parlamentario. En este sentido, el Ministerio estaría valorando introducir modificaciones, entre ellas limitar el alcance de la medida en función del número de propiedades, de modo que se excluya a los pequeños tenedores y se aplique únicamente a grandes propietarios (más de cinco viviendas), con el objetivo de facilitar el apoyo de grupos parlamentarios como Junts. Estas posibles modificaciones se abordarían una vez se resuelva la votación prevista para finales de este mes para convalidar o no la prorroga obligatoria de 2 años de los alquileres.
Desde la PAH hemos insistido en la necesidad de ir más allá de ajustes parciales y avanzar en medidas de carácter estructural, trasladando la importancia de abrir el debate legislativo, incluso en un contexto de dificultad parlamentaria y planteado como propuesta, que si el Gobierno encuentra obstáculos para impulsar estas reformas desde el Ejecutivo, se promueva al menos una iniciativa desde el grupo parlamentario que permita su tramitación y debate en el Congreso. Considerando que, aunque la aprobación de estas medidas pueda no producirse en una primera fase, resulta imprescindible iniciar el proceso para generar avances futuros.
En resumen, exigimos como urgente y necesario:
- La aprobación inmediata de medidas urgentes y temporales que impidan cualquier desahucio de personas y familias vulnerables sin alternativa habitacional, en cumplimiento del PIDESC y la Constitución.
- El inicio urgente de reformas legislativas estructurales que garanticen de forma permanente el derecho a la vivienda y la plena incorporación de las obligaciones internacionales al ordenamiento jurídico español.
Valoramos que el ministro haya compartido la preocupación por el aumento de los desahucios y la escalada de precios del alquiler. Pero la gravedad de la situación exige algo más que preocupación o coincidencias discursivas, exige decisiones.
En relación con la prórroga de los contratos de alquiler, desde la PAH seguiremos informando, acompañando y animando a que las personas inquilinas la soliciten lo antes posible (guia y documentos) aunque queremos ser igualmente claros: la prórroga de contratos no puede convertirse en el eje central de la política de vivienda mientras miles de familias siguen siendo expulsadas de sus casas. No es suficiente, la emergencia habitacional no se resuelve con medidas parciales ni con relatos complacientes. Se resuelve garantizando derechos.
Hoy, en el Estado español, el derecho a la vivienda sigue siendo papel mojado para miles de familias y no es una anomalía coyuntural, es una decisión política. Por ello la PAH seguiremos organizadas, movilizadas y exigiendo lo que es de sentido común: que ninguna persona sea desahuciada sin alternativa habitacional y que la vivienda sea un derecho accesible para todo el mundo sin que la billetera dictamine quien puede tener un hogar y quien no.