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Porlapah

They will call it what they want but what happened in Cornellá has been a murder

On the morning of June 14, 2018, the press echoed a new life taken by a criminal system promoted by the banking system.
A 45-year-old man has died at the hands of the banking system and the criminal legislation of this country, in terms of housing. He was going to be evicted because he could not pay the rent of his house to Banco Popular. A house recently acquired by the Blackstone vulture fund. This outrageous event, has occurred on the same day that the PAH started a new international campaign against these scavengers.
The victim was facing his second eviction, but today, when a judicial delegation accompanied by agents of the Mossos d’Esquadra was going to evict the family from the house, located on the tenth floor of the block, he has decided to end his life due to his despair.
The family was a registered at the local Social Services and was waiting to receive aid from the Administration that never arrived, that broke their hope. And there are many hopes on the verge of bankruptcy, on the verge of a suicide that is really murder. The greediness of banks that have killed him deprives them of feelings. And now, everyone (social services, banks, justice …) will kick balls out.
From the PAH we demand urgent measures that rescue those hopes and end with so much injustice, with so much suffering with so much death.
In his memory and on the memory of all the people previously killed, to prevent it from happening again, from the PAH we call to concentrate tomorrow at 12 o’clock, in front of the doors of the Banco Popular and later in front of the PSOE headquarters, with some clear demands that we have been raising for years:
Indefinite moratorium on evictions of families in situations of social exclusion and vulnerability.
That the Government of Pedro Sánchez immediately withdraw all resources to the autonomic housing laws pending in the TC.
That the Housing Law of the PAH be processed and approved urgently, the only one that includes all the mechanisms to end once and for all the usury of the banks, the speculation of our most fundamental rights, and achieve that in this country we can say that we have a law that guarantees the right to housing for all without exception.
It’s not a motto, it’s a reality! There are lives at stake and the time has come to put a solution, to avoid further bias.

Porlapah

El Estado privilegia a un usurero frente al Derecho a la Vivienda y la arbitrariedad al Derecho a la resistencia pacífica

Ayer fue juzgada y condenada en Madrid, nuestra comPAHñera Isa de Tetuán, acusada de atentado y lesiones contra la autoridad. La fiscalía pedía 2,5 años de prisión y 4.000€ de indemnizaciones, por unos hechos sucedidos en 2014, cuando en compañía de otras personas, intentaba impedir pacíficamente, como siempre, el desahucio de Humberto, a su vez, víctima del mayor usurero/prestamista de España, con innumerables procesos judiciales abiertos por estafa.

El Estado puso su maquinaria judicial y policial para proteger al usurero, y ahora a la fiscalía para castigar a quien osó oponer pacífica resistencia a la ejecución de esta tremenda injusticia. A la pérdida de la propiedad de una casa, totalmente pagada, por una deuda de 4.000€, añade el Estado en lanzamiento ilegal, según Dictamen del Comité DESC de la ONU del pasado 20 de junio. A Isa, varios policías locales se la llevaron aparte, la arrojaron al suelo y contra el suelo la inmovilizaron.

Finalmente, antes del juicio la han intentado coaccionar para que se conformara con la multa e indemnizaciones a los policías a los que, presuntamente agredió mientras la apretaban e inmovilizaban contra el suelo. Isa ha preferido defender su inocencia frente a las falsas acusaciones. El juez sin esperar, ha dictado su sentencia: Isa condenada a 6 meses de cárcel por el supuesto atentado, 6 meses de multa por las presuntas lesiones y 900€ de indemnización a los policías En total alrededor de 5.000€ a una persona en paro y sin ingresos ¡Esta es la justicia española!

Lógicamente esta barbaridad será recurrida.

Desde la PAH queremos expresar nuestra total solidaridad y apoyo a Isa, así como nuestro radical rechazo a una legislación criminal que permite estas situaciones. Es por ello que desde la PAH seguiremos luchando porque pueda aprobarse lo antes posible nuestra Ley de Vivienda, como única posibilidad para impedir estos ataques brutales a los Derechos Humanos.

Porlapah

PAHs DE TODO EL ESTADO REIVINDICAN LA DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA

Hoy miércoles 15 de noviembre señalizamos a la banda en municipios de todo el Estado para poner rostro a las vidas en juego que necesitan urgentemente la legislación de la dación en pago retroactiva mediante el registro y pase a trámite de nuestra propuesta de ley estatal conocida como la Ley Vivienda PAH.

En 2007 el movimiento V de Vivienda, la ciudadanía organizada, alertó de que existía una burbuja inmobiliaria producida por la connivencia entre los gobiernos y la banca. Los gobiernos, desregularon los precios del alquiler provocando que alquilar fuera una opción cara e inestable y obviaron políticas públicas para garantizar un futuro parque público de vivienda. Como consecuencia, incentivaron que la única vía de acceso a la vivienda fuera el endeudamiento hipotecario de las familias. Los bancos, aprovecharon la situación y concedieron hipotecas de alto riesgo llenas de cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado, según la cual el banco puede exigirte toda la deuda hipotecaria tras tres impagos de cuotas, estafa que ha sido causa del 90% de las ejecuciones hipotecarias.

Hasta ahora la ciudadanía ha prevenido el desastre antes de que ocurriera, organizándonos en la PAH para combatirlo mientras las Administraciones Públicas miraban hacia otro lado. Y desde el principio fuimos propositivas, poniendo sobre la mesa la dación en pago, como mecanismo que posibilitará eliminar toda la deuda hipotecaria a cambio de la entrega del bien hipotecado, la práctica más común en el resto de la Unión Europea. Y exigimos que sea retroactiva, para que se aplique a todas las familias que habían pasado por una ejecución hipotecaria, y que, tras perder su vivienda, mantienen de por vida una deuda impagable que les condena a vivir en la economía sumergida. Con este ánimo presentamos en 2013 una ILP que recogió un millón y medio de firmas, que contenía tres demandas: dación en pago retroactiva, alquiler social y moratoria de los desahucios.

Entonces el gobierno del PP bloqueó la voz de las familias, y en lugar de legislar los mecanismos que proponíamos, rescataron a la banca con dinero público de todas nosotras. Para tratar de maquillar su actuación criminal sacaron el Código de Buenas Prácticas, una reforma simbólica que prometieron que solventaría la emergencia habitacional, pero que a día de hoy sólo ha solucionado la situación del 0.5% de las familias afectadas. Desde 2008 hasta hoy, y frente a la impasividad del gobierno, 700.000 familias han pasado por procesos de ejecución hipotecaria según datos del Consejo General del Poder Judicial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal la ley hipotecaria española por vulnerar los Derechos Humanos en 8 sentencias.  Estas sentencias nos dan la razón. Y nos la da también el Dictamen de las Naciones Unidas que establece un plazo para aplicar medidas para resolver la situación de emergencia habitacional que se vive en España. Plazo que acaba el 5 de diciembre de 2017, sin que el gobierno recoja nuestras demandas.

El PP incluso ha recurrido en el Tribunal Constitucional las leyes autonómicas de Cataluña, Valencia y Murcia que impulsaron la PAH, aunque en Murcia se consiguió levantar el recurso. Acciones que muestran que el PP está del lado de la banca, tratando de impedir cualquier propuesta que trate a los bancos como responsables del problema habitacional que han generado. De hecho, recientemente el PP madrileño junto a Ciudadanos vetaba en la Asamblea Regional de Madrid una ILP autonómica que contenía demandas para garantizar el Derecho a la Vivienda.

Hay que recordar también que Ciudadanos y PSOE, que todavía no se han posicionado favor de la dación en pago retroactiva, llevaron la semana pasada una Propuesta No de Ley al Congreso sobre medidas contra el sobreendeudamiento. Y al ser “no de ley”, implican que no tendrán ningún cambio legislativo. No tiene ningún sentido que mientras las familias afectadas ponen soluciones que cambiarían las leyes, los grupos parlamentarios se dediquen a hacer declaraciones de intenciones que ni siquiera nombran a la dación en pago retroactiva.

Nosotras tenemos claras cuales deberían ser estas medidas, recogidas en el texto de la Ley de Vivienda de la PAH. Un texto de ley que presentamos a todos los grupos parlamentarios del Congreso y que detalla la necesidad de legislar la dación en pago, que se limite la responsabilidad del deudor hipotecario a la vivienda, la inembargabilidad a los avalistas y el análisis de oficio de las cláusulas abusivas. De hecho, estamos muy impacientes de escuchar por fin que el PSOE apoya la dación en pago retroactiva, ya que es el único grupo parlamentario del Congreso que todavía no se ha posicionado sobre la Ley Vivienda PAH.

El 90% de la población avala nuestras demandas. Son demandas que surgen de las voces de las mismas familias que han sufrido los desmanes de la banca. Para que en el Congreso se debatan las propuestas de quienes viven en su piel y combaten con su cuerpo la realidad de la crisis habitacional. Demandas para rescatar a las personas, no a los bancos. Legislar la dación en pago retroactiva es sólo cuestión de voluntad política. Pasemos de una ley criminal a una ley de justicia.

¡Sí Se Puede!

#DaciónEnPago

Porlapah

Las PAHs valencianas rechazan el recurso de inconstitucionalidad del PP, que impide avanzar en el derecho a la vivienda y suministros.

La decisión del Partido Popular de presentar recurso de inconstitucionalidad a la Ley 2/2017 por la función social de la vivienda y a la Ley 3/2017 para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) boicotea el derecho de la ciudadanía de la Comunidad Valenciana a una vivienda asequible, digna y adecuada, y a los suministros básicos.

Poco importa que el derecho a la vivienda esté recogido en la Constitución Española (art. 47), en el Estatuto de Autonomía (art. 19), en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.25) y en el Pacto Internacional de Derechos. Económicos, sociales y Culturales (art. 1 y ss).

Con este recurso se impugna artículos fundamentales de la reciente Ley 2/2017 de vivienda en la C. V. que quedarán en suspenso hasta la sentencia del TC. Se van a anular los artículos que garantizan el derecho a la vivienda en casos de exclusión social, que evitarían desahucios obligando a los bancos a ofrecer alquiler social, que permiten movilizar las viviendas de grandes tenedores mediante el Registro de Viviendas Deshabitadas y las sanciones a las que estén deshabitadas de forma permanente e injustificada. También va a dejarse sin efecto el artículo 23 de Medidas para prevenir y paliar la pobreza energética -referido a la electricidad y gas- que pretendían garantizar el acceso a estos suministros básicos, evitando los cortes por no poder pagar (medida que además se vuelve a plantear también contra artículos importantes de la Ley 1/2017 sobre Pobreza energética).

Las razones de que esta Ley invade competencias estatales son excusas, que ponen de manifiesto la falta de voluntad política del PP para afrontar la emergencia habitacional. Además, la reincidencia de acudir al art. 149.1.13 de la CE, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica supone un obstáculo definitivo para que las CCAA regulen aspectos que le son de su competencia, como la vivienda, una recentralización y “expropiación” de sus competencias vía judicial y no política, como han impuesto en el recurso contra la ley de vivienda en Andalucía.

Y más cuando las medidas adoptadas por el Gobierno no sólo no resuelven los problemas de la mayor parte de la población afectada por los 600.00 desahucios, sino que cada día continúan sin parar tal como evidencias los 35 desahucios diarios en la C.V. según el CGPJ. El clamor ante esta situación en el estado español ha sido recogido recientemente en un Dictamen de las Naciones Unidas que decreta que los desalojos sin alternativa constituyen una violación del Derecho Humano a una Vivienda Adecuada.

Las PAHs del P.V. rechazamos y condenamos la incapacidad demostrada por parte del PP a la hora de afrontar los problemas de esta Comunidad, y su forma de hacer política poniendo “palos en las ruedas” y obstaculizando sin cesar los avances que nos deberían conducir a un estatus cada vez más garantista de los derechos humanos. Exigimos que el PP levante todos los recursos interpuestos en las Comunidades Autónomas y cree un marco estatal adecuado, como plantean
la Ley de Vivienda de la PAH que se va a presentar en este mes en la mesa del Congreso.

Finalmente, las PAHs del País Valenciano evaluarán el próximo día 18 de noviembre en la Coordinadora de Comunidad la trascendencia de este recurso y estudiarán las medidas a adoptar, entre la que se encuentra instar a todos los grupos políticos que han aprobado la redacción de esta Ley a que usen todos los recursos para su defensa y continúen luchando por su legitimidad y posterior reglamentación. Y también al PP que no la apoyó a incluir estas demandas en las leyes de ámbito estatal que no podrán negar que son de su competencia.

Valencia, 5 de noviembre de 2017

Porlapah

PAH Ripollet-Cerdanyola exigen al Ayuntamiento #SoluciónEstheryAntonio

Comunicado de PAH Ripollet-Cerdanyola.

Lanzamos comunicado y vídeo denunciando la incapacidad que tiene el gobierno de Cerdanyola del Vallés (Barcelona) para dar una solución digna y adecuada a Esther y Antonio, desahuciados el día 19 de Junio, sin que hayan obtenido un realojo en una vivienda por parte de la administración local. Es un matrimonio con recursos escasos estando los dos en el paro cobrando subsidio. De ahí, que ninguna agencia inmobiliaria les quiera formalizar un contrato de alquiler. En la actualidad están viviendo en un local de manera indigna e inadecuada.

Exigimos al Gobierno de Cerdanyola y a todo el Consistorio una solución ya.

La Pah no parará hasta que así sea y se cumplan los Derechos Humanos en Materia de Vivienda. No es de recibo que las leyes vigentes sean violadas sistemáticamente excusándose en que no hay un parque de viviendas. En el último censo de la Generalitat dice haber 213 viviendas vacías en Cerdanyola sin que hagan ninguna función social en manos de los Bancos.

La leyes vigentes, 24/2015, la 4/2016, la 18/2007 y la 1/2015 les dan las herramientas suficientes para paliar esta injusticia social. Lo único que hay que tener, es valentía política. De ahí, que seguiremos denunciando públicamente nuestros derechos donde este Gobierno y Consistorio Local de Cerdanyola incumplen día tras día.

¡¡¡Si se puede!!! ¡¡¡Ley Vivienda Pah!!!

 

Porlapah

Bankia, la entidad líder en desahucios sigue dando la espalda a la ciudadanía

La PAH cierra una veintena de oficinas de Bankia en Catalunya, para exigir soluciones tras años de rescates, corrupción y ninguneo a las personas que estafaron

La emergencia habitacional sigue en aumento, las familias afectadas por la vivienda, ya sea por hipoteca, alquiler u empujadas a recuperar una vivienda ante la falta de soluciones por parte de la administración y la banca, siguen llenando cada día las asambleas de la PAH donde se acumulan miles de casos por todo el Estado que siguen sin encontrar respuestas a su situación.

Bankia, la banca que más escándalos de corrupción ha protagonizado, más estafas a la ciudadanía a pertrechado y aun así la entidad que mayor rescate ha recibido con dinero público, por parte de un gobierno más interesado en rescatar los intereses financiero que a las personas, sigue siendo líder en desahucios y líder en evitar cualquier tipo de responsabilidad social, una contraprestación que sería de mínimos y más tras recibir millones de euros, pagados por todas y cada una de nosotras.

Ante esta situación y en defensa de los cientos de casos encallados y de unos derechos humanos básicos, el jueves 19 de octubre, las PAHs de Catalunya dijeron basta y salieron a la calle para exigir soluciones dignas que ofrezcan una segunda oportunidad a las familias a rehacer sus vidas.

Bajo un lluvia torrencial, que no evitó las movilizaciones, fueron una veintena de oficinas, a lo largo y ancho de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, las que recibieron la visita de decenas de PAHs con el objetivo de conseguir alquileres sociales, quitas, daciones en pago y que Bankia ceda parte de sus pisos vacíos para ampliar el parque público de vivienda. Unos pisos que fueron de familias a quienes se les arrebató sus hogares con engaños, estafas y desahucios. Unas demandas de mínimos y de justicia.

¿Cuál fue la respuesta de Bankia? Una rotunda y unánime negativa, con sucursales cerradas para evitar cualquier tipo de negociación. Según los directores de las oficinas, “solo cumplen ordenes de arriba”, lo que se resume en una auténtica declaración de principios que pasa por dar la espalda a sus responsabilidades y a dejar a las familias en la cuneta, desatendidas en la calle y sin ninguna posibilidad de dialogo para poder encontrar una solución a su situación.

Bankia está empeñada en seguir adueñándose de los hogares de las familias, sin ningún tipo de remordimiento al dejarlas en la calle, para su posterior especulación y aumentar su beneficio personal.

Desde la PAH vamos a seguir denunciando a Bankia y movilizándonos hasta conseguir cambiar las tornas. Esto ha sido el primer round de un pulso, que sabemos que organizadas desde abajo, sin rendirnos como siempre hemos hecho y con la razón en la mano, vamos a ganar. Las familias no se merecen este trato, como clientes deben ser atendidas y ya estamos acostumbradas a que nos digan que no, pero si algo sabemos hacer, es hacer posible lo imposible y así vamos a seguir.

Porlapah

LAS PAHs CATALANAS SE MOVILIZAN PARA EXIGIR ALQUILERES A BANKIA

Del rescate bancario tras la estafa de las preferentes y las tarjetas black, hasta el actual autolavado de cara y posible privatización, Bankia sigue velando sólo por sus intereses y dando la espalda a las familias estafadas.

Hoy 19 de octubre la PAH sale de nuevo a la calle para denunciar la mala praxis y exigir soluciones para las familias afectadas por la estafa hipotecaria de Bankia, en una acción a nivel catalán donde, las más de 70 PAHs catalanas, dicen basta y se plantan en oficinas repartidas a lo largo y ancho de las 4 provincias.

Desde principios de la estafa mal llamada crisis, que afectó y sigue afectando a millones de personas por todo el Estado, Bankia ha sido una de las figuras de mayor protagonismo debido a un sinfín de despropósitos, ilegales y antisociales, de sobra conocidos por todas, que han llenado ríos de tinta (corrupción de sus altos cargos, todos vinculados con distintos partidos políticos, evasión fiscal, tarjetas black, preferentes, multidivisas, claúsulas abusivas en las hipotecas, sobretasaciones, es una de las entides que más desahucios ha provocado llegando al 80% de ellos en 2012...) pero aún así han sido rescatados y actualmente se encuentran en fase de expansión. De hecho, actualmente se encuentra en trámites de privatización y su última gran operación, con la que el Estado perderá 14.471 millones de euros tras la fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), que recibieron 24.269 millones de euros en el caso del grupo BFA-Bankia (22.424 millones) y BMN (1.845 millones), de las ayudas públicas otorgadas al sistema financiero desde mayo de 2009. Unos hechos que deberían sorprender a propios y extraños, pero a lo que ya estamos acostumbrados en este país, donde sabemos mejor que nadie como se vive bajo el control de la banca, las entidades financiera y de un Gobierno más ocupado en mirar hacia otro lado (por su propio interés), que en regularizar una ley hipotecaria ilegal legislando propuestas como la actual #LeyViviendaPAH, pensada para garantizar el bienestar y el descanso real ya de la ciudadanía y su derecho a la vivienda.

Desde la PAH llevamos años denunciando las políticas antisociales de Bankia y la carencia de cualquier tipo de contraprestación social que rescate a las familias con el dinero público recibido. A día de hoy, son cientas las familias que siguen siendo desahuciadas impunemente gracias a Bankia, enfrentándose, no solo a la pérdida de su hogar si no también a una vulneración sistemática de su derecho a la vivienda. Además, ¿cómo actúa el banco rescatado con sus miles de pisos vacíos? Los mantiene cerrados, en vez de ofrecer alquileres sociales y darles la función social que necesitan, ampliando con ellos un parque público de vivienda que cubriera la emergencia habitacional que generaron durante la crisis con su gran estafa . Ante la reclama de derechos humanos Bankia sólo conoce un idioma, el de la violencia, como demostraron en las últimas concentraciones de la PAH en Madrid para exigir alquileres sociales.

Por todo esto y viendo la falta de interés en dar soluciones dignas a los afectados y la ausencia de empatía y sensibilidad humana en sus decisiones, las PAHs catalanas nos vemos obligadas a movilizarnos para denunciar públicamente a Bankia y exigir se cumplan nuestras demandas de mínimos:

  • Solución habitacional para los casos de recuperación: “alquileres sociales”.
  • Ceder viviendas a las administraciones públicas para alquiler a las familias en riesgo de exclusión residencial.
  • Interlocutores válidos y reuniones con los afectados en sus localidades.
  • Dación a 0 y alquileres sociales (según ley 24/2015) sin mochilas.

Con la acción de hoy, presionaremos para forzarles a negociar en pro de las familias, aquellas que han pagado con dinero de su bolsillo su rescate bancario y que no permitirán que les sigan robando más. Porque no sólo es cuestión económica, o cuestión de orgullo, sino de unos Derechos Humanos que la PAH no permitirá que sigan pisoteando. Hoy, nos juntamos algunas de las PAHs de Catalunya para exigir lo que es nuestro: el derecho a vivienda digna. La ciudadanía organizada ocupa hoy Bankia y aquí nos quedaremos hasta arrancar soluciones reales para las familias afectadas. Sí se puede y hoy también, seguiremos demostrándolo.

#BankiaResponde

 

Porlapah

COMUNICADO SOBRE LOS DATOS PUBLICADOS DEL CGPJ RESPECTO A LOS DESAHUCIOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

El número de lanzamientos practicados o desahucios en el segundo trimestre del año fue de 16.859, lo que supone un descenso del 8,4 por ciento respecto al mismo trimestre de 2016, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

El 58,6 por ciento de esos lanzamientos, 9.886, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); mientras que otros 6.197 –el 36,8 por ciento- se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 776 restantes obedecieron a otras causas.

Cataluña –con 3.625, el 21,5 del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el trimestre objeto del informe, seguida por Andalucía (2.947), la Comunidad Valenciana (2.287) y Madrid (1.791). Estos cuatro territorios suman el 63,2 por ciento de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, también Cataluña aparece en primer lugar, con 2.342. Le siguen Andalucía (1.377), Madrid (1.344) y la Comunidad Valenciana (1.132). En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 1.426, seguida por la Comunidad Valenciana (1.121) y Cataluña (1.039).

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el segundo trimestre de 2017 fue de 7.689, lo que representa una disminución del 46,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. El informe refleja un descenso interanual en todas las Comunidades Autónomas.

Andalucía es el territorio con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, con 1.864, el 24,2 por ciento del total nacional. Le siguen la Comunidad Valenciana (1.218), Cataluña (1.090), Madrid (756) y la Región de Murcia (645).

No se dan datos de cortes de suministros básicos a familias vulnerables, que no pueden hacer frente al pago de los mismos, pero habrán sido cientos de miles en este período.

Estos datos, unidos a los cientos de miles de procedimientos actualmente suspendidos, a la espera de las sentencias del TJUE, confirman una vez más que el Derecho a la Vivienda en España no pasa de ser un anhelo y una reivindicación de la PAH más que una realidad, y que este Derecho no podrá ser efectivo hasta que no se apruebe la Ley de Vivienda de la PAH, que esperamos presentar en breve en el registro del Congreso con el mayor apoyo posible de los grupos parlamentarios, a quienes responsabilizamos directamente del sufrimiento de miles de familias por el incumplimiento sistemático de este Derecho.

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EL PP SE COMPROMETE PÚBLICAMENTE A APOYAR LA LEY DE VIVIENDA DE LA PAH

Durante los próximos meses la PAH acudiremos al Congreso de los diputados para exigir la firma de compromiso de todos los grupos parlamentarios para que se legisle, lo antes posible, la Ley de Vivienda de la PAH un texto de ley que recoge cinco medidas de mínimos para afrontar la emergencia habitacional.

La primera es la dación en pago retroactiva, que representa un salvavidas para las más de 600.000 familias en procesos hipotecarios que han sido ejecutados por los bancos, perdiendo su hogar y arrastrando una deuda de por vida. La segunda es la necesidad de una moratoria de los desahucios, para que no se repita la oleada de desahucios que la ciudadanía hemos sufrido durante la última década. La tercera incide en el aumento del parque público de vivienda. Hablamos de un parque que, a día de hoy, no supera el 1% en todo el estado español. Una cifra ridícula, incapaz de dar respuesta a la realidad, y que se aleja sobremanera de la media mínima del 15% de parque público existente en el resto de la Unión Europea. La cuarta es garantizar los suministros básicos de agua, luz y gas asegurando un acceso integral y digno a la vivienda.

Y la quinta es garantizar los derechos de las inquilinas mediante una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Durante los últimos años hemos padecido en nuestros municipios unas constantes subidas de los precios y un recorte de la duración en los contratos que aplasta cualquier proyecto y perspectiva de futuro de las familias. Las cifras rondan el 15% de subida de media en las principales ciudades del estado, convirtiendo el alquiler en un problema ya que tampoco puede ser un modo de vida sostenible. Sólo en Barcelona la subida ha llegado a aumentar más del 24% en los últimos tres años. De esta forma, se imposibilita, a las mismas familias que son incapaces de vivir en propiedad, que tampoco lo hagan de alquiler, relegándolas a la incertidumbre y la violación sistemática de sus derechos. Para solventar esta situación, desde la PAH proponemos la creación de un índice de referencia para regular los precios de cara a proteger el Derecho a la Vivienda. Medida que ya existe y funciona eficazmente en municipios de Alemania, Francia y los países escandinavos.

Precisamente, ayer se aprobó en el Congreso una Propuesta No de Ley presentada por el grupo parlamentario Unidos Podemos que seguía la línea de establecer un marco legislativo que protegiera los derechos de las inquilinas. Sobre su propuesta, valoramos en positivo que se proponga dotar a los Ayuntamiento la capacidad de incidir sobre los precios del alquiler, también volver a los 5 años de duración en los contratos y la eliminación de facilidades fiscales para las SOCIMIS, conocidos por ser los fondos de inversión que han protagonizado la compra de vivienda pública. Sin embargo, destacamos la necesidad de que quede recogido en futuras propuestas de ley que nunca más se pueda volver a vender vivienda pública en este Estado , y también de ampliar los contratos de alquiler hasta a 10 años de duración cuando el propietario sea un gran tenedor  de vivienda.

Hay que destacar que, durante el debate parlamentario, el Partido Popular extrajo durante su intervención un flyer de la Ley de Vivienda de la PAH y aseguró ser el único grupo parlamentario que asumía las demandas de la ciudadanía. En las próximas semanas nos reuniremos con todos los grupos parlamentarios para instarles a ratificar su apoyo a nuestras demandas y, visto que el gobierno del PP acaba de realizar una aseveración tan directa, lo coherente, lo que exigimos, ya que ellos nos han dado pie, es que el Partido Popular deje por escrito que facilitará el trámite del texto de ley que la PAH registraremos en el Congreso. Y aún más, sabiendo que el gobierno del PP tiene la capacidad de vetar, durante un mes, cualquier propuesta de ley que se registre en el Congreso, dicho compromiso para con nuestro texto de ley debe incluir la promesa pública de no interponer ningún veto. Un mínimo que ya les trasladamos cuando realizamos una ronda de negociaciones sobre el contenido del texto con todos los grupos parlamentarios el pasado mes de mayo. Sería muy desafortunado que el PP hubiera lanzado semejante afirmación teniendo en cuenta que, recientemente, el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dictaminado que en el estado español se violan sistemáticamente los Derechos Humanos en materia de vivienda. Una vulneración que se traduce en la ejecución de 173 desahucios diarios según datos del Consejo General del Poder Judicial.

La PAH se toma las cosas en serio porque hay vidas en juego. Llevamos tiempo no solo parando desahucios y desobedeciendo leyes injustas, sino proponiendo soluciones. Soluciones que el Partido Popular rechazó y suspendió cuando se legislaron a nivel autonómico. Es por eso que instamos al gobierno, al Partido Popular, que  no solamente escuche o tome un panfleto, sino que aplique las medidas que se proponen en La ley de Vivienda de la PAH, porque son medidas de sentido común que dan soluciones a toda la ciudadanía. Nosotras hablamos de derechos, del Derecho a la Vivienda, del derecho a poder empezar de cero, de poder vivir en nuestras ciudades, de poder abrir un grifo y salga agua. Porque actuamos con la seriedad que implica que cualquier familia, en cualquier pueblo del territorio español, tenga garantizado poder vivir en un hogar dignamente.

#LeyViviendaPAH

Porlapah

Equívocos datos el INE sobre ejecuciones hipotecarias


La PAH considera que los datos sobre ejecuciones hipotecarias hechos públicos hoy por el INE, y que señalan un descenso del 56.8% de estos procedimientos, aun siendo reales son equívocos, dado que pueden aparentar un importante cambio de tendencia. Sin embargo, la realidad es bien distinta, y ese descenso responde exclusivamente a un cambio de táctica por parte de la banca que, está retrasando estas demandas, a la espera del pronunciamiento del TJUE sobre las 2 cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo, en relación con los efectos de la abusividad de las cláusulas de vencimiento anticipado y de intereses de demora abusivos, y ante las dudas sobre su pronunciamiento, las entidades financieras están optando por retrasar las demandas judiciales.
En coherencia con lo afirmado antes, desde la PAH estamos detectando un incremento de los procedimientos ordinarios de reclamación de deudas.

Desde la PAH estamos seguras de que una vez hechos los pronunciamientos del TJUE, el ritmo de las ejecuciones volverá a cifras anteriores, dado que los problemas derivados de la carencia de una legislación adecuada para garantizar el acceso a la vivienda, así como los efectos de la crisis van a seguir impidiendo que las familias empobrecidas del país puedan acceder a una vivienda y pagar las deudas derivadas de una adquisición injusta de la misma.