Porlapah
Nueva oportunidad perdida. La PAH te cuenta en que te afecta la nueva Ley Hipotecaria
El 17 de junio de 2019, entró en vigor la nueva Ley de Crédito Inmobiliario, una ley de maquillaje para las entidades financieras.
Desde la PAH llevamos 10 años denunciando la estafa hipotecaria, denunciando que nuestra ley hipotecaria es absolutamente abusiva e ilegal, como ha corroborado el Tribunal de Justicia Europeo en reiteradas ocasiones. Hoy con la entrada en vigor de una reformada LCI, se pierde una nueva oportunidad de legislar acorde con los estándares europeos.
¿A qué nos enfrentamos? Estas son las novedades:
1. Gastos hipotecarios
Positivo: A partir de ahora los bancos pagarán los gastos de notaria, de gestoría, ni el impuesto de actos jurídicos documentados.
Negativo: Seguiremos pagando los gastos derivados de la tasación.
2. Comisiones
Positivo: Se reducen las comisiones por amortización anticipada y desaparece la comisión por subrogación
Negativo: Se mantiene la comisión de apertura
3. Impagos
Si hasta ahora el banco podía reclamar la totalidad de la deuda vía ejecución hipotecario tras tres impagos, ahora será tras 12 impagos si nos encontramos en la primera mitad de vida del préstamo o tras 15 impagos si estamos en la segunda mitad. El resultado una mayor cantidad de deuda acumulada aumentando la dificultad para ponerse al día.
Una situación que convalida y blanquea la abusividad del Vencimiento Anticipado, una cláusula ya declarada abusiva por el Tribunal Superior Europeo
4. Intereses de demora
Se sitúa en un 3% contradiciendo al Tribunal Supremo que establece un máximo del 2%
5. Plazo de oposición a la ejecución hipotecaria
Se establece un nuevo plazo excepcional para aquellas hipotecas en marcha anteriores a 2013. Las afectadas, que no hayan podido defenderse alegando cláusulas abusivas, contaran con 10 días para alegaciones desde el siguiente a la notificación.
En resumen, nuevo maquillaje a favor de las entidades financiares que no resuelve en absoluto nuestros problemas y vuelve a dejar fuera nuestras principales demandas: la dación en pago retroactiva con extinción total de la deuda, los alquileres sociales, medidas para acabar con los desahucios, la responsabilidad limitada y el control de información de la cesión de crédito.
Todo sigue igual, si la vida te trata mal y no puedes seguir pagando, te quitan tu hogar y te dejan una deuda impagable de por vida. Toda una condena que desde la PAH vamos a seguir denunciando.
Con desobediencia civil pacífica hemos conseguido miles de daciones en pago, alquileres sociales y desahucios evitados, llegando donde no llega el Gobierno. Vamos a seguir movilizándonos y trabajando para cambiar las reglas del juego y lograr una legislación que proteja de una vez por todas a las familias y garantice el derecho a la vivienda para todas.
Porlapah
NUEVO PLAZO DE OPOSICIÓN EN EJECUCIONES HIPOTECARIAS
LA PAH INFORMA
Domingo 16 de junio de 2019
Hoy entra en vigor la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. En esta ley se quiere “camuflar” la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado reconocida por TJUE y que afecta a todos los préstamos hipotecarios. En su disposición transitoria tercera dice que los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados en los que NO se haya interpuesto oposición por cláusulas abusivas, dispondrán nuevamente del plazo señalado en dicho artículo para formular un incidente extraordinario de oposición y que no haya culminado con la puesta en posesión del inmueble por banco o entidad.
EL NUEVO PLAZO será de diez días desde que el juzgado se comunique a las partes ejecutadas la posibilidad de formular incidente extraordinario en los términos indicados en el apartado anterior. (el juzgado tiene 15 días para notificarte).
Sin embargo, ninguna norma establece los criterios que van a seguir los juzgados a la hora de avisar del nuevo plazo para denunciar cláusulas abusivas y suspender el procedimiento de ejecución.
Por ello La PAH pretende seguir su lucha e informar a las personas a afectadas por la hipoteca con herramientas para su defensa tanto en las calles como en los juzgados. Ante tal situación queremos informar de lo siguiente:
Notificaciones de los juzgados: cada juzgado tendrá 15 día para notificar a las personas ejecutadas y darles nuevo plazo para oponerse por cláusulas abusivas y poder suspender el procedimiento. El plazo para oponerse será de diez días desde el siguiente a la notificación.
Procesos hipotecarios iniciados antes del año 2013: las personas que no pudieron presentaron escrito de oposición a la demanda de ejecución hipotecaria por cláusulas abusivas que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente pueden hacerlo ahora.
Procesos hipotecarios iniciados después del año 2013 (con la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social): las personas que no pudieron presentar escrito de oposición a la demanda de ejecución hipotecaria que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente y siempre que no se hubiera notificado la posibilidad de formular incidente extraordinario de oposición por tener cláusulas abusivas en el contrato de préstamo ni se hubiere admitido la oposición del ejecutado con base en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de octubre de 2015 o cuando el juez de oficio ya hubiera analizado la abusividad de las cláusulas contractuales, pueden hacerlo ahora.
CUESTIONES PRÁCTICAS
Hemos elaborado una carta de solicitud en los juzgados para aquellas personas que decidan interpelar al juez de su procedimiento de ejecución hipotecaria y avisarle que debe otorgarle nuevo plazo para oponerse por la abusividad del préstamo.
Te la puedes descargar en este enlace.
Abogado y Procurador: Si ya tienes abogado y procurador asignados en el procedimiento, son ellos quiénes pueden plantear el escrito. Si no cuentas con abogado ni procurador puedes presentar el escrito por ti mismo, pero recomendamos acudir al Colegio de Abogados lo antes posible para que te asignen defensa legal.
Si Se Puede!!!
Porlapah
Blackstone mata
Las PAHs de toda Catalunya exigimos soluciones para familias vulnerables
Hoy hace exactamente un año del asesinato de Jordi, el vecino de Cornellá que se quitó la vida por no poder pagar su alquiler a Blackstone. Las PAHs de Catalunya volvemos a las oficinas de este fondo buitre a exigir justicia. a decir alto y claro que no vamos a dejar que haya una muerte más por su usura y que atiendan uno a uno todos los casos. Esperamos que no se tenga que perder otra vida para que se sienten a negociar con nosotras.
Blackstone en España opera con el nombre Anticipa Real Estate, gestora inmobiliaria con la que se adueño de las hipotecas de Catalunya Caixa. Una operación habitual, comprar la deuda de economías en problemas, para posteriormente presionar y cobrar la totalidad del valor de esa deuda, negando a las familias reestructuraciones de deuda, quitas o alquileres sociales, a pesar de que estamos hablando de viviendas que provienen de cajas y bancos que recibieron ayudas del FROB, ese rescate bancario de más de 60.000M€ de dinero público y sin ningún tipo de contraprestación a la sociedad.
Blackstone, aprovechandose de la situación, lleva invertidos en España desde el inicio de la crisis más de 20.000 M € (5.420 M € sólo durante el 2018). Blackstone ha comprado Hoteles (con 20.000 camas es el segundo mayor propietario de camas hoteleras de España), Viviendas (con 35.000 viviendas es el mayor casero de España), Hipotecas (100.000 a Catalunya Caixa), Logística (55 activos logísticos y 162.000 m2 de suelo para uso industrial) y Juego (compró Cirsa Codere). Como cualquier fondo buitre extractivista su único objetivo es comprar barato y vender caro en el menor tiempo posible. No le importa los métodos ni como quede el país tras su paso. En España por ejemplo, sólo 5 años después, ya ha puesto a la venta parte de los 1.860 pisos de vivienda pública que compró al Ayuntamiento de Madrid o de las 100.000 hipotecas que compró a Catalunya Caixa.
La relatora de vivienda de la ONU, Leilani Farha, en un reciente informe sobre Blackstone expresó “serias preocupaciones de que sus acciones sean consistentes con el derecho internacional de los derechos humanos con respecto al derecho a la vivienda y su responsabilidad de respetar los derechos humanos bajo los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.”
Blackstone se esconde tras 6 SOCIMIS, Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, creadas por el Partido Socialista y que gracias al Partido Popular no pagan impuesto de sociedades, (Euripo, Torbel, Albirana, Testa, Corona y Fider) y detrás de numerosas empresas como Budmac o Alquilovers. Todo un entramado de sociedades para evadir impuestos en paraísos fiscales o Luxemburgo, cuyo principal objetivo de Blackstone es comprar activos con el menor precio posible y que en el momento de la venta, en un periodo a corto o medio plazo, se venda a otros inversores para conseguir altas rentabilidades. Algunos de sus competidores en el sector son: Kronos Homes y Värde Partners. Blackstone registró el año pasado dos nuevas socimis bajo el nombre de Pegarena y Tourmalet.
En pocos años se ha convertido en el mayor gestor inmobiliario de nuestro país, amasando el suficiente poder sobre el mercado como para permitirse el lujo de influir en las políticas de vivienda con amenazas al propio Gobierno. Haya Real Estate es la empresa inmobiliaria de Blackstone. Administra la mayor cartera de REOs en toda España y comercializa más de 15.000 inmuebles al año. Además, explota grandes carteras de patrimonio inmobiliario y son expertos en alquiler de REOs (REO es el acrónimo del término inglés «Real Estate Owned» o propiedades embargadas tras juicio hipotecario. REO es un término de la industria financiera que hace referencia a las propiedades que una institución ha ejecutado y que ahora le corresponden.) Y vivienda social. En Barcelona se adjudicó un edificio de vivienda de protección oficial en la Avenida Diagonal y ahora lo está poniendo a la venta por 30mil millones de Euros. Desde la PAH exigimos a la Generalitat de Catalunya que no lo permita. Con un 1.5% de parque público de alquiler social no podemos permitir que fondos buitres como Blackstone venga a colonizar y a expulsarnos de nuestras ciudades.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca llevamos años denunciando y exigiendo a los Gobiernos de turno responsabilidad y la protección a las familias. Durante estos años la respuesta de las instituciones ha sido la de seguir protegiendo a los especuladores y dejando en la cuneta a las miles de familias que son víctimas de este fondo buitre.
Frente a esto, las PAHs de toda Catalunya dicen BASTA. No vamos a permitir que se sigan vulnerando los derechos humanos sin ninguna consecuencia.
Hoy, empezamos una campaña de presión y escrache al fondo de inversión Blackstone y todas aquellas que le favorezcan operar en el estado y ciudades. Como primer paso nos hemos concentrado en sus oficinas del Prat del Llobregat para exigir demandas concretas a decenas de familias que llevan años intentando buscar soluciones y que este fondo de inversión solo les ha dado una orden de desahucio como respuesta.
Exigimos:
- Una oficina de atención al público en Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida.
- Alquileres sociales según la Ley 24/2015 por impago de hipoteca y de alquiler con los baremos de la ley y a 7 como marca la LAU.
- Renovaciones de los alquileres sociales. Hay 500 familias en Barcelona a las que les finaliza el contrato el alquiler social y no se lo quieren renovar
- Quitas de deuda
- Alquiler social para los casos de ocupación
- Citas por escrito para cada uno de los casos que presentamos hoy en sus respectivas PAHs en una semana
La batalla empezó hace años, ahora seguiremos denunciando sus nuevas prácticas abusivas y usureras. Ya no solo están quedándose con las viviendas de las familias vulnerables, sino que están adquiriendo hoteles, empresas de juegos, para seguir explotando nuestras vidas y exprimir el último céntimo de las familias que hacen malabarismos para llegar a fin de mes.
Si estás afectada por este fondo de inversión escríbenos un correo a lapahdebarcelona@gmail.com. Estamos tejiendo una red internacional para hundir a este fondo buitre y a todas las que permitan que operen de manera fraudulenta incumpliendo tratados internacionales de DDHH
Digamos bien alto y claro que Blackstone- Anticipa: estafa, engaña, mata y echa a la gente de sus casas. ¿Lo vas a permitir? Nosotras NO. la revolución empieza aquí. No estás sola
#BlackstoneMata
Hemos elaborado un amplio dossier sobre Blackstone y testimonios de afectadas que puedes leer y descargar aquí
Porlapah
El Gobierno sigue mirando hacía otro lado mientras los desahucios por alquiler siguen subiendo
Los datos del primer trimestre de 2019, presentados por el Consejo General del Poder Judicial, reafirman la alarma social que llevamos tiempo denunciando.
Las cifras son aterradoras y en el primer trimestre de 2019 llevamos ya 15.559 desahucios. El 65,9 % (10.224) son ya derivados por la creciente burbuja especulativa con los precios del alquiler, eso que no contemplan los desahucios silenciosos, los provocados por no renovación al no poder afrontar las subidas inasumibles, el 27,9 % (4.341) se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 994 restantes obedecieron a otras causas.
Aunque en un principio estaríamos hablando de un descenso del 2’2% respecto al primer trimestre de 2018, cabe destacar que, en comparación con el mismo periodo, los desahucios por alquiler han aumentado un 5,2%. El descenso viene provocado por la caída de las ejecuciones hipotecarias por decimoquinto trimestre consecutivo. Comparando las cifras con las del primer trimestre del año pasado, se ha producido un descenso del 19,2%.
Recordamos que no son cifras alentadoras, todo lo contrario, ya que se producen gracias a la moratoria y a la espera de la sentencia sobre el Vencimiento Anticipado, que tienen archivados y paralizados los desahucios por hipoteca. Una moratoria que termina en mayo del 2020, que afecta a más de 100 mil familias y que como no se amplíe y se empiecen a poner soluciones, – como la aplicación del Dictamen DESC, una modificación de la LCI del Vencimiento Anticipado y de la Responsabilidad Limitada, una reforma de la LAU que contemple la regulación de los precios del alquiler, eliminar los beneficios fiscales a las SOCIMIS y fondos buitre y frenar la venta a estos especuladores de la vivienda en manos de la banca movilizándola para ampliar el parque público de vivienda – en un año estas cifras pasarán a ser terroríficas.
Si desglosamos los datos por comunidades autónomas, Cataluña (con 3.557, un 22,9 % del total nacional) sigue liderando el ranking de la vergüenza, seguida de Andalucía (2.499), Comunidad Valenciana (2.119) y Madrid (1.730).
Si se tienen en cuenta únicamente los derivados del impago del alquiler, Cataluña ocupa también la primera posición (2.335, el 22,8 %), seguida por Andalucía (1.422), Madrid (1.365) y Comunidad Valenciana (1.254).
En los derivados de ejecuciones hipotecarias Murcia – la única en la que siguen produciéndose más desahucios por hipoteca que por alquiler -, fue la quinta comunidad con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en esos tres meses (291), tras Cataluña (1.092, el 21,4 % del total nacional), Andalucía (1.065), la Comunidad Valenciana (706) y Madrid (415).
Desde la PAH, llevamos 10 años denunciando las políticas al servicio de la especulación y la falta de voluntad política de los distintos gobiernos que se han ido sucediendo para revertir la situación, legislar al servicio de las familias, en lugar de dejarlas en la calle. Nuestras propuestas son claras, de justicia y de sentido común y no vamos a desfallecer hasta lograr una legislación que garantice el derecho a la vivienda para todas y que este deje de ser tratado como una mercancía al servicio de una pocas.
Ahora estamos en un nuevo momento de cambio de Gobierno al que exigimos la altura política para cambiar las reglas del juego y no quedarse en medidas insuficientes de puro maquillaje como nos tiene acostumbradas.
Ha pasado el tiempo de medias tintas, o se apuesta por la ciudadanía con un Plan de Choque frente a la emergencia habitacional o se está con el mercado especulativo.
#StopDesahucios
Porlapah
ACLARACIÓN: La PAH es y seguirá siendo apartidista
Reclamamos a todas las personas y grupos políticos el respeto a la independencia y el apartidismo de la PAH.
Rechazamos y denunciamos los usos que de la PAH o de nuestros símbolos se vienen haciendo, ya que hacen un flaco favor a la lucha diaria de miles de personas.
En el año 2015 nos vimos obligadas a lanzar este comunicado, lamentablemente en plena campaña electoral nos vemos en la necesidad de recuperarlo.
La PAH nació hace 10 años como una iniciativa de la ciudadanía para conquistar el Derecho a la Vivienda. Y lo hizo ante la pasividad de los partidos gobernantes y las instituciones públicas que arrastran graves carencias democraticas en todo el Estado.
En consecuencia, la PAH nace con clara conciencia colectiva, política y apartidista. Desde nuestro nacimiento hemos sido, y somos, una organización asamblearia, ciudadana y democrática, que no mantenemos vinculación ni apoyamos a partido alguno.
En los tiempos electorales que vivimos, algunas personas que participan en la PAH se han vinculado a distintas candidaturas, lo cual, en modo alguno podría interpretarse como que la PAH apoya alguna de esas candidaturas. Nada más lejos de la realidad. Desde su libertad individual, cada persona puede sumarse al proyecto que considere más justo, pero como movimiento ciudadano, la PAH es y seguirá siendo apartidista.
Especialmente graves son los casos en los que personas que sin tener ninguna vinculación con la PAH, aparecen en medios de comunicacion o redes sociales con nuestra camiseta como candidatos de tal o cual partido. Nos parece lamentable que esos partidos permitan esa utilización de los movimientos sociales y ciudadanos. Es totalmente inadmisible el uso del sufrimiento de la población por la vulneración diaria de sus derechos y su lucha para revertirla, con fines electoralistas.
Desde la PAH reconocemos, y no podría ser de otra manera, el derecho individual que asiste a cada persona de intervenir en los diferentes campos de la política institucional. No obstante, reclamamos a todas las personas y grupos politicos el respeto a la independencia y el apartidismo de la PAH.
En este sentido, rechazamos y denunciamos los usos que de la PAH o de nuestros símbolos se vienen haciendo, ya que hacen un flaco favor a la lucha diaria de miles de personas. Seguiremos siendo apartidistas porque nuestro objetivo es la conquista del derecho a la vivienda y vamos a seguir poniendo propuestas encima de la mesa de todos los partidos, exigiéndoles y señalizándoles si hace falta mientras sigan siendo nuestros derechos los que están en juego.
¡Si Se Puede!
23 de mayo de 2019
Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Porlapah
La PAH entra en campaña
Ante la vulneración sistemática del derecho a la vivienda y la emergencia habitacional crónica que sufrimos mientras desde los distintos gobiernos miran hacia otro lado o ponen sus energías en medidas de maquillaje cara a la galería obviando las soluciones reales para revertir la situación, una vez más la PAH presenta un plan de choque para cambiar las reglas del juego, que cualquier candidato con pretensiones de gobernar este país debería llevar en su programa electoral.
Demasiadas razones impulsan a La PAH a presentarnos los primeros ante los partidos políticos: los suicidios de personas por problemas económicos relacionados con la vivienda, la sangría y el dolor de los desahucios (más de 630.000 desde el 2008, a día de hoy se siguen produciendo 165 desahucios diarios sin contabilizar los producidos por renovaciones de los contratos de alquiler con precios inasumibles), la vergüenza de un irrisorio parque público de vivienda (que no llega al 2% frente al 15% de media en la UE de nuestro entorno, algunos países oscilan el 40%) y la inminente amenaza de un aumento de la emergencia habitacional provocado por el fin de la moratoria de las ejecuciones hipotecarias y la finalización de los alquileres sociales vigentes (la primera en mayo del 2020 para más de 30.000 familias y los segundos ya están finalizando los segundos afectando a unas 15.000 familias), por el aumento espectacular de los precios de alquiler responsables de un 62,49% de los desahucios y por la situación de pobreza de amplios sectores de la ciudadanía que los aboca a la ocupación cada vez en mayor número como única alternativa para acceder a un derecho universal.
Pedimos a todos los partidos políticos que nos respondan a estas tres preguntas:
¿Se compromete a acabar con los desahucios? Desahucios sin un realojo asegurado de familias con niños, niñas y adolescentes, discapacitados, personas mayores de edad o en estado de vulnerabilidad. ¿Cómo? Respetando y cumpliendo los acuerdos internacionales y el dictamen DESC de Naciones Unidas, esto se podría evitar.
¿Se compromete a aumentar el parque público de viviendas para poder hacer frente a la emergencia habitacional?
- ¿Se atreverá a exigir la cesión del uso temporal de las viviendas a la Sareb, de Bankia o de la banca rescatada en la proporción que no devuelve el rescate?
- ¿Movilizará las viviendas vacías de Socimis y Fondos Buitre para que salgan al mercado, imponiendo impuestos de manera efectiva?
¿Se compromete a que no aumente la emergencia habitacional? ¿Cómo? ¿Prolongará la moratoria más allá de 2020? ¿Mantendrán los alquileres sociales a punto de finalizar? ¿Eliminarán requisitos para que haya reestructuraciones y quitas para que no se pierda más vivienda? ¿Aumentarán la protección jurídica frente a cesiones de crédito y eliminar el Vencimiento Anticipado de la LCI? ¿Acabarán de una vez con el sobreendeudamiento de miles de familias por deudas contraídas durante la crisis? ¿Pincharan la burbuja del alquiler regulando los precios con índices de referencia a manos de los Ayuntamientos?
El Partido Popular despreció las más de 1.400.000 firmas en la ILP que se presentó en el 2012. En 2018 con el apoyo incondicional de Ciudadanos ha conseguido paralizar la Ley de Vivienda de la PAH. En 2019 con la ayuda del PSOE, el PNV y el PDeCat el capital especulativo han impuesto una nueva Ley Hipotecaria que sigue blanqueando cláusulas abusivas como el vencimiento anticipado, no aumenta la protección de los deudores y es incapaz de impulsar la responsabilidad limitada a la vivienda para evitar, tras perderla, deudas de por vida. No conformes con eso, el PP ha boicoteado la mayor parte de leyes de viviendas aprobadas en las CCAA. También en 2019, el PSOE no ha tenido la valentía suficiente para elaborar un Decreto que realmente pusiera soluciones a la emergencia, quedándose corto y a medio gas.
Por todo ello, la ciudadanía organizada quiere saber si, de una vez, se va a entender la vivienda como un derecho y no una mercancía, si va a existir un marco normativo estatal que garantice unos mínimos derechos en vivienda en todas las CCAA y si van a asumir con responsabilidad políticas de viviendas que conduzcan al reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda para toda la sociedad.
En esta campaña electoral La PAH pide a cada partido, y a las personas que acudan a los mítines que se organicen, que respondan de una vez a las preguntas y demandas que les hemos formulado anteriormente y que, a continuación, explicamos con más detalle.
EXIGENCIAS URGENTES DE LA PAH – PLAN DE CHOQUE
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NI UN DESAHUCIO MÁS SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL
Ello implica el compromiso de trasladar desde el Ministerio del Interior/Exteriores a los Juzgados las resoluciones DESC y verse con el CGPJ para reforzarlo
También modificación legislativa de la vinculación en los tratados Internacionales y las leyes normativas que obligan a su cumplimiento, que supondrá la obligación de grandes tenedores a ofrecer alquiler social y de las administraciones a relajar de las unidades de convivencia, tanto por impago de hipotecas, como de alquileres, como de ocupación, despenalizando las viviendas ocupadas de buena fe y por necesidad.
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POR LA CREACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA adecuado, que pueda acabar con la situación catastrófica de emergencia habitacional y brutal desequilibrios entre la banca y amplios sectores de la sociedad. Para ello, exigimos:
- Nacionalización de Bankia, que supondrá la disposición de sus viviendas.
- Viviendas de la Sareb al parque público como sea, incluso compra
- Devolución en vivienda de las cantidades que la banca rescatada no devuelve
- Creación de un Convenio Marco con la banca, base para su desarrollo en CCAA y Ayuntamientos.
- Impuesto a viviendas vacías de Fondos Buitre y Socimis.
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MEDIDAS URGENTES QUE EVITEN MÁS EMERGENCIA HABITACIONAL, que la corten de raíz, lo que implica:
- Mantenimiento de la Moratoria hasta que haya alternativa habitacional
- Mantener los Alquileres Sociales, en condiciones de suministros dignos, con aplicación retroactiva del 7+3 del Real Decreto y adecuando la normativa sobre alquileres sociales.
- Eliminación de los requisitos para reestructuración y con quita
- Modificación LCI del Vencimiento Anticipado y de la Responsabilidad Limitada
- Impedir la pérdida de vivienda para impedir que la banca ejerza la falta de legitimación activa ante las titulaciones
- Desarrollo del tema de tanteo y retracto.
Algunas de estas exigencias son de competencia estatal, por lo que deben regularse para que no vuelva a haber repercusiones negativas para las Comunidades Autónomas, ni falta de claridad en la determinación de las competencias del Estado, CCAA y Ayuntamientos respecto a la vivienda como la nuestra.
POR UNA LEY ESTATAL DE VIVIENDA QUE GARANTICE UNOS MÍNIMOS.
Un elemento que ayudaría a poner en marcha mecanismos serios de avance sería la declaración de catastrófica de la situación actual –que puede agravarse con las amenazas de futuro expresadas anteriormente– que implicaría la adopción de tres medidas:
- La urgente modificación, flexibilizándola, de los procedimientos administrativos-burocráticos que impiden el desarrollo de medidas urgentes a las diferentes administraciones.
- Que se permita superar el techo de gasto provisionalmente, para que puedan adoptarse medidas valientes ante la ausencia de parque público de viviendas, que permitan garantizar un número suficiente de viviendas sociales,
- Evidenciando e investigando con total transparencia la información relacionada con la vivienda, cuya ocultación ha sido utilizada como un arma para no desvelar la gravedad del ataque a las personas y unidades familiares, así como la gravísima vulneración del derecho a la vivienda.
En la PAH lo tenemos claro, vamos a hacer llegar nuestras exigencias a la ciudadanía, como siempre hemos hecho, avisando que aquellos que no se comprometan a hacer realidad el Derecho a una vivienda digna, estable y asequible nos van a tener delante, denunciando y señalizando. Llevamos 10 años de lucha y seguimos con la misma energía que cuando empezamos, logrando miles de soluciones gracias a la autoorganización y la desobediencia pacífica, demostrando que tenemos razón y que solo es cuestión de voluntad y altura política cambiar las reglas del juego.
Ya lo avisamos aquí y ahora
#LaPAHentraEnCampaña
#YoVotoVivienda
Porlapah
Se lanza la Iniciativa Ciudadana Europea “Housing For All”
Presentamos el grupo promotor de la iniciativa en España.
La vivienda es un derecho humano y no una mercancía, debe ser social y asequible. Estamos haciendo un llamamiento para mejorar las condiciones de vivienda.
Hoy hemos presentado el Grupo Promotor en España de la Iniciativa Ciudadana Europea “Vivienda para todos y todas”, coincidiendo esta semana con el lanzamiento de la iniciativa desde Bruselas y 20 países europeos, con la implicación de más de 77 organizaciones.
Europa está viviendo una grave crisis de la vivienda: considerada una mercancía más que un derecho, los precios se disparan y muchos nos vemos obligados a cambiar de barrio o ciudad. Aproximadamente 82 millones de hogares destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el coste de su vivienda y las personas sin hogar no dejan de aumentar. En este contexto, necesitamos una respuesta coordinada, desde distintos países, para conseguir herramientas que nos permitan avanzar en el derecho a la vivienda.
Esta Iniciativa Ciudadana Europea de “vivienda para todas y todos” es un llamamiento a los países europeos para que prioricen la inversión en vivienda y den un paso adelante en la creación de vivienda asequible. Queremos que sea un punto de inflexión: necesitamos un millón de firmas en toda Europa para conseguir mejores condiciones legales y financieras, como la no aplicación de los criterios de Maastricht a la inversión pública en vivienda, mejor acceso a financiación de la Unión Europea, normas sociales para los alquileres de corta duración basadas en la competencia y la compilación de estadísticas sobre las necesidades de vivienda en Europa.
España cuenta con la décima parte de la vivienda pública que otros países de su entorno (1,5% frente a una media del 15%) Esto no es accidental, sino que es fruto de la apuesta por un modelo insostenible de propiedad y vivienda protegida de venta, que pasaba al mercado al cabo de unos años. Más de 644.000 familias han sufrido un desahucio desde 2007, en muchos casos sin alternativa habitacional por parte de las administraciones públicas debido a la escasez de vivienda social. Por ello, esta Iniciativa tiene como prioridades:
1. Crear un parque de vivienda social y asequible de alquiler o cesión de uso de un 15% en 10 años y un 30% en 20 años.
- Incorporar al parque de vivienda social las viviendas de Bankia y la SAREB.
- Recuperación de los 77.000M€ del rescate bancario, vía impuesto a las entidades financieras para destinarlo a vivienda social y asequible.
- Obligar a grandes propietarios a destinar el 30% de nuevas construcciones o rehabilitaciones integrales a VPO en zonas con demanda de vivienda.
2. Asegurar un alquiler estable y asequible.
- Permitir a los ayuntamientos regular los precios del alquiler en base al poder adquisitivo.
- Renovación automática de los contratos con actualización de renta limitada salvo incumplimiento del inquilino/a o por necesidad de la vivienda del arrendatario/a.
3. Priorizar la vivienda pública de alquiler, colaborar y financiar entidades sociales, cooperativas de vivienda en cesión de uso y otros operadores sin ánimo de lucro.
Distintas entidades sociales, movimientos, cooperativas de vivienda y entidades del tercer sector nos hemos unido en un grupo promotor de la Iniciativa en España. Nos proponemos sumar con las múltiples iniciativas que ya existen en materia de vivienda y dar más fuerza a las reivindicaciones de la ciudadanía mediante esta campaña europea. Las organizaciones que formamos parte del grupo promotor somos:
- Plataforma de Afectados por la Hipoteca
- Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- Sindicat de Llogaters i Llogateres
- Taula d’Entitats del Tercer Sector Social
- Sostre Cívic
- Fundació Mambré
- Fundació La Dinamo
- Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
- Centro de Asesoría y Estudios Sociales
- El Rogle cooperativa
- Fundació Habitat 3
Este lanzamiento da inicio al proceso de recogida de firmas, tanto en papel como electrónicamente, en la página de la iniciativa: https://www.housingforall.eu/es/la-vivienda-debe-ser-social-y-asequible/
A partir de ahora tenemos un año para recolectar 1 millón de firmas en todao Europa, de las cuales 40.500 en España, en un mínimo de 7 países. Esta Iniciativa propone, en el actual contexto de elecciones europeas (y en nuestro caso, estatales y locales), soluciones para el problema de vivienda a nivel europeo, sumando con las movilizaciones de decenas de ciudades en Europa y el estado español que saldrán este sábado para reivindicar #HousingForAll #ViviendaParaTodas #PinchemosLaBurbuja
Iniciativa Ciudadana Europea: La Comisión registra la iniciativa «Housing for all»
Porlapah
COMUNICADO CAMPAÑA OBRA SOCIAL ‘VIVIR NO ES DELITO’
Hoy hemos convocado diversas ruedas de prensa de forma simultánea en distintos municipios para presentar la nueva campaña de la Obra Social en Cataluña contra la criminalización de la ocupación, a la que hemos llamado “Vivir no es delito”.
Como bien sabéis, el derecho a vivienda está recogido en diferentes normativas y tratados, por ejemplo, en el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha sido ratificado por 108 Estados, entre ellos España, en el cual, además, se reconoce al Estado como garante de este derecho. Asimismo el artículo 47 de la Constitución Española también recoge el derecho a una vivienda digna y adecuada. Por último, recordar que en España el Relator Especial de las Naciones Unidas por el derecho a vivienda digna lanzó una serie de recomendaciones que no han sido implementadas por nuestro gobierno.
El acceso a la vivienda no está garantizado en Cataluña. La Administración pública no es capaz de dar soluciones habitacionales a las necesidades de la ciudadanía, teniendo una mesa de emergencia habitacional desbordada. En los últimos cinco años, el precio medio del alquiler en Cataluña ha crecido un 49%, lo que obliga a las personas a destinar el 51% de sus ingresos para poder mantenerla. Todo esto ha contribuido a que el riesgo de pobreza se sitúe en una tasa del 20%… y que en el caso de los menores de 16 años se sitúa en un 28,5%.
Por otro lado, los desahucios, aunque han dejado de ser mediáticos, siguen aumentando. Nos encontramos con el dato aterrador de que se producen 2 desahucios cada hora en Cataluña, de los cuales el 64% es por impago de alquiler.
Como posible alternativa habitacional podríamos contar con las llamadas viviendas sociales. Sin embargo, los datos nos dicen que solo un 1,3% del parque de vivienda corresponde a esta tipología de vivienda pública. Y es que España solo dispone de 3 viviendas de alquiler social por cada 1.000 habitantes, siendo así el país de la UE con menos oferta. Esto provoca que la espera para acceder a una vivienda social pueda alargarse años. Mientras tanto, la única alternativa que se da es la del hacinamiento de hasta tres generaciones familiares en una misma vivienda, con todas las problemáticas sociales, familiares y psicológicas que eso trae consigo.
En contrapartida nos encontramos que en Cataluña existe un 11,6% de viviendas vacías, lo que supone un total de 448.000 viviendas. Debido a este contexto social, económico y político que nos rodea, muchas familias que han visto vulnerado su derecho a vivienda, han encontrado en la ocupación de pisos vacíos la única solución para poder vivir dignamente. Con la Obra Social Catalana y la organización popular y colectiva se han realojado a más de 4.000 personas que no tenían ninguna alternativa habitacional, en pisos vacíos de bancos o grandes tenedores. Con estas recuperaciones ponemos en el centro la función social de la vivienda: que las personas hagan vida en ellos.
Asimismo, al contrario de lo que el imaginario colectivo ha instaurado, casi el 70% de las personas que ocupan una vivienda vacía de un banco o gran tenedor dicen tener una relación positiva o muy positiva con la comunidad de vecinas.
Estas acciones de justicia social han levantado ampollas dentro del sistema capitalista, ya que la propiedad privada es una de sus bases. Su respuesta no ha sido otra que la criminalización de estas recuperaciones usando todas las armas que tienen a su disposición, sobre todo los grandes medios de comunicación. A través de ellos, los partidos políticos y las grandes entidades financieras pretenden criminalizar la pobreza con mentiras y manipulaciones de la realidad que alimentan mitos sobre las ocupaciones. Quieren relacionar pobreza y delincuencia, ocupación y mafia, drogas y mala convivencia, cuando ellos son los principales responsables de este sistema que nos condena a la miseria. Por eso estamos aquí, para contestar a sus mentiras afirmando que el 93% de las personas que ocupan una vivienda vacía viven por debajo del umbral de la pobreza. Además el 82% de las viviendas ocupadas en Cataluña son propiedad de bancos y grandes tenedores; acabemos con la mentira de que a cualquier persona le pueden ocupar su vivienda cuando no esté. La ocupación de pisos vacíos se ha convertido en la única alternativa para miles de familias que solo intentan tener un techo donde vivir. Por ello pedimos a la ciudadanía que no se dejen engañar, que no miren a otro lado y que se unan a nuestra lucha contra la mafia financiera y política, aquella que posee miles de viviendas vacías, en las que nosotras solo queremos recuperar su función social. Basta de mentiras. Basta de desahucios. Basta de guerra entre pobres.
Por tanto, presentamos nuestra campaña Vivir no es delito en toda Catalunya, en la que intentaremos llegar a toda la población con el material que hemos elaborado, hablaremos con distintas organizaciones sociales, asociaciones de vecinas y plantearemos acciones para combatir el discurso que criminaliza la ocupación, y lo más importante: vamos a seguir organizadas y recuperando viviendas para darle su función social.
Sabemos que la criminalización de la ocupación va a ser el discurso que algunos políticos van a usar para ganar 4 votos, desde la Obra Social Catalana vamos a estar pendientes de esta campaña electoral y no vamos a permitir que se use el discurso que criminaliza la pobreza, vamos a señalar a todos los políticos que hagan campaña en este sentido.
Basta de criminalizar las ocupaciones. Trabajemos por conseguir unos alquileres sociales para todas las personas que lo necesiten y para que los bancos y grandes propietarios cedan sus pisos vacíos al parque público de vivienda. Defendamos nuestro derecho a vivienda digna, es la hora de recuperar la función social de la vivienda!
¿Casas sin gente y gente sin casas? Ni hablar! Organízate en tu Pah más cercana, juntas Si Se Puede!
Porlapah
¡¡Pinchemos la burbuja del alquiler!!
Por unos alquileres asequibles
Por un parque público de vivienda de alquiler
El 6 de abril nos manifestamos para denunciar el abuso de los precios del alquiler. Los especuladores nos estrangulan subiendo y subiendo los precios y cada vez tenemos más problemas para llegar a fin de mes, mientras que los sueldos no suben, un drama social ante la mirada pasiva de los gobiernos y los poderes públicos. La vivienda no es una mercancía, es un derecho con el que no se tendría que poder especular. Hay miles y miles de pisos vacíos en nuestras ciudades, en cambio hay miles y miles de personas y familias sin lugar donde vivir.
Salimos a la calle para denunciar el negocio que las industrias inmobiliaria y turística hacen con nuestros hogares. Mientras el gobierno español regaló a la banca más de 60.000 millones de euros de nuestros bolsillos, éstas no han hecho otra cosa que echar de su casa a personas sin dar ninguna alternativa habitacional. Los propietarios físicos y jurídicos de viviendas de alquiler, con los fondos buitres y SOCIMI a la cabeza, disfrutan de medidas de elusión fiscal en su favor desde hace décadas para no pagar impuestos mientras los inquilinos e inquilinas soportan presión fiscal de hasta más del 30%. Hay que substituir la LAU por una nueva ley que legisle los alquileres sociales en el mercado libre con ventajas fiscales vigiladas por el Estado y ciudades. Como demandan Madrid y Barcelona, hace falta que los impuestos directos del Estado sean gestionados proporcionalmente por las ciudades con una descentralización solidaria como pasa en muchos países avanzados.
Los desahucios se han disparado y actualmente están al nivel de los peores años de la crisis financiera: 165 desahucios por vía judicial cada día, uno cada 5 minutos. Mientras los fondos buitres acumulan viviendas a una velocidad vertiginosa, sin precedentes en la historia, el alquiler se come más ingresos que en cualquier otro país de la OCDE. Y hay que añadir todos aquellos desahucios invisibles, que no están contabilizados, pero que suponen la expulsión de muchas vecinas de sus barrios y pueblos por no quererles renovar el contrato o por pretender imponerles subidas imposibles de asumir para los inquilinos e inquilinas. Hemos llegado a un punto asfixiante de la burbuja del alquiler y queremos pincharla, por todos lados y desde todos los frentes.
Queremos pincharla y estamos determinadas a hacerlo. A pesar de que el nuevo decreto introduce medidas en cuestiones de alquiler, éstas son todavía insuficientes. Es por eso que el movimiento por la vivienda y las organizaciones, barrios y entidades que convocamos esta manifestación queremos dejar muy claro a toda la población los motivos por los cuales no dejaremos de luchar hasta desmercantilizar una de las necesidades y derecho básicas de todo ser humano: tener un techo digno donde vivir. Y así reivindicamos:
- Pinchemos la burbuja: exigimos medidas políticas y fiscales para adecuar los alquileres a la renta disponible del
- Alquileres asequibles: es urgente regular los precios del alquiler teniendo en cuenta el poder adquisitivo real de la gente, es decir, la
- Alquileres estables: los contratos de alquiler no pueden acabarse de forma injustificada y unilateralmente. Tienen que renovarse automáticamente a no ser que el propietario demuestre que necesita la vivienda para su uso personal o de un familiar.
- Ningún desahucio sin alternativa habitacional: mayor autonomía financiera de los Ayuntamientos (participar de los impuestos directos del Estado) para gestionar el parque de viviendas de las ciudades.
- Contrato de alquiler único gestionado por oficinas de Vivienda y Ayuntamientos: el fin de los abusos de los intermediarios: el negocio de las inmobiliarias es un escándalo.
- Justicia fiscal: eliminación de todas las figuras a medida de la elusión fiscal en el Impuesto de Sociedades (Socimis, patrimoniales, etc) y en el IRPF (persones físicas y comunidades de bienes).
- Expulsión de los fondos buitres: exigimos eliminar las Socimis, que disfrutan de grandes privilegios fiscales, y que el gobierno deja que especulen masivamente con nuestros hogares y que sean la punta de lanza de la burbuja.
- Parque público de vivienda: Se tiene que convertir en parque público de vivienda las viviendas acumuladas por la Banca y por los fondos buitres para garantizar su función social, evitar la escasez artificial de vivienda y frenar la especulación. Grabar fiscalmente las viviendas urbanas vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas “especulativas” que no sean para primera residencia.
- Aumentar la construcción de vivienda social: por parte del Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento.
- Basta de pisos turísticos: la mala gestión del turismo tiene un gran impacto en la vida de los ciudadanos y disminuye enormemente la oferta de vivienda de alquiler.
- Ley 24/2015: La aplicación integral de la ley 24/2015 en Cataluña y su extensión a todo el Estado.
Se les ha acabado hacer negocio con nuestros hogares, con nuestros barrios, con nuestras vidas. Pinchemos la burbuja, y pinchémosla bien, que no vuelva a hincharse nunca más.
Porlapah
Primer bloque liberado en Lleida para exigir solución de famílias abandonadas por el Ayto. de Lleida y la Generalitat
Hoy estamos luchando junto a las familias que el Ayto. de Lleida y la Generalitat han permitido que se queden en la calle.
Hoy hemos liberado el primer bloque dentro de la campaña Obra Social Lleida. Hemos recuperado un bloque de viviendas en Balafia. El bloque es propiedad de la SAREB, más conocido como “Banco Malo”, pero que en realidad es una inmobiliaria de activos tóxicos con los despojos de la burbuja inmobiliaria. La SAREB (Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) o Banco Malo es la manera en que el Gobierno sigue manteniendo la burbuja inmobiliaria, que tan buenos beneficios les ha dado a los bancos y lo sigue haciendo, pero esta vez pagándola con dinero público e incluso con riesgo de sufrir una burbuja de alquiler. A nivel estatal, llevamos mas de 50 bloques liberado por la campaña de recuperación de bloques de la Obra Social PAH. En las próximas horas, familias que están a punto de perder su vivienda o que ya la han perdido irán alojándose aquí, en una vivienda digna. Hemos valorado entre todas, como hacemos siempre, cuales eran las prioridades y las urgencias de las centenares de familias organizadas y luchadoras de las diferentes asambleas de vivienda y llevamos tiempo trabajando juntas para conocernos y construir entre todas este proyecto de vivienda.
Liberar este bloque en nuestra ciudad es una necesidad, una declaración y una reivindicación.
– Es una necesidad en el momento en que nos encontramos con muchas familias cada semana en nuestras asambleas que ya están en la calle o a punto de estarlo. Ni la administración ni las respectivas entidades bancarias les ofrecen ninguna solución digna y válida.
– Es una declaración, porque decimos alto y claro que no cederemos ante leyes descafeinadas del gobierno del PSOE y PSC, irresponsables e injustas como las del Partido Popular. Somos el único agente social que ha podido afrontar y dar soluciones habitacionales a miles de familias.
– Es una reivindicación porque ponemos de manifiesto nuestra decisión colectiva de recuperar espacios y recursos de la banca, para dotarlos del uso social que les ha sido usurpado por la especulación salvaje y que ha contado con la complicidad activa o por inacción de los poderes públicos que no tienen el valor de ir contra la banca que les financia sus campañas electorales.
Las leyes actuales aprobadas por el PSOE no acaban de ofrecer soluciones definitivas a las familias vulnerables, lo mismo ocurre con el gobierno del PSC en Lleida, solo parches temporales; esta connivencia del gobierno con los intereses y privilegios de la banca perpetúa la vulneración del derecho a la vivienda, tal y como vivimos en las asambleas en la PAH que tratamos la problemática de la vivienda en Lleida. Por ello, a la PAH, nos toca de nuevo garantizar los derechos fundamentales de las personas.
A pesar de la dramática situación que siguen viviendo millones de personas que ven pisoteado su derecho a una vivienda, las miles de casas que ha comprado la SAREB con dinero público están destinadas a la especulación. Esto es, a dejarlas vacías hasta que se puedan vender más caras de lo que se compraron. Lo que viene siendo nunca. En un país sin vivienda pública en alquiler la única vivienda pública la quieren para especular.
Queremos recordar también que hace algo más de un mes exigimos al banco malo la movilización de sus viviendas vacías para alquileres sociales y cesión de las mismas a las administraciones públicas y así ampliar el parque público de vivienda.
La SAREB también ha asumido muchos de los créditos que tenía la banca y que eran impagables. Como siempre, al ciudadanía sigue asumiendo las pérdidas.
A día de hoy resulta inadmisible que las administraciones públicas no hayan forzado a las entidades financieras, sobre todo a aquellas rescatadas, a dar una compensación social por el rescate con dinero público. Mientras esta situación se mantiene, centenares de miles de personas ven vulnerados sus derechos fundamentales y en riesgo de quedarse en la calle, o directamente lo están. Desde los grupos de trabajo de la PAH llevamos tiempo organizándonos de forma horizontal y asamblearia y dando respuesta a los problemas que nos planteamos como vecinas de nuestros barrios. La PAH de Lleida, hemos recuperado un bloque de viviendas vacías propiedad de la Sareb en el barrio de Balafia, un barrio obrero, y hoy lo estamos haciendo público.
La Sareb, la inmobiliaria más grande de Europa, es una entidad 45% pública mientras el otro 55% es de las entidades rescatadas (por lo que la mayor parte de su dinero también es de todas)
La PAH Lleida pone en marcha la autotutela de derechos mediante la desobediencia civil, porque no nos dejan alternativa. Es o esto, o familias en la calle, mientras el Gobierno no pone ni una solución para aumentar el irrisorio 2% de parque publico de vivienda.
Las familias.
Mediante la campaña de la Obra Social hoy se vuelve a hacer efectivo el derecho a la vivienda de familias que han agotado todas las vías posibles con las administraciones para acceder a una vivienda. Desde la PAHs de todo el estado, nos estamos viendo obligadas a intensificar la Obra Social, mientras entidades como la Sareb continúen acumulando viviendas vacías, haya personas que estén en riesgo de verse en la calle y el Gobierno estatal, catalán y local sigan quietos permitiéndolo. Mientras sigan habiendo cientos de viviendas vacías en Lleida en manos de bancos, grandes tenedores que especulan y de la Sareb. Mientras la administración pública siga privatizando su gestión y dejando en la calle a familias mientras acumula viviendas vacías en Lleida, mientras no cesen los desahucios y aumente la población sin recursos, desde la PAH continuaremos creando desde abajo, organizándonos de la mano de la solidaridad y el apoyo mutuo y defendiendo y ejerciendo las medidas que ni el Ayuntamiento de Lleida, ni la Generalitat de Catalunya han hecho. Porque son necesarias, no son una opción.
La ciudadanía ya hemos pagado bastante, ahora llegó el momento de que las viviendas de la Sareb sirvan para dar vida a la gente y no para alimentar a los fondos buitre y a la especulación.
Son pisos que se han pagado con dinero público, el nuestro, por eso llevamos mucho tiempo diciéndolo: la Sareb es nuestra, sus casas, ¡TAMBIÉN!.
¡Sí Se Puede!
