“SIN JUSTICIA NO HAY DERECHOS”
JORNADAS POR EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO, Madrid. (6-7-8 de Octubre)
Primero los bancos y especuladores nos endeudaron por décadas para acceder a una vivienda. Después cuando en 2008 su burbuja económica colapsó, provocaron desempleo masivo y degradación de las condiciones de vida. Desde entonces más de 600.000 ejecuciones hipotecarias, de dudosa legalidad, han expulsado por la fuerza 200.000 hogares, sin importar la presencia de niños, mayores o dependientes. Muertos civiles, con deuda perpetua por aspirar con su trabajo a tener techo, luz y agua.
Ante esta crisis humanitaria, los poderes públicos rescataron a los especuladores con 53.000.000.000€, impidieron juzgarles y hasta amnistiaron su evasión fiscal. Antisocialmente nos recortaron, bajaron salarios, congelaron pensiones y rechazaron una ILP con millón y medio de firmas por stop-desahucios y por alquileres sociales. Y cuando el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por leyes hipotecarias que vulneran derechos fundamentales, impiden la defensa y permiten abuso bancario masivo, lo boicotearon, cómplices con el oligopolio. En particular, el Tribunal Supremo mantiene a día de hoy que “las ejecuciones hipotecarias no se pueden suspender porque no son tan perjudiciales para los deudores” (23/12/2015), o que “las cláusulas suelo son abusivas, pero que devolver todo el dinero a los afectados sería peligroso para el sistema financiero” (09/05/2013).
Convivimos con decenas de desahucios diarios, venta a Fondos Buitre de Viviendas Sociales, puertas giratorias que causan pobreza energética y precariedad laboral, Estafas como Preferentes o IRPH, la reforma del artículo 135 de la Constitución, la degradación de educación y sanidad, la Ley Mordaza, las Tasas Judiciales, la criminalización de familias sin recursos que recuperaron viviendas vacías de bancos para dormir bajo techo mientras otros gastaban tarjetas Black, la corrupción crónica… Un régimen de injusticia pese a que la letra y sentido de muchas leyes apelan a una JUSTICIA que defienda al débil, castigue al culpable y “garantice la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo… en el que se proteja el ejercicio de los Derechos Humanos”, aunque en su Declaración Universal de obligado cumplimiento, las naciones reconozcan el derecho a una vivienda y a unas condiciones de vida dignas, con paz y salud. Así, para evitar un sufrimiento y dolor que llega a costar vidas, muchas ciudadanas desde la SOLIDARIDAD y el apoyo mutuo, nos organizamos colectivamente para transformar la resignación, desamparo e injusticia en acción, esperanza, y rebeldía. Las Plataformas de Afectados, junto a otros colectivos, constituyen una primera línea de empoderamiento ciudadano y defensa de los Derechos Humanos, a pesar de muchas decisiones judiciales.
El Tribunal Supremo es la cúspide del Sistema Judicial español, y ante sus puertas, exigimos al mundo de la Justicia:
1) La aplicación directa de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ordenando la paralización
inmediata de todos los desalojos sin alternativa de vivienda digna.
2) La aplicación efectiva de la normativa europea (TJUE) que obliga a eliminar todas las cláusulas abusivas
de los contratos, compensando a los afectados por los daños producidos. En consecuencia, deben anularse todos los procedimientos ya terminados en los que no ha existido derecho a la defensa y cancelar las deudas generadas en esos procesos ilegales.
3) Que se investigue y juzgue las actividades presuntamente delictivas de las entidades financieras que promovieron la burbuja y se beneficiaron de la crisis, depurando judicialmente responsabilidades políticas.
4) Promover la despenalización de la ocupación de viviendas vacías por necesidad, y la tipificación del delito de usura.
5) Investigar la venta de viviendas sociales a Fondos Buitre, proteger a las víctimas de sus desahucios y adoptar medidas de reparación al daño causado.
6) Por último, exigimos la absolución de todos los detenidos y multados por participar en las movilizaciones contra los desahucios, pues no han hecho sino cumplir con su deber de defensa de los Derechos Humanos.
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