Hoy hemos tenido conocimiento de que el TC, a instancias del gobierno de Rajoy, ha suspendido la vigencia de los apartados 10 y 11 del artículo 1, y del apartado 2 del artículo 2 de la ley 10/2016 de Vivienda de nuestra región, ante lo que manifestamos lo siguiente:
1º Tanto el recurso como la suspensión consiguiente, constituyen a nuestro entender, un nuevo y flagrante abuso del poder por parte del gobierno central que en modo alguno se justifica por los contenidos suspendidos, sino en su afán de sobre proteger a la banca de sus propios abusos.
2º Los artículos suspendidos afectan exclusivamente al mecanismo de mediación extrajudicial que la ley establece, y que de ningún modo pueden ser considerados anticonstitucionales, ya que su aplicación es voluntaria por parte de los bancos.
3º El resto de la ley no suspendida continúa plenamente vigente, y entre otras destacamos:
- La obligación de realojo por parte de las Administraciones Públicas en un plazo máximo de 3 meses.
- La obligación de ofrecer alquiler social establecida en la Disposición Transitoria Única de la ley.
- La obligación de la Comunidad de establecer convenios de colaboración con los ayuntamientos.
- Todas medidas en relación con la pobreza energética
- La obligación de la Administración de resolver en un plazo máximo de 3 meses las solicitudes de ayuda que reciba
- La obligación de la Consejería de Fomento de establecer todos los reglamentos y convenios necesarios para la plena aplicación de la ley no suspendida
En consecuencia, desde la PAH exigimos al gobierno regional que adopte todas las medidas necesarias para la correcta aplicación de toda la ley vigente, y a los ayuntamientos que igualmente desempeñen las competencias que la ley les otorga, exigiendo de la Comunidad los recursos necesarios a los que la ley obliga.
La PAH entendemos que la corrupción no consiste sólo en robar, sino también en no cumplir con la ley de manera consciente como ha venido haciendo hasta ahora el gobierno regional.
La PAH continuará ejerciendo la presión y la movilización necesarias para que esta ley, inaplicada hasta ahora por la complicidad de los gobiernos central y autonómico.