Esta mañana miembros de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca nos hemos reunido con Yolanda Díaz y Ada Colau en Barcelona y hemos conseguido que ambas dirigentes se comprometan a incluir en la futura Ley por el Derecho a la Vivienda la obligación, para los grandes tenedores, de ofrecer un alquiler a aquellas familias vulnerables que estén afrontando un desahucio sin alternativa habitacional. Esta medida es una de las razones por las que esta ley lleva ya dos años encallada en el trámite parlamentario, a pesar de las informaciones que aparecen en los medios sobre un supuesto avance.
Durante la reunión, que ha tenido lugar en el Auditori de Barcelona por la mañana, tanto Díaz como Colau han admitido que esta medida es la única forma real de acabar con la aberración que supone expulsar a una familia de su casa sin alternativa, opinión que comparten diferentes organismos internacionales, que califican los desalojos como una flagrante vulneración de los derechos humanos en España. Obligar a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler a las personas en situación de vulnerabilidad es una medida que ya ha sido avalada por el Tribunal Constitucional cuando este evaluó la ley antidesahucios valenciana en 2018.
El alquiler social en Cataluña, una medida pionera que evita miles de desahucios
El alquiler social es una medida antidesahucios impulsada por la PAH y otros colectivos, que lleva algunos años aplicándose en Cataluña con éxito: se estima que ha conseguido detener entre 1.000 y 5.000 lanzamientos al año desde su implementación en 2015 -a pesar de haber sufrido suspensiones parciales por parte del Tribunal Constitucional y el boicot de la derecha y la ultraderecha. Esta medida consiste en obligar a los grandes tenedores de vivienda (principalmente bancos y fondos buitre) a ofrecer un alquiler social como medida para evitar o detener los desahucios de personas en situación de exclusión residencial; por otra parte, la ley también obliga al realojo por parte de las administraciones para el resto de casos, es decir, para los desahucios promovidos por pequeños tenedores.
Hasta ahora esta medida ha sido rechazada de plano por la parte socialista del gobierno, quien se niega a buscar cualquier regulación que limite los beneficios de los bancos y los fondos de inversión, así como tampoco se plantea utilizar la Sareb para aumentar el ya de por sí pírrico parque de vivienda en el país.
Por primera vez en la historia de la democracia, el proyecto Ley de Vivienda podría solucionar un problema endémico en España, el acceso a la vivienda. Sin embargo, y a pesar de los anuncios del gobierno, actualmente esta propuesta es un texto vacío de contenido, sin ninguna aplicación práctica, ni mucho menos un cambio estructural en el ámbito de la vivienda, que entendemos que debería ser el objetivo principal de la ley. No entendemos que en una Ley de Vivienda no se haga una sola mención a medidas concretas y estructurales para prevenir los desahucios sin alternativa habitacional y el sobreendeudamiento de las familias, garantizando el acceso a la vivienda al conjunto de la sociedad. Lo máximo que plantea ahora la norma es, en primer lugar, una mediación no vinculante previa antes de interponer una demanda; en segundo lugar, plantea una moratoria de 3 meses a la espera de una vivienda por parte de la Administración; el gobierno sabe que esta obligación será imposible de cumplir debido al exiguo parque público actual.
Por todo ello, después de esta reunión con Díaz y Colau, desde la PAH y el resto de colectivos del movimiento por la vivienda esperamos que cumplan con sus compromisos y no aprueben una ley que no acabe con los desahucios de forma estructural. Todas las entidades de la sociedad civil agrupadas en la Iniciativa Ley Vivienda estaremos vigilantes y seguiremos en nuestro empeño para que, finalmente, la ley que se apruebe incluya medidas reales y efectivas para garantizar el derecho a una vivienda digna al conjunto de la población. ¡Nos vemos en las calles! ¡Sí se puede!
