La cifra total de desahucios en 2022 ha sido de 38.266, según datos del CGPJ, lo que nos lleva a 105/día sobre los 365 del año; aunque si depuramos y nos limitamos a los días realmente hábiles del año: 216, la cifra supera los 177 desahucios diarios.
La bajada con respecto a 2021 es de 3.093, y no cabe atribuirla ni a un cambio legislativo, que no se ha producido, ni a una mejora del escudo social, que fue prorrogado tal cual estaba, ni mucho menos a una mejora de las condiciones económicas de la población, ya que según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó en 2021, llegando al 27,8%; por otra parte, aunque mejora, aún el 8,3% de la población se encuentr en situación de carencia material y social severa.
En esta situación va a incidi la inflación ocasionada por la Guerra de Ucrania y la subida de tipos de interés. El descenso en los desahucios cabe atribuirlo a la sangría acumulada en todo el periodo anterior, a procesos internos de mayor lentitud en el trabajo judicial, unida, por supuesto, a las denuncias del incumplimiento del escudo social cuando se cumplí los requisitos y a los esfuerzos de la PAH y otros MMSS por forzar negociaciones con la banca, fondos buitre, Sareb y grandes propietarios de vivienda cuyos resultados frenan la emergencia habitacional.
En este sentido, exigimos a los partidos del Gobierno, especialmente al PSOE que no se niegue a incorporar a la futura Ley por el Derecho a la Vivienda los ejes que garantizarán el derecho a la vivienda: la prohibición de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional, la necesidad ineludible de incorporar el Alquiler social y asequible para superar la intransigencia de fondos y banca a renovar los contratos de familias sin alternativa, el control efectivo de las rentas impagables de los alquileres que afecte a todos los propietarios y a todos los territorios, así como la creación de un Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y de carácter social, partiendo de las que son propiedad de la S y de las viviendas vacías de la banca rescatada.
Esta situación no acabará hasta que la Vivienda sea legalmente tratada como un Derecho y no como un simple objeto de consumo e inversión, como estamos reclamando las más de 120 organizaciones que integramos la Iniciativa Ley Vivienda, y como le exigen al Gobierno de España desde Naciones Unidas.
Desde la PAH seguiremos luchando para que esa futura Ley por el Derecho a la Vivienda, no sea sólo un efecto publicitario, sino una realidad que permita ese acceso.
¡Sí se puede!
