Sin conocer aún la letra pequeña de los Decretos aprobados hoy no podemos conformarnos con los contenidos que se han hecho públicos
Hoy el Gobierno ha aprobado dos decretos de vivienda. No lo ha hecho por convicción, lo ha hecho porque la calle le ha obligado con un ciclo de movilizaciones a raíz de los sucesos mediáticos de la semana pasada en torno a los desahucios. Ha hecho falta que una mujer de 87 años, Maricarmen, fuera expulsada de su casa y terminara en un hospital. Ha hecho falta que Olga, en L’Hospitalet, se quitara la vida después de su desahucio. Ha hecho falta que miles de personas tomaran la Puerta del Sol, que otras bloquearan Barcelona y que se llenaran las plazas de decenas de ciudades. Eso es lo primero que queremos decir: lo que hoy se ha aprobado, lo ha movido la gente organizada. Y lo que falta, también lo conseguiremos así.
Desde la PAH llevamos 17 años parando desahucios y sabemos que ampliar una suspensión de desahucios hasta una fecha concreta no resuelve nada: solo pone un reloj en marcha sobre la vida de miles de familias. Desde 2020 hemos visto encadenar prórroga tras prórroga, siempre temporales, siempre con letra pequeña, siempre excluyendo a algunas y dejando a otras familias en la incertidumbre, a no saber si el año que viene seguirán en su casa. Una fecha de caducidad no es protección y solo llega a una minoría un parche insustancial. Por eso queremos dejar claro que:
Queremos una moratoria estructural y suspensión hasta realojo garantizado
Exigimos una moratoria estructural, no temporal. Ningún desahucio de una familia vulnerable debe ejecutarse sin una alternativa habitacional digna y garantizada. No una derivación a servicios sociales, no una lista de espera, no meses de albergue: un realojo real en una vivienda digna. La suspensión debe mantenerse hasta que ese realojo exista. Si la Administración no tiene vivienda para ofrecer, la responsabilidad es suya, no de la familia desahuciada.
Ni un euro público para premiar la especulación
Rechazamos que el decreto incluya bonificaciones fiscales para propietarios. Llevamos años viendo cómo el dinero público sirve para garantizar rentabilidades privadas mientras la vivienda se vuelve inaccesible. No queremos favores fiscales a quien ha hecho de la vivienda un negocio. Cada euro que el Estado deja de ingresar por bonificar rentas es un euro que no va a vivienda pública.
Prohibir la compra a los fondos, para siempre
Paralizar la compra de viviendas por parte de fondos hasta 2028 reconoce algo que la PAH denuncia desde 2013: los fondos buitre son parte del problema. Pero si es un problema hoy, lo seguirá siendo en 2028. La prohibición no puede tener fecha de caducidad. Tiene que ser permanente.
Y tiene que ir más allá. No se trata solo de quién compra, sino de cuánto acumula. Nadie debería poder acaparar viviendas para hacer negocio con ellas. Proponemos un límite al número de viviendas que puede poseer una misma persona o entidad, para que la vivienda vuelva a ser lo que es: un lugar donde vivir, no un activo para lucrarse. Priorizar el derecho a habitar sobre el derecho a especular no es radical. Es lo que dice el artículo 47 de la Constitución.
Ni una casa habitada en el mercado de los buitres
Cerrar la puerta de entrada a los fondos protege a quienes ya viven en sus casas. Miles de familias habitan hoy viviendas en manos de fondos buitre y grandes tenedores, que las compran, las revenden y las trocean como si fueran paquetes financieros. Cada venta de una vivienda habitada es una amenaza de desahucio: quien compra llega con el objetivo de vaciarla y volver a sacarle rentabilidad. Exigimos que se prohíba la venta de viviendas habitadas en manos de fondos buitre y grandes tenedores. Si quieren desprenderse de ellas, que sea a la Administración pública, a precio justo y con las familias dentro y protegidas, para que pasen a formar parte del parque público de alquiler social.
Alquilar no puede ser vivir de prestado
Más del 70% de los desahucios que se ejecutan hoy son de familias que viven de alquiler. Y en este decreto echamos en falta lo que de verdad cambiaría su vida. Una prórroga de dos años o una renovación que depende de una convalidación no dan estabilidad: queremos contratos indefinidos, como en buena parte de Europa, para que nadie tenga que hacer las maletas cada vez que vence un contrato. Queremos una regulación real del alquiler de habitaciones y de temporada, sin agujeros por los que se cuele el fraude, porque es ahí donde hoy se esconde la mayor explotación. Y queremos una bajada de precios, no una contención: los alquileres ya están en niveles imposibles, y congelar el abuso no es corregirlo.
Nuestras exigencias
- Moratoria estructural de desahucios para personas y familias vulnerables, sin fecha de caducidad.
- Ningún desahucio sin realojo digno y garantizado previamente.
- Retirada de las bonificaciones fiscales a propietarios, rentistas y SOCIMI.
- Prohibición permanente de la compra de vivienda por parte de fondos de inversión.
- Prohibición de la venta de viviendas habitadas en manos de fondos buitre y grandes tenedores, con derecho preferente de compra para la Administración y mantenimiento de las familias en su hogar.
- Límite legal al número de viviendas en manos de una misma persona o entidad.
- Contratos de alquiler indefinidos.
- Regulación efectiva del alquiler de habitaciones y de temporada.
- Bajada real de los precios del alquiler.
Seguimos en la calle como nos gusta, movilizadas,no como nos quieren, desahuciadas.
Un decreto no es una victoria mientras dependa de una fecha, de una convalidación o de la voluntad de quienes defienden a los grandes propietarios. Por eso hacemos un llamamiento a mantener la presión. A resistir en Sol. A sostener las acampadas y concentraciones en cada ciudad. A seguir parando desahucios en cada portal. A estar atentas a la convalidación en el Congreso y a exigir a cada grupo parlamentario que diga claramente de qué lado está.
Lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido juntas. Lo que falta, también. Por que queda mucho por recorrer y no podemos hablar de derecho a la vivienda garantizado hasta que logremos una legislación como la que la ciudadanía planteamos, redactamos y registramos en 2018 (Ley Vivienda PAH) y en 2021 (Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda). La propuesta existe, lo que falta es voluntad política.
Ni una Maricarmen más. Ni una Olga más. Ni un desahucio más