El PP rinde servidumbre y pleitesía a la banca y las suministradoras de agua luz y gas, mientras impide la acción de los Parlamentos Autonómicos en favor de las familias con problemas. La acción de gobierno del PP en materia del Derecho a la Vivienda, se puede fácilmente resumir en una frase: servidumbre y sumisión total a los intereses de la banca y a las suministradoras de agua luz y gas. En 2013 se vio obligado a admitir la ILP de la PAH en contra de su voluntad, pero en su trámite, la desnaturalizó convirtiéndola en la ley 1/2013, un instrumento para garantizar el mantenimiento de las cláusulas abusivas impuestas por los bancos a las gentes hipotecadas, así como las enormes deudas que se mantienen de por vida después de perder su casa en un injusto y arbitrario procedimiento de ejecución hipotecaria.
Conseguimos recurrir al TC esta ley, que lo admitió a trámite, sin que haya vuelto por el momento a pronunciarse. Sí lo ha hecho sin embargo el Tribunal de Justicia de la UE, que la ha revolcado ya 7 veces en los 3 años que lleva en vigor, y las que les quedan. La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de sanción contra España, por no haber adaptado los mecanismos de ejecución hipotecaria a la normativa europea en materia de derechos de los consumidores, y ha dado un plazo de 2 meses para que se modifique el procedimiento, hecho altamente improbable dada la situación de gobierno en funciones y Cámaras disueltas, por lo que, con toda probabilidad, habrá sanción económica que pagaremos entre los desahuciados y los demás.
El viernes el gobierno en funciones, en vez de extenderla al resto de España, ordenó recurrir al Constitucional la ley catalana 24/2015, pidiendo además su suspensión al Tribunal. Esta era la única ley que en España impedía los desahucios, y garantizaba el acceso a los suministros básicos, a quienes no pudieran pagarlos. Tampoco ha sido la primera vez, ya recurrió el decreto ley 6/2013 de Andalucía, la ley foral de Navarra 24/2013, la Ley 3/2015 de vivienda del País Vasco y la Ley 2/2014 Canaria de vivienda, todas ellas orientadas a paliar las situaciones de emergencia social y habitacional. En la Región de Murcia, el PP impidió a la PAH en septiembre de2014 iniciar la recogida de firmas de una ILP, e infestado de electoralitis aguda, en marzo de 2015 (2 meses antes de las últimas autonómicas), aprobó una inútil ley que ni ha impedido los desahucios, ni ha ayudado en modo alguno a las familias en dificultad.
En octubre 2015, las PAHs de la región, acudimos a la Asamblea Regional para recabar de los grupos políticos una ley como la catalana 24/2015, guante que recogieron PSOE y Podemos, que elaboraron y registraron un proyecto que reforma la electoralista e inútil ley de marzo de 2015, y que en debate público promovido por la PAH y celebrado en la pasada campaña de diciembre, consiguió el compromiso público de apoyo por parte de Ciudadanos.
En el trámite de ese proyecto en la Asamblea Regional, el portavoz del PP ha presentado una enmienda a la totalidad que, lejos de ser una propuesta alternativa al texto propuesto, se limita simplemente a pedir que no sea debatido y que la olvidemos. Nos parece indecente e inadmisible que el PP carezca de propuesta y se limite a tratar de impedir el debate, en una región con casi 7 desahucios diarios de media y un creciente número de ejecuciones hipotecarias.
Esa enmienda fue rechazada por toda la oposición, y se inició el trámite ordinario, que ha concluido hoy con la aprobación de la ley gracias a los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos, y pese al rechazo del PP.
En la PAH, valoramos el avance que constituye en la Región de Murcia para la negociación de los procesos, para la garantía en los suministros básicos, y también para frenar los desahucios, a pesar de estar aun muy lejos de las 5 de la PAH, o de la ley 24/2015 de Cataluña, por lo que nuestra lucha por estas propuestas no se va a modificar en modo alguno.
Por último, exigimos al gobierno regional de Murcia que, una vez aprobada, adopte de inmediato las medidas necesarias para que la ley pueda en vigor de forma inminente. También exigimos al Gobierno en funciones que se abstenga de recurrirla al Constitucional, posibilidad contra la que lucharemos con todas nuestras fuerzas. Más aún, las más de 220 PAHs con presencia en todo el Estado continuaremos con procesos para el cambio de las leyes, como el conseguido hoy en Murcia. Y no pararemos hasta alcanzar un cambio de ley que asegure el Derecho a la Vivienda en todos los rincones del país. Cada día estamos demostrando que legislar en nombre de los derechos básicos es cuestión de voluntad política: esta siendo la ciudadanía la que sin recursos salva las vidas en juego, parando desahucios y proponiendo cambios para terminar con la sangría. Nuestra convicción, es tan férrea como nuestras victorias. Por eso, sin ninguna duda, sabemos que ganar es solo cuestión de tiempo.
¡Sí se puede!
Coordinadora regional de PAHs de Murcia
