El 31 de diciembre termina la moratoria de desahucios vinculada al escudo social y si no se mantiene en el tiempo, hasta resolver el problema de la vivienda, nos enfrentaremos a una nueva pandemia.
Durante la pandemia por la COVID-19 el Gobierno aprobó un escudo social (RDL 11/2020) que entre otras medidas contempla una moratoria de desahucios en casos de impago o finalización de alquiler y ocupación que se ha ido renovando, primero cada seis meses y después anualmente. Actualmente está vigente hasta el 31 de diciembre 2024.
Superada la pandemia, lo que no se han superado son la especulación ni los precios abusivos con la vivienda, que provocan que miles de familias sigan ahogadas y una media de 130 desahucios al día, a pesar de tener una moratoria para evitarlos.
Ley de Vivienda (Ley 12/2023) aprobada el 24 de mayo de 2023, se decía que venía a solventar la emergencia habitacional y blindar el derecho fundamental a la vivienda. Como denunciamos desde el momento que la PAH registró su propia ley (junto a 120 organizaciones) en septiembre de 2021, y cuya tramitación fue impedida por los mismos socios de Gobierno que impulsaron la actual, no ha sido así. Lo demuestra todo el problema de los pisos turísticos para eludir la regulación del alquiler, una regulación que los gobiernos de la derecha se niegan a aplicar en la mayoría de CCAA, provocando que el alquiler siga subiendo.
La falta de alternativa habitacional para las familias desahuciadas, ya que “no hay vivienda’’ ni mecanismo que marque cómo hacer efectiva la recuperación por parte de las familias vulnerables de pisos vacíos de GT. La recuperación para uso social debe ser una obligación de la Administración Pública, a través de la cesión de uso por emergencia, o la compra directa por la misma razón (que se refleja en la Constitución por un beneficio colectivo y necesidad de emergencia). Todo esto, junto a la no promoción real de vivienda social y asequible, más allá de promesas y titulares, demuestra la incapacidad de una ley que tenía que ser pionera en el derecho a la vivienda y se queda en un mero escrito de diferentes artículos en un papel, incapaz de ser cumplida y que claramente no afronta ni da solución a un problema que ya no se puede eludir más.
Desde la PAH, viendo cada día a gente siendo desahuciada, al tiempo que algunas medidas de protección del escudo social están terminando y viendo cómo se acerca el fin de la moratoria de desahucios, exigimos:
- Debe ser una medida estructural no limitada en el tiempo. No puede ser temporal ni continuar ligada a la COVID-19 y a la guerra de Ucrania.
- Debe ser más clara y contundente la valoración de vulnerabilidad hecha en Servicios Sociales, evitando así la interpretación final de algunos jueces que optan por omitirla y tirar adelante con el desahucio.
- La situación estructural tiene que durar el tiempo suficiente hasta que la Administración Pública, Estatal o CCAA, hayan previsto y garantizado la alternativa de dar una solución o alternativa habitacional digna.
- Tener en cuenta que es la única cobertura posible para miles de familias vulnerables que, por cierto, existen en este país, para garantizarles un techo.
- Es conveniente alertar del abusivo sistema de compensaciones a propietarios que no pueden ejecutar el desahucio de familias vulnerables. Este mecanismo implica un desmesurado gasto público que beneficia a muchos grandes tenedores de vivienda como bancos y fondos buitre, haciendo necesaria su modificación a fin de co-responsabilizar, al menos, a los grandes tenedores de vivienda sobre un problema que ellos mismos han creado a través de la mercantilización de la misma.
Si no se amplía la moratoria de desahucios ni se tienen en cuenta estas medidas, volveremos como mínimo a los casi 250 desahucios diarios de 2019, el último año que estuvimos sin esta protección.
Queremos compromisos claros y definitivos sobre lo que exponemos.
