Hoy 9 de febrero la Pah de Vic había convocado a vecinos y vecinas a una concentración delante del edificio donde residían Ernest, Anita y sus hijos con el objetivo de impedir que fueran desahuciados por el Banco de Santander. Hace un año y como consecuencia de la crisis, Ernest perdió el trabajo; por ello, y contra su voluntad, no pudo seguir pagando las cuotas hipotecarias. Desde entonces, él, su esposa Anita embarazada de 8 meses y sus dos hijos de seis y un año, han tenido que vivir con 600 euros mensuales como únicos ingresos.
No tienen dónde ir y son una de las miles de familias víctimas de un sistema bancario usurero y despiadado, así como de un procedimiento judicial inhumano que permite que las familias más vulnerables se queden en la calle, con deudas de por vida y sin una segunda oportunidad para rehacer sus vidas.
Frente a tanta injusticia, la Plataforma por el derecho a la vivienda de Osona y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han logrado que más de 60 vecinos y personas solidarias, así como numerosos medios de comunicación, se reunieran a primera hora frente al inmueble para impedir el desahucio. Atónitos, los asistentes han presenciado una intervención policial sin precedentes, de gran brutalidad, que ha puesto en peligro la seguridad de todos los presentes, y en especial la salud de Anita, embarazada de 8 meses. Numerosos antidisturbios han desalojado a las personas que pacíficamente se hallaban sentadas en el suelo frente a la puerta, y a continuación han entrado violentamente en el piso, sacando por la fuerza a la familia, niños incluidos, a quienes han trasladado a dependencias municipales. A Anita, por su delicado estado, la han tenido que trasladar al hospital con una crisis de ansiedad causada por la intervención policial.
Desde la PAH denunciamos enérgicamente una actuación policial totalmente desproporcionada e injustificada. Sin embargo, si lo que pretendían era asustar a los vecinos, el efecto que han logrado ha sido exactamente el contrario: han despertado la indignación generalizada y una fuerte solidaridad que ha hecho que a lo largo del día más y más gente se acercara al lugar para protestar y exigir una solución para la familia de Ernest y Anita. Finalmente, gracias a la movilización ciudadana, el Ayuntamiento se ha visto obligado a proporcionar un piso de emergencia social en el que hoy mismo han realojado a la familia, con la promesa de que podrán permanecer en él al menos un mes hasta que se encuentre una solución digna y estable.
De nuevo se demuestra que si resistimos y permanecemos unidos podemos plantar cara a la injusticia de un sistema que antepone el beneficio de los bancos a los derechos más fundamentales de la población. Animamos a todas las personas afectadas a no rendirse: juntos, sí se puede!
En los próximos días la Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Osona y la PAH de Vic anunciarán nuevas convocatorias para denunciar los hechos y exigir responsabilidades.
Algunas imágenes de lo ocurrido las podéis ver en este enlace a las noticias de Cuatro TV