Hoy viernes 28 de Octubre tendrá lugar en el Pleno del ayuntamiento de Barcelona una votación importante. Se debate la aprobación de la moción impulsada por la PAH y que contempla, entre otros, los siguientes puntos:
- Instar al gobierno a modificar la ley hipotecaria para que se apruebe la dación en pago.
- Establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para prevenir los desahucios por razones económicas. Entre otros mecanismos se contempla la creación de una comisión mixta en la que estará presente la administración, los grupos municipales, la PAH , asociaciones vecinales y otras entidades sociales. El objetivo de esta comisión será estudiar las medidas a tomar a nivel municipal para evitar los desahucios o bien garantizar el realojo digno en aquellos casos en que no se haya podido evitar.
En este caso, la moción ha sido presentada por Unitat per Barcelona, y tiene el apoyo de ICV, PSC y CiU. Esta moción amplía la ya aprobada hace unos meses, presentada por ICV, en la que se instaba al Gobierno para regular la dación en pago.
Ya son más de un centenar los municipios que se han adherido a la campaña impulsada por la PAH en Diciembre de 2010 y que han aprobado mociones. Sin embargo, no todas las mociones son iguales. En algunos municipios sólo se ha aprobado el punto referente a la dación en pago, cuya competencia es de ámbito estatal, y que por lo tanto compromete poco al ayuntamiento.
Celebramos que Barcelona, capital de una de las provincias más afectadas por ejecuciones hipotecarias (23 cada día) y desahucios (18 cada día) de todo el estado, se haya sumado a las ciudades que se comprometen a tomar medidas en el ámbito municipal sin esperar a un cambio legislativo estatal. Se trata de otra pequeña gran victoria que no hubiera sido posible sin la movilización social ni el compromiso de una ciudadanía cada día más activa. Una ciudadanía que ha demostrado la firme e irrenunciable voluntad de ahondar en una democracia más real y más participativa.
Sin embargo, la PAH estará atenta para evitar que esta moción quede en papel mojado. Exigimos que el compromiso de crear la comisión se concrete lo más rápido posible, puesto que la realidad es cada día más dramática. Nosotr@s tenemos ya muchas propuestas concretas para hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas afectadas por ejecuciones y desahucios. Sólo falta voluntad política para implementarlas. Entre otras, proponemos:
– Eliminación del impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda.
– Revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales para, entre otros, que ninguna familia más sea amenazada de perder la custodia de sus hijos a causa de un desahucio. Por el contrario, exigimos que servicios sociales colabore siempre en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.
– No poner ni un solo guardia urbano más a disposición de las ordenes de desahucio.
– En los casos en que no se haya podido impedir el desahucio, garantizar el inmediato realojo en una vivienda digna en régimen de alquiler social asequible, a poder ser en el mismo barrio.
– Hacer un censo con carácter urgente de los pisos vacíos en manos de las entidades financieras para luego poder aplicar medidas que fuercen su puesta inmediata en alquiler social asequible, desde una recarga del IBI hasta la expropiación temporal de su uso.
– Interpelar a las entidades financieras que operan en la ciudad para exigirles la paralización de los deshaucios y la condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria. En caso de no obtener respuesta por parte de éstas, aplicar medidas sancionadoras.
Y en general, exigimos a Barcelona y al resto de ciudades que no se resignen a ser “ciudades activas en la prevención de desahucios” y se decidan a ser Ciudades Libres de Desahucios: una ciudad debe defender a sus ciudadanas y ciudadanos de la flagrante vulneración de derechos fundamentales que suponen los desahucios por motivos económicos, agravados por la injusta ley hipotecaria española actual.