Ante el anuncio por parte del ministro de Economía, Luis de Guindos, de nuevas medidas en materia hipotecaria, y a la espera de conocer más detalles, la PAH quiere advertir lo siguiente:
En primer lugar, según las informaciones aparecidas, las supuestas medidas se limitarán a promover la dación en pago y posponer los desahucios a través de meras “recomendaciones” y “códigos de buena conducta” voluntarios para las entidades financieras: No necesitamos recomendaciones, sino una legislación garantista que proteja los derechos fundamentales de la ciudadanía. Estos años de crisis en los que la PAH acumula una gran experiencia de negociaciones con la banca nos han demostrado que la intervención pública no se puede limitar a apelar a la buena voluntad de bancos y cajas, porque estas entidades son empresas cuyo objetivo es hacer el máximo beneficio para repartirlo entre sus accionistas. Sería inaceptable dejar que sigan siendo los bancos los que decidan, en función de sus intereses y no de las condiciones objetivas de las familias, quienes se salvan de la deuda y el desahucio, y quienes no. Y el Sr. De Guindos haría bien en ser más prudente antes de crear titulares sensacionalistas: con el anuncio de promover la dación en pago ha generado fuertes expectativas entre miles de personas cuyas vidas están literalmente en juego. Cabe suponer que un ministro de economía que fue con anterioridad un alto directivo de Lehman Brothers antes de que quebrase conozca la eficacia de tales recomendaciones, así que no siendo un ejercicio de ingenuidad cabe suponer que se trate más bien de una manera de posicionarse ante la inminente Iniciativa Legislativa Popular que se presentará a debate en el Congreso en los próximos meses.
En segundo lugar, se anuncian como medidas incentivos fiscales y nuevas partidas del ICO. Exigimos que cualquier medida que se apruebe sea realmente para ayudar a las familias, ya que en lo que llevamos de crisis varias veces se ha anunciado medidas que finalmente a quien han beneficiado, una y otra vez, ha sido a la banca. Recordemos la moratoria ICO, aprobada por el gobierno anterior, que terminó siendo un absoluto fracaso para las personas afectadas. La ciudadanía no entendería que las medidas que finalmente se aprueben impliquen más dinero público para las entidades responsables de la crisis.
En tercer lugar, le recordamos al Gobierno que llevamos ya más de 330.000 ejecuciones hipotecarias y que por lo tanto hay cientos de miles de familias que ya han sufrido el injusto procedimiento de ejecución español, quedándose con una deuda de por vida y sin vivienda.Las medidas que se aprueben deben contemplar a la gente ya afectada, no aceptaremos medidas que sólo sirvan a futuro. No aceptaremos que se sacrifique a millones de personas. Las víctimas de la estafa inmobiliaria y financiera exigen reparación y una segunda oportunidad.
Por todo lo expuesto, mantenemos la necesidad urgente de legislar para garantizar el derecho a la dación en pago, la moratoria de los desahucios y la reconversión de los pisos hipotecados ejecutados en alquiler social asequible, y todo ello con carácter retroactivo. Recordamos que estamos a punto de empezar la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular que llevará estas propuestas al congreso, demostrando cual es la voluntad mayoritaria de la población española.
No necesitamos recomendaciones ni incentivos. Necesitamos una legislación que garantice el derecho a una segunda oportunidad y el derecho a la vivienda.
Finalmente, queremos destacar que las recientes declaraciones del Gobierno significan un reconocimiento a la denuncia y las demandas de la PAH. La mobilización de miles de personas, afectadas y solidarias, durante estos últimos tres años está logrando forzar que las administraciones tengan que mover ficha. En sus declaraciones, De Guindos reconocía que las medidas a impulsar son las propuestas por la PAH: dación en pago, moratoria de desahucios y alquiler asequible. Es una pequeña victoria más. De momento el Gobierno pretende que esto sólo sea voluntario, nosotr@s exigimos que sea un derecho de la ciudadanía regulado, vinculante y de efectos retroactivos. Ahora hace falta un último esfuerzo: más que nunca, este 2012 habrá que estar en movilización permanente para seguir presionando y lograr que las medidas finales respondan a las demandas ciudadanas.
Declaraciones de la portavoz de la PAH Ada Colau en la Ser
Comunicado de Jueces para la Democracia
La intervención del Sr Coscubiela, de ICV, que dio origen a las declaraciones del Sr De Guindos