El 64% de los desalojos se produjeron tras una intervención judicial y el resto fueron lo que denominan “entregas voluntarias”, según los datos del Banco de España.
La situación de emergencia habitacional que sufre el país vuelve a ser noticia, en esta ocasión por la publicación de los datos del Banco de España sobre ejecuciones hipotecarias. En los primeros seis meses de 2014 más de 26.500 famílias se vieron obligadas a entregar su vivienda a la banca ante la imposibilidad de pagar la hipoteca, cifra que hay que sumar a los cientos de miles que ya se habían producido desde que empezó la crisis y el creciente número de desahucios por alquiler.
Es especialmente preocupante el descenso de las daciones en pago. Esto significa que la mayor parte de las familias que se ven obligadas a entregar sus viviendas además se quedan con una deuda impagable de por vida, sumando al ya de por sí grave problema habitacional y riesgo de exclusión al que se ven abocadas.
También cabe destacar el hecho de que aumenta un 18% la cantidad de viviendas habituales que estaban habitadas en el momento de la entrega judicial, es decir, familias que no han contado con ninguna alternativa habitacional en el momento de tener que abandonar su casa. Esto es un claro reflejo de la pasividad de las instituciones públicas, que ante el drama habitacional de miles de familias siguen sin llevar a cabo medidas valientes para garantizar el acceso a una vivienda a través de políticas públicas. Se habla de 19.565 entregas de vivienda, pero estas no reflejan si ha habido o no respuesta habitacional, lo que encubre desahucios silenciosos, especialmente preocupantes las 1.218 viviendas que cuando se produjo el desalojo estaban ocupadas.
A pesar de que los datos publicados por el Banco de España (estadísticas parciales y que proveniene de los datos facilitados por las entidades financieras que gestionan el 85% crédito hipotecario en España) pretenden mostrar una tendencia hacia la baja del número de ejecuciones como la traducción de una cierta recuperación económica, desde la PAH queremos denunciar que no hay nada que celebrar con estos datos: más de 26.500 familias han perdido su casa durante el primer semestre de 2014 y sin contar los desahucios de alquiler, según los datos del Consejo General del Poder Judicial del primer semestre de 2014, suponen un 53% del total. Por lo tanto, la emergencia habitacional, lejos de disminuir está aumentando.
Una vez más, tal y como llevamos denunciando años, en España siguen ejecutándose todos los días desahucios. Las leyes aprobadas por el actual gobierno como supuestas medidas para paliar la emergencia habitacional no han sido más que parches que no han impedido que miles de familias se queden en la calle y con deudas de por vida sin ninguna alternativa habitacional por parte de las administraciones.
La PAH hace más de 3 años que hizo una propuesta de mínimos, la ILP, apoyada por más de 1 millón y medio de firmas. Estas 3 propuestas, dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y políticas activas de vivienda pública, siguen siendo de vital necesidad para miles de familias y una exigencia legítima por parte de toda la sociedad.