La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) iniciamos la campaña de recogida de firmas para parar la emergencia social que se vive en Cataluña: más de 20 desahucios al día y más del 10% de los vecinos afectados por los cortes de suministros básicos como agua, luz y gas.
Con esta iniciativa las entidades impulsoras queremos evidenciar la necesidad en que el gobierno de la Generalitat haga uso de las competencias de las que dispone en materia de vivienda y protección de los consumidores y adopte las medidas urgentes en favor de las familias afectadas por la crisis.
Con un 19% de paro, 726.000 personas, más del 60% de las cuales en paro de larga duración, Cataluña se ha convertido en una de las Comunidades Autónomas más afectadas por la crisis económica. Según datos recientes del Instituto de Estadística de Cataluña, 220.700 hogares tienen a todos sus miembros en el paro, de las cuales 106.700 no perciben ningún ingreso. Cada vez son más las personas que incluso trabajando no disponen de los ingresos suficientes para hacer frente a los gastos familiares básicos.
Ésta situación de emergencia social es especialmente grave en el ámbito de la vivienda. Según datos jurídicos, desde que empezó la crisis en el 2008 Cataluña acumula más de 50.000 desahucios por motivos económicos (20 desahucios al día) encabezando el triste ranquin de la pérdida de vivienda en todo el estado Español. Según el “Departamento de Territorio y Sostenibilidad” de la Generalitat, las viviendas de alquiler social no llegan a las 30.000 -1% del parque habitacional frente al 18% de los países europeos cercanos-, cantidad más que insuficiente para responder a la demanda habitacional.
Muchas de las familias desahuciadas, en este momento, son víctimas de la sobreexposición del crédito hipotecario y sufren una auténtica muerte civil. El sobreendeudamiento, de hecho, es una de las problemáticas más crueles de las familias hipotecadas, muchas de las cuales están integradas por menores de edad que se ven directamente afectados, así como lo refleja el informe: “Emergencia Habitacional en el estado español. La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos”
Igualmente, resulta alarmante el crecimiento de la pobreza energética que a día de hoy afecta a más del 10% de la población en Cataluña. Así, más de 320.000 familias no pueden mantener sus casas a una temperatura adecuada por falta de recursos económicos o porque ya han sufrido cortes de suministro energético (luz y gas) y agua.
Este crecimiento de la pobreza energética está vinculado tanto a la deficiente calidad energética del parque de vivienda existente como al aumento continuo de los precios de los recibos de agua, luz y gas. Suministros todos ellos en manos de empresas oligopolístisticas. No es casualidad que en todo el territorio español el precio de la energía sea un 30% más caro que la media de la UE y que los beneficios de las compañías sea el doble que los beneficios del sector a escala europea.
Afortunadamente, Cataluña dispone de los recursos legales y materiales necesarios para hacer frente a la situación. En particular, Cataluña acumula 450.000 viviendas vacías (100.000 en manos de entidades financieras, 80.000 viviendas nuevas de nueva construcción y 270.000 viviendas particulares). Por otro lado, las compañías eléctricas con una media de beneficios de unos 3.849 millones de euros entre 2.008 y 2.012 disfrutan de una situación económica privilegiada. De lo que se trata, entonces, es de hacer servir las competencias exclusivas del gobierno de la Generalitat en materia de vivienda y protección de los consumidores para parar la concentración de la riqueza por parte de las grandes empresas de suministros, entidades financieras, fondos buitres y grandes inmobiliarias.
Por esta razón, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC presentamos la ILP de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética, ILP que fue admitida a trámite por la mesa del Parlament el pasado 13 de octubre.
En concreto proponemos las siguientes medidas de mínimos imprescindibles para hacer frente al sobreendeudamiento, los desahucios y los cortes de suministros básicos:
- Mecanismos que proporcionen una segunda oportunidad a las personas sobre endeudadas, mediante dos procedimientos (uno extrajudicial y otro judicial) se posibilita que las familias puedan liquidar sus deudas vinculadas con la vivienda habitual con el fin de poder empezar de nuevo.
- Ningún desahucio para las familias que no puedan hacer frente al pago de la hipoteca, estableciendo la obligación a las entidades financieras de conceder un alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad.
- Ningún desahucio para las familias que no puedan hacer frente al pago del alquiler cuando los propietarios sean bancos, fondos buitres o grandes inmobiliarias estableciendo la obligación de estos grandes tenedores de vivienda a conceder un alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad.
- Todas las ayudas para las familias que no puedan hacer frente al pago del alquiler de pisos de propiedad de personas físicas. Cuando el propietario del inmueble sea un pequeño propietario, en cambio, la administración estará obligada a conceder ayudas para que el afectado pueda seguir en una vivienda o asegurarle un realojo adecuado.
- Creación de un parque de alquiler social a través del alquiler forzoso de los pisos vacíos en poder de los bancos y grandes tenedores de vivienda.
- Impedir los cortes de luz, agua o gas que afecten a las familias en situación de vulnerabilidad. Se establecerá un protocolo obligado de comunicación e intervención previa de los Servicios sociales para aplicar las ayudas necesarias para evitar los cortes de suministros.
- Garantizar el acceso a los suministros de agua, luz y gas a todos los hogares vulnerables.
Sí Se Puede! #AvuiEsPot