Alfredo Guillen fue una de las tantas personas que durante la época de la burbuja inmobiliaria apoyo a sus parientes. Dos sobrinas suyas le solicitaron que solicitara un préstamo Bankia hipotecando su vivienda, para así poder hacer frente a una serie de deudas. Alfredo, de buena fe, accedió a su petición, que termino por ser una estafa. Sus sobrinas se marcharon con el dinero proveniente del préstamo, el cual no pensaban devolver desde el principio. Y Alfredo tuvo que hacer frente a la deuda poniendo en riesgo lo único que tenía: su hogar y una pensión de 700 euros.
Tras pasar por la horrenda experiencia de que su hogar fuera subastado, acudió a la PAH con una orden de desahucio en la mano. El banco pretendía dejarle en la calle a pesar de su avanzada edad. Sin embargo, gracias a la presión de la PAH se paralizo el desahucio de Alfredo y se inicio una vía de negociación. Mientras tanto Alfredo invitaba a María, una conocida que se había quedado en la calle, a vivir en su piso. Un acto de pura generosidad a pesar de que Alfredo se encontraba en plena emergencia habitacional. Un ejemplo más de que somos las ciudadanas de a pie quienes recuperamos los Derechos Humanos aún en la más difícil de la circunstancias.
Después de un año de negociación con Bankia para encontrar una solución habitacional para Alfredo, arrancamos a Bankia el acuerdo de un alquiler social a 5 años. El precio que se pactaba era de 100 euros al mes. Precio correspondiente a los baremos de 10%, 12% y 18% sobre los ingresos de la unidad familiar tal como contempla la Ley 24/2015 contra los desahucios y la emergencia habitacional. Era un acuerdo puramente de mínimos, insuficiente para un caso tan grave. Bankia ni siquiera le concedía a Alfredo la condonación de la deuda hipotecaria a pesar de que era más que obvio que jamás podría hacerle frente.
Además, a escasos días de la fecha de firma del alquiler, Bankia se echó para atrás incumpliendo el acuerdo. Dado que el Partido Popular recurrió los artículos de la Ley 24/2015 que obligaba a los bancos a conceder alquileres sociales a las familias, Bankia afirmo que no iba a respetar ningún acuerdo que nombrara a esta ley. De este modo, la entidad hubiera dejado a Alfredo en una situación de absoluta indefensión si no hubiera sido por la PAH. Un ejemplo más de que la violación reincidente de Derechos Humanos se ejerce por parte de los mismos bancos que hemos rescatado con nuestro dinero.
Bankia, recordémoslo, tuvo el rescate más escandaloso e inmenso que hemos sufrido en todo el estado español. Hasta 23.500 millones de dinero público le fueron cedidos sin ninguna contraprestación social a cambio. Incluso un reciente informe demuestra que las ayudas públicas a Bankia constituyen una totalidad de 147.000 millones, más que los recortes que hemos sufrido en educación, sanidad y seguridad social. En vez de paralizar desahucios y ofrecer alquileres sociales a la ciudadanía, el informe de Emergencia Habitacional del Observatori DESC coloca a Bankia como el banco que más desahucia, llegando a ser responsable hasta del 20% de los desalojos hipotecarios.
Por si fuera poco, durante 2014 todas contemplamos como Bankia protagonizaba el escándalo de las tarjetas opacas Black que acarrearon 15 millones de gastos en negro: la mayor parte en viajes, golf y clubs de alterne. Es totalmente inadmisible que la entidad número uno en recibir ayudas públicas sea una entidad que sigue desahuciando, que continúa malversando y que además lidera el ranking de los bancos que más desalojan. Es totalmente inaceptable que Bankia continúe especulando con vidas en juego como la de Alfredo.
Desde la PAH somos conscientes que estamos ante un caso extremo. La salud de Alfredo está en peligro debido a su avanzada edad. Dada la actuación de Bankia y la precaria situación en la que se encuentra Alfredo, es necesario que se le conceda un alquiler social vitalicio y la extinción de toda la deuda hipotecaria. Por eso, hacemos un llamamiento a todos los responsables políticos del municipio de Barcelona para que exijan responsabilidades y una solución inmediata a Bankia.
Por todo esto desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona pedimos:
- La inmediata solución del caso de Alfredo Guillen, concediendo la condonación total de la deuda y un alquiler social vitalicio de 100 euros.
- La puesta en marcha de negociaciones para dar solución a todas las familias que se encuentran hoy en riesgo habitacional por las políticas de Bankia.
- La puesta a disposición de la administración de todos los pisos vacíos que acumulan las entidades financieras bajo pena de sanción, como contrapartida del dinero público obtenido, con el fin de conseguir un parque social de alquiler que pueda subsanar las deficiencias de las políticas públicas de vivienda de los últimos años.
- La finalización del traspaso de recursos públicos a las entidades financieras sin ninguna contraprestación.
- Que el Ayuntamiento de Barcelona presione a Bankia para que sea la entidad la encargada de asumir la solución habitacional.