Hoy las Plataformas de Afectados por la Hipoteca reivindicamos la necesidad de regular los alquileres como propone la Ley Vivienda PAH, una propuesta de ley registrada en el Congreso.
El precio del alquiler se ha disparado, aumentando un 30% entre 2013 y 2016. La mayoría de la gente joven que alquila en las grandes ciudades dedica más de la mitad de su precario sueldo en el alquiler. Y a las familias les resulta imposible desarrollar proyectos largos de vida mediante el alquiler ya que tenemos los contratos más cortos de toda la Unión Europea. Es obvio: la emergencia habitacional que existe en las hipotecas se ha extendido a los alquileres. Como resultado, muchas vecinas se ven forzadas a abandonar sus barrios y municipios de toda la vida porque no pueden hacer frente a los precios. Las familias que se quedan en la calle, en ausencia de un realojo garantizado por la Administración, están abocadas a ocupar por necesidad. Vivir se ha convertido en un privilegio.
El gobierno del PP modifico la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013 con consecuencias nefastas. En primer lugar, redujeron el mínimo de duración de los contratos de 5 a 3 años. En segundo lugar, desvincularon los precios del IPC en las renovaciones contractuales. Una reforma innecesaria, que estaba hecha a medida de los grandes especuladores y los fondos buitres. Especuladores como Norvet, Elix, Anticipa, Cerberus y Goldman Sachs, que compran bloques enteros en las ciudades, negándose a renovar los contratos a las residentes e incluso realizando acoso inmobiliario. También de fondos como Blackstone, que en 2015 compró parte de la cartera hipotecaria de CatalunyaCaixa para poder quedarse con los hogares de familias que estaban en proceso de desahucio. Y esto ocurrió a pesar de que CatalunyaCaixa había sido rescatada con 12.000 millones de dinero público sin ninguna contraprestación social a cambio.
La lógica de estos grandes especuladores es echar de sus casas a las familias, reformar los pisos y volverlos a vender rápidamente. También muchos de estos actores especulativos participan de las Socimis: sociedades de gestión que se dedican mayoritariamente al alquiler. Y que, por las políticas del PP, tienen hoy un régimen fiscal privilegiado en el que no pagan el Impuesto a las Sociedades.
Mientras estos especuladores se enriquecen mediante leyes injustas, el 60% de los desahucios ya son por alquiler. Se produce un escenario de inseguridad tanto para las inquilinas como para los pequeños propietarios. Y esto ocurre en un contexto europeo donde los alquileres indefinidos están normalizados en países como Alemania y Noruega. Una Europa donde incluso existe un índice de referencia en Berlín que marca el precio adecuado de los pisos en alquiler según sus características, antigüedad y localización
Con la propuesta de ley que hemos registrado desde la sociedad civil, proponemos replicar medidas que ya funcionan en Europa para garantizar que vivir de alquiler sea una alternativa viable, segura y asequible:
– Dotar a las Ayuntamientos que lo necesiten de la capacidad de crear índices de referencia locales para los precios del alquiler, que tengan en cuenta la capacidad adquisitiva de la población.
– Aumento de la duración de los contratos a 5 años en casos de pequeño propietario con posibilidad de renovación por otros cinco, y a 10 años en casos de gran propietario con posibilidad de renovación por otros diez.
– Alquileres indefinidos para víctimas de violencia de género, personas mayores de 65 años y colectivos vulnerables.
– Habilitar ayudas a las familias vulnerables en casos de que su casero sea un pequeño propietario.
– Dotar a la Administración Pública de la capacidad de realojar a las familias vulnerables en pisos injustificadamente vacíos de la banca en caso de que su casero sea un pequeño propietario.
– Más seguridad en los contratos para garantizar la estabilidad tanto de inquilinas como pequeños propietarios.
Ahora que la ley esta registrada, el gobierno del PP tendrá hasta marzo para interponer un veto, que implicaría que estas medidas de sentido común ni siquiera se pudieran debatir en el Congreso. Y esto a pesar de que la propia portavoz de vivienda del PP, Ana Zurita, reconoció durante un proceso de negociaciones que no había justificación para vetar la Ley Vivienda PAH ya que no afectaba a los presupuestos generales en vigencia. Mientras tanto, hay 173 desahucios cada día, 173 razones para adelantar lo antes posible el debate democrático y aprobación necesaria de la Ley Vivienda PAH.
Hablamos de una propuesta de ley que no sólo acabaría con los desahucios, sino que incluye la oportunidad histórica de superar unos alquileres imposibles para alcanzar unos alquileres asequibles. Y así proteger el Derecho Humano a la Vivienda tal como esta recogido en la Constitución.
¡Sí Se Puede!
#AlquileresAsequibles