Casi 60.000 desahucios en un año dejan en evidencia a los políticos gobernantes de este país, que sigue sufriendo una de las mayores lacras de la última década mientras se sigue mirando hacia otro lado y solo se les ocurre elaborar un decreto insuficiente, muy alejado de la realidad de las familias
Hoy el CGPJ ha hecho públicos los datos del 4º trimestre de 2018, que sobre desahucios son los siguientes:
- Por ejecución hipotecaria: 18.945
- Por alquiler: 37.285
- Otras causas: 3.891
- TOTAL: 59.671 DESAHUCIOS
Estos datos, nos sitúan en cifras muy similares a las de los peores años de la crisis y son consecuencia de una legislación radicalmente injusta y criminal, que ignora el valor social de la vivienda, limitando este a su valor de mercado y a la que únicamente se accede en función de la renta. Unos datos que tampoco son fieles a la realidad, pues no contempla los desahucios silenciosos producidos por finalización de contratos de alquiler. Cada vez son más las familias que tienen que abandonar su hogar a la búsqueda de uno más asequible, aunque sea cambiando de barrio o población, al no poder hacer frente a las subidas abusivas.
En España jamás se ha hecho una inversión suficiente y continuada en la creación de un Parque Público de Vivienda, que al menos garantizaría el ofrecer realojos y alquileres sociales a las familias desahuciadas; y todas las ayudas van en la única dirección de facilitar el endeudamiento con los bancos o en la de que los grandes tenedores de vivienda cobren sus rentas y de que grandes fondos buitre puedan acaparar cientos de miles de viviendas para especular con ellas. No solo no se ha potenciado la creación de vivienda pública, también se ha permitido que la que había perdiera esa calificación a los 25 años para pasar al mercado privado especulativo.
Se han desperdiciado en esta legislatura dos grandes oportunidades de hacer más justo y accesible el derecho a la vivienda: la ley de crédito inmobiliario, en la que el Gobierno y el grupo socialista han dado continuidad al proyecto heredado de Luis de Guindos, volviendo a sobreproteger a la banca frente a las personas, blanqueando o moderando cláusulas abusivas, no limitando la responsabilidad al bien hipotecado, no instituyendo la dación en pago como forma normal de solucionar las situaciones sobrevenidas, etc. Y la otra, la no tramitación de la Ley de Vivienda de la PAH, que contenía instrumentos suficientes para ayudar a las personas deudoras de buena fe, para mejorar de raíz y pinchar la burbuja de los alquileres, para movilizar viviendas vacías y para acabar con la pobreza energética; entre el PP y Cs se han encargado de impedir su tramitación, porque a ellos no les importan estos casi 60 mil desahucios ni las familias afectadas ni sus sufrimientos.
Tampoco el gobierno actual ha hecho nada por cumplir los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, legislando para impedir los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
Hoy se anuncia también la aprobación de un decreto sobre alquileres, que valoraremos cuando lo conozcamos en profundidad, pero que, a todas luces y por los datos hasta ahora conocidos, no va a impedir nuevos desahucios, no va a intentar siquiera pinchar la burbuja de los precios, aunque sí pueda contener otras mejoras.
Desde la PAH exigimos y exigiremos a los futuros gobiernos en los diferentes ámbitos que incluyan en sus acciones de gobierno políticas que realmente garanticen a toda la población el Derecho a la Vivienda.