Muchas recordaréis aquella mañana del 25 de marzo del año pasado en que, concentradas como tantas otras veces ante la puerta de una vecina de Manresa ‒en este caso de Rachida y su familia‒ para evitar que los echaran de casa, tuvimos que hacer frente a un desahucio violento, en el que la policía empleó una fuerza a todas luces innecesaria, sembrando el pánico en la escalera y abusando de forma grave de su poder. Casi un año después, nos piden 20.000 euros de multa por poner el cuerpo contra la vulneración del derecho fundamental a un techo digno.
No solo la violencia policial fue flagrante en ese caso. Rachida tenía un piso de Mesa de emergencia confirmado y todo lo que pedía la PAHC Bages era un aplazamiento del desahucio, hasta que el piso que le había sido otorgado fuera finalmente entregado a nuestra compañera. Pedíamos, en definitiva, el cumplimiento de la Ley catalana de Vivienda, para que Rachida pudiera vivir con la tranquilidad que debería estar garantizada a cualquier vecina de la ciudad con respecto a un derecho tan básico.
Lejos de actuar de forma sensata y minimizando el daño causado, esto es, parando un desahucio perfectamente evitable hasta que esta familia tuviera garantizada una alternativa habitacional, tanto juzgados como los Mossos tomaron la decisión de actuar de forma inusitadamente violenta y desahuciar a Rachida de la peor de las maneras, llegando casi a llevarse por delante a una menor vecina de la escalera. Prueba de cómo de innecesario fue aquel desahucio, Rachida entró a vivir en el piso de Mesa de emergencia a los pocos días. ¿Tanto costaba esperar? ¿Había que aplicar este nivel de violencia?
Parece que el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, que ha venido aplicando de forma casi sistemática la fuerza policial en ciertos desahucios durante el mandato de Miquel Buch, no tuvo suficiente con aquel despliegue policial. Pues meses más tarde nos encontramos cómo la represión ataca de nuevo a la PAHC Bages, y esta vez con más rabia que nunca. Hasta el punto de que tres compañeras tienen un procedimiento penal abierto por atentado a la autoridad y desobediencia y las 30 personas que resultaron identificadas ese día están recibiendo multas administrativas de 601 Euros por cabeza, en aplicación de la Ley Mordaza española, que Naciones Unidas ha pedido reiteradamente que se retire por atentar contra las libertades políticas.
En total, a las luchadoras por la vivienda de la PAHC Bages nos piden cerca de 20.000 euros, una cantidad desorbitada que tiene como objetivo claro desactivarnos, en un nuevo golpe represivo de un gobierno que no solo no garantiza el derecho a la vivienda sino que, además, se permite el lujo de castigar a las personas que luchamos día a día en la calle para hacerlo efectivo.
Desde PAHC Bages y la organización antirrepresiva Alerta Solidaria, que acompaña el caso, anunciamos que no acataremos estas multas y hemos presentado un recurso, pero sobre todo, advertimos que no vamos a permitir que corten las alas de la solidaridad a golpe de multa. Hacemos saber al departamento de Interior que nos seguirán encontrando en las puertas de nuestras vecinas, defendiendo una vida digna, y que no habrá ningún golpe represivo que pueda detener nuestra fuerza y la voluntad de construir un mundo nuevo y justo.
Es por ello que exigimos:
- La derogación con carácter inmediato y retroactivo de la Ley Mordaza por parte del gobierno español de coalición entre PSOE y Unidas Podemos
- El cese inmediato del consejero de Interior, Miquel Buch, como responsable de la política de desahucios con actuaciones violentas por parte del cuerpo de Mossos d’Esquadra
- La retirada de las denuncias, absoluta y totalmente injustificadas
- Que el gobierno de la Generalitat de Cataluña deje de incumplir, de una vez por todas, su propia ley de vivienda, y que no se produzca ningún desahucio más.