El miércoles 4 de marzo de 2020, se convalidó en el pleno del Parlamento de Cataluña el Decreto Ley 01/2020 por el que se modifica el Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda en su definición de vivienda vacía, en su punto 2.1, quedando redactado de la siguiente manera:
“2.1 Se modifica la letra «d» del artículo 3 de la Ley del derecho a la vivienda, que queda redactado de la siguiente manera:
- d) Vivienda vacía: «la vivienda que queda desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de más de dos años. A tal efecto, son causas justificadas el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de población y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución. La ocupación sin título legítimo no impide que se pueda considerar vacía una vivienda.”
Ahora sí, sin excusas, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 exigimos su correcto cumplimiento y con toda la firmeza al Gobierno de la Generalitat y a los ayuntamientos de toda Cataluña. Con la aprobación del anterior Decreto Ley 17/2019 que amplía la Ley 24/2015, tanto la Generalitat como los ayuntamientos tienen más control y capacidad de poner sanciones si los bancos, grandes propietarios y fondos de inversión intentan incumplirlo. Es el momento de exigir unas políticas del lado de la ciudadanía y no de aquellos que pretenden especular con un derecho básico como es la vivienda.
A raíz de las últimas noticias en las que, tanto los magistrados de las audiencias provinciales de Barcelona como de Girona han estado en contra de la aplicación de la Ley 24/2015, exigimos también a los Jueces de Primera Instancia de toda Cataluña el cumplimiento de la Ley 24/2015 de una manera garantista de derechos humanos y que detengan los desahucios de grandes propietarios, e instarles a ofrecer el alquiler social obligatorio que corresponde a las familias afectadas. La Ley 24/2015 es fruto de una iniciativa legislativa popular impulsada en 2015, y recordemos que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, convirtiéndose de este modo en una de las más garantistas en cuanto al derecho a la vivienda a nivel internacional.
Es el momento de corresponsabilizar al sector privado, y en especial a los bancos, fondos buitre y grandes propietarios el acabar con la grave crisis de vivienda que padecemos. Desde 2008 hemos sufrido en España más de un millón de desahucios, liderando Cataluña este ranking de la vergüenza. Después de un escandaloso rescate bancario con millones de euros de dinero público, estos siguen dando la espalda a la ciudadanía con el único interés de aumentar sus propios beneficios, precarizando nuestras viviendas y nuestras condiciones de vida.
La ciudadanía organizada que trabajamos por el derecho a la vivienda no nos detendremos. La Ley 24/2015 es una herramienta que garantiza nuestros derechos y lo ha demostrado en estos casi cinco años de vida. No permitiremos que ningún interés económico o político pase por delante de las personas y estaremos vigilantes para su correcto cumplimiento a todos aquellos actores involucrados: grandes propietarios, juzgados, ayuntamientos de toda Cataluña y a la Generalitat. Si pretenden vulnerar nuestros derechos nos encontrarán de frente.