Si el Gobierno Progresista realmente no quiere dejar a nadie atrás, como sucedió en 2008, debe ampliar sus miras y no limitarse a un tibio aplazamiento de las hipotecas
Sobre el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, en términos de vivienda, desde la PAH vemos cortas y poco efectivas las resoluciones plasmadas en vivienda. Echamos de menos, una vez más, que no se obligue a la banca y grandes propietarios, como los fondos buitre, a corresponsabilizarse para rescatar realmente al sector más vulnerable de la ciudadanía, ampliado por culpa de la crisis sanitaria. Apelando a las palabras de Pedro Sánchez, no basta con esperar que se genere una cadena de solidaridad por parte de los especuladores, son necesarias medidas que les obliguen a ello, exonerar del pago de hipotecas y de alquileres, para no ampliar por culpa del coronavirus el número de desahucios ya programados y suspendidos, que se activarán cuando se retome la actividad judicial. La vivienda es de primera necesidad y un derecho. Que esta crisis sanitaria no se convierta en el motivo para que un mayor número de familias pierdan su hogar.
Estos duros momentos que están padeciendo todas las personas, no deben traducirse tanto en una mayor protección para empresas con grandes beneficios sino en una auténtica protección de las familias trabajadoras, para que no vuelvan a ser quienes más sufran los efectos de esta crisis sanitaria que, sin ser alarmistas, puede generar una nueva etapa de recesión de la que costará recuperarse.
Sobre la moratoria del pago de hipotecas, a quienes cumplan todos los requisitos de vulnerabilidad, consiste simplemente en una suspensión temporal del pago de cuotas, que se reanudarán una vez concluya su vigencia que, inicialmente es de solo un mes. Una vez concluida esa vigencia, las personas hipotecadas tendrán que seguir haciendo frente a sus pagos ‒a diferencia de las empresas que soliciten ERTEs, que quedarán exoneradas del pago de las cuotas de Seguridad Social. Para la banca, supone solo una demora en el cobro y salir airosa de esta situación que nos afecta a todas, nada novedoso. Desde la PAH pedimos la exoneración de las cuotas.
A los avalistas se les reconoce únicamente el derecho de exclusión solo si también cumplen los supuestos de vulnerabilidad, y el limitado plazo para solicitar la moratoria dejará fuera a quienes padezcan los efectos retardados de la crisis, aparte del colapso burocrático cuando se levante la cuarentena.
Estamos ante una situación de emergencia, ante la cual la banca también debe asumir pérdidas económicas como el resto de la ciudadanía y devolver a la sociedad, con viviendas vacías, el rescate impagado que asciende a 65.725 millones de euros. Tras más de 23.000 millones de beneficios declarados por la banca en 2019, hay que hacerles asumir su responsabilidad, ya que son culpables de la crisis económica. Las familias ya pagamos la crisis de 2008; muchas sin vivienda, otras aún sobreendeudadas y quedamos miles amenazadas por el capital, y no debemos volver a pagar esta.
Tampoco es suficiente la moratoria del corte de suministros básicos y telecomunicaciones (al consumidor vulnerable o en riesgo de exclusión) y más sin establecer cómo ni cuándo habrá que hacer frente a las facturas acumuladas tras acogerse a esta moratoria. ¿Por qué no implicar a las grandes empresas suministradoras en la moratoria y en definitiva en la factura final de las familias? En unos momentos en que el confinamiento provocará subidas importantes en el consumo de los suministros básicos, sumado a la caída de los ingresos para muchísimos hogares, no basta con garantizar que no haya cortes por impago o ampliar en el tiempo el bono social, hay que corresponsabilizar a las suministradoras para que asumen el coste de las facturas de las familias en vulnerabilidad. Con los beneficios millonarios debido a los precios hinchados de las facturas, bien pueden rebajarlos un poco empatizando con la crisis sanitaria y el efecto sobre toda la población. Cabe resaltar que no debería ser el Estado quien compense a las suministradoras, hablamos de rescatar personas.
La mayor gravedad de este Real Decreto, recae en la falta de mención a los alquileres y a una moratoria de las rentas. Si las inquilinas ya protagonizan casi el 70% de los desahucios habituales, es obvio que en estos momentos de crisis son uno de los sectores de la sociedad con mayor riesgo de impago y pérdida del hogar. Dejar el futuro de las inquilinas en manos de la “filantropía” de los grandes caseros como Blackstone, es pura barbarie. La falta de medidas a este respecto, en que habría que corresponsabilizar a los grandes propietarios ‒banca y fondos buitre‒ de esta situación, compensando a particulares y personas físicas, deja atrás a miles de personas que viven de alquiler en nuestro país. Algo que nos sorprende, cuando a primera instancia el alquiler parecía el primer caballo de batalla de este nuevo gobierno. Si la mayoría de las casas alquiladas en España son propiedad de la banca o de SOCIMIS (paraísos fiscales societarios) participadas por la banca, ¿por qué no exonerar esas rentas de alquiler mientras dure la crisis? No puede aumentarse la emergencia habitacional privando del derecho a este amplio sector de la ciudadanía.
A pesar de lo dicho por Pedro Sánchez en su comparecencia post Consejo de Ministros sobre que “nadie perdería su casa por esta crisis”, este Real Decreto no contempla absolutamente nada sobre desahucios en el texto legal, por lo que, una vez se reactiven los juzgados volverán muchas familias a ser puestas en la calle. A final de año habrá que sumar a los desahucios previstos antes de la crisis, los que se provoquen como consecuencia de esta recesión económica. Y esta situación es insoportable.
¿Qué mejor momento que este para recuperar el rescate bancario y el expolio de fondos buitre que exonerando del pago a los afectados mientras dure la crisis y sus efectos en el tiempo?, ¿o la renovación de los alquileres sociales que vencen ahora?
Bankia, Sareb y demás entidades rescatadas o beneficiadas de la crisis deben dejar de desahuciar y aportar la contraprestación social que negaron mientras todas nos apretamos el cinturón, ¿qué mejor momento para obligarse a cumplir el dictamen DESC? La banca, y los fondos buitre que entraron con ella, han llevado a muchas afectadas a perder su salud y vida, qué mínimo que movilizar su vivienda para ponerla a disposición de la sociedad y dar respuesta social a personas en precario que no pueden acceder a una vivienda adecuada en un mercado inflado, o víctimas de violencia machista ahora más desprotegidas por esta nueva crisis. Si las medidas del Gobierno dejan descolgada a tanta gente empobrecida que ya sufría precariedad antes de esta crisis, no podemos admitir que aumente, siendo vital el establecimiento de una renta básica que asegure vivir dignamente a todas las personas.
Lo avanzado hasta ahora, el aplazamiento del cobro de hipotecas o la prohibición de cortes de suministros básicos, es consecuencia directa de la campaña iniciada por la PAH y por decenas de otros colectivos sociales que hemos exigido un Plan de Choque Social, una respuesta social a la crisis económica que está generando esta emergencia sanitaria. Recordemos la postura de Naciones Unidas y la de sus relatores especiales que han visitado recientemente nuestro país: evitar los retrocesos en materia de Derechos Humanos es tan solo una cuestión de voluntad política. Afirmación que ahora coge mucho más sentido y responsabilidad.
Si algo está demostrando esta crisis sanitaria es la conciencia social. Tras años denunciando los recortes públicos y las privatizaciones, ahora estamos viendo el efecto de este tipo de políticas. A pesar de ello, gracias al compromiso de sus trabajadoras, la sanidad pública está dando una gran demostración de fuerzas y solidaridad.
Organizadas en la PAH, seguiremos presionando para conseguir que la banca, fondos buitre y Socimis, junto a las grandes eléctricas y suministradoras se corresponsabilicen de la situación, disminuyan un poco sus beneficios a cargo del rescate impagado, para que las pérdidas no recaigan siempre en los cientos de miles de familias, se implementen medidas en materia de alquiler y, en definitiva, hasta que se nos asegure que esta crisis no la vamos a pagar ahora y más adelante las de siempre.
La PAH quiere abrazar a todas las personas que, por un motivo u otro, están sufriendo la situación, especialmente las personas afectadas por la enfermedad y sus familiares; damos explícitamente las gracias a todas las valientes de la Sanidad que aun exponiendo sus vidas, nos regalan vida; a todas aquellas que con su generosidad nos marcan un horizonte de esperanza y superación en el futuro. Contad con la PAH para lograrlo.