Ante la constante vulneración de nuestros derechos por parte de los fondos buitre, la PAH cambiamos las reglas del juego. Vamos a por vosotros, a partir de ahora no son ellos, somos nosotras #LaPAHacecha
Hoy martes 2 de junio de 2020, la PAH lanzamos una campaña para dejar claro que el miedo cambia de lado. A partir de ahora, la PAH acecha a todos aquellos bancos y fondos buitre que vulneran sistemáticamente nuestros derechos y precarizan nuestras vidas. No podemos seguir permitiendo este acoso constante a las familias, con total impunidad. Ahora nosotras atacamos.
Llevamos años, meses, semanas atemorizadas, deprimidas, sin saber qué va a pasar con nuestras vidas. Realmente el tiempo ya se nos está escapando de las manos, pero no solo es el tiempo, también es nuestra vida, nuestra salud. Los nervios constantes a los que estamos sometidas cada día, el miedo que nos provocan, el no querer que el cartero te pique a la puerta de casa para que no sea una carta de ellos, o el miedo a descolgar el teléfono, todo esto tiene que acabar. Muchas veces hemos tenido que dejar de trabajar para poder hacer frente a todos los trámites que nos han pedido para entregar los documentos que nos reclamaban en tiempo y forma, para que vieran que queríamos cumplir. A veces nos olvidamos de cómo era vivir tranquilas y sin sobresaltos, sin sentir que la vida se nos está yendo cuesta abajo.
Con mucha frecuencia nos preguntamos qué hemos hecho mal, nos hemos quedado sin trabajo y ahora sin casa; o “yo pagaba, pero mi propietario le vendió la casa a un fondo buitre y ahí empezaron mis problemas”. Pueden existir miles de motivos, pero la única verdad es que no queremos vivir así, no queremos seguir sometidas a este acoso constante, queremos vivir dignamente.
Son numerosos los fondos buitre y sus filiales que especulan con nuestras viviendas y nuestras vidas. Anticipa, Blackstone, Divarian, Haya Real Estate, Budmac, Cerberus… son solo algunos de ellos. La PAH hemos salido a la calle a denunciarlos públicamente en numerosas ocasiones. Hemos ido a sus oficinas, organizado manifestaciones, exigido de maneras diferentes nuestros derechos. Cientos de e-mails y llamadas de teléfono, intentos de negociación, papeleo y burocracia que, tras meses de idas y venidas, quedan en nada. La situación tiene que cambiar. ¿Hasta cuándo?
En nuestras asambleas son cientos de familias las que se ven acosadas diariamente. Jordi y Nadia, Juan Enríquez, Alcira del Rocío, Bertha, Luis Enríquez, Carolina, Alba, Isabel, Tania, y decenas de familias más. Estamos hablando de familias en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas con menores o personas mayores en casa, que han visto cómo la propiedad de su vivienda pasaba de mano en mano, en un escandaloso entramado empresarial de fondos buitre que se niega a ofrecerles o renovarles su alquiler social.
Como el caso de Bertha, que tras conseguir una dación en pago y un alquiler social con Caixa Catalunya, ha visto cómo la propiedad de su vivienda pasaba de mano en mano, primero al BBVA, luego a Divarian, sin que ella pudiera hacer nada, y viendo ahora cómo el fondo buitre Divarian se niega a renovarle el alquiler social. Es inadmisible.
O el caso de Jordi y Nadia, que vieron cómo Anticipa compró su vivienda en 2017 mientras ellos seguían pagando y viendo cómo al firmar el contrato de subrogación empezaron sus problemas. Nunca les dieron un número de cuenta donde poder pagar, y cuando contactan con Alquilovers para encontrar soluciones y conseguir un alquiler social les comentan que su vivienda no aparece en su sistema. La angustia de estas condiciones de vida debe de terminar de una vez por todas.
Los fondos buitre precarizan nuestras vidas y ciudades. Desde que aterrizaron en nuestro país no han dejado de absorber pisos e hipotecas de grandes bancos y sociedades. El caso de Blackstone, que en España opera con el nombre Anticipa Real Estate, es de los más escalofriantes. Tras absorber las hipotecas de Caixa Catalunya y otros bancos rescatados, lleva invertidos en España desde el inicio de la crisis más de 20.000 M €. Su único objetivo es comprar barato y vender caro en el menor tiempo posible. Anteponiendo sus beneficios a las familias, intentando echarlas de sus casas, negando a las familias reestructuraciones de deuda, quitas o alquileres sociales que les pertenecen. Pero su avaricia no acaba aquí. Tras convertirse en el mayor propietario de viviendas en el país, con 35.000 de ellas, también ha comprado Hoteles (con 20.000 camas es el segundo mayor propietario de camas hoteleras de España), Logística (55 activos logísticos y 162.000 m² de suelo para uso industrial) y empresas de Juego (compró Cirsa Codere). No es el único fondo buitre; el resto, Divarian, Haya Real Estate, Budmac, Cerberus y otros tantos van por el mismo camino si permitimos que sigan actuando con total impunidad.
¿Y el papel de la Administración?
Con 198 desahucios diarios, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, son urgentes y necesarias medidas contundentes. Desde la PAH exigimos una Administración valiente, al lado de la ciudadanía, que aporte medidas con cambios estructurales de raíz y que obligue a cumplir la ley a todos aquellos fondos buitre que pretenden incumplirla.
El Gobierno del Estado, la Generalitat y los ayuntamientos no pueden mirar hacia otro lado.
- Exigimos al Gobierno del Estado la promulgación de un Real Decreto que incluya la prórroga de la moratoria hipotecaria y la suspensión de todo desahucio, ya sea por impago de hipoteca, de alquiler u ocupación, promovido por grandes tenedores de vivienda, bancos y fondos buitre a familias en situación de vulnerabilidad. Además, exigimos que incluya la obligatoriedad de la renovación de los alquileres sociales firmados con entidades financieras y fondos de inversión para familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
A nivel estatal, en 2016, tanto PSOE como Podemos, se comprometieron por escrito a extender la Ley 24/2015, de ámbito catalán, a todo el Estado si alguna vez llegaban a gobernar. Ahora es el momento. Es necesaria la implementación de la Ley catalana en todo el Estado, pasemos de las palabras a los hechos. La ciudadanía no puede esperar más. Hay vidas en juego.
- Exigimos a la Generalitat que vigile por el correcto cumplimiento de la Ley 24/2015 y su reciente ampliación a través de los Decretos-ley 17/2019 y 01/2020, que obligan a los grandes tenedores de vivienda a renovar por siete años los alquileres sociales, así como a ofrecer a todas aquellas familias vulnerables un alquiler social en los casos de extinción de contrato. Es necesario, además, que la Generalitat controle todas las ofertas de alquiler social obligatorias que se deben hacer, sancionando de forma inmediata si se incumplen y dando señales inequívocas de que la ley no se puede obviar ni vulnerar.
La Ley 24/2015 permite también la movilización de viviendas vacías de los bancos y fondos buitre a través del mecanismo de cesión obligatoria, para destinar así miles de estas a alquileres sociales y poder ampliar el parque público de vivienda. Tenemos herramientas, no hay excusas. Los haremos cómplices de cada desahucio.
- Exigimos a los ayuntamientos catalanes estar vigilantes y proactivos y que interpongan la sanción por incumplimiento de la Ley 24/2015 a todo aquel banco o fondo buitre que pretenda incumplirla. En estos casos, la sanción interpuesta debe ser la máxima. El artículo 28 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, dice muy claramente que no puede resultar más beneficioso recibir una sanción que incumplir la ley.
La PAH decimos basta. Ha llegado el momento de corresponsabilizar a los grandes bancos y fondos buitre, y acabar con esta lacra. A partir de ahora la PAH cambiamos las reglas del juego. No les tenemos miedo. Sabemos cuáles son nuestros derechos y no vamos a parar hasta conseguirlos. Ahora #LaPAHacecha, estáis avisados.