El gobierno progresista vuelve a dejar a miles de personas atrás: continuarán todos los desahucios de familias con vulnerabilidad previa a la COVID-19 y muy pocas se pueden acoger al decretazo de ayer
A pesar de su discurso triunfalista, con el Real Decreto-ley 30/2020 aprobado ayer, el Gobierno progresista insiste en su cerrazón de dejar sin protección alguna a las familias cuya vulnerabilidad no arranca con la pandemia.
Desde la aprobación de los reales decretos de marzo, tras la declaración del estado de alarma, la PAH hemos estado denunciando la situación de desprotección en que quedaban las familias vulnerables desde antes de dicho estado. Así como las afectadas por COVID-19 pero sin un contrato al amparo de la LAU, como sucede a menudo en los pisos compartidos u otros inquilinos en precario. Lo hemos dicho en todos nuestros comunicados, en las reuniones mantenidas con ellos, incluso en el Congreso, ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, sin que se nos haya hecho caso alguno. Se lo hemos reiterado al Gobierno, en la persona del Secretario General de Vivienda del MITMA sin ningún éxito. No solo hemos denunciado la situación desde la PAH, como hacemos siempre, la denuncia ha ido acompañada de propuestas para revertir la situación.
Esperábamos que, en la imprescindible prórroga de aquellas medidas, fueran capaces de rectificar, pero no ha sido así. Lamentablemente, los hechos nos vuelven a dar la razón: solo en los días hábiles que van desde el 4 al 30 de junio, se han ejecutado en España 1.383 desahucios, según datos del CGPJ, y ello a pesar de estar teóricamente prohibidos. Lo cierto es que solo lo han estado y están, aquellos derivados de “contratos de arrendamiento sujetos a la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, en los que la persona arrendataria acredite ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión de la COVID-19“ (sic), véase estado de alarma o ERTE. Por eso, con la reanudación el pasado 4 de junio de la actividad judicial, se han reactivado también todos los procedimientos anteriores que acabarán necesariamente en desahucio, por la imposibilidad de esas familias de hacer frente a sus deudas hipotecarias o de alquiler sin estar afectadas por COVID-19. Vivimos en un país que, como consecuencia de las políticas aplicadas por todos los Gobiernos habidos, carece de vivienda social. En este sentido, recordamos al Gobierno progresista y al conjunto de la sociedad, que la banca nos debe más de 60 mil millones del rescate anterior; y que ella, sus Socimis y fondos buitre en los que participan, disponen de una enorme cantidad de viviendas, muchas de ellas vacías, con las que podrían empezar a hacer frente a esa deuda y tener dónde realojar a tantas familias a las que han dejado en la calle.
Desde la PAH siempre hemos calificado este hecho como un claro acto de discriminación de muy dudosa constitucionalidad, dado que, en función de cuándo y por qué se llega a la vulnerabilidad, se tiene o no acceso a determinada protección. Avisamos ya que los desahucios seguirán aumentando, y que muchas familias se verán fuera de sus casas, en un momento en que la vivienda se ha mostrado también como un bien de Salud Pública en el que refugiarse de una epidemia que sigue sin vacuna.
También es una aberración que hablen de escudo social, pero hayan dejado totalmente desprotegidas a las familias hipotecadas, no prorrogando la moratoria para frenar los efectos de la COVID-19, decretada en el mes de marzo. Esta mala decisión no hace más que empujar a las familias a acabar enfrentándose a una ejecución hipotecaria en cuanto suman 12 meses de impago. Vemos importante remarcar la diferencia entre la moratoria hipotecaria, establecida en 2012 y que suspendía los lanzamientos sobre viviendas habituales ‒ahora vigente hasta 2024‒, de esta moratoria de emergencia no prorrogada ahora. La moratoria de 2012, cuando llegas a ella, ya estás en proceso imparable de perdida de vivienda, pero que se aplaza en el tiempo a falta de una solución definitiva. La moratoria por COVID-19, estaba pensada para que las familias no tuvieran que llegar a ese punto por sufrir una caída de ingresos supuestamente temporal. La PAH ya denunciamos en su momento que un auténtico escudo social en este tema, sería una exoneración de los pagos. Que, si estamos en un momento en que todas nos debemos apretar el cinturón, la banca no debería ser menos. Pero una vez más, se sigue desprotegiendo a la gente para seguir dando trato de favor a los bancos.
Dentro de este trato de protección a la banca, siguiendo la lógica política predominante, pero que a la PAH nos resulta incomprensible, el Gobierno progresista muestra su total empatía hacia la fusión de Bankia y CaixaBank, mientras deja desprotegidas a miles de familias que se verán inexorablemente en la calle por su incapacidad de escuchar a quienes vivimos el problema.
Desde ahora, los próximos desahucios son responsabilidad del gobierno progresista, además de la angustia que ya tienen las familias las cuales cada día están más en precario. Exigimos ya una rectificación urgente que evite la discriminación, así como que inicien el camino a la recuperación del rescate bancario en forma de casas (empezando por Bankia y Sareb), para aliviar el déficit existente.
Por otra parte, esta medida de suspensión de desahucios en alquiler COVID-19, la prórroga extraordinaria y positiva de contratos de arrendamientos y el aplazamiento temporal en el pago de la renta se ha ampliado solo a cuatro meses. Un tiempo que creemos insuficiente para que las familias se puedan recuperar. Llevamos presionando hace meses para que estas medidas, así como su ampliación a todas las situaciones de vulnerabilidad, lo sean al menos hasta el 31/12/2021. El propio Gobierno ha reconocido ante Europa que no prevé recuperarse de la crisis económica antes de esa fecha.
La PAH seguiremos en lucha por el Derecho Universal y subjetivo a la Vivienda, que Gobiernos, banca y constructoras niegan a la ciudadanía. Seguiremos en las calles parando desahucios y exigiendo alquileres sociales para familias vulnerables. Seguiremos poniendo soluciones reales sobre la mesa y siendo el auténtico escudo para las personas a las que las malas políticas dejan en la estacada. Seguiremos presionando para que se decrete una moratoria real para todo tipo de desahucios que no deje a nadie atrás.
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