La PAH, más allá de los continuos parches, exige del Gobierno una Ley de Vivienda que acabe de manera definitiva con los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Se prorrogan las actuales medidas antidesahucios y frente a cortes suministros hasta el 31 de Octubre

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a ampliar la moratoria de las medidas que protegen a algunas familias que están amenazadas de desahucio y cortes de suministros. Esta moratoria, como las anteriores es completamente insuficiente. Porque, aunque ha evitado muchos desahucios de familias vulnerables y esto es muy importante para cada una de ellas, sin embargo sigue dejando a otras sin protección y, lo que es más grave, mantiene una redacción de la norma tan liante y poco contundente que no evita que miles de familias se queden en la calle a pesar de la presión de la PAH y la ciudadanía, familias que teóricamente deberían estar protegidas. Así lo evidencian los 10.961 desahucios en el primer trimestre del 2021 (últimos datos del Consejo General del Poder Judicial) 

En cuanto al límite temporal, es tan raquítico que no es más que un parche; supone alargar la angustia y se convierte en el anuncio del próximo desahucio. Por eso, exigimos al Gobierno una moratoria indefinida para todo tipo de desahucios sin alternativa de vivienda digna y adecuada, y que de nuevo se amplíe más allá del 31 de octubre. No podemos permitir que nos dejen en la calle en plena pandemia mundial, en un momento de crisis económica y sanitaria. Cuando bancos, fondos de inversión y eléctricas no paran de tener beneficios, no podemos aceptar por un segundo que las familias vulnerables y sin alternativa habitacional se les amenace cada cierto tiempo que el límite temporal va a finalizar y puedan ser expulsadas de sus casas sin ninguna protección. 

La PAH y más de un centenar de organizaciones que defienden el derecho a la vivienda, vamos a acabar radicalmente con esta situación de una vez por todas: registraremos este septiembre un texto de Ley que garantiza el derecho a la vivienda, de manera que dejemos atrás el tsunami de desahucios, que calculamos puede afectar a más de 79.000 familias, hoy en riesgo de perder su casa; ha de aprobarse en el Parlamento nuestra propuesta de ley que, entre otras muchas soluciones, obliga a bancos, fondos buitre y socimis a firmar alquileres sociales con las familias vulnerables sin alternativa habitacional. 

Hasta entonces, hasta que la nueva Ley no sea una realidad, el Gobierno de PSOE-Podemos debe garantizar el acceso a la vivienda de quienes más lo necesitan. ¡No permitiremos más vulneraciones de nuestros derechos!