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Valoraciones de la PAH sobre el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos sobre la Ley de Vivienda

La futura Ley de vivienda tiene que garantizar que este derecho nunca más será pisoteado

8 de octubre de 2021

El pasado martes se hacía público en el Consejo de Ministros que se había alcanzado un acuerdo en materia de vivienda entre los socios del Gobierno de PSOE y UP.

Desde la PAH, a la espera de poder analizar en profundidad la totalidad del acuerdo firmado, explicitamos  que la futura Ley de vivienda debería contemplar las medidas estructurales y de emergencia contenidas en la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada que registramos el pasado jueves.

No obstante, sobre las medidas conocidas en materia de desahucios, hemos de lamentar que no se han incluido ninguna de las recomendaciones que sistemáticamente viene reiterando el Comité DESC de la ONU en sus repetidas condenas a España por vulneración del Derecho a la Vivienda, ya que ni se incluye el juicio de proporcionalidad previo a un desahucio, ni se prohíben los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Tampoco se incluye la obligación a grandes tenedores de ofrecer alquiler social a familias vulnerables antes de proceder a un desahucio.

En relación al control de alquileres, no se garantiza su aplicabilidad al conjunto del Estado, como permite el art. 149.1 de la CE.

Pese a todo, el Gobierno dispone de una Ley ya registrada en el Congreso: La ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, que debería servir de plataforma sobre la que trabajar en el trámite parlamentario, y que cuenta con el refrendo de más de 150 organizaciones de carácter social, sindical, de pensionistas, de jóvenes, de consumidores, entre muchas más, y que es espejo de lo que la ciudadanía ansía para afrontar el endémico problema de vivienda y la permanente situación de emergencia habitacional que sufrimos en este país.

A medida que se van conociendo más detalles podemos empezar a valorar el acuerdo, que dista mucho de ser una Ley estructural que garantice el derecho a la vivienda.

España necesita, si quiere ser Estado avanzado, un punto de inflexión que se convierta en un mensaje claro a la población de que este derecho está realmente garantizado para toda la ciudadanía y no será nunca más pisoteado. Con la ley que presenta el gobierno en España se continuarán violando los DDHH al continuar los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y no ofrecerá solución real alguna para los más de 79.000 desahucios que están por venir cuando decaigan las medidas excepcionales este 31 de octubre. Tampoco soluciona las deudas de por vida que miles de familias tienen por no poder pagar su hipoteca, ni tan solo soluciona la bajada de precios en los alquileres, ni responsabiliza a los bancos y fondos buitre rescatados con dinero público a que pongan las viviendas a disposición de la ciudadanía.

Tenemos un mensaje claro y alto para el presidente Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno, Yolanda Díaz: Existe un clamor ciudadano a legislar de una vez por todas medidas que frenen la emergencia habitacional y pongan los cimientos para garantizar el derecho a la vivienda de toda ciudadana de nuestro País, pónganse a trabajar en ello.

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